La última encuesta de Gallup dejó muy mal parado al presidente Santos especialmente en el manejo de la salud, en donde la desaprobación alcanzó el 66 por ciento. La crisis tiene a cientos de hospitales públicos al borde la quiebra, y además de que las EPS no les pagan ahora varios de ellos llevan meses sin gerente a raíz de los pulsos locales por obtener estos cargos. Esta situación tiene a muchos hospitales en riesgo de que se generen retrasos en pagos a empleados y proveedores, situación que en menos de cuatro meses podría poner en jaque la prestación del servicio a los pacientes.

Al día de hoy la Procuraduría investiga más de 130 denuncias en 15 departamentos por presuntas irregularidades en los concursos de meritocracia con los cuales se eligen a los directivos de hospitales públicos. El Magdalena es uno de los casos más críticos, pues a las denuncias por irregularidades en el proceso de selección se les suman las acusaciones por presuntos intereses políticos que estarían detrás del control de la red hospitalaria, y más de diez hospitales públicos siguen sin gerente.

El Gobernador y el Alcalde de ese departamento han sido acusados de dilatar los nombramientos a propósito. Y ahora varias fuentes señalan al ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra -que la semana pasada se entregó para rendir indagatoria por presuntos nexos con narcotraficantes dos días después de cumplir su condena por parapolítica- como una de las nuevas fuerzas del Magdalena que estaría presuntamente ganando terreno en la salud.

'El Mello' Cotes es acusado de tener intereses políticos detrás de los nombramientos de gerentes de hospitales públicos en el Magdalena, y de querer repetir los concursos de méritos para que sus candidatos queden. Pero en la Gobernación sostienen que esto no es cierto, y que Cotes está actuando bajo la ley.

El Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, ya accedió a posesionar al gerente de la ESE Alejandro Próspero porque éste ganó una tutela que interpuso. Sin embargo, Caiceda señala que en el proceso hubo eventualidades que cambiaron las reglas de juego estipuladas, motivo por el cual intentó detener el concurso.

Ahora algunos en el Magdalena señalan al ex senador Juan Carlos Martínez, quien hoy está detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico, de estar detrás de las peleas por las gerencias a raíz de su interés en meterse en el sector de la salud de este departamento.

Las sillas vacías en los hospitales del Magdalena

El gobernador Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes no ha querido nombrar a 13 de los 24 gerentes de hospitales públicos del departamento. Unos lo acusan de no hacerlo porque sus candidatos no alcanzaron los mayores puntajes, pero él se defiende diciendo que su decisión está apegada a la norma y que tiene el respaldo del Ministerio de Salud.

Este año, la Gobernación contrató a las universidades Nacional y del Norte para que realizaran los exámenes de meritocracia, proceso que tan pronto comenzó fue puesto en duda por el Gobernador mismo. “El Mello dudó del concurso para demorar la cosa porque los que él quería poner no quedaron”, le dijo un médico del departamento a La Silla.

Pero en la Gobernación le dijeron a este medio que Cotes no tiene cuotas en los hospitales y explicaron en qué se basa su decisión de suspender los nombramientos.

La ley dice que la junta directiva de cada hospital debe conformar una terna con las personas que hayan sacado los tres primeros puntajes en el examen. Según le dijo a La Silla Sandra Castañeda, la secretaria de Salud del Magdalena, también se requiere un mínimo de 70 puntos para ser elegible dentro de la terna. Y éste se volvió el punto de discordia, pues ‘El Mello’ argumenta que los hospitales sin gerente son resultado de ternas desiertas en las que no hubo tres candidatos que cumplieran con el puntaje mínimo.

Sus contradictores no están de acuerdo con esta interpretación y acusan al Gobernador de retardar los nombramientos para repetir el proceso e intentar que sus cuotas queden. “No es cierto”, le dijo la Secretaria de Salud, Sandra Castañeda, a La Silla. “Muy pocos cumplieron con los criterios. Por eso no hay ternas. Si queremos repetir los exámenes es porque le pedimos un concepto al Ministerio de Salud y allí nos dijeron que eso era lo más conveniente”.

Pero a algunos también les preocupa que los exámenes se repitan porque el Departamento tendría que pagar aproximadamente 500 millones en indemnizaciones a los que salieron ganadores.

Quienes contradicen al Gobernador afirman que el argumento de los 70 puntos es inválido, pues si bien en varios casos no hay tres candidatos por encima de 70 sí hay al menos uno.

También se acusó a ‘El Mello’ de tener preacuerdos con algunos gerentes de hospitales que querían ser reelegidos y continuar en el cargo. Sin embargo, en la Gobernación le dijeron a La Silla que aunque sí hubo candidatos que al momento de postularse eran ya gerentes de hospitales, en estos casos se nombraron gerentes ad hoc para que los postulantes no pudieran conocer previamente el proceso y no tuvieran ventaja.

En cuanto a otras denuncias por parte de hospitales, como el de Ciénaga, Cerro de San Antonio y Remolino, que pidieron suspender los concursos alegando posibles irregularidades en los exámenes para favorecer a algunos candidatos, el Gobernador accedió a suspender el proceso sólo en uno de los casos mientras se adelanta la investigación.

