El candidato considera que el Procurador Ordóñez ha desviado la función del Ministerio Público porque, en vez de representar a la sociedad y garantizar los derechos de todos, ha “emprendido campañas en detrimento de los derechos de algunos que no le caen bien”. “Ordóñez ha utilizado su poder obedeciendo criterios políticos y religiosos”, dice. Además, no está de acuerdo con la facultad que tiene el Procurador de destituir a quienes han sido elegidos por voto popular.

Este precandidato apoya un cambio en el mecanismo de elección del Procurador para que fuese elegido por voto popular.

Para Sudarsky, Ordóñez es “totalmente ilegítimo” porque el mecanismo de elección por parte del Senado está viciado: “El congresista termina eligiendo su juez”. Además, considera que en el caso de la destitución del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, Ordoñez se extralimitó. El precandidato está de acuerdo en que la figura del Procurador debe reformarse, para eliminar su facultad de destituir funcionarios elegidos por voto popular y modificar la manera en que es escogido el Jefe del Ministerio Público.

Para Peñalosa, Ordoñez ha asumido “pública y casi beligerantemente muchas posiciones ideológicas, que debilitan su autoridad como impartidor de justicia”. El candidato considera que el Procurador debe mantener su facultad de destituir, “cuando haya fallas administrativas graves con altos costos para los ciudadanos” aunque no de deshabilitar pues considera que la única causal para esta medida es  “la corrupción, fallada como tal por un juez penal”.

El precandidato verde, de llegar a la Presidencia, promovería establecer un periódico único sin posibilidad de reelección para el Procurador, “probablemente más largo”, e inhabilitar al jefe del Ministerio Público para que sea elegido en los cinco años siguientes a la conclusión de su periodo. Además le apostaría a “simplificar” la estructura de la Procuraduría quitándole “funciones que ya ejercen otros organismos como la Fiscalía y eliminando algunos cargos que resultan irrelevantes, como los procuradores delegados ante las cortes”.

Para Camilo Romero es “intolerable que, mientras los altos oficiales del Ejército están metidos en escándalos de corrupción que involucran miles de millones de pesos, la base de la fuerza pública como los soldados profesionales no cuenten ni siquiera con subsidios familiares”. Frente a la reacción del gobierno por el escándalo revelado por Semana, dice que este no ha asumido la responsabilidad política que le corresponde y que “en cualquier otro país” el Ministro de Defensa ya hubiese presentado su renuncia. Para Romero así, “descabezando militares”, el gobierno evade su responsabilidad, manda un pésimo mensaje a los soldados y se muestra como ilegitimo.

“No podemos seguir como lo gatos, haciendo la embarrada y tapándola, eso es lo que más daño le hace a la democracia”.

Su propuesta para luchar contra la corrupción dentro de las fuerzas militares es abrir la institución al control político y al control social, garantizando mayor transparencia y rendición de cuentas para que la gente sepa en qué se está gastando la plata.

Sudarsky le apostaría a independizar totalmente la Justicia Penal Militar y la Inspección General de las Fuerzas Militares de los altos mandos, para que sus agentes puedan obrar de manera autónoma y ejercer un control eficiente. Considera que la reacción del Gobierno frente al escándalo revelado por Semana ha sido buena porque castiga a los responsables “para satisfacer el clamor popular” pero insuficiente pues no resuelve el problema estructural.

“Hace meses le dije al Ministro de Defensa que debía ponerle atención a la corrupción en la Policía de tránsito, que eso era su responsabilidad. Hasta donde sé, no se ha hecho nada. La corrupción es un mal contagioso, cancerígeno, que se riega y crece. Más que destituir generales esporádicamente, la obsesión con la gestión limpia debe permear todo en la organización militar, policial y todo el Estado”, responde Peñalosa cuando se la pregunta sobre la reacción del gobierno entre el escándalo por hechos corruptos al interior de las Fuerzas Armadas.

