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Hace un año 135 familias embera katío, que estaban desplazadas en Medellín, volvieron a su resguardo en las montañas chocoanas. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

Para llegar a La Puria hay que atravesar los tupidos Farallones del Citará hasta arribar a El Carmen de Atrato, el primer pueblo del Chocó desde el lado antioqueño. De este frío pueblo de montaña -cien metros más alto que Bogotá- sale la destartalada carretera a Quibdó, que demora unas cuatro horas en recorrer apenas un centenar de kilómetros.

A las dos horas de camino aparece una valla con un mosaico de fotos indígenas y un saludo en embera. “Daí iuja”, 'nuestro resguardo', dice. De ahí sale un sendero que serpentea por entre tres montañas y sus valles, cruzando los cañones de tres ríos, hasta finalmente llegar -tras tres horas a pie- a una meseta neblinosa llena de casas de madera y techos de cinc, que se elevan del fangoso suelo como si fueran palafitos.

Es La Puria, el hogar de 135 familias embera katío que hace un año dejaron las difíciles calles de Medellín y regresaron a las neblinosas montañas, en la frontera entre Chocó y Antioquia, donde nacieron. A pasos lentos pero orgullosos y determinados, están de vuelta a sus tierras ancestrales y sus vidas de antes, en lo que es uno de los retornos colectivos de víctimas pioneros en el país.

La guardia indígena, que apenas existía, hoy es el sostén social del resguardo. Ya no comen con la limosna que recogían en una ciudad cuya lengua aprendieron a la fuerza, sino de sus sembradíos de maíz, sus platanares de primitivo y sus pollos. Sus niños ya no mueren de enfermedades fácilmente tratables y nadie les dice a dónde no pueden ir.

A lo largo de las últimas dos décadas El Carmen tuvo que convivir con varias guerrillas (aguantando una cruenta toma de las Farc en 2000) y los paras, pero fue particularmente asolada por una diminuta guerrilla de 45 hombres.

Sus valles eran el feudo del Ejército Revolucionario Guevarista, una pequeña disidencia del ELN que armó tolda aparte a comienzos de los noventa -por considerar a los elenos demasiado blandos en sus posiciones- bajo el mando del comandante carmeleño 'Cristóbal' y su familia.

El ERG, liderado por la familia Sánchez de la cercana vereda de Guaduas, sembró el terror en toda la carretera que desciende hacia la capital chocoana y en los 17 resguardos indígenas del Carmen, donde viven emberas chamí, katíos y dóbida (los 'de río').

Una primera oleada masiva de emberas, de los tres tipos, salió en 2001. Otra más en 2007, poco antes de que el ERG se desmovilizara durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe. Cientas de otras familias salieron, a cuentagotas, entre esos años. El pueblo ya aprendió a convivir con muchos de los ex guerrilleros de este grupo -que viven en el pueblo como cualquier otro carmeleño- pero hasta ahora comienza a recibir a todos los campesinos e indígenas que salieron expulsados por la guerra.

Muchos embera llegaron al pueblo del Carmen o a Quibdó, pero la inmensa mayoría terminó -por razones aún misteriosas- en Niquitao, un céntrico barrio de Medellín donde resultaron presa fácil de una red de microtráfico que también controlaba el alquiler de las viviendas y las vacunas a quienes piden limosna. Eso les permitió un control total sobre los embera, que muchas veces a duras penas hablaban español. 

En 2012 la Alcaldía de Medellín les propuso volver a La Puria, siguiendo el ejemplo de sus exitosos retornos en San Carlos y Granada en el Oriente antioqueño.

No ha sido un proceso fácil, como lo muestra el hecho de que el regreso definitivo -en una región cuya seguridad ha mejorado notablemente- ha tomado dos años y todavía está lleno de desafíos. Su historia es uno de los referentes a nivel nacional, pero también muestra que el regreso de las grandes comunidades desplazadas por la guerra -sobre todo las de indígenas y afro- avanza poco a poco y sigue siendo frágil y precario.

