Carmen Palencia es la representante de Tierra y Vida, la organización que reúne a las organizaciones de víctimas a nivel nacional que buscan reclamar sus tierras. Ella también es una de las organizadoras de la marcha que se realizará en Urabá, tierra donde ya ha venido reclamando las tierras de desplazados desde hace varios años Foto: Sara Rojas- www.lasillavacia.com

Roberto Hoyos es el actual representante de Augura, el gremio bananero que recomienda no hacer la marcha en Necoclí. Aunque no tiene tierras en la zona bananera, conoce bien la política y por eso fue elegido en este cargo: fue secretario de Agricultura de Álvaro Uribe Vélez y fue superintendente de Puertos y Transporte en el Gobierno de Pastrana.

Juan Manuel Santos anunció hace dos semanas que realizaría varias marchas junto a las víctimas. La primera será el próximo sábado, en Necoclí, una de las zonas donde arrancará el proyecto de restitución de tierras. Foto: www.presidencia.gov.co

El domingo el gremio bananero del Urabá Antioqueño llamado Augura envió un comunicado a los medios de comunicación en el que dice que apoya la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras pero recomienda que no se lleve a cabo la marcha programada en Necoclí el próximo sábado porque “la euforia de los manifestantes puede alterar los ánimos de los involucrados y generar innecesarias situaciones de conflicto que hoy consideramos superadas.” (ver comunicado)

Aunque Augura advierte que, en caso de que el Gobierno decida seguir con la iniciativa de la marcha, el gremio bananero en Urabá sí se hará presente, el comunicado tomó por sorpresa al Gobierno.

Se calcula que este gremio genera 17.000 empleos directos y 54.000 empleos indirectos, por lo que su apoyo a la marcha es fundamental: ningún campesino arriesgará su sueldo si los ‘cacaos’ del empleo en la zona se oponen abiertamente a la marcha. Así el Gobierno, por su lado, esté pagando el transporte y la logística del evento.

Pero detrás del comunicado de Augura hay una pelea de varios años entre los empresarios del banano y Carmen Palencia, la líder de tierras que está liderando la marcha, con el apoyo del Gobierno.

La reunión

La tensión entre Palencia y los bananeros fue evidente para los representantes del Gobierno en una reunión convocada el miércoles de la semana pasada por la Superintendencia de Notariado y Registro en Apartadó.

Era una reunión pública donde la Superintendencia esperaba explicar  a los líderes de víctimas y a los grandes gremios del banano la Ley de Víctimas y Restitución y, de paso, acercar a estos sectores tradicionalmente distantes.

“Hubo una discusión muy difícil, en la reunión comenzaron a agredirnos”, dijo a La Silla la líder de víctimas  Carmen Palencia. “Fue sobre todo Felipe Echeverri. Dijo nuevamente que nosotros estábamos embaucando a la gente, que nosotros invadíamos tierras”. Su versión fue confirmada por un funcionario del Gobierno a La Silla Vacía.

Aunque la marcha ni siquiera se mencionó ese día, hasta entonces los miembros del Gobierno confiaban en que los bananeros apoyarían la iniciativa pues era una forma de manifestarse en contra del paro promovido hace unas semanas por la banda criminal de los Urabeños y también porque el Gobierno ha querido involucrar a los empresarios en todo el proceso de restitución. Pero el domingo quedó claro que el Gobierno se estaba haciendo demasiadas ilusiones.

Hay varias versiones sobre la oposición de los bananeros a la marcha. Una de las más fuertes es que los reparos de los empresarios se basan en el caso de La Niña, el predio que está en disputa entre el empresario Felipe Echeverri y Carmen Palencia. 

En 1984, 43 familias invadieron el predio La Niña, en Turbo que pertenecía a Alejandro Hazbún, papá del empresario-paramilitar Raúl Hazbún. Ese municipio es el centro del comercio del Urabá antioqueño -legal e ilegal- gracias al puerto que funciona allí.

Quince años después el Incora -hoy Incoder- declaró la extinción del dominio de los Hazbún sobre esas tierras. Pero un año después, y sin que a los campesinos que habían invadido las tierras  les hubieran notificados de la decisión, el empresario Felipe Echeverri (que todo el mundo en la zona percibía como cercano al paramilitar Hazbún) los citó a una reunión en el municipio La Teca y ofreció venderles la tierra.

El alegato de Carmen Palencia es que en el momento de la oferta de Echeverri la región estaba bajo el dominio de los paramilitares y por eso los campesinos fueron no solo engañados, pues terminaron comprando tierras que ya eran un baldío de la Nación, sino que fueron intimidados y la mayoría pagaron lo que pedía Echeverri. Los que no, abandonaron la finca. Y sobre la tierra de los desplazados, comenzó a sembrarse banano.

En 2006, Carmen Palencia junto con otro grupo de personas lideró la adjudicación de la tierra por el Incoder a los campesinos que se quedaron: los que pagaron la estafa ya tienen su título. Y tres años después la Fiscalía de Medellín acusó a Echeverri por el delito de estafa y el proceso está ahora en manos de un juez.

Ahora Palencia busca que los campesinos que no cedieron a la presión de los paras y se fueron, puedan recuperar sus tierras. Actualmente 59 hectáreas de La Niña ya han sido entregadas a 22 campesinos. Pero 44 hectáreas no han sido aún adjudicadas a los desplazados y están siendo explotadas económicamente.

Felipe Echeverri es hijo de Rosalba Zapata, una empresaria bananera que hoy explota la mitad de ‘La Niña’. Zapata también es una de las grandes tenedoras de tierras en la región, según contó a La Silla uno de los funcionarios del Gobierno que ha estado revisando los títulos en la región. “Y su presencia es muy fuerte en Augura”, dijo. 

Por la presencia tanto de Zapata como de su hijo Felipe en este gremio, se cree que fue la familia Echeverri la que presionó para que la junta de Augura se pronunciara el pasado fin de semana en contra de la marcha liderada por Palencia y Santos.

Pero también hay una segunda hipótesis. Y es que aunque Zapata y su hijo son muy fuertes en el gremio, en la junta de Augura ahora sólo se sientan las comercializadoras de banano. Es decir, empresas como Banacol, Acorbat, Banafruit y Unibán. Y si bien Felipe Echeverri comercializa su banano a través de Unibán, es posible que ni él ni su mamá hayan tenido que presionar a la junta para que redactara el comunicado. ¿La razón? las comercializadoras tienen su propia pelea casada con Carmen Palencia.

Palencia se ha reunido ya varias veces con parlamentarios europeos para pedirles que la Unión Europea condicione el TLC con Colombia a que aquellas empresas bananeras a las que se les haya comprobado que financiaron a los paramilitares contribuyan con tres centavos de dólar por caja exportada al Fondo Nacional de Reparación de las Victimas por un período de 10 años.

La idea es que ese pago sea una forma de reparar el que -según versiones de los paramilitares en Justicia y Paz- varias empresas bananeras financiaron con 3 centavos de dólar a los paramilitares de Urabá a través de la cooperativa de seguridad Convivir Papagayo entre 1997 y 2004. Palencia calcula que los bananeros aportaron en total 19,5 millones de dólares a los paramilitares. Y su propuesta es que ahora esas mismas bananeras financien el proceso de reparación de víctimas y restitución de tierras.

De prosperar esta iniciativa, sin lugar a dudas, las comercializadoras de banano se verían perjudicadas. Augura calcula que anualmente exportan cerca de 60 millones de cajas de banano, que representan 1'360.000 toneladas, generando recursos del orden de los 300 millones de dólares, que equivalen al 35 por ciento del total de exportaciones del departamento de Antioquia y cerca del 4 por ciento de las exportaciones del país.

El comunicado de Augura recomienda no llevar a cabo la marcha porque podría generar “situaciones de conflicto”. Pero los funcionarios del Gobierno consideran que si los gremios marcharan podrían demostrar que el sector empresarial también está comprometido con las víctimas y contribuiría a arrinconar a quienes están amenazando a los reclamantes de tierras. Hasta el momento, han sido asesinados 16 líderes de víctimas en todo el país desde que comenzó el gobierno de Juan Manuel Santos.

Lo que ocurre es que varias organizaciones de víctimas ya han comenzado a denunciar que son los mismos bananeros los que están promoviendo la inseguridad en la zona.

La Silla Vacía obtuvo una carta que enviaron a distintas embajadas europeas varias organizaciones de víctimas a nivel nacional donde están Codhes, la Corporación Nuevo Arco Iris y Redepaz. Allí denuncian que han recibido información sobre empresarios que están detrás de las presiones contra los campesinos que exigen su restitución. Y mencionan a Unibán, la comercializadora de Felipe Echeverri.

De acuerdo con la denuncia, Fundaunibán, entidad sin ánimo de lucro de la comercializadora Unibán, ha creado un comité integrado por exportadores de banano que financian y deciden las estrategias contra ONG que están solicitando la restitución de tierras para familias desplazadas.

Además, la carta habla de la presencia de un nuevo jefe paramilitar en el municipio de Necoclí, donde se llevará a cabo la marcha del próximo sábado. Su alias es “007” y, de acuerdo a la información que han recibido las organizaciones de víctimas, tiene la tarea de ejecutar los asesinatos de las personas amenazadas. A cambio, dice la carta, alias "007" ya ha recibido 800 hectáreas de tierras.

Además de este jefe paramilitar, La Silla Vacía supo de boca de varios representantes de tierras que en la reunión el miércoles pasado con el Superintendente de Tierras -que era pública- también estuvo presente otro jefe paramilitar llamado Milton Martínez, alias “el Turbeñito” o “el Chocoano”, quien tiene dominio en Nueva Colonia y Turbo. “Estaba ahí, sentado como todos. No dijo nada, había gente filmando a las víctimas mientras tanto”, dijo a La Silla Vacía Carmen Palencia.

Antes de publicar esta historia, La Silla Vacía intentó comunicarse con Roberto Hoyos, representante de Augura, pero no pudo hablar con él ya que está fuera del país. Y Augura informó que no había un delegado encargado para responder las preguntas sobre los cuestionamientos a la marcha. 

En todo caso, el miércoles o jueves, Augura publicará un nuevo comunicado frente a la marcha y la polémica que se ha generado por su comunicación de la semana pasada. Por ahora, al menos, la marcha de Santos en territorio bananero, una de las zonas emblématicas para la restitución de tierras y una de las más peligrosas para los líderes de las víctimas, sigue adelante.