Carmen Palencia fue galardonada como una de las 10 primeras líderes en Colombia la semana pasada. Su pelea ha sido por la restitución de tierras en Urabá.

“Aplaudimos su perseverancia y coraje para seguir liderando la restitución de tierras para las víctimas en Urabá. Sabemos que sufrió el primero de varios desplazamientos hace más de 20 años, que su marido fue asesinado a manos de los paramilitares y que guarda una bala en una de sus costillas. A pesar de tan terribles heridas en el cuerpo y en el alma, se ha mantenido firme en su convicción de hacer lo correcto y sigue al frente de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes del Urabá antioqueño, ¡Muchas gracias, Carmen!”

Estas fueron las palabras que dijo el presidente Juan Manuel Santos a Carmen Palencia el jueves en la noche, cuando la Fundación Liderazgo y Democracia junto con la Revista Semana la premiaron como una de las líderes más importantes del país.

En diciembre del año pasado, Palencia fue nombrada vocera de las víctimas del despojo por las organizaciones más representantivas en este tema. Y este espaldarazo de Santos era lo que necesitaba Palencia después de que en las últimas semanas han circulado varias denuncias en contra de su labor como defensora de los desplazados.  

Carmen Palencia junto al presidente Juan Manuel Santos, que confirmó en el evento el despojo de tierras en Urabá que ella ha venido denunciando.

Cuando el Gobierno anunció el año pasado que arrancaría un proceso de restitución de tierras, el Incoder y la Superintendencia de Notariado hicieron un convenio para investigar el despojo de tierras en las zonas más críticas del país, cada uno mirando las irregularidades que se dieron en su institución. Arrancaron con zonas piloto como Montes de María y el Urabá Antioqueño, dos de los lugares que más han sufrido el despojo.

Carmen Palencia ayudó entonces al Superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, con la información que ha venido recolectando desde que comenzó su labor cómo líder de los desplazados desde hace más de una década.

“Nosotros le entregamos al Superintendente de Notariado y Registro 863 casos denunciados como falsos títulos en Urabá”, dijo a La Silla Vacía Carmen Palencia.

Y el Superintendente, por medio de revisiones en las notarías más importantes de la zona, confirmó el jueves lo que ella venía denunciando.

“Fueron revisados y descubiertos 1.400 predios que han sido mal habidos, que representan 41.790 hectáreas”, fue lo que dijo Santos el día de la ceremonía de los Líderes a Palencia y al público, sobre los primeros resultados de la Superintendencia.

El estudio se efectuó sobre un área de 41.790 hectáreas, y se encontraron falsificaciones de resoluciones de adjudicación, ventas masivas a personas naturales, ventas bajo presión, suplantación de personas, presentación de falsos poderes, despojo material o de hecho de adjudicatarios del Incoder, despojo por vía administrativa y despojos por vía jurídica. “Todos estos despojos generalmente van a parar a manos de los grandes negociantes de tierras. Y se encontró una inmensa irregularidad en el Fondo de Ganaderos de Córdoba, que se hizo a mucha tierra”, dijo Santos.

Que el Presidente de la República reconociera el trabajo de Palencia fue un respiro para esta líder de tierras porque, si bien la Superintendencia le ha dado la razón, con el Incoder no ha pasado lo mismo. De hecho, ha habido una intensa campaña mediática en contra suya en las últimas semanas.

Hace tres semanas, la revista Dinero publicó un artículo en el que dice que Palencia, junto con su mano derecha Gerardo Vega, son ‘cazadores de fortuna’ en la región del Urabá y que se aprovechan de los desplazados y sus procesos de restitución para enriquecerse. Y el jueves, en El Colombiano apareció un artículo haciendo las mismas denuncias. La fuente de ambos medios es la misma y es una denuncia hecha ante la Fiscalía por Juan Manuel Zabala, jefe de control interno del Incoder.

El primero de junio, Zabala denunció que Gerardo Vega -ex coordinador regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Antioquia y quien ha trabajado junto a Palencia desde hace 20 años- se habría robado la información de la Cnrr para entregarsela a la asociación de Carmen Palencia en 2010 y administrar la ONG Tierra y Vida. “Eso es mentira, porque nosotros fuimos los que construimos la base de datos de la Cnrr”, dijo a La Silla Vacía Palencia. “Teníamos documentación sobre dos mil personas despojadas que les pasamos”.

La Silla Vacía buscó a Jaime Jaramillo Panesso, quien era entonces el director de la Cnrr en Antioquia.