Para batallar contra la corrupción en esta institución, aunque “algunas compras y contratos deben ser secretos”, Peñalosa considera que “la mayoría de los procesos licitatorios y de compras deberían ser públicos”. Además, cree que es indispensable “la injerencia de expertos externos, adicionales a los superiores jerárquicos, en los procesos de ascenso de las fuerzas armadas”. Finalmente propone garantizar el anonimato en las denuncias ciudadanas.

Camilo Romero no se aventura a decir que es lo mejor o lo peor del gobierno Petro. Sólo asegura que el Alcalde ha puesto a prueba la institucionalidad del país y le ha dado una lección democrática a Colombia. Cree que los aciertos de su gobierno se reflejan en el apoyo popular tras la destitución por parte de la Procuraduría. Además dice, eso sí, que la mayor dificultad de Gustavo Petro al frente del Distrito ha sido aguantar las zancadillas que le ha puesto la política tradicional por gobernar de una manera distinta.

Para Sudarsky lo peor del gobierno Petro ha sido el proceso de planeación participativa en las localidades porque, según el precandidato verde, el gobierno distrital le impuso a las comunidades que el 40 por ciento de los recursos a invertir tendrían que ser destinados a vías. La otra crítica de Sudarsky a Petro es el haber adoptado el POT por decreto cuando el Concejo ya se había manifestado en contra del proyecto. “El POT de Petro no es marginal, plantea un cambio estructural, y adoptarlo con un pronunciamiento del Concejo en contra creó incertidumbre jurídica”, además de reflejar un rasgo autocrático del alcalde, dice. También cuestiona las renuncias de gran parte de su equipo de trabajo porque la proporción “habla mal no de los gerentes de cada entidad sino del jefe de los gerentes, es decir del Alcalde”.

Lo que rescata Sudarsky de la gestión de Petro es su preocupación por reducir el costo de los servicios públicos para los más pobres.

El precandidato verde dice que no ha decidido su voto en favor o en contra de la revocatoria de Petro porque el debate no se ha dado. Para Sudarsky a Petro le corresponde responder las críticas a su gestión que ha hecho la contraparte en cabeza de Pacho Santos. “Santos sacó una lista de problemas del gobierno distrital en distintos temas, Petro tiene que dar su versión, defenderse, es el sentido del mecanismo de revocatoria”.

De Petro, Peñalosa sólo dice que: “Lo bueno es su decisión de luchar contra la corrupción. Lo malo es su desconocimiento de los temas urbanos y de cómo funcionan las ciudades”.

Camilo Romero considera que al proceso de paz de Santos le falta legitimidad: “es el proceso menos entusiasta”. Y dice que si él fuera presidente le apostaría a una mayor participación ciudadana en la que cabría incluso la posibilidad de ampliar la mesa. Además, aunque no se los impondría, espera que los miembros del Secretariado de las Farc voluntariamente asuman unas penas mínimas en la cárcel para que después “pudiesen ser elegidos y defender sus ideas y argumentos, si es que tienen”. Sin embargo, para Romero lo que se negocia con las Farc en La Habana es “trascendente pero sólo un fragmento de la paz”, pues para él la paz verdadera se alcanzaría a través de una constituyente que ejecute los cambios que necesita el país y proponga una nueva institucionalidad que derroque la clase política tradicional.

Sudarsky cree que el proceso de paz esta funcionado bien, “con claridad y certeza”. Según él “nunca había tenido Colombia un proceso de paz tan bien organizado en cuanto a contenido y cronograma”. Además, el precandidato cree que se han logrado avances muy importantes que incluso, como el de participación política, se asocian a su propia propuesta de reforma electoral. Sin perjuicio de lo anterior, el precandidato verde cree que lo fundamental no es firmar el papel sino “crear la estructura institucional que permita forjar el proceso de paz”.

Para Sudarsky el modelo de gobernabilidad vigente no permite cumplir los acuerdos con las Farc ni solucionar otros problemas que tiene el país para llegar a la paz. Saca a relucir la captura de instituciones por parte de los políticos, como el caso del Banco Agrario en manos del senador Roberto Gerlein o el Incoder adjudicado al senador Hernán Andrade.   

