Hasta altas horas de la noche se discutió la transformación más radical que ha hecho hasta el momento el gobierno de Santos. Con la aprobación de la ley que regula el sistema general de regalías (y que al cierre de este artículo a la madrugada se seguía votando en el Congreso), el gobierno central vuelve a concentrar el gasto público y a centralizar la planeación de la inversión del país que había perdido con la Constitución de 1991.

Nelson Mariño, electo gobernador de Casanare, es uno de los mandatarios que se ve más afectado. Tendrá que gobernar un departamento acostumbrado a recibir muchas más regalías.

La senadora Martiza Martínez, del Meta, fue uno de los más fuertes enemigos de la reforma a las regalías. Foto: Sara Rojas

Juan Carlos Echeverry, Ministro de Hacienda, ha sido uno de los mayores defensores de la reforma.

Hacia las 4.30 a.m. el proyecto se salvó y el Ministro y el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, anunciaron que las comisiones parlamentarias interpartidistas serán convocadas el martes a reunión con el gobierno, para conciliar los textos diferentes de Senado y Cámara y redactar el texto de un decreto-Ley que entrará a regir transitoriamente el primero de enero. Y luego, en marzo, el borrador de conciliación que salga el martes y que quedará incorporado en ese decreto será votado por el Congreso en las sesiones legislativas ordinarias, con lo que la reglamentación entraría a regir en lugar del decreto transitorio. 

“Lo de las regalías es tan importante como la reforma económica de Carlos Lleras en 1968”, dijo el senador conservador Juan Mario Laserna a La Silla Vacía. “Y además, es parecida ya que puso al Departamento Nacional de Planeación en el centro de la asignación de recursos. Eso fue lo que convirtió a Carlos Lleras en el ídolo de los técnicos”.

Aunque la gran reforma se había hecho ya con la reforma constitucional a las regalías aprobada en junio, este proyecto que la desarrolla tomó por sorpresa a la mayoría de los alcaldes. Solo hasta el jueves, la mayoría de ellos se dieron cuenta que la plata de la bonanza petrolera no llegará como recursos directos a sus municipios para que ellos los inviertan como quieran, sino que el Gobierno nacional tendrá gran injerencia para priorizar los proyectos de inversión que presenten las regiones.

Por eso, más de 300 alcaldes que se encontraban en Bogotá protestaron públicamente y pidieron al Congreso más tiempo para discutirla. Y más de 800 firmaron una carta en la que presentaban esa solicitud. Pero su petición fue negada con 28 votos contra 20.

Finalmente la bancada de la Unidad Nacional se impuso y logró que el proyecto se discutiera en último debate hasta esta madrugada.

El gobierno argumentó que esta reforma permitirá una mayor equidad regional pues las regalías ya no quedarán exclusivamente en manos de los municipios petroleros y mineros sino que se repartirán entre todos los departamentos. Y se generarán ahorros para la época de las vacas flacas puesto que un porcentaje de los recursos se guardarán en un fondo de estabilización manejado por el Banco de la República.

Pero lo más importante del proyecto es que se centralizará la planeación de los recursos que entren por concepto de explotación minero-energética, recursos que el próximo año podrían ascender a casi 10 billones de pesos. Y este es el punto más polémico.

La mayor parte de las regalías ahora irán a tres fondos, en los que el gobierno tiene uno de tres votos para aprobar cómo se gastan esos recursos. Los otros dos votos los tienen un delegado de los alcaldes y otro de los gobernadores. Y con dos de los tres votos se aprueban los proyectos presentados por las regiones. Es decir, el gobierno central tendrá injerencia en todo el gasto de regalías que es el rubro más grande de inversión puesto que la mayor parte de los presupuestos municipales tiene destinación específica (casi todo se va en salud y educación).

Estos recursos se asignarán según un porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, el desempleo y la población total de los municipios y departamentos. El peso de cada una de estas variables fue lo que acaparó una buena parte de la discusión anoche pues de esa fórmula depende que, por ejemplo, Bogotá y Medellín concentren un buen pedazo de la torta o que por el contrario, departamentos como el Chocó y Sucre salgan ganando.