“Es cierto, su organización fue una de las que entregó información sobre Urabá a la Cnrr”, dijo Panesso. Panesso es muy cercano a José Obdulio Gaviria y un uribista reconocido en Antioquia, quién -según cuenta Palencia- nunca tuvo buenas relaciones con Vega, quien militó en la guerrilla del EPL durante varios años.

Lo que Panesso duda es que Vega no haya salido de la Cnrr con más información que con la que entró y cree que solo las instituciones del Estado -y no las ONG- deberían ser depositarias de esa información. “Pero no creo que haya un problema legal, quizás uno ético, porque Vega tenía contacto con esas organizaciones y creo que solo el Estado debería tener esta información sobre las víctimas”.

Según dijo Carmen Palencia a La Silla Vacía, la Cnrr nunca les devolvió toda la información que les fue entregada y, por el contrario, tuvieron que recopilar de nuevo los datos que les faltaban después de que Vega saliera de la Cnrr.

El segundo punto en la denuncia de Zábala, es que Gerardo Vega y Carmen Palencia habrían utilizado los datos de desplazados para enriquecerse con la restitución de tierras. Sobre Vega, la denuncia dice que“hoy lidera las mismas organizaciones y/o fundaciones que agremian a algunos reclamantes de tierras en el Urabá, quienes otorgan poderes a los abogados de estas y con quienes se suscriben contratos de prestación de servicios en virtud de los cuales se cobra a las víctimas reclamantes el equivalente al 10% del valor comercial de la tierra recuperada”.

Y ante la denuncia, la Asociación de Carmen Palencia envió hace una semana a Presidencia una carta -que La Silla Vacía conoció- en la que dice que la Asociación Tierra y Vida, desde hace cuatro meses, renunció a la cláusula de pago de honorarios por parte de sus socios.

En un principio sí es cierto que hace unos meses Carmen Palencia reunió a los afiliados de su asociación para proponerles la contratación de un abogado. Del precio del bien restituido (en caso de ser un proceso exitoso) 5 por ciento iría al pago del abogado y 5 por ciento a la Asociación. Palencia reconoce que la propuesta causó polémica, pero también la buscó por una falta de ayuda jurídica del Estado.

Desde que se aprobó la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, todo desplazado tiene derecho a una defensa gratuita en la Defensoría del Pueblo para reclamar sus tierras. “Pero cada abogado de la Defensoría de Medellín lleva en su despacho 1.200 casos. Por eso hay víctimas que pueden pasar meses sin conocer a su abogado”, dice Palencia.

Para acelerar sus casos consideraron la posibilidad de contratar abogados privados y para eso era la tarifa que pensaron cobrar. Pero ante las críticas, ahora esperan que el Gobierno cumpla su promesa de apoyar económicamente a las organizaciones de víctimas en el país, una obligación que quedó establecida en la recién sancionada Ley de Víctimas.

Pero quizás la denuncia más grave del Incoder contra Palencia tiene que ver con cómo algunos de los desplazados que recibieron títulos gracias a la labor de Palencia no son realmente desplazados. Los ojos están en dos veredas: Nueva Colonia y California.

En septiembre del año pasado el Gobierno de Juan Manuel Santos entregó 34 títulos de propiedad a 34 familias en el corregimiento de Nueva Colonia (Turbo).

Pero dos meses después el Gobierno recibió una carta de la familia Montoya Cock solicitando la revocatoria de ocho de esas resoluciones. “Los predios adjudicados hacen parte de un predio de mayor extensión denominado La Reforma, el cual es de propiedad privada en cabeza del difunto señor Mario Montoya Correa”, dice la carta.

De acuerdo al artículo de El Colombiano, el Incoder ya adelanta un proceso de revocatoria directa. Carmen Palencia asegura que estas tierras sí pertenecen a las familias despojadas y, de acuerdo a declaraciones de José Zabala a La Silla Vacía, el error inicialmente fue de la Cnrr.

Zabala dice que la Cnrr de Antioquia dijo que estos terrenos podían adjudicarse porque se trataba de terrenos baldíos y por esto el Incoder hizo las resoluciones. “El Incoder hizo la resolución sin mirar el terreno”, admitió Zabala. Por no verificar la información, el Incoder terminó adjudicando tierras que ya estaban tituladas.

El otro caso, el de la California, es más problemático. En 2009 hubo también una adjudicación de baldíos en la vereda California y, después de esta, Zabala recibió una carta de María Oliva Garcés Rosero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda California, quien dice estar preocupada de que personas que no son desplazados pasen como tal ante las instituciones del Estado. 

