El miércoles pasado la Ministra de Cultura Mariana Garcés fue declara “persona no grata” por el Concejo de Cartagena, después de que le entregara el nuevo contrato de preservación de las murallas, fuertes, baluartes, reductos y castillos de la ciudad a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, que ha estado manejando esta parte del patrimonio histórico de "La Heroica" durante los últimos 20 años.

Y aunque a algunos concejales les parece que esta decisión es una “falta de respeto”, porque pasa por encima a la administración distrital y olvida los derechos que tiene la ciudad de administrar sus propios bienes, lo cierto es que el Ministerio de Cultura ya le había informado a la administración distrital sobre este nuevo contrato y en este caso tiene sustento legal para estar por encima de las autoridades locales y ser el que toma estas decisiones.

Por eso, en Cartagena queda la sensación de que en el Concejo, que básicamente se encarga de discutir los presupuestos de la ciudad y de hacerle control político a la administración distrital, simplemente estaban intentando quedarse con parte de uno de los pocos contratos grandes -es decir, los que manejan más de mil millones de pesos- que se van a vencer y renovar en Cartagena durante su período.

Mariana Garcés, Ministra de Cultura. Foto: Juan Pablo Pino

Vista de Bocagrande desde el Centro Histórico, donde se encuentran buena parte de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de Cartagena.

Concejo de Cartagena. Tomada de www.cartagena.gov.co

La Sociedad

El centro del problema entre el Concejo de Cartagena y la Ministra es la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena (o Smpc). La Smpc fue creada en noviembre de 1923 como una entidad privada y sin ánimo de lucro.

Al año siguiente, con la ley 32 de 1924 el Gobierno nacional le entregó la facultad de velar por la conservación de los monumentos históricos de Cartagena que, en su conjunto, fueron declarados por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad en 1984.

Desde 1992, además, la Sociedad suscribió un contrato a 20 años con el Fondo de Inmuebles Nacionales -entonces encargado de los bienes patrimoniales- para administrar el patrimonio histórico y cultural de Cartagena. Pero ese Fondo fue liquidado poco tiempo después y el contrato fue cedido al Ministerio de Cultura, entidad que desde entonces es la encargada de velar por la conservación del patrimonio cartagenero.

Cartagena cuenta con el sistema de fortificaciones más extenso de Suramérica y un patrimonio arquitectónico que data desde la época de la Colonia -algunas construcciones, incluso, cuentan con más de cinco siglos, pues el arquitecto encargado de la fortificación de la ciudad comenzó a trabajar en 1583.

Las fortificaciones son una de las principales atracciones turísticas de Cartagena, una actividad que a su vez se ha convertido en una de las primeras fuentes de ingreso del Distrito y conservarlas no sólo implica mantener la identidad de la ciudad, sino que además le significan una entrada de unos dos mil millones de pesos por la plata cobrada a turistas y locales que quieren visitar algunos de estos sitios de interés como, por ejemplo, el Castillo de San Felipe.

Por eso, para Cartagena es vital mantener sus monumentos en buen estado. Y ha sido la Sociedad la que ha estado vinculada de una u otra manera a la restauración y preservación de varios puntos simbólicos de la arquitectura cartagenera.

Sus mayores éxitos se han visto en el Castillo de San Felipe, los Baluartes del Cordón Amurallado, el Edificio Cuartel de las Bóvedas de los Fuertes San Fernando y San José en Bocachica y la Batería del Ángel San Rafael.

En el Castillo, por ejemplo, durante tres meses de 2010, la Sociedad invirtió 250 millones de pesos en limpiar parte de los anillos para re establecer su color. Pero la Sociedad, que cuenta con un presupuesto anual de unos 844 mil dólares, no ha podido mantener cada parte del patrimonio de la ciudad y, en 2011, varias quejas surgieron pues la polución estaba dañando las murallas del centro histórico.

Pese a esos problemas, según pudo averiguar La Silla Vacía con ambientalistas y estudiosos del patrimonio arquitéctonico de Cartagena, la labor de la Sociedad ha sido generalmente positiva.