Sobre todo ahora que, poco a poco, comenzará a disminuir el apoyo de la Alcaldía de Medellín, cuyo visionario equipo de atención a víctimas diseñó el regreso de los embera en medio de una apuesta de Alonso Salazar y ahora Aníbal Gaviria por apoyar los retornos a otros municipios de Antioquia -e incluso el Chocó- como una manera de alivianar la carga que supone el desplazamiento para la ciudad.

Durante un año hicieron censos de la población embera, hablaron con ellos y -tras seis meses- los persuadieron de volver, convencieron a las entidades del Carmen. Hasta el último minuto los embera fueron blanco de las bandas locales: la noche anterior al regreso varios hombres armados los amenazaron para que no se fueran y, todavía hoy, una mujer mayor de La Puria reconoce que recibe llamadas de Niquitao. Pero el retorno se dio el 18 de julio del año pasado.

Los cuatro puentes que tiene el camino a La Puria -abandonados, caídos o tumbados por la guerrilla- fueron reconstruidos. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

“No hay medida más efectiva para la reparación de las víctimas que poder devolverse al territorio y reconstruir sus vidas”, dice Luz Patricia Correa, la coordinadora de la Unidad Municipal de Víctimas de Medellín y una de las funcionarias con mayor experiencia en atención al desplazamiento en todo el país.

Para la ciudad y para el equipo de víctimas, probablemente el más innovador en el país a la hora de diseñar estrategias para enfrentar el desplazamiento, tenía sentido económico ayudar a la gente volver. Ese fue el argumento que convenció al Concejo de Medellín en 2008, cuando arrancó el retorno a San Carlos que ha costado unos 20 mil millones de pesos y que ya ha acompañado a unas mil familias campesinas.

Pero también tiene un sentido más amplio, tanto que tanto Alonso Salazar como Aníbal Gaviria incluyeron las ideas de los retornos y del desarrollo de los municipios aledaños en su Plan de Desarrollo. “Todo lo que Medellín tiene es el resultado de lo que pasa en las regiones a su alrededor. La ciudad entiende esa conexión y que su desarrollo depende del de los otros municipios. Apoyar a la gente a volver es ayudar el desarrollo de esos pueblos”, dice Correa.

Hace apenas un año el camino a La Puria era intransitable. Poco a poco los embera fueron limpiando lo que era un sendero perdido entre el rastrojo. Con la ayuda de los ingenieros de la Alcaldía de Medellín y plata de la Unidad de Víctimas, repararon los cuatro puentes que llevan hasta el caserío central.

El primero atraviesa un hilito de agua, que en realidad es un río Atrato que viene bajando desde el Cerro del Plateado donde nace arriba de El Carmen y todavía está lejos de ser el más caudaloso del país. El segundo, sobre La Borrasca, estaba caído desde las épocas en que el ERG lo tumbó. Otro más, sobre el Río Grande, era un pasadizo de concreto sin barandas.

El último, justo en frente al pueblo, se bambolea ferozmente cuando la gente cruza, agachada por obligación para poderse sostener del cable. A unos metros están las patas de cemento recién levantadas de un nuevo puente, que arrancaron a construir hace mes y medio con los ladrillos que todos -hombres y mujeres- traen desde afuera en canastos cafeteros. En unos tres meses el cruce sobre La Marsella será ya uno seguro.

“Ellos [el ERG] eran los dueños del camino. Decían si uno podía pasar o no. Acá uno no podía trabajar libre”, dice Alfonso Queragama, un hombre de espalda ancha, pelo al rape y mochila al hombro que a sus 35 años es uno de los líderes más visibles de la comunidad. Se detiene en una curva para señalar entre el rastrojo. Entre las ramas y troncos entretejidos del bosque andino se alcanzan a ver las hojas alargadas de un plátano. A su lado se adivina la silueta de varios más. "Ahí puede ver como el monte ha crecido en estos años y todo el trabajo que queda por delante", dice el nieto de uno de los diez aventureros que hace cuatro décadas guiaron a sus familias desde el caserío de Aguasal en el Alto Andágueda chocoano, a dos días de viaje por las montañas. 

