Juan Carlos Echeverry - MinHacienda

Echeverry y su viceministra Ana Fernanda Maiguashca han tomado varias decisiones de regulación en función de los consumidores tales como:

• Las tarifas de los cajeros automáticos: Echeverry sacó un decreto el año pasado que fija un tope de 4 mil pesos por retiro de un cajero que no pertenece a la misma red donde uno tiene su cuenta bancaria. Esto hizo bajar las tarifas en más de 3 mil pesos por retiro. También obligó a los bancos a avisarle a sus clientes con 45 días de antelación sobre cualquier cambio en las condiciones del servicio y a reportar en el extracto de fin de año cuánto le costaron los retiros de cajero.
• Pague fácil, pague digital: el Ministerio va a presentar un proyecto de ley en marzo que tiene al sector bancario nervioso porque busca facilitar los micropagos vía Paypal u otros mecanismos digitales por fuera del sector bancario, o través de celular sin necesidad de que la gente abra una cuenta bancaria como se ha hecho en Kenia. Esto le creará una competencia directa a los bancos pero democratizará enormemente las transacciones financieras para la mayor parte de la población colombiana que está desbancarizada.

José Miguel de la Calle - Superintendente de Industria y Comercio (SIC)

Según Semana, una buena parte de la molestia de los gremios tiene que ver con una cartilla que sacó De la Calle explicándoles a los gremios qué tipo de prácticas la SIC consideraría anticompetitivas. Varios gremios dijeron que lo que quería el Superintendente era acabar con ellos. Pero en realidad la guía es una traducción de una inglesa, europea y de la OCDE. En todo caso, si el Superintendente logra continuar con su política, las prácticas gremiales sí darán un vuelco de 180 grados, pues tendrán que ceñirse a estándares internacionales de manejo de información y sobre todo abstenerse de instigar prácticas anticompetitivas como ocurre hoy en día.

La SIC ha acelerado los procesos, que antes se demoraban 21 meses y ahora salen en siete meses. Además, con una nueva ley que acaba de salir, las multas pasaron de un tope máximo de 1070 millones a 50 mil millones de pesos. Y solo el año pasado las sanciones a empresas y gremios aumentaron en un 250 por ciento frente al 2010, por un monto de 35 mil millones de pesos. Estas son algunas de las decisiones que ha tomado la Superintendencia bajo José Miguel de la Calle:

• El ‘consenso de Acemi’: como lo contó La Silla Vacía en su momento, La SIC sancionó con una multa de más de mil millones de pesos a cada una de las 14 EPS, que agrupan más del 90 por ciento de los afiliados al régimen contributivo, al gremio Acemi y a algunos representantes legales de esas EPS por ponerse de acuerdo para negar de manera concertada y deliberada servicios de salud a las que estaban obligadas; por intercambiar información con sus competidores con el fin de fijar de manera indirecta el precio del servicio de aseguramiento en salud o UPC; y por seguir instrucciones de Acemi para falsear la información suministrada al Ministerio.
• Fendipetróleo: La SIC castigó al gremio Fendipetróleo por instigar a las estaciones de gasolina afiliadas para que no bajaran los precios de la gasolina durante los últimos años (ver nota)
• Sector azucarero: La SIC sancionó en febrero de 2010 a diez de las más grandes empresas azucareras por fijar los precios para liquidar la caña de azúcar y el alcohol carburante en perjuicio de sus proveedores. Luego, la SIC, bajo el liderazgo de De la Calle, encontró que Procaña, la Asociación Colombiana de Proveedores y Productores de Caña, estaba haciendo algo parecido: reuniendo a sus afiliados con el fin de uniformar los contratos que negociaban con los ingenios y eliminando así la competencia.
• Las agremiaciones de hospitales: varias están siendo investigadas y otras ya fueron sancionadas porque uniforman el contrato para vender servicos a EPS. Lo mismo estarían haciendo sociedades de pediatras.
• Asociaciones de centros de diagnóstico automotriz: los miembros acuerdan tarifa para la revisión de gases, que no está regulada por el Estado.
• Caracol y RCN: la SIC sancionó a los dos canales privados con una multa de mil millones de pesos por firmar un contrato con la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, Ucep, para comprarle a la empresa de mediciones Ibope las mediciones de rating. En el contrato estipularon que si un tercero quería comprar los estudios de rating de Ipobe necesitaba su autorización previa y pagar su alta tarifa. Y al mismo tiempo, en una práctica completamente anticompetitiva, excluyeron a los canales internacionales de acceder a estas mediciones, que son fundamentales para la compra de pauta publicitaria.

Juan Ricardo Ortega - Director DIAN

Como lo contó La Silla Vacía, Ortega ha logrado con mayor fiscalización y cerrando huecos de evasión que en el año y medio que lleva a cargo de la Dirección de Impuestos el recaudo creciera más del veinte por ciento y en unos dos puntos del PIB. Pero además, ha tomado medidas que tienen a algunos empresarios con los pelos de punta como:

• Cierre de comercializadoras internacionales: Ortega ha cerrado más de 1500 de estas empresas creadas para exportar bienes sin necesidad de pagar el IVA. De esta manera, mientras las empresas grandes le hacían un bypass al engorroso procedimiento de devolver este impuesto, las chiquitas sí tenían que hacerlo. Pero sobre todo, varias de estas comercializadoras internacionales terminaron sirviendo para lavar activos. Muchas fueron creadas en Cúcuta para apoderarse fraudulentamente de las divisas del Cadivi de Venezuela.
• El cambio de formulario: Ortega creó un formulario de pago de impuestos que obliga a detallar los ingresos y gastos de tal forma que cierra esquemas de elusión. Esquemas como, por ejemplo, registrar como prima por colocación de acciones, que son ingresos no constitutivos de renta, rubros que se deberían registrar como capital. O en el sector minero, por ejemplo, llevar al gasto el arreglo de un camión, que puede valer varias decenas de millones de dólares, en cambio de depreciarlo. O llevar los intereses al gasto, con lo cual las sociedades pagan menos impuestos cuando por ejemplo registran 20 millones de patrimonio pero obtienen un crédito por 3500 millones de dólares. Los gremios se han quejado que este formulario es tan largo y tan difícil de llenar que es muy ineficiente. Pero lo que no dicen es que así es más difícil decirle mentiras al fisco.

Luis Guillermo Vélez - Superintendente de Sociedades
 

Desde que asumió su cargo, Vélez (ex blogger de La Silla Vacía) ha tomado varias decisiones que apuntan a modernizar el sector empresarial y a regirse por estándares modernos de gobierno corporativo definidos por la OCDE como:

• Grupos empresariales: una nueva decisión de la Superintendencia obliga a las empresas a revelar los vínculos que tienen con otras empresas que dependen de la misma matriz. Esto le permite, por ejemplo, a un acreedor saber si otra empresa del mismo grupo está muy endeudada antes de prestarle plata a otra compañía. La Supersociedades recientemente le impuso una multa a la minera Glencore de 500 millones de pesos porque no reportó que cuatro sociedades de minas en el César (CI Prodeco S.A., Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones del Tesoro y la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo) estaban todas bajo el control de CI Dalima Holding SAS. Ya antes había sancionado a Pacific Rubiales con una multa de 100 millones de pesos por la misma razón. Como lo mostró La Silla, la mayoría de las mineras de oro están agrupadas en cinco grandes grupos empresariales. Pero no reportar estas empresas como parte del mismo grupo empresarial les da unos beneficios en términos de las licencias ambientales pues entre más grande es la empresa, mayor es el estándar ambiental que debe cumplir. Y también tiene un impacto en el monto de las regalías a pagar.
• Las matrices en los paraísos fiscales: una ley que está impulsando Vélez con el director de la Dian y el senador conservador Juan Mario Laserna obligaría a las empresas extranjeras que tengan sucursal en Colombia a informar quiénes son sus beneficiarios reales –es decir, quiénes son las personas naturales que, en última instancia, son sus propietarios. Esta norma evitaría la elusión de impuestos como el del patrimonio o el de renta por parte de empresarios colombianos que han creado compañías en paraísos fiscales y que no incluyen entre sus ingresos las utilidades que reciben a través de estas compañías ‘extranjeras’ (ver artículo). Aunque esta ley sigue muchos de los parámetros de la Ley Fatca de Estados Unidos, es muy improbable que pase en Colombia dado el poderoso lobby que intentará bloquearla.
• Responsabilidad de los administradores: la Superintencia ha comenzado a aplicar de manera más estricta la ley 222 de 1995, que hace a los administradores de una empresa y a los miembros de las juntas directivas responsables sobre las decisiones de la compañía. Esto es particularmente relevante cuando hay insolvencias fraudulentas.