De cualquier forma que lo hagan, el Gobierno tendrá más autonomía para la inversión de recursos de gasto y los entes territoriales menos.

Los pros y los contras

La reforma tiene aspectos muy positivos como que permitirá hacer una mejor planeación, sobre todo de proyectos de gran envergadura que beneficien a varios municipios o regiones. Por ejemplo, una gran vía o una represa. Y también que se podrán hacer mayores inversiones en regiones deprimidas que no tienen recursos no renovables, lo cual ayudaría a cerrar la brecha entre departamentos ricos como Antioquia y pobres como Nariño.

El tercer beneficio, que ha destacado el gobierno, es el que tiene que ver con el despilfarro de recursos y la corrupción.

Hay varios casos de municipios que han invertido las regalías en proyectos absurdos e inútiles, o que simplemente no se ve por ningún lado a dónde es que han ido a parar estos millonarios recursos. Es el caso de Puerto Gaitán, el municipio que más plata recibe por las regalías petroleras (casi 100 mil millones anuales) y su población indígena está en la indigencia. Pero, como se ha visto con el caso de los Nule, los palacios municipales o Estupefacientes, la corrupción también es un mal del gobierno central. Y a veces el hoyo negro es mucho más grande.

El último argumento es que esto blinda a los recursos de las regalías de terminar en manos de bandas criminales, guerrillas y paramilitares. Y lo cierto es que en varias regiones, por lo menos las bacrim, ya habían anunciado a la población la tajada que sacarían de las nuevas regalías. Las Farc y el Eln, por su parte, se han chupado también parte de esos recursos en zonas como Arauca y Meta.

El aspecto negativo es que rompe uno de los ejes de la Constitución de 1991 que era la descentralización, una conquista central de los regiones sobre Bogotá. Y también, que para muchos departamentos las regalías pueden representar hoy hasta el 70 por ciento de sus recursos, como sucede con la gobernación del Meta. En otros, es todo lo que tienen para invertir en sus propios proyectos de desarrollo. Su autonomía presupuestal se resquebraja de manera radical.

“El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, afirmó que estos recursos se destinarán a macro proyectos y no a proyectos “chichigüeros” y en nuestros municipios tenemos proyectos “chichigüeros” como la planta de acueducto y alcantarillado para nuestros municipios, plantas residuales, mejorar escuelas y colegios, construir vías”, dijo a Caracol el alcalde electo de Santa Rosa de Cabal, Risaralda  Carlos Eduardo Toro Ávila.

“Es un proyecto tan horrible que los alcaldes electos de Colombia que son casi todos santistas están rebelados contra él, y esto es porque aquí al país le dijeron que iban a coger la plata de las regalías y se la iban a dar a los municipios necesitados y lo que descubrieron es que es un proyecto para que el gobierno coja la plata y la convierta en gasto nacional para los macroproyectos”, señaló el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los opositores más férreos que tuvo el proyecto en su paso por el Congreso.

Estos argumentos de oposición no primaron. Y la razón es que si bien este proyecto recupera considerablemente el poder del gobierno central, también le devuelve a los congresistas una buena parte del suyo.

Con la elección popular de alcaldes y gobernadores, los congresistas perdieron la considerable influencia que tenían sobre los burgomaestres y en cierta forma la pirámide política se invirtió. Ahora, los congresistas necesitan a los alcaldes y gobernadores tanto o más que ellos a los senadores y representantes.

En cambio, la capacidad de lobby de los congresistas es mucho mayor frente a las entidades centrales, sobre todo Planeación Nacional y Presidencia. Con la aprobación de este proyecto, su voz será más escuchada a la hora de decidir en qué invertir la plata y sobre todo a qué contratistas enganchar para construir los megaproyectos, una fuente imprescindible de financiación de sus campañas.

Por eso, en muchos sentidos, la mayoría de congresistas terminaron siendo más centralistas que Santos. Y eso ya es decir mucho.