Para él, como para la mayoría en el resguardo, el sendero es un mapa del sufrimiento de la comunidad en el pasado. Elkin, el segundo de sus cinco hijos, murió de apenas tres años cuando él intentaba llevarlo al Carmen para que le trataran una meningitis. Los centinelas del ERG les cortaron el paso y tuvieron que regresar a su casa. El niño murió sin recibir atención médica.

Ese camino, que hace una década era tierra de nadie, hoy es transitado todos los días por la guardia indígena y los comunica con el mundo exterior.

“Cada retorno es una receta diferente. Reconstruir el tejido social es difícil, como cuando se rompe un vaso y toca volver a pegarlo vidrio por vidrio”, dice Julia Marín, una antropóloga vallecaucana que lleva dos décadas trabajando con retornos indígenas y que lideró el de La Puria.

En La Puria el vidrio más grande fue la guardia indígena que hace un año era un grupo de cuatro hombres. Hoy son una disciplinada guardia civil y no armada de 85 personas, incluyendo a diez mujeres y a diez adolescentes, que toman turnos de una hora cada noche para cuidar a la comunidad. Con sus bastones de madera colgados del hombro, vigilan los caminos y también velan porque la comunidad cumpla las normas que entre todos han acordado.

Ellos mismos diseñaron los logos de la guardia y también el color aguamarina brillante de sus chalecos, que escogieron tomando como modelo un paquete de Doritos Megaqueso. 

Cuando llegó la hora de ponerle un nombre a la guardia la decisión fue aún más fácil. Por unanimidad escogieron a Enrique Arce, un líder que en los años ochenta se enfrentó a los colonos paisas de Andes que se apoderaron de las minas de oro indígenas en el río Colorado -a un par de días de viaje- y las recuperó para su comunidad.

Su heroica lucha -y también su misteriosa muerte en 1983 a manos de un grupo de policías que lo habían emborrachado- es una de las historias centrales de El oro y la sangre, el célebre libro reportaje que escribió el periodista antioqueño Juan José Hoyos sobre la violencia minera en el Chocó.

“Él era un hombre que defendió el territorio de los indígenas. Nuestra historia estamos poniendo ahí”, apunta con orgullo Arcesio Arce, el ex gobernador cuando arrancó el retorno y hoy jefe de la guardia, mientras señala un afiche. Allí, desde el techo del recién estrenado centro comunitario donde se hacen desde las reuniones del cabildo hasta las danzas, mira adusto el rostro de su tío lejano.

“Nosotros lo tenemos como ejemplo de lucha, sí, pero sin armas. Es una lucha en paz”, dice Diego Uribe Arce, que fue uno de los primeros embera en desplazarse a Medellín y que hoy es uno de los veteranos de la guardia indígena.

Diego Uribe, que será el jefe de la guardia el año que viene, es uno de los familiares lejanos del mítico Enrique Arce que le da nombre. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

Aunque no lo dice, casi todo lo que hace Uribe -que el próximo año será jefe de la guardia- busca emular el ejemplo del que también es pariente distante suyo. En el muro de entrada de su casa hay un dibujo, pintado por él, de un embastonado Arce cuidando un árbol.

Uribe sonríe al mostrar su grafiti guardián y la réplica del afiche de Arce que cuelga de una de sus ventanas. Ese gesto le ilumina su mejilla, pintada con un patrón de triángulos y líneas geométricas tradicional de los embera. Por todos lados hay pequeños iconos de su ídolo: sobre el pecho luce un collar largo de chaquiras multicolores con una silueta del viejo líder y de su clavícula cuelga un bastón cuya cabeza es a su vez un diminuto Arce cargando otro bastoncito.

A los guardias y otros líderes de la comunidad los están formando en una 'escuela de gobierno', una serie de talleres y charlas en las que -una vez al mes- aprenden de profesores visitantes como el nasa Guillermo Tenorio y el guambiano Álvaro Tombé, dos de los líderes veteranos del Cric caucano. La guardia visitó durante una semana el resguardo embera chamí de Cristianía, uno de los más robustos de Antioquia y padres de la organización indígena del departamento.