Sudarsky está de acuerdo con permitir que los miembros del secretariado de las Farc puedan participar en política pero “sin privilegios y sometidos a unas reglas de juego universal”. No da el precandidato una respuesta tajante frente al tema de la cárcel y considera que los detalles de la negociación y del modelo de justicia transicionales que se siga determinarán las penas mínimas a pagar.

Peñalosa continuaría con el proceso de paz tal como viene e incluso dice que mantendría el equipo negociador pues le parece “competente y responsable”. Sobre las penas que deben pagar los miembros de las Farc y su elegibilidad considera que “el proceso debe cumplir con los estándares internacionales de la verdad, justicia y reparación”.

Romero no tiene una posición contundente frente a este tema. Dice que no está jugado por un proyecto de Ley para aprobar el matrimonio gay, y sólo afirma que es un debate sano que Colombia tiene que dar para que el país avance al ritmo en que la sociedad se mueve.

Sudarsky recuerda que él estuvo a favor del proyecto que aprobaba el matrimonio gay y que se hundió en el Congreso el año pasado y anuncia que de llegar a presidente el matrimonio gay será un tema de gobierno. “Soy de un pensamiento tremendamente liberal, estoy a favor del matrimonio gay y lo llevaría hasta el punto de que puedan adoptar niños cumpliendo con los protocolos del ICBF también exigidos a las parejas heterosexuales, el país se tiene que abrir a la diversidad”.

Peñalosa dice que apoyaría el matrimonio gay porque cree que “puede hacer más felices a muchos ciudadanos, sin hacerle mal a nadie”.

Romero dice que no tiene todavía una propuesta definida en este sentido pero considera que se ha demostrado que el camino seguido, de confrontar militarmente el narcotráfico, ha fracasado. Y que, como en el tema del matrimonio gay, “encaminados nuevamente por el ritmo de la sociedad”, la legalización del consumo “con todos los controles que implica” surge como una alternativa, asumiendo el problema más como un tema de salud pública.

Si Sudarsky llegara a la Presidencia, dice, seguiría el modelo del presidente uruguayo José Mujica que le apunta a la legalización de la marihuana y a monopolizar su venta en manos del Estado. Para el precandidato verde hay que pasar de la visión guerrerista de la lucha contra las drogas, que para él ha fracasado rotundamente, al entendimiento de esta problemática como un desafío de salud pública. Sudarsky plantea, para dirimir el debate, sopesar los muertos que generan la guerra militar y el microtrafico ilegal contra los carteles de drogas con los muertos por sobredosis.

En el caso de la coca, Sudarsky considera que su legalización va de la mano de una transición global que no depende de Colombia y cree que los esfuerzos ahora tienen que estar enfocados a impulsar la sustitución de cultivos apostándole a productos rentables pero comerciables donde el país tenga una ventaja.

Así resume Peñalosa su posición frente a la lucha contra las drogas: “La ilegalidad de las drogas le causa costos enormes a la sociedad. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos en todas las latitudes está lejos de estar de acuerdo con la legalización de la cocaína y mucho menos de drogas aún más peligrosas como la heroína. Esto no es algo que Colombia pueda hacer por cuenta propia. En lo posible, creo que lo conveniente es despenalizar el consumo y aún, legalizar las drogas, por supuesto, con controles. Y hay que hacer esfuerzos en la educación y la prevención”.

La Reforma Política que perseguiría Romero, de llegar a la Presidencia, pasaría por ampliar los mecanismos de participación ciudadana permitiendo un mayor control social. Dice que le apostaría principalmente a que los electores puedan revocar el Congreso en ejercicio y a reducir el número de congresistas en el Senado y en la Cámara, además de bajarle los sueldos a los legisladores, para que el Capitolio sea más austero y más cercano a la gente.

Sudarsky lleva sus años de senador proponiendo una reforma electoral que de ser Presidente sería su prioridad. La reforma del precandidato verde busca que el vínculo entre el representante político y sus elegidos sea más cercano. “La solución al problema de gobernabilidad en Colombia es muy sencilla: que la gente sepa quién es su representante y le pueda exigir cuentas”. Para fