Julio Gómez negoció un preacuerdo con la Fiscalía, pero está a la espera de que un juez lo avale. Petro se opuso públicamente a esa negociación. El abogado Álvaro Dávila está en proceso de negociar con la Fiscalía.

Gustavo Petro ha sido siempre un contradictor que se crece frente a sus enemigos. Y varios se han preguntado cómo va a hacer ahora que no estará en la orilla opuesta del poder sino que será el poder. Sin embargo, Petro ya escogió su primer enemigo y lo comenzó a combatir aún desde su rol de alcalde electo: los miembros del Cartel de la Contratación.

Ya hace unos días cuestionó el preacuerdo de la Fiscalía con Julio Gómez. El 2 de noviembre, en la audiencia de imputación de cargos, el contratista investigado por el desfalco en el contrato de la malla vial y la Fase III de Transmilenio aceptó tres delitos (concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación) y ofreció devolver 12 mil 400 millones de pesos. A cambio, la Fiscalía presentó un preacuerdo que podría reducir su condena hasta la mitad. Es decir, a nueve años. Ahora un juez de conocimiento deberá decidir si avala o no ese preacuerdo.

Ese mismo día, Petro envió una carta al juez de garantías en la que se opone a esa negociación porque, según afirma, sólo incluye tres de los más de 10 contratos en los que Gómez podría haber incurrido en delitos.

“Respetuosamente manifiesto mi oposición al preacuerdo conocido y sugiero que en esta audiencia las autoridades involucren los daños patrimoniales de todos los contratos investigados, no solo los de tres”, dijo Petro en su carta al juez. “Dejo claro que no es mi intención interferir en la administración de justicia, en la diligencia de imputación, pero considero que las decisiones que aquí se tomen deben corresponder al tamaño del daño que ha recibido la ciudad por las posibles actuaciones ilegales de estos contratistas”.

El juez aún no ha contestado. Como lo contó Semana, otros involucrados en el Cartel, como el polémico abogado Álvaro Dávila, o el contratista Emilio Tapia, también están en conversaciones con la Fiscalía. La audiencia de imputación de cargos contra Dávila -investigado por presuntamente cobrar comisiones a los contratistas para compartir con los Moreno- está contemplada para el 25 de noviembre y Tapia está citado para imputación el 2 de diciembre. En dichas audiencias, la Fiscal podría presentar el preacuerdo.

Para ellos sería más favorable que este acuerdo estuviera en firme antes de que Petro se posesione. Y por eso es improbable que sigan solicitando el aplazamiento de estas diligencias como lo han venido haciendo.

Incluso a los concejales llamados a interrogatorio por la Fiscalía que de verdad tengan rabo de paja les podría convenir más hablar ahora que callar y verse forzados a hacerlo después.

La razón de esto es que una vez comience la fase de imputación, las entidades lesionadas por la corrupción de este cartel -como el IDU, donde Petro pondrá alguien de su confianza- se pueden convertir en víctimas dentro del proceso.

Y en su calidad de víctima, Petro, a través de sus funcionarios, podrá participar activamente en estos procesos judiciales suministrando o pidiendo pruebas, pidiendo testimonios y oponiéndose a cualquier preacuerdo al que lleguen con la Fiscal que considere vaya en detrimento de la ciudad.

Hacer cualquiera de las acciones anteriores no le quedará difícil. Una vez posesionado en la Alcaldía, él y sus funcionarios de confianza podrán tener pleno acceso a los archivos, a las actas de discusión de los pliegos de licitación, a la minucia de los contratos y sobre todo a antiguos funcionarios o contratistas que quizás fueron testigos de conversaciones en las que se fraguó la corrupción o de maniobras indebidas y que quieran ahora congraciarse con el nuevo jefe y conservar su puesto o sus contratos.

Petro ya ha mandado otro mensaje que muestra este interés en el 'Cartel de la Contratación': incluyó al ex sub contratista Manuel Alejandro Botero en sus comisiones de emplame. Botero fue uno de los testigos claves de la Fiscalía para destapar el escándalo, pero es polémico pues según algunos lo hizo por interés propio, porque Tapia y Gómez lo 'tumbaron' y él se vengó contando lo que sabía de ellos. Por ejemplo, Félix de Bedout criticó su inclusión en el equipo de empalme, Ceclia Orozco retomó esas críticas en su columna de ayer, como lo hace el editorial de El Espectador de hoy.

Ricardo Bonilla, coordinador de ese equipo, en una entrevista publicada ayer por El Espectador aceptó que incluir a Botero era un riesgo político, pero lo justificó por el interés de Petro en destapar la corrupción. Petro, esta mañana, reaccionó a los señalamientos explicando que Botero le entregó información pero que no hace parte del equipo de empalme. Aún sin posesionarse, Petro ya está asumiendo un costo político con tal de combatir el Cartel de la Contratación.

Este rol de ‘investigador’ es el que Petro siempre ha jugado mejor y es coherente con las razones que llevaron a sus votantes a elegirlo. Es bueno para la ciudad que la gente que le originó millonarios costos y que defraudó la confianza en la administración pública no quede impune a cambio de confesar unos cuántos delitos y ayudar a condenar a los Moreno.

Tiene la ventaja política adicional para Petro de que replicaría en la ciudad la estrategia de ‘cruzado anticorrupción’ que le ha dado tantos réditos políticos al presidente Santos a nivel nacional. Y además, sería una forma de terminar la labor que inició cuando con Carlos Vicente de Roux y Luis Carlos Avellaneda se metieron a investigar y a denunciar el desfalco a Bogotá.

El riesgo de esto es que a Petro se le vaya el tiempo que tiene para ejecutar nuevas obras o para terminar las que están en vilo en perseguir a quienes no las hicieron o las hicieron mal en el pasado.