Pero dos días antes de que declararan "persona no grata” a la Ministra, la Sociedad estuvo envuelta en un lío por la venta de un predio en la ciudad. El representante de Cambio Radical a la Cámara por Bolívar William García Tirado denunció que la Smpc le había vendido un predio perteneciente al Distrito de Cartagena a la caja de compensación familiar Comfenalco para que construyera un centro recreativo, pero se cambió el uso del suelo y se está construyendo un hotel. El predio, que se vendió por siete mil millones de pesos en 2007, además, es 35 por ciento playa, lo que según la legislación colombiana corresponde a terrenos de uso público.

García, entonces, pidió investigar a la directora de la Sociedad, Claudia Fadul, y a su hermana Emilia, quien en ese entonces era la jefe de la Oficina de Registros Públicos de Cartagena.

Además de este proceso que podría enfrentar la Smpc, la Sociedad también ha tenido que lidiar con críticas pues algunos cartageneros sienten que ha sido dirigida exclusivamente por personas de clase alta y venidas de familias tradicionales de la ciudad, como es el caso de muchas sociedades similares que velan por el patrimonio arquitectónico de otras ciudades en Colombia y que también fueron fundadas a principios del Siglo XX.

Y el hecho de que sea una entidad privada -y no las autoridades cartageneras- la que maneja el patrimonio de la ciudad también ha causado molestias.

Aun así, antes de la denuncia de García, el primero de marzo, el Ministerio de Cultura firmó un nuevo contrato de comodato con la Smpc, este por cinco años, para reemplazar el firmado en 1992 -que se venció el 24 de febrero de este año- para que la Sociedad se encargara de administrar los dos mil millones de pesos al año (que se recaudan principalmente de los alquileres e ingresos a lugares como el Castillo de San Felipe) destinados a la preservación del patrimonio histórico y cultural cartagenero.

Según le dijo a La Silla Vacía la Ministra Garcés, este nuevo contrato se volvió a firmar con la Smpc porque no hay entidad en el Distrito que tenga la capacidad organizativa, ni estructural para llevar a cabo las responsabilidades de restauración. Además, el contrato estipula que la Sociedad tendrá que destinar cada uno de esos pesos a la restauración de las murallas, fortificaciones, baluartes y demás símbolos arquitectónicos de la ciudad.

La Ministra también dijo que esta modalidad de contrato se usa en otras partes del país, como en el Museo de Honda, en el Tolima, o en el Museo Guillermo Valencia, en Popayán y dijo que, en cualquier caso, su Ministerio “simplemente ha tomado las medidas que le permite la ley”.

La Ministra dijo que es cierto que los Distritos pueden llegar a tener la responsabilidad sobre los bienes patrimoniales que recaen en su jurisdicción, pero dijo que este no es el caso. Además, recordó que en el nuevo contrato se estipula que tiene que haber un representante de la Alcaldía en el Comité de Dirección que se encargará de la preservación y la restauración.

Pero los concejales de Cartagena no están de acuerdo con esta posición.

La pelea

El miércoles, en la sesión del Concejo en la que se declaró que la Ministra de Cultura no sería bienvenida a la ciudad, el concejal del Polo David Múnera, autor de la moción contra Garcés, dijo en declaraciones al diario El Universal de Cartagena que el Ministerio no podía llegar a administrar los bienes patrimoniales de la ciudad.

Para Múnera es un exabrupto que el Ministerio de Cultura haya firmado el nuevo convenio, pues al hacerlo pasó por encima del derecho del Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Cartagena a administrar los bienes patrimoniales dentro de su propia jurisdicción.

Según Múnera, “la Ley 768 de 2002 de Distritos [en el artículo de El Universal y en otros que han escrito al respecto se cita erróneamente la Ley 678 de 2002] le otorga la administración de los bienes de Patrimonio Histórico a estas entidades territoriales, y en este caso a Cartagena. La Ministra Garcés, en su acción de ampliar el contrato por cinco años con la Smpc, para el manejo de los monumentos históricos de la ciudad no consultó al alcalde de Cartagena lo cual es una afrenta a la ciudad, por tanto en la proposición se incluye solicitarle a la Procuraduría investigar este caso”.

La ley 768 que cita Múnera reglamenta los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla y, en efecto, en su artículo 37, dice que “los órganos y autoridades distritales ejercerán atribuciones relacionadas con el manejo, la administración y control de los bienes que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la Nación localizados en su jurisdicción”. Pero en el mismo artículo la ley añade que las autoridades distritales harán esto “en los términos, condiciones y el alcance que para su ejercicio se reconoce a la autoridad nacional correspondiente”.

