Ya en la negociación con las Farc en Caracas en 1991, se estaba discutiendo una propuesta de concentración de las Farc en 60  lugares cuando César Gaviria decidió suspender el proceso de paz después de que las Farc atacó a Aurelio Iragorri.

La propuesta que hizo Álvaro Uribe a las Farc durante el puente festivo ha sido interpretado por algunos medios como una apertura del ex presidente para destrabar las negociaciones de la Habana. Sin embargo, podría terminar teniendo el efecto contrario.

El domingo, desde Santa Marta, Uribe propuso como un gesto de buena fe que las Farc decretaran un cese unilateral y se concentraran en unos sitios determinados, con verificación.

“Creemos que los hechos de incremento de violencia, que en unas regiones son más notorios y en otras más sofisticados, sugieren la urgencia de esta condición, que de darse, traería optimismo a la ciudadanía y generaría una opinión de reconocimiento de buena fe de la Farc”, afirmó Uribe.

Su propuesta específicamente es que, sin suspender la mesa, se congelen los diálogos mientras los guerrilleros se concentran en sitios “de extensión prudente, no en zona de frontera, tampoco que coincida con áreas estratégicas para la economía, y carente de población civil.” Y que esta concentración sea verificada por instituciones y personas colombianas “pero con la monitoría y presencia de la comunidad internacional, que estarían en permanente comunicación con delegados de Farc.”

Propone que se busque un sustento para los guerrilleros concentrados y que “el tiempo de concentración podría descontarse de las condenas de cárcel a los cabecillas”.

“Repetimos que durante el tiempo de concentración la Farc podría mantener las armas, cuya entrega y destrucción sería al momento de firmar el acuerdo final.”

Aunque Uribe específica que el cese sería unilateral, dice que en esos sitios “siempre que haya respeto a las regulaciones, Farc estaría a salvo de acciones de las Fuerzas Armadas.”

La propuesta de Uribe es coherente con lo que ha venido proponiendo desde hace meses, pero muestra cierta flexibilidad frente a su propuesta original porque aceptaría que ese tiempo que duren concentrados podría descontarse de las “condenas de cárcel” a los jefes guerrilleros, con lo cual se podría inferir que está más abierto a que la pena privativa en el futuro no sea necesariamente tras las rejas.

También parecería abierto a que la concentración no sea en un solo sitio sino en varios, mientras no sean estratégicos para la seguridad nacional.

De hecho tanto El Tiempo como Rcn interpretaron su intervención como que el ex presidente está “más dispuesto a que se mantenga la negociación”, en palabras del periódico.

Sin embargo, en la práctica lo que propone Uribe en este momento es inviable y por el contrario, podría reforzar la creciente animadversión a la negociación en La Habana.

“Llama la atención su tono propositivo, su aceptación de financiar el sostenimiento y su apoyo a que siga el proceso”, dice un experto en el tema que por su trabajo no puede hablar on the record. “Pero es poco práctico porque es poco probable que la acepten hoy”.

Cualquier experto en el conflicto (como es Uribe) sabe que la concentración de tropas es un paso irreversible para una guerrilla y que es una decisión que solo toman cuando ya han tomado la decisión de desmovilizarse.

La razón de esto es que la ventaja estratégica que tiene una guerrilla es que no se sepa cuántos son ni dónde están. Cuando se concentran, este “patrimonio estratégico” se acaba.

Por otro lado, como lo atestiguan varios ex jefes guerrilleros, una vez que se concentran el tiempo comienza a correr en su contra porque mantener quieta una tropa –que por su naturaleza es móvil- durante mucho tiempo es imposible por los conflictos y la ansiedad que se genera.

Si bien las Farc parecen haber tomado ya la decisión de llegar hasta el final del proceso de paz después de una consulta interna que hicieron entre sus frentes a comienzos de año, queda por resolverse el punto más difícil de la negociación, y es el que arranca mañana: el de la justicia transicional.

El Gobierno ha sido claro en público y en la mesa en que algunos de los jefes guerrilleros tendrán que pagar una pena privativa de la libertad por los crímenes atroces que cometieron.  Es un castigo que, también, tendrán que pagar los que cometieron delitos de parte del Estado.

“"Las normas internacionales exigen que se imponga un cierto nivel de justicia, para lo que se necesita que las Farc estén dispuestas a pagar algún tipo de pena privativa de la libertad", ha afirmado Humberto De la Calle, jefe del equipo negociador.

En el Gobierno están convencidos de que sin esto el proceso carecería de legitimidad tanto frente a las víctimas y a los colombianos que tendrán que refrendar el acuerdo de alguna manera, como frente a la comunidad internacional que podría activar algunos de sus mecanismos de justicia internacional para garantizar que esos crímenes no queden impunes.

Hasta ahora las Farc han rechazado de plano esta posibilidad, diciendo que su delito es la rebelión y que ellos no van a hacer esta negociación para terminar pagando cárcel “por defender las pobrerías”.

Y la han rechazado tácitamente diciendo que ellos sí estarían dispuestos a privarse de la libertad si en la celda de al lado están los políticos que tomaron decisiones que mantuvieron a los colombianos en la miseria, o los ministros de defensa que estuvieron a cargo durante el tiempo que se cometieron los falsos positivos (como el presidente Santos) o los directores de gremios que se aliaron con los paramilitares.

En el fondo, como lo contó La Silla después de volver de la Habana de hablar con los jefes guerrilleros, para los comandantes es fundamental que la fórmula que se encuentre para llegar a un Acuerdo Final dignifique de alguna forma la vida que ellos emprendieron hace 10, 20 o 40 años. Por eso, la narrativa de que ellos fueron unos criminales y, además, los únicos, no entra en su baraja de posibilidades.

Muchos pensaron que al haber aceptado que la Comisión de la Verdad acordada en el último ciclo forma parte de “un sistema integral” con la justicia y la reparación, se abría la puerta para encontrar la fórmula de justicia, en la medida en que a más verdad que cuenten más rebaja penal podrían tener.

Sin embargo, rápidamente los guerrilleros se han encargado de disipar esa ilusión porque, como lo dijeron el viernes pasado en una mesa redonda para el noticiero que tienen las Farc están pensando responder ante la Comisión de la verdad “como todo un colectivo”.  “No podemos dejar la gente allá que diga individualmente las cosas”, dijo Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda. “Nosotros asumimos la responsabilidad como organización no como individuos alzados.”

Al asumir responsabilidades “colectivas” y no individuales, sería una forma de blindar también a los “máximos responsables” de la guerrilla que serían los que –de acuerdo al Tratado de Roma- tendrían que pagar por los delitos atroces que hayan cometido.

Obviamente, una cosa es el punto de partida en esta discusión (que es éste) y otra el punto de llegada. Pero antes de que lo transiten es inviable pensar en que se van a concentrar como lo propone Uribe.

El problema para la negociación es que el ex presidente sí está dandole voz a la frustración de millones de colombianos con los ataques terroristas de los últimos días. Y la negativa obvia de las Farc y del Gobierno a su propuesta no hará sino incrementarla.

Como dice el analista que consultamos, Uribe “tiene razón en el asunto clave: al proceso le falta a estas alturas acallar los fusiles; el ruido de las armas estorba”.