Casi a la medianoche de ayer el alcalde Gustavo Petro dio declaraciones desde el Acueducto para rechazar lo que considera fue una intervención al Acueducto por parte del Gobierno Nacional. Foto: Juan Pablo Pino

Entre tantas reacciones encendidas, declaraciones encontradas e informaciones a medias, en medio de la polémica por la supuesta intervención del Gobierno Nacional a la Empresa de Acueducto de Bogotá se ignoraron los datos concretos de lo que verdaderamente pasó ayer.

Todo lo que pasó, paso por paso, quedó consignado en un acta de la reunión que hubo entre la Administración de Bogotá y los funcionarios de la Superintendencia con la observación de la Procuraduría, de la Personería y de la Defensoría Regional del Pueblo cuyo contenido fue detallado a La Silla Vacía.

Con base en esa acta y después de hablar con funcionarios de la Superintendencia, de la Alcaldía de Bogotá, del Acueducto, de la Procuraduría y de la Personería de Bogotá, La Silla reconstruye la cronología de los hechos ocurridos ayer.

En declaraciones a varios medios, Diego Bravo arremetió contra el Superindustria. Foto: Juan Pablo Pino

El Superintendente de Servicios César González también ha sido criticado por Diego Bravo. Él asegura que González está sirviendo a los empresarios privados del aseo y no a los usuarios. Foto: Juan Pablo Pino

La visita

A las 2 de la tarde del miércoles arribaron a la Empresa de Acueducto cuatro funcionarios de la Superindustria que se identificaron y solicitaron entrar al despacho del secretario general. Presentaron un oficio según el cual realizarían una visita administrativa y requerirían unos documentos. La razón: el pasado 2 de noviembre se abrió una indagación preliminar en esa Superintendencia ante el anuncio del Alcalde de que el servicio de aseo será prestado exclusivamente por el Acueducto, a partir del 18 de diciembre. La entidad considera que se podría estar violando el principio de la libre competencia a los operadores privados.

La Superindustria pidió copia del convenio interadministrativo celebrado entre el Acueducto y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), a través del cual el Acueducto queda encargado de la recolección de las basuras en la ciudad. Los funcionarios también solicitaron varias actas de reuniones entre el Acueducto y la Uaesp.

Todo parecía normal hasta que, asegura el Acueducto, dos hechos prendieron las alarmas de la Administración. El primero fue que pidieron borradores de actas del Acueducto. Es decir, documentos no oficiales. “Como si estuvieran recolectando pruebas dentro de una investigación judicial”, le contó a La Silla Jorge Rojas, secretario privado de Petro.

Luego, la Superindustria entró a la oficina del gerente Diego Bravo y accedió a su computador. Los funcionarios de la indagación abrieron el correo de Bravo y una vez allí empezaron a buscar mensajes con varias palabras clave: primero buscaron por ‘aseo’, ‘operadores’ y ‘basuras’. Después, para sorpresa de los allí presentes, escribieron en el buscador la palabra ‘petro’ y empezaron a copiar los correos entre el alcalde y Diego Bravo.

La situación fue reportada al propio Palacio Liévano por el Acueducto, desde donde pidieron la presencia de la Procuraduría General en la entidad. Mientras tanto, a los funcionarios de la Superintendencia les impidieron seguir copiando información.

Es aquí cuando ocurrió el segundo hecho que terminó de generar todas las suspicacias en el Acueducto. Se trata de la noticia de Caracol Radio ‘Empresa de Acueducto se niega a entregar información a la Superindustria’, cuyos datos están atribuidos a la Superindustria y la cual fue publicada en el momento en el que estaban ocurriendo los hechos. Es decir, que alguno de los investigadores la filtró. Ese fue uno de los temas que más molestó al alcalde, dijo una de las fuentes de la Alcaldía a La Silla.

En ese encuentro entre Petro y los funcionarios de la Superintendencia, con la observación de la Procuraduría y la Personería, el alcalde preguntó a los investigadores si habían recibido una queja formal que los motivara a abrir la indagación preliminar al Acueducto y ellos contestaron que desconocían ese asunto. Ese hecho también calentó más los ánimos, pues en la Administración consideran que la Superindustria tenía que contar con una denuncia interpuesta por alguien para iniciar su investigación.

