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Miércoles Diciembre 08, 2021
La Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos logró que en la reforma política de diciembre se aprobaran las coaliciones. Si se cae la nueva Ley en la Corte Constitucional, ya no existirían mecanismos para que se haga este tipo de acuerdos.

La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos hizo una promesa que difícilmente podrá cumplir. Le aseguró al Polo Democrático que si la Corte Constitucional declara exequible el artículo de la reforma política que reduce el censo electoral a quienes hayan votado en las últimas elecciones, él mismo lo objetará.

El Polo le reclamó que ese artículo discrimina a sus militantes porque durante la segunda vuelta presidencial ese partido impulsó la abstención y muchos militantes del partido de izquierda podrían quedarse sin votar.

El artículo tiene muchos problemas que podrían llevar a la inconstitucionalidad. Como contó La Silla Vacía, el artículo nunca fue discutido en las comisiones, ni en las plenarias y en las gacetas del Congreso. Sólo apareció mencionado como una proposición. La modificación surgió en las conciliaciones que las plenarias de Senado y Cámara votaron a pupitrazo.

Santos le está jugando a que la Corte declare inexequible el artículo, pero es posible que los magistrados decidan darle su visto bueno y si esto sucediera, la promesa le costaría al Presidente más de un dolor de cabeza.

Como la reforma política es una ley estatutaria, va al estudio previo y obligatorio de la Corte Constitucional, sin necesidad de que el Presidente la firme antes. Y que se haga una objeción desde la Presidencia a una norma ya revisada es algo que nunca ha ocurrido y dejaría en una mala posición al Presidente frente a la Corte, puesto que podría ser visto por algunos como un reto a los magistrados.

Pero, además, porque la objeción del Presidente devolvería la Ley entera al Congreso donde tendría que ser discutida y podría llenarse de micos sin que la Corte Constitucional la pueda revisar de nuevo. En pocas palabras, sería un cheque en blanco para que los congresistas modifiquen la forma de hacer política, a pocos meses de las elecciones territoriales y sin control constitucional.

Éste, sin embargo, es un problema a futuro, cuando la Corte haga el estudio de la Ley. Pero ya hay varios otros procesos políticos que están congelados mientras la Corte falla sobre la constitucionalidad de la reforma política.

El lunes pasado en la Corte se vencieron los términos para que la ciudadanía expresara sus posiciones sobre la reforma política y en diez días más se vence el plazo para que la Procuraduría emita su concepto. Sólo hasta ese momento, el tema pasara a estudio pleno de la Corte que tiene plazo de entregar su concepto hasta julio próximo.

Probablemente la Corte decidirá darle un trámite rápido a la Ley pero mientras tanto, hay varios temas que tienen en ascuas a los partidos políticos que participarán en las próximas elecciones.

La Corte Constitucional tiene en sus manos el futuro de la reforma política. Su plazo para estudiarla va hasta junio pero podría decidir hacer un análisis reducido.

En las elecciones del 30 de octubre, si fuera constitucional la reforma política, sólo podrán votar quienes lo hicieron en las elecciones del 20 de junio pasado, en la segunda vuelta presidencial.

 

Una de las coaliciones fijas para las elecciones de octubre es entre los partidos Liberal y Cambio Radical. En varias regiones del país se van a ir a las urnas con un candidato único.

En lo político

 

En la reforma política se disminuyó de dos a un año el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los exalcaldes y exgobernadores, así sean designados. Y en la mayoría de partidos hay candidatos a la espera de esta definición para saber si se pueden lanzar.

Principalmente los que están esperando el último visto bueno de la Corte son los funcionarios que tuvieron el encargo de las Alcaldías o Gobernaciones por cortos períodos y que por culpa de esas ´palomitas´ hoy no pueden participar de las próximas elecciones.

Otro tema que no tiene su futuro claro es el de las consultas interpartidistas que se autorizaron en la reforma aprobada en diciembre. Esta consulta es de rango constitucional, pero la Ley estableció los procedimientos para aplicarla, pues la Constitución apenas la menciona.

Para algunos congresistas, el Consejo Nacional Electoral podría convocar a consultas con la autorización constitucional, pero la verdad es que no tendría cómo reglamentarlas. Y por ello es que hoy existe una fecha para las consultas internas de los partidos y consultas interpartidistas el mismo día y así aplicar las mismas reglas para ambas. El problema es que si ambas consultas se realizan el mismo día muchos partidos se autoexcluirían. Por ejemplo, el Partido Conservador ha dicho que le gustaría hacer consulta interpartidista con otros partidos de la Unidad Nacional, pero quien participaría sería el ganador de una consulta interna. Con ambas elecciones en un solo día, se descarta por completo esa posibilidad.

Igual ocurre con las coaliciones, que son la posibilidad para que algunos partidos se unan temporalmente para apoyar algún candidato en las elecciones. Ese tipo de acuerdos entre partidos ya existe en la Constitución, pero es la Reforma Política la que define los procedimientos para llegar a ellas. Por ejemplo, no se sabe cómo tendrían que hacerse los programas, ni los logosímbolos, o incluso los gastos de la campaña.

Lo que definitivamente está estancado es la figura de los anticipos. Para que los candidatos puedan realizar sus campañas, el Ministerio de Hacienda tiene que hacer previsiones presupuestales, de acuerdo con la plata que le pidan los partidos.

La Reforma fija que el Gobierno entregará los anticipos de forma diferenciada y se calculará a partir del monto de la financiación estatal de la campaña anterior, actualizado con base en la inflación.

Por ejemplo, si a Cambio Radical le dieron la campaña pasada 100 millones, en la próxima le darán los mismos 100 millones mas el aumento de la inflación. Este mecanismo premiará a los partidos grandes que mejor les fue la vez pasada, puesto que la financiación es directamente proporcional al número de votos que ganó cada partido vía reposición de votos.

Pero mientras no se sepa si este modelo de anticipos es constitucional, la financiación seguirá siendo posterior a la elección.

En lo electoral

Por el lado de las próximas elecciones, el tema está igual de complicado. Aunque los procesos para realizar los comicios ya están en marcha, si la Corte declara exequible la Reforma Política, habrá que correr mucho para garantizar las elecciones.

Por esa razón, uno de los ciudadanos que intervino ante la Corte Constitucional durante las audiencias ciudadanas, fue el registrador Carlos Ariel Sánchez.

En cuanto al censo, Sánchez pide que ese artículo sea declarado inconstitucional y que se mantenga la norma de que sólo pueden votar quienes tengan la cédula nueva. No sólo por los aparentes vicios en el trámite sino además porque el Registrador considera que se viola el derecho de los ciudadanos a la abstención.

Mientras tanto, la Registraduría trabaja con el actual modelo de censo. Es decir, el que permite que todos los ciudadanos aptos para votar lo hagan sin importar si han votado o no en las recientes elecciones.

Si se aprobara la ampliación del tiempo para inscribirse -que hoy va hasta el 22 de mayo, pero que de aprobarse la Reforma se ampliaría hasta julio-, el Gobierno tendría que hacer un ajuste presupuestal.

Y es por eso que le pide a la Corte que si le da el visto bueno a la Reforma Política, lo haga de forma modulada. Es decir que no se aplique para las elecciones de octubre próximo sino para las de 2014.

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Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2011-04-02 18:14

Por Dios... Cada elección trae modificación a la ley; eso da vergüenza, y aun así nos jactamos de nuestra "democracia".

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