Después de reunirse con algunos líderes de las víctimas el domingo pasado y recordar que una ‘mano negra’ quiere impedir que las víctimas del conflicto obtengan una verdadera reparación, el presidente Santos dijo que el gobierno “se aliaría con la sociedad civil” para que la aplicación de la Ley de Víctimas tuviera éxito. Aunque esto es positivo, Santos tendrá que tener guantes de seda a la hora de escoger con quien aliarse en la sociedad civil. Porque precisamente en los últimos años y en los casos más emblemáticos han venido surgiendo organizaciones paralelas de la sociedad civil que se oponen a las víctimas que se lograron organizar para defender sus derechos.

Es lo que algunas víctimas denuncian que pasó la semana pasada en el caso Las Pavas. Y que ya ha pasado en otros casos de restitución de tierras.

Las Pavas

Como lo explicó La Silla Vacía, la polémica en Las Pavas comenzó cuando el think tank del uribismo Centro de Pensamiento Primero Colombia publicó en su página las denuncias de una asociación campesina de Las Pavas creada en julio de este año contra los campesinos que han luchado por regresar al lugar del que dicen que fueron desplazados y contra las organizaciones que los han acompañado.

“Actuaron como activistas en una invasión que aún mantienen, rotularon como desplazados a personas que no lo son”, dice la carta de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores del Campo Nuevo Liderazgo Campesino de El Peñón, Bolívar contra Asocab, la organización que ha pedido la restitución de la finca.  

Para decir que no hubo desplazamiento, la fiscalía de Cartagena no sólo no tuvo en cuenta documentos anteriores que probaban que el desplazamiento en efecto había ocurrido, sino que le dio credibilidad a los testimonios de esta nueva organización que dice que no hubo desplazamiento.

Pero el problema es que varios campesinos en la zona de Asocab dijeron a La Silla Vacía que esta organización "paralela" nació por iniciativa de las empresas palmeras que se disputan la finca con los despojados. Y que ocho de los testigos ante la Fiscal de Cartagena también trabajan con la palmera, o son familiares de trabajadores de la palmera.

“Sí, es cierto, hay miembros que trabajan con la empresa. Por el poco trabajo que hay en la zona”, dijo a La Silla Pedro Moreno, quien antes estaba con Asocab y que fue el que se retractó y dijo que había mentido en su testimonio inicial cuando afirmó que él y los demás campesinos habían sido desplazados.

Es cierto, como dice Moreno, que la palmera es una de las pocas fuentes de empleo en la zona. Pero la sospecha es que haya utilizado su influencia laboral para organizar a los campesinos alrededor de esta nueva organización que ahora se opone a la restitución en Las Pavas. La Silla Vacía no obtuvo pruebas para confirmar que la palmera haya participado en la creación de esta organización, salvo el testimonio de los campesinos.

Lo que sí pudo comprobar La Silla es que esta nueva Asociación nació con el apoyo de la Federación Nacional Sindical Nuevo Liderazgo Campesino, que fue creada con el apoyo del Centro de Pensamiento Primero Colombia -de José Obdulio Gaviria- según un artículo publicado en El Espectador en octubre del año pasado.

Esta Fundación ya tiene representación en 25 departamentos del país y en una de sus presentaciones conocidas por El Espectador dice que el “movimiento agrario colombiano ha sido penetrado por fuerzas que terminaron de imponer un adoctrinamiento político basado en la lucha de clases”.

Jaime Cortés, presidente de la Federación Sindical Nuevo Liderazgo negó que entre la Federación y el centro de pensamiento de José Obdulio Gaviria hubiera alguna relación. “Eso es falso”, dijo.  Pero sí aceptó que su Federación ayudó a crear la nueva asociación de Las Pavas, con la ayuda del ex candidato a la alcaldía de El Peñón Armando Villegas. Villegas también ha dicho que en Las Pavas no hubo desplazamiento.

Curvaradó y Jiguamiandó

En mayo de 2010, la Corte Constitucional reconoció en un auto que había “un conflicto de representación” en el Consejo Comunitario de Curvaradó, región donde los habitantes fueron desplazados por grupos paramilitares y después sus tierras fueron apropiadas por parte de un grupo de empresas palmeras y de ganaderos. La restitución de tierras es otro de los proyectos insigne de restitución de tierras del actual Ministro de Agricultura.