En resumen, la Alcaldía está segura de que el ente vigilador se extralimitó en sus funciones, pero que además lo hizo como parte de una intervención orquestada desde el Gobierno Nacional, como declaró por la noche el alcalde y su secretario privado.

Superindustria actuó con facultades

Para explicarlo de la manera más básica, la Superintendencia de Industria y Comercio es la “policía” de la industria y el comercio y la ley le otorga competencias de policía judicial. Es decir, puede hacer lo mismo que hace el CTI: recaudar pruebas, custodiarlas de acuerdo a una cadena de custodia, copiar la información de los computadores.

Es más, la Superintendencia de Industria y Comercio adquirió unos equipos sofisticados para hacer copias ‘espejo’ de los computadores de sus investigados, contó a la Silla un exfuncionario de la SIC.

Las funciones de policía judicial de la SIC son tan centrales a su trabajo, que sus empleados mantienen capacitaciones permanentes con la Fiscalía para aprender sobre cómo recopilar evidencia para sus investigaciones.

El equipo de Petro ha dicho que la Superintendencia no puede llevarse borradores de actas, actas sin firmar o copias de chats y correos personales sin una orden judicial. No es cierto. La Ley de competencia y el decreto 4886 que desde el año pasado le da facultades nuevas a la SIC le permiten caerle de sorpresa a cualquier empresa frente a la cual haya una indagación preliminar y tomar la información que quieran. La única restricción es que si al copiar información de los computadores encuentran información íntima que no tiene nada que ver con la indagación no la pueden divulgar.

Como la naturaleza de las conductas anticompetitivas es que son clandestinas, cualquiera de las Superintendencias puede caer de sorpresa y tomar la información que requieran ya que si la solicitaran previamente o avisaran su visita con tiempo los investigados podrían ocultar las pruebas.

Por ejemplo, cuando sancionó a las EPS y a Acemi, la Super encontró la información que demostraba que habían acordado no prestar algunos servicios de salud a los usuarios en los correos que encontró en los computadores de los directivos del gremio y de las EPS. Obviamente, ellos no la suministraron de manera voluntaria, como lo contó La Silla.

No es cierto tampoco, como ha dicho la Administración de Petro, que para que se inicien estas investigaciones tiene que haber una demanda o una queja. La ley faculta a la SIC para iniciar estas indagaciones de oficio cuando considere que puede haber una eventual violación de la competencia.

La Silla habló con dos personas que han sido superintendentes y ambos coincidieron en que lo que sucedió anoche en el Acueducto está totalmente dentro de las funciones propias de una Superintendencia. La Silla no pudo ver el fundamento de la denuncia penal de la Alcaldía contra el Superintendente porque en la mañana en la Alcaldía nos dijeron que aún no la han redactado. Al medio día Diego Bravo dijo que pedirían una 'rectificación' antes de instaurar una acción penal.

El verdadero debate podría ser más político, sobre la conveniencia y la oportunidad de hacer esta visita.

Sobre la conveniencia, hay un asunto que no ha salido a la opinión pública y es que por ley, según un concepto que se llama “la abogacía de la competencia”, Petro tenía la obligación legal de pedirle un concepto previo a la SIC sobre su idea de eliminar la competencia en el servicio de aseo para escuchar su concepto sobre cómo eso afectaría a los jugadores del mercado. El concepto de la Superintendencia no obligaría al Alcalde pero, si es un paso previo para sacar a los competidores del mercado.

Como el Alcalde no pidió ese concepto y dijo que si el 18 de diciembre salían los privados él metería a la Policía a impedirlo y que tampoco les permitiría usar el relleno de Doña Juana, según los dos superintendentes consultados, habría suficientes bases para sospechar que se violaría la competencia y para iniciar la indagación. Además porque la ley de servicios públicos solo contempla dos escenarios para la prestación del servicio de aseo: la libre competencia y las áreas de servicio exclusivo. Si Petro solo quiere crear una gran área de servicio exclusivo para el Acueducto tiene que pedirle autorización a la CRA y la autorización la pidió fue para crear 12 zonas y la CRA no le dio la autorización porque no estaban completos los documentos.

Sin embargo, dado que la decisión de Petro de otorgarle al Acueducto el monopolio del aseo ha sido todo menos clandestina, cabe la pregunta de si era necesario que la SIC ordenara esta inspección como lo hizo.  Uno de los superintendentes consultados considera que Pablo Felipe Robledo podría haber explicado primero en los medios lo que iba hacer o podría haberlo hecho de manera más concertada. “La proporción y la oportunidad en estos casos también es importante políticamente”, dijo el exfuncionario. “Pero tenía toda la competencia para hacerlo”.

También está la conveniencia de realizar esta inspección justamente el día en que la Alta Consejera para Bogotá, Gina Parody, -rival y una de las críticas más abiertas que ha tenido Petro- había amenazado con que la Nación intervendría si el 18 de diciembre se volvía un caos para las basuras. Era previsible que el Alcalde podía resentir este recaudo de pruebas. Y cuando lo hizo, el Superintendente Robledo se encontraba ayer en un foro en Medellín y no salió a los medios ayer a dar explicaciones. Solo lo hizo hasta hoy, aunque ayer sí se pronunció su oficina de prensa.

Las sospechas

La inconveniencia de la fecha que utilizó para realizar esta inspección alimentó varias sospechas. La primera, que se trató de un acción concertada entre Gina y el Superintendente para bloquear a Petro, dado que el Superintendente depende directamente del Presidente, un hecho que ha sido muy criticado por organismos internacionales como la OCDE porque se presta para manipulación política.

En este caso, hay un elemento adicional y es que Robledo es muy cercano a Germán Vargas Lleras, cuyos vínculos con los operadores de basura son muy estrechos, al punto en que el ministro se declaró impedido para referirse a los temas de basuras en Bogotá.

Como lo contó La Silla en este artículo, el Ministro de Vivienda es cercano a varias personas con vínculos con los servicios públicos, empezando por su hermano José Antonio, quien fue presidente de la junta directiva de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos.

Y uno de los principales financiadores políticos de Vargas Lleras es Alberto Ríos. Como también lo contó La Silla el año pasado, Alberto y Javier Ríos Velilla eran dueños del Consorcio Aseo Capital hasta noviembre de 2010. En marzo de 2011, cuando la licitación de recolección de aseo de Samuel Moreno estaba en marcha, la compañía cambió de dueños y sin que ningún medio lo registrara, los Ríos Velilla vendieron sus acciones en Aseo Capital a Inversiones Nuevo Quinquenio. Después de que la Corte tumbó la licitación de basuras, este año Alberto Ríos retomó  el control y, junto con otros socios, recompró la empresa, un hecho que pasó igualmente desapercibido en los medios pero que en la industria fue vista como una retroventa. Aunque en su momento, la oficina de prensa de Ríos aseguró que la venta se realizó para no inhabilitar a Felipe Ríos, hijo de Alberto Ríos y hasta el año pasado concejal de Bogotá.

La cercanía de Robledo a Vargas Lleras y de Vargas Lleras a Ríos ha dado pie para que esta inspección de la SIC haya disparado todas las sospechas de los petristas y también de algunos no petristas.

“La CRA y las Superintendencias están más cercanas a los contratistas que a los usuarios”, dijo el concejal Juan Carlos Flórez, uno de los que ha sido más crítico de Petro pero también de la actuación de la SIC y de Parody. Da como ejemplo lo que está ocurriendo en Armenia donde la Alcaldesa decidió, como Petro, retomar el control de las basuras por las tarifas tan altas de los operadores privados. En su caso, sí lo hizo con más tiempo y por ejemplo, compró los camiones antes de acabar la competencia. Sin embargo, según Flórez, la CRA ha hecho casi imposible la prestación del servicio público por ponerse del lado de los privados.

“Los ciudadanos somos los que hemos terminado más perjudicados”, dice Flórez. “La CRA y la Super al lado de los prestadores privados del servicio y el Alcalde con su bochinche y el megáfono en la mano”.

El lunes a las 3.30, el presidente Santos y Petro se reunirán en la Presidencia a solas a limar las asperezas. Hoy, Petro continuará despachando desde el Acueducto y mañana volverá a su oficina en el Palacio Liévano.