El segundo vidrio del vaso fue encontrar de qué vivir, una tarea difícil teniendo en cuenta que los embera katío no son muy buenos agricultures.

Como sus tierras llevaban rato sin cultivar, arrancaron poniéndose la misión recuperar las semillas locales que mejor se adaptan al clima húmedo y frío de La Puria. El maíz chocosito lo hallaron en un consejo comunitario afro una hora más abajo en la vía hacia Quibdó. Su primera cosecha se murió completa, dado que la tierra estaba -de puro y físico abandono- reseca y falta de nutrientes, pero las siguientes van poco a poco rindiendo más.

El fríjol chengue lo consiguieron en el resguardo de Cristalina, en Urrao. Trajeron gallinas de pico criollas, que no vienen con el pico genéticamente aserrado y se adaptan mejor a una comunidad que no está habituada a darle de comer a los animales sino a dejarlos que recolecten.

Las mujeres tienen, ahora mucho más que antes, una voz en los asuntos de la comunidad. Diez de ellas entraron a la guardia, mientras otras cuarenta crearon la cooperativa artesanal Biabú -“bien, gracias” en embera- que trabaja las chaquiras y la cestería. Aún es difícil vender sus productos desde El Carmen, pero poco a poco han ido encontrado nichos y ahora están trabajando en un encargo del alcalde Aníbal Gaviria para la próxima cumbre de ciudades capitales en Medellín.

“Acá yo hago cestos con los juncos que busco en la cordillera. Allá [en Medellín] hacíamos artesanías para pagar la pieza, pero la vida era dura. Acá ya no pasamos hambre”, dice María Lía Queragama, una de las artesanas más experimentadas de La Puria.

“Lo más importante es que se reivindiquen como indígenas. O si no se quedan como víctima, una categoría que les es cómoda porque saben que tienen derecho a atención, pero que no es ningún proyecto de vida”, dice Julia Marín, que acompañó los retornos embera en las Comunidades de Paz de San José de Apartadó en 1997 y luego el de los zenúes de el Volado en el Urabá antioqueño.

Durante un año la Alcaldía mantuvo un equipo permanente acompañándolos dentro de La Puria: dos personas de atención psicosocial, dos especialistas en temas productivos y dos expertos en infraestructura, que compartían una pequeña casa de madera justo enfrente del flamante centro comunitario y el cepo. Desde hace algunos meses ningún funcionario duerme en el resguardo, pero todavía hay un equipo de tres -uno de cada área- viviendo en El Carmen y visitando un par de veces a la semana.

El renacer de La Puria, aunque muy exitoso, muestra las complejidades de los retornos étnicos. Un grupo de familias campesinas tarda unos seis meses en asentarse, desde que regresa a su terruño hasta que ya lo ha puesto a producir exitosamente. En cambio, una comunidad indígena o afro demora como mínimo dos años en lograrlo.

No hay un cálculo sobre cuántos quisieran retornar, pero el trabajo que se viene es grande si se tiene en cuenta que son uno de los grupos que más ha sentido los rigores de la guerra. Solo los indígenas han puesto 138.485 víctimas oficialmente reconocidas por la Unidad de Víctimas, cuya cuenta ya va por los 6,8 millones en todo el país. Teniendo en cuenta que el censo de 2005 sitúa la población indígena del país en 1,3 millones, eso significa que 1 de cada 10 indígenas han sido víctimas. Una situación similar viven los afrodescendientes, que han puesto 622.559 víctimas.

Por ahora apenas hay algunos ejemplos, casi todos embera, y ninguno afro. La Unidad de Víctimas nacional, que dirige Paula Gaviria, lideró un retorno en Pueblorrico (Risaralda) con los 500 embera chamí desplazados en Bogotá y más recientemente uno de 31 comunidades en el Alto Andágueda chocoano. Eso muestra que, para ayudar a las comunidades étnicas a volver a las tierras de donde fueron expulsados, todavía falta mucho.

