Cambiar el modelo de operación del sistema Transmilenio es una de las promesas de campaña del Alcalde Petro. Ofreció que la tarifa sería subsidiada y que la flota de buses sería pública al menos parcialmente, es decir que prometió cambiar los dos elementos que distinguen a “Transmi” de otros sistemas de transporte colectivo en el mundo. Para lograrlo tiene que destruir el esquema actual, que además está soportado en contratos de largo plazo, algunos de los cuales ni siquiera han iniciado su ejecución como de los la Carrera 10 y la Calle 26.

Al menos la primera fase de esta promesa la va a cumplir. De todo lo que ofreció es en lo que más rápido va. El sistema está paralizado temporalmente y aunque han dicho que volverá a operar rápidamente, es claro que será escenario permanente de conflictos entre todos los actores del esquema mientras Petro sea el Alcalde.

La alcaldía sospecha que las deficiencias del sistema, agudizadas en los últimos días, son el resultado de una jugada de las empresas operadoras para debilitar el Gobierno Distrital en su empeño de cambiar el modelo. Petro lo dijo expresamente y anunció investigaciones y posibles sanciones. En realidad amenazó con “intervenciones”, es decir con toma de control por parte del Estado. La ley nos autoriza a “intervenir” ha dicho varias veces.

Para contrarrestar la jugada de los empresarios, la Alcaldía decidió promover la organización de los usuarios para protestar por el mal servicio y exigir el cambio de modelo. Petro sabe que las protestas ciudadanas espontáneas son efímeras y que a eso hay que meterle política para que actúen en forma sistemática y coordinada y produzcan el impacto que se quiere. Así lo ha hecho. En la propia sede de Transmilenio –como lo reveló La Silla– se ha organizado la protesta contra el sistema tanto con “usuarios” como con el sindicato de conductores. El Alcalde actúa en forma totalmente legítima, el descontento ciudadano y la protesta social  se canalizan a través de organizaciones políticas, aunque a los colombianos –por esa aversión a la política que cultivamos– nos parezca indebido.

Que quede claro, la protesta contra Transmilenio ha sido instigada por la Alcaldía, lo cual –insisto– es legítimo, así como la organización para forzar al cumplimiento de la ley de víctimas ha sido instigada por el Gobierno Nacional. Para que quede claro el diccionario de la Real Academia de la Lengua define instigar como incitar, provocar o inducir a alguien a que haga algo. Instigar no es un delito, ni necesariamente es incitar a hacer algo indebido.

Petro quiere lograr en el corto plazo dos cosas: una, cambiar los términos del contrato de operación para imponer una distribución distinta de los ingresos, los cuales la mayor parte se quedan en las arcas de los empresarios. Ese cambio lo ordenó un Tribunal en un proceso en el que demandante y demandado coincidían en la intención, por lo que la parte derrotada –en este caso el Distrito– no hizo uso de los recursos legales de defensa.

En ese propósito aparentemente tiene razón. A simple vista parece que el negocio resultó mejor de lo que inicialmente se previó por lo que resulta justo revisar sus términos y procurar una más equitativa distribución de los ingresos.

La segunda intención del Alcalde es incorporar buses públicos a la operación. En el esquema actual el Estado dirige y controla y los particulares operan. Una alianza público privada que ha resultado exitosa, pero que a Petro –que es estatista– no le gusta. Este segundo propósito es más difícil de lograr. La empresa Transmilenio no está diseñada para ser operador de transporte y la eventual compra de buses por parte de una entidad pública es un proceso largo de licitaciones, etc., que haría que esa fórmula solo se concrete en al menos un año. Además resultaría necesario incluir esa modificación en la renegociación de los contratos, es decir ir más allá de lo que ordenó el Tribunal.

Los dos cambios, que son gruesos, requieren de un ambiente de opinión favorable, por lo que el Alcalde decidió promover la organización de los “usuarios” para protestar por el actual estado de cosas, como lo ha hecho Santos con las víctimas. Claro que el Presidente lo ha hecho de frente y a la luz del día y Petro lo ha hecho a media luz en los sótanos de la empresa.

Subrayar los males del sistema es la estrategia de negociación, por eso no ha hecho nada para cumplir la otra sentencia, la que sí se refiere a la calidad del servicio, la que obliga a la Alcaldía a poner sensores en los buses, guías en la estaciones, a adoptar medidas de tránsito para facilitar la movilización de los buses rojos, etc. La política es, "mientras no haya renegociación el servicio, no hay que mejorarlo sino al contrario..." y que los usuarios protesten.

Las protestas, sin embargo, se salieron de madre. Los destrozos a la infraestructura suman miles de millones de pesos y el Alcalde no los pudo controlar. Al contrario, tuvo que enfrentarlos con la Policía.

El Alcalde Petro ha sindicado, con nombre propio, a algunos de sus antiguos compañeros políticos como los autores intelectuales de los hechos y al explicar las motivaciones que podrían tener para incurrir en ellos señaló varias que no queda claro por qué les favorecen. No se imagina uno a Robledo o a Aurelio Suárez, por ejemplo, tratando de impedir la renegociación de los contratos, cuando fue esa la principal bandera de Suárez en la reciente campaña a la Alcaldía.

Dijo también que era para desprestigiarlo. Si eso querían, lo lograron. El Alcalde además de lanzar acusaciones, dio órdenes improvisadas por twitter. Le exigió a los transportadores privados que asumieran unas rutas que nadie les ha asignado y levantó el pico y placa. Se pareció por momentos a Leonel Álvarez dirigiendo a la Selección, perplejo en la línea discutiendo con los asistentes qué hacer mientras Argentina nos paseaba.

A Petro le pasó lo que ocurre de cuando en cuando en las fiestas caseras: que algunos de los invitados se emborrachan y se ponen pesados. El dueño de la fiesta empieza a gritar, echa a los impertinentes, ordena que no haya más trago y apaga la música. Se arma el tropel y al dueño de la fiesta le toca llamar a la Policía. La fiesta termina a trompadas y en destrucción del establecimiento. Petro no promovió los daños pero organizó la fiesta.