Además, en el artículo 38 de la ley se aclara que esta no será una transferencia inmediata de responsabilidades, pues la administración de los bienes declarados patrimonio histórico o cultural “podrá ser asumida por las autoridades distritales a las que corresponda el manejo y control de los mismos, según lo disponga el respectivo concejo distrital mediante acuerdo. Cuando así se decida, las entidades nacionales a cargo de los cuales se encuentren los bienes cuya administración vayan a asumir los distritos, harán entrega de los mismos a las autoridades señaladas para el efecto por el alcalde mayor”.

Es decir que el Distrito de Cartagena, para poder pasar a administrar estos bienes, primero tendría que haberle solicitado al Ministerio de Cultura que se los entregara. Y, según le dijo la Ministra Garcés a La Silla Vacía, en los más de once años que ha tenido vigencia la ley 768, ninguna solicitud de ese tipo ha llegado al Ministerio que ahora maneja.

Por eso, para el Ministerio, en este caso sigue rigiendo el concepto 1584 de 2004 del Consejo de Estado. Este concepto dice sobre los bienes que hayan sido declarados de Interés Cultural de Carácter Nacional (como ocurrió con el patrimonio arquitectónico de Cartagena en 1959) que, “siendo de propiedad de la Nación, es claro que la Nación-Ministerio de Cultura tiene las facultades de administración, manejo y control sobre ellos, derivadas del derecho de dominio y las potestades, que son a la vez deberes, de conservación y de vigilancia de los mismos, por hacer parte del patrimonio cultural de la Nación”.

Pero además, uno de los argumentos usados por el concejal Múnera -quien además fue apoyado por los concejales Rafael Meza del Partido Conservador y Presidente del Concejo, Vicente Blel de Cambio Radical y Saray Aguas del partido Verde y Vicepresidente del Cabildo- para oponerse a este nuevo contrato, fue que, según ellos “el acalde [Campo Elías] Terán Dix no estaba de acuerdo con la prórroga de este contrato, por eso reprobamos y rechazamos este acto”.

Pero en un acta de la Smpc de enero de este año se asegura que el Alcalde de Cartagena se había acercado a la Junta Directiva de la Sociedad para asegurarles que quería seguir apoyando su trabajo y que indagó por qué trámites tenía que hacer ante el Ministerio de Cultura para hacerlo.

Además, en esa misma acta, se asegura que Fadul se reunió con la Secretaria de Planeación Distrital, María Claudia Páez, y con la Directora Ejecutiva de la Smpc, María Pía Mogollón, y que las tres estuvieron de acuerdo en que la Smpc debería continuar en la administración de los bienes culturales de Cartagena bajo un nuevo esquema de contratación. Es decir, que la administración distrital, a diferencia de lo que dijo Múnera, sí tenía conocimiento de que se le diera un nuevo contrato a la Sociedad y no se opuso a esa posibilidad.

Esta es el acta:

Acta Tres Paginas SMPC (1)

Este es uno de los pocos contratos grandes que se terminarán en este período en Cartagena, así que allí hay quienes especulan que los concejales, más que querer devolverle la dignidad y la administración de sus bienes a Cartagena, lo que había era un interés por buscar cómo quedarse con un pedazo de la tajada.

Y la Revista Metro de Cartagena señala que en la misma sesión que Garcés fue declarada persona no grata, algunos concejales elogiaron la labor del presidente de la Corporación de Turismo, Luis Ernesto Araújo, quien está en el ojo del huracán después de que la entidad que dirige utilizara un modelo afro haciéndose pasar como esclavo para promocionar el turismo a Cartagena en la feria de la Anato. Por esto, fue destituida la directora de promoción y mercadeo de la Corporación Turismo de Cartagena, Paola Mordecai.

Aunque el mismo concejal Múnera dijo que Araújo “debe renunciar por dignidad” otros, como el conservador Andrés Betancourt (quien llegó al cabildo apoyado por el empresariado local), lo defendieron y, finalmente, la moción de pedir su renuncia se cayó.

Pero, en cualquier caso, por ahora la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena seguirá siendo la encargada de administrar los bienes culturales de la ciudad.