?Uno de los retos grandes es convencer a las alcaldías que no vean los retornos como una carga sino como oportunidades de fortalecer sus economías locales. Así tenga presupuestos exiguos, su papel es decisivo: el alcalde del Carmen, el primer mandatario del pueblo que visita un resguardo, se vinculó ofreciendo los exámenes de RH de los retornados y ahora acaba de poner 6 millones de pesos para el puente nuevo.

El hospital está haciendo visitas médicas periódicas, con vacunación incluida, en La Puria y los otros 16 resguardos. El efecto en salud ya se siente, en una comunidad donde -como en casi todas las indígenas- las tasas de mortalidad infantil eran muy altas. En los primeros seis meses del retorno murieron seis niños, pero en los nueve que han corrido de este año ninguno.

La recontrucción de la guardia indígena, el sostén social del resguardo, fue una de las tareas más importantes del retorno. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

Hace poco visitaron varios funcionarios de la Unidad de Víctimas nacional para ver cómo avanza el retorno puriense. Los sentaron en el centro comunitario y ante ellos desfilaron una decena de líderes con interminables listas de peticiones al Gobierno: desde una cárcel y linternas hasta cosas más lógicas como pupitres para las escuelas del resguardo y becas universitarias para los jóvenes.

Algunas de esas cosas las podrán pedir como parte de la reparación colectiva, un proceso que la Unidad planea comenzar pronto. Pero la gran mayoría se le escapan a las entidades a cargo de las víctimas, que -pese a coordinar el sistema nacional de 49 entidades, que todos llaman el Snariv- no tienen ninguna manera efectiva de jalarles las orejas cuando no lo hacen.

Ahora el Gobierno nacional y el del Chocó, que han estado casi totalmente ausentes, tendrán que garantizar que la vida en La Puria siga siendo sostenible a largo plazo. Que ese centenar de familias tengan salud, educación, cultivos y oportunidades de vida, casi todas ellas lujos en el departamento más pobre del país. 

Por ahora la lista de promesas incumplidas es larga, pese a que hace un año hubo una “mesa interinstitucional” en la que una decena de entidades se comprometieron a acompañar a La Puria. De la mayoría no hay rastro. 

El colegio de La Puria tiene 138 estudiantes y apenas una veintena de pupitres, mientras en Bajo Río Grande los veinte niños se turnan una banqueta comunal. Desde hace un año solicitaron pupitres a la Secretaría de Educación del Chocó y a la Diócesis de Istmina que la maneja en El Carmen, pero siempre reciben la misma respuesta: no hay plata.

Prosperidad Social, el súper ministerio que maneja todos los programas sociales del gobierno Santos, prometió venir y nunca cumplió su palabra. Tampoco ha venido el Ica, a quienes buscaron para asesorías en semillas. O el Incoder, que tendrá bajo su ala el proceso de ampliación del resguardo que ellos quieren para englobar unas tierras que le pertenecen a varias familias. “Acá trabajamos contra, no con”, dice una funcionaria.

Si bien La Puria muestra lo complejos que son los regresos de la Ley de Víctimas, también es un campanazo de alerta para el Gobierno sobre el tipo de acción coordinada e inversión estatal que requerirá aterrizar los acuerdos de La Habana.

“Yo leía el punto de desarrollo rural y pensaba 'esto es retornos'. A los territorios donde están las Farc la gente querrá volver, pero esa reflexión no se está haciendo y el Plan Nacional de Desarrollo tiene que privilegiarlos porque son la manera más efectiva de recuperar el territorio”, dice Luz Patricia Correa, que -junto con Aníbal Gaviria y el ministro Juan Fernando Cristo- está trabajando una propuesta para regionalizar más la atención a las víctimas. “La paz territorial no es otra cosa que apoyar los retornos”.

En lo alto de las montañas del Carmen están ya las primeras semillas.

Esta historia es parte de una serie sobre la Ley de Víctimas financiada por la Unión Europea y Oxfam.