Dos fuentes que han seguido de cerca la pugna por la gerencia de estos hospitales le dijeron a La Silla que en el departamento se rumora que detrás de esta pelea estaría la sombra del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra.

Por un lado se dice que Martínez ha estado interesado en el control de la red hospitalaria del Magdalena y que para ello ha invertido dinero en los hospitales del departamento. Así lo ha dicho públicamente el diputado del Magdalena Álvaro Orozco, y también otra fuente del sector de la salud con la que habló La Silla y que pidió no revelar su nombre. Sin embargo, este medio no pudo confirmar si en efecto Martínez ha invertido dinero en la salud ni en dónde lo habría hecho específicamente ni por qué le podría interesar, y fuentes en el Valle dijeron no conocer que el ex senador tuviera vínculos con ese sector.

En la Gobernación le dijeron a La Silla que detrás de las gerencias de hospitales no hay intereses políticos, y la Secretaria de Salud afirmó que ni siquiera conoce a Juan Carlos Martínez.

El ex congresista ya había sido señalado a principios de año por el diputado Orozco, quien denunció amenazas en su contra y afirmó que había recibido una llamada de una persona que se identificó como mensajero de Martínez. El resto de la Asamblea también ha recibido amenazas por cuenta de sus denuncias sobre irregularidades en materia de seguridad y salud, y uno de ellos, Armando Castillo, fue asesinado en enero pasado. Este año los diputados tuvieron que recibir protección del Estado pero algunos afirman que las amenazas continúan y que quienes las hacen usan el crimen de Castillo como referencia para intimidarlos.

La tutela que puso al Alcalde contra la pared

En Santa Marta, el alcalde Carlos Caicedo también fue cuestionado por cuenta de un nombramiento en salud.

Caicedo se había negado a posesionar a Jairo Romo Ortiz como gerente de la ESE Alejandro Próspero Reverend a raíz de denuncias sobre presuntas irregularidades en el concurso. Inmediatamente sus contradictores le cayeron encima, pues se dice que alrededor de esta institución, que al año maneja un presupuesto de casi 40 mil millones, siempre ha habido intereses burocráticos. Romo entuteló la negativa del Alcalde, y hace dos semanas el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa ciudad falló a su favor, ordenándole a Caicedo que posesionara a un nuevo gerente en un plazo máximo de 48 horas.

Sus contradictores acusaron al Alcalde de tener intereses políticos dentro de la ESE: “Él logró dilatar el proceso jurídico y no quería nombrar a Romo porque no pertenece a sus huestes políticas”, dijo una fuente dentro del sector de la salud del Magdalena que pidió no ser identificada. Al final, el Alcalde accedió a posesionar a Romo a riesgo de ser detenido por desacato.

Caicedo le dijo a La Silla que ordenó la suspensión del proceso porque la universidad que había ganado el contrato para hacer los exámenes era la Universidad Cooperativa, sede Bucaramanga, sin embargo la que los terminó haciendo fue la sede de Medellín: “Eso es incumplimiento del contrato. La que llenaba todos los requisitos era la sede de Bucaramanga, no la de Medellín. Esto fue injusto con las demás universidades que se postularon, pues bajo esos términos entonces ellas también hubieran podido ganar”, dijo el Alcalde.

También negó que tuviera intereses políticos detrás de la gerencia: “Yo no tengo cuotas ni en el Concejo ni en la Personería, menos las voy a tener en la ESE”, dijo.

En defensa del Alcalde, dos fuentes del sector de la salud le dijeron a La Silla Vacía que les resulta sospechosa la alta diferencia entre los puntajes de Romo y de los demás postulantes, así como el hecho de que el Hospital Universitario Fernando Troconis, del cual Romo fue gerente, haya tenido convenios para recibir internos hospitalarios con la Universidad Cooperativa, la misma que luego organizó el examen de meritocracia.

Sin embargo, esto por sí solo no es evidencia de ninguna irregularidad. La Silla intentó conocer la versión de Jairo Romo sobre este tema pero no obtuvo respuesta de su parte.

Y más allá de estos casos en el Magdalena, los procesos de selección de gerentes han sido muy cuestionados a nivel nacional. El procurador delegado de entidades territoriales Carlos Augusto Mesa le dijo a Semana que la Procuraduría no sólo ha recibido denuncias por universidades que hacen presuntos acuerdos ilegales con gobernadores y alcaldes para que sus candidatos queden en los primeros puestos, sino también por supuestas extorsiones por parte de universidades, las cuales estarían cobrándoles dinero a los candidatos a cambio de darles buen puntaje.

La Procuraduría también ha llamado la atención sobre algunos abusos en las tutelas, pues afirma que en algunos casos éstas han pretendido complicar el proceso y manipular los concursos de los hospitales.

Mientras esto se resuelve, los hospitales afectados deben lograr cubrir sus vacíos administrativos al mismo tiempo que están obligados a seguir prestando el servicio a los pacientes. Y como le dijeron a La Silla algunos médicos en el Magdalena, la situación no pinta bien, pues la ausencia de gerentes demuestra que la pelea por el control de la salud ya logró desestabilizar el funcionamiento financiero y administrativo de la red hospitalaria.