Los Consejos Comunitarios son una figura creada por la Ley 70 a fin de representar y administrar los territorios colectivos de las comunidades negras.

La Defensoría del Pueblo denunció entonces “que diversas organizaciones, instituciones y comunidades afrocolombianas han verificado que, contrario a su derecho de autorregulación y organización autónoma, particulares y algunas empresas con intereses económicos sobre el territorio étnico, intervienen indebidamente en los procesos internos de los Consejos Comunitario” (Informe de riesgo IR031-2009). El interés de las empresas, según la Defensoría, era cooptar liderazgos afines, y desacreditar a las comunidades.

De acuerdo a una abogada que trabaja en la zona, este Consejo Comunitario fue creado con el apoyo de una de las empresas palmeras. Este Consejo fue elegido en septiembre del 2009, y su representante, Germán Marmolejo, como explicó La Silla Vacía, ha sido señalado por las comunidades como defensor de los palmeros y ganaderos, específicamente de las familias Argote y Molano que se apropiaron ilegalmente de miles de hectáreas para ganadería extensiva (según ya lo ha ratificado el Incoder en la resolución 2424 de 2007).

Las comunidades denunciaron que la elección de Marmolejo fue ilegal porque no cumplió con los requisitos establecidos en la ley para conformar estos Consejos Comunitarios. Aún así, el entonces Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio ratificó a Marmolejo como el representante legal en marzo del año pasado, sin pronunciarse frente a la impugnación presentada por las comunidades ante la alcaldía de Carmen del Darién y la dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

También se ha dicho que Marmolejo había acordado firmar varios contratos de arrendamiento de la tierra de los territorios colectivos a palmicultoras y ganaderos por un término de 50 años, pero sobre esto no hay pruebas.

En este proceso parte de la comunidad retornada ha sido asesorada por la organización Justicia y Paz, dirigida por el Padre Javier Giraldo, quién también ha sido señalada por Marmolejo (y el ex general Mario Montoya) de ser aliada de la guerrilla. 

Ante la crisis de representación del nuevo Consejo Comunitario, la Corte Constitucional determinó en mayo del año pasado que el Ministerio del Interior debía garantizar la realización de un censo y la elección de una nueva junta del Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó. Además, debía hacer la caracterización del territorio colectivo y elaborar un plan de prevención y protección para los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó.

Ya se realizó el censo de las familias dentro del territorio colectivo de Curvaradó, pero todavía no se ha iniciado el censo de las familias que viven por fuera del territorio, y por eso no se ha convocado la Asamblea para elegir nuevos representantes. 

Y otra de las preocupaciones en la zona, es que el coordinador del programa presidencial Acción Social en Urabá, que es quien coordina en terreno los registros de desplazados, Luis Mario Gaviria Vélez, es hermano de José Obudlio Gaviria. Y de acuerdo a representantes en la zona, este coordinador ya tomó partido por los palmicultores y los ganaderos.

Otro indicio de que entre Marmolejo y el Centro de José Obdulio pueda haber un nexo, o por lo menos con la Federación Sindical Nuevo Liderazgo que según El Espectador fue apoyada por el exasesor de Uribe, es que Marmolejo es representante de las Comunidades Negras en el Comité Ejecutivo de la CGT, la segunda confederacion sindical más grande del país. En ese Comité Ejecutivo también está Jaime Cortés, el director de la Federación Sindical Nuevo Liderazgo Campesino que asesoró a la organización de Las Pavas que niega el desplazamiento.

Podría ser una simple coincidencia. Pero a comienzos del año pasado, la CGT, liderada por Julio Roberto Gómez, amigo personal del vicepresidente Angelino Garzón, envió a la OIT un informe en el cual se reproduce el discurso de los líderes del Bajo Atrato como Marmolejo negando que el desplazamiento forzado en esta zona haya sido realizado por los paramilitares. Dicen que fue producido por las Farc.

Cacarica

Al igual que en el caso de Curvaradó y Jiguamiandó, la Corte Constitucional también pidió al Ministerio del Interior que determinara quién era el verdadero representante legal de las comunidades negras del río Cacarica en el Chocó, que también estaba dividida, para efectos de la restitución de tierras en esta zona.

En 1997, la comunidad del río Cacarica fue víctima de la Operación Génesis, donde según versiones libres de varios paramilitares en Justicia y Paz ellos actuaron conjuntamente con el Ejército, que actuó bajo el mando del ex general Rito Alejo del Río contra el Frente 57 de las Farc. Las Fuerzas Militares bombardearon la zona durante cuatro días.

El bombardeo terminó afectando a la población afrodescendiente que habitaba esta región, y generó un masivo desplazamiento de por lo menos cuatro mil personas, de acuerdo al portal Verdad Abierta. Posteriormente se desarrollaron cultivos de palma de aceite, ganadería y explotación maderera. Las empresas más polémicas fueron Maderas del Darién y la bananera Multifruits.

Los socios mayoritarios de la bananera Multifruits S.A., liquidada en octubre del 2007, eran César Cárdenas Rendón, hermano del comandante paramilitar Elmer Cárdenas. En 2005, Multifruits firmó un contrato para una alianza estratégica con el Consejo Comunitario de la Cuenca de Cacarica en Chocó.

Estas comunidades dicen que el contrato fue firmado a sus espaldas por un destituido representante legal, Adán Quinto, quién ya había sido acusado por la comunidad de permitir la explotación forestal en el Consejo Comunitario a la empresa Maderas del Darién.

“Venimos diciendo hace años que las zonas humanitarias se tienen que acabar en los territorios colectivos, son los sitios de planificación de los asesinatos de los que no están con Justicia y Paz, con el padre Javier Giraldo”, dijo en su momento Quinto al ex Ministro del Interior y director de la Hora de la Verdad Fernando Londoño.

Giraldo es quien ha acompañado a las comunidades de Cacarica, y a quien la Corte Interamericana le dio la razón frente a la explotación ilegal de Maderas del Darien.

El acta de liquidación de Multifruits dice que Asocomún fue una de las ONG que les ayudó en esta zona. Asocomún (Asociación Comunitaria de Urabá) fue creada por el paramilitar alias ‘Germán Monsalve’, hermano de alias ‘El Alemán’, jefe del Bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares. (ver informe de Verdad Abierta) Y a su vez, Asocomún fue quien hizo el puente entre Multifruits y Adán Quinto, cuanod este lideraba el Consejo Comunitario.

La Onic, la Opic

Pocos grupos han realizado una resistencia tan organizada y persistente a las políticas del Gobierno como los indígenas paeces del Cauca, liderados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).  Ellos serán un interlocutor clave en toda la discusión sobre la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras el próximo año. Y de hecho jugaron un papel clave en la elaboración del decreto para víctimas indígenas que se está llevando actualmente.

Pero ya no son la única organización indígena en el Cauca. El Gobierno de Uribe impulsó la creación de la OPIC (Organización de Pueblos Indígenas del Cauca) en esta zona. La Opic fue creada el 24 de marzo del 2009, con el apoyo del entonces Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio y se denominó en su fundación como una organización que apoyaba al Gobierno de Álvaro Uribe.

Pero voceros de el Cric y la Onic aseguraron a La Silla Vacía que la Opic fue creada con la ayuda de la comunidad indígena en el Chocó Emberá Wounaan, porque el Gobierno prometió a varios de ellos proyectos productivos a cambio de apoyar la creación de la Opic.

La Opic en el año y medio que lleva se ha opuesto a la posición de los organizaciones tradicionales de indígenas asociadas en la Cric y la Onic en procesos de consulta previa. Y también han acusado a miembros de estas dos organizaciones de pertenecer a las Farc.  "Ellos deslegitiman a las autoridades indígenas", dijo Luis Fernando Ramírez, vocero de la Mesa de Concertación Indígena y miembro de la Onic.

En medio de esta variedad de organizaciones, con intereses contrapuestos, no la tendrá fácil el presidente Santos para saber con quién sentarse a ejecutar la Ley de Restitución de Tierras.