Garcés argumenta que en 2006 le fueron adjudicadas esas tierras por el Incoder y que en 2009 hubo una segunda restitución presentada por la Cnrr en la que ellos supuestamente volvían a obtener sus títulos. “Que Gerardo Vega los hacía aparecer como víctimas sin el consentimiento de ellos, que en el año 2009 los habían llevado a Medellín a un acto de reparación con el Vicepresidente de la República y lo que les entregaron fue la fotocopia del título que el Incoder les había dado en 2006”, dice la denuncia de Zabala.

María Oliva Garcés, en su carta, también asegura que no hubo desplazamiento en esa zona. “Los que estamos viviendo en la vereda nunca hemos sido desplazados por actores violentos”, dice Garcés. Como lo explicó la Revista Cambio en noviembre del 2009, más que desplazamiento en California se ha hablado de constreñimiento ilegal por los grupos paramilitares.

En 1984, 43 familias invadieron allí el predio La Niña que pertenecía a Alejandro Hasbún, papá del paramilitar Raúl Hasbún. En 1999, el Incora -hoy Incoder- declaró la extinción de dominio de los Hasbún sobre esas tierras. Pero en el 2000 hubo una reunión en La Teca dónde el empresario Felipe Echeverri reunió a los campesinos y ofreció venderles esa misma tierra, que alegaba eran de Raúl Hasbun -quién era entonces jefe paramilitar en la región. Es decir, Echeverri les ofreció venderles tierras que eran del Incora. Los estafó. 

Gerardo Vega y Carmen Palencia han venido alegando que los campesinos fueron extorsionados entonces, ya que era un año en el que la región estaba bajo el dominio paramilitar. La mayoría de los campesinos pagaron lo que pedía Echeverri y solo hasta 2009 la Fiscalía de Medellín confirmó la acusación en contra de Echeverri por el delito de estafa. Carmen Palencia, por su lado, fue de las personas que lideró la adjudicación de la tierra por el Incoder en 2006 y en 2009 y dice que los campesinos que no pagaron la extorsión de los paras y se fueron de California, hoy reclaman sus tierras.

¿Por qué Garcés dice entonces que no hubo desplazamiento? “María Oliva Garcés es cuñada de uno de los miembros de Sintrainagro, que son cómplices de los despojadores de tierra en la región”, dice Palencia.

Sintrainagro es un sindicato bananero en Urabá, que puso muchas víctimas, sobre todo de la Unión Patriótica, durante la fase inicial del paramilitarismo en Urabá. Pero existen varias versiones de que con el tiempo, las AUC lograron infiltrarlo.

En su versión ante Justicia y Paz, el jefe paramilitar "Carlos Tijeras" contó que luego de asesinar al entonces presidente del sindicado José Güette Montero en 2001, "yo instalé a Róbinson Olivero como Presidente del sindicato y hasta el día de hoy los líderes de Sintrainagro son personas aprobadas por las AUC. Una vez que pusimos nuestra gente a cargo de Sintrainagro, el sindicato me pagaba 10 por ciento de las cuotas sindicales que Sintrainagro cobraba mensualmente. Este sindicato representaba a los trabajadores de las plantaciones de ambas empresas, Dole y Chiquita”. Los directivos de Sintrainagro han dicho que son objeto de una injusta estigmatización y que su única diferencia con el sindicato de antes es que ahora actúan por las vías institucionales.

En la carta que escribe Garcés al Incoder dice que el problema con Carmen Palencia está en las denuncias que le pedía que hiciera: “Carmen siempre nos obligaba a que fuéramos a declarar en contra de Felipe Echeverri, que porque tocaba denunciarlo para que lo metieran a la cárcel, que porque él era un bandido, un ladrón, nosotros sabemos que eso no es así”.

Pero a diferencia de ella, La Silla Vacía pudo leer 20 declaraciones de campesinos ante la Fiscalía de Medellín que denuncian haber sido estafados por Echeverri.

Garcés también escribió una carta al Vicepresidente Angelino Garzón y al Ministro Juan Camilo Restrepo, en la que vuelve a acusar a Palencia y dice que la Junta de Acción Comunal de California no quiere ser representada por ‘Tierra y Vida’, sino por Corpolibertad, otra ONG que, como dijo el periódico El Mundo de Medellín, es apoyada por Sintrainargo. Y aunque La Silla Vacía no puede afirmar que Sintrainargo sea efectivamente cómplice de los despojadores de tierra, es cierto que no han sido favorables a las nuevas iniciativas de Palencia. Y ahí es dónde puede estar la pelea política de fondo que subyace todas estas denuncias.

Carmen Palencia fue una de las primeras en denunciar la alianza entre los paramilitares y Chiquita Brands. Ahora espera que la bananera dé 3 centavos de dólar por caja de banano exportada, al Fondo de Reparación de Víctimas.

“Afirma el señor Guillermo Rivera, presidente del Sindicato de Trabajadores Bananeros, Sintrainagro, que el Doctor Gerardo Vega, en el año 2010, en una gira por la Comunidad Europea, manifestó que no se debería comprar banano colombiano porque estaba manchado de sangre”, dice la denuncia de Zabala ante la Fiscalía.

Carmen Palencia dijo a La Silla Vacía que por medio de declaraciones en eventos públicos y también por medio de la radio local, los líderes o ex líderes de Sintrainagro, como el alcalde de Apartadó Osvaldo Cuadrado Simancas, han venido denunciando que Palencia y Vega estén haciendo ‘mala propaganda’ del Urabá en el exterior.

Más que ‘mala propaganda’, Palencia y Vega están en una nueva pelea política contra el sector bananero en Urabá.

Como lo dijo anteriormente La Silla Vacía, además de denunciar el fraude de tierras, Palencia convenció a los campesinos de Urabá para que contaran cómo la multinacional Chiquita Brands se había aliado con los paramilitares. En marzo de 2007 Chiquita tuvo que pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus vínculos con los paramilitares.

Pero una multa no es suficiente para la reparación de las víctimas. Y, para Palencia, en 2007 no se acabó la pelea contra las bananeras de Urabá.

“La Asociación Tierra y Vida adelanta la campaña de 3 centavos de dólar por caja de banano exportada para el Fondo de Reparación a las Víctimas”, dice en su carta envíada a Juan Manuel Santos. Las empresas bananeras en Colombia financiaron con 3 centavos de dólar a los paramilitares a través de la cooperativa de seguridad Convivir Papagayo entre los años 1997 y 2004.  El total de este dinero es 19,5 millones de dólares de acuerdo a los cálculos hechos por Palencia. La idea es que ahora financien el proceso de reparación de víctimas y restitución de tierras. De hecho, hay un artículo de la Ley de Víctimas que obliga a las empresas que financiaron a los grupos armados ilegales a reparar a las víctimas por el mismo monto que aportaron a los paramilitares y guerrillas.

En junio Carmen Palencia, con el apoyo de Codhes, la Corporación Nuevo Arco Iris, el Instituto Popular de Capacitación y Redepaz, viajó al Parlamento Europeo que estudia la ratificación del TLC entre Colombia y la Unión Europea.

Palencia se reunió con los parlamentarios para pedirles que le soliciten al Gobierno colombiano informes anuales sobre el estado de la restitución de tierras y el castigo a los agresores de defensores de tierras. Pero, sobre todo, les pidió a los europarlamentarios que condicionen la vigencia de los convenios de comercio para aquellas empresas bananeras a las cuales se las ha demostrado su aporte material e intelectual a los grupos ilegales. Y la condición es que contribuyan con los tres centavos para las víctimas. Es decir, habrá banano colombiano en Europa, solo si las empresas bananeras se comprometen con los desplazados.

“A los parlamentarios les pareció perfecto, hubo dos que nos dijeron ‘cuenten con nosotros’”, dijo Palencia a La Silla Vacía. Pero cuando volvió a Urabá comenzaron las acusaciones en su contra. Por eso, ella está segura de que detrás de las denuncias ante el Incoder, ante la Fiscalía y en la radio de Urabá, está su propuesta para financiar la reparación a las víctimas.

Cuando Carmen Palencia recibió su premio como líder el jueves pasado, decidió no hablar durante el minuto que tenía para hacerlo. “Quiero aprovechar este minuto para darle un minuto de silencio a las 52 líderes de tierras que han sido asesinados”, pidió Palencia.

No le quedó otro minuto para decir que desde que arrancaron las denuncias en su contra, ni el Ministro de Agricultura, ni el Vicepresidente han querido volver a reunirse con ella. No tuvo un tercer minuto para contar tampoco cómo, desde hace un mes, el Ministerio del Interior la reubicó en Bogotá porque aumentaron las amenazas en su contra y no le pueden garantizar su seguridad en Urabá.

Carmen Palencia espera ahora que con su nuevo premio y el apoyo de Santos, sus denuncias contra los despojadores de tierras y las bananeras de Urabá impulsen esta nueva pelea que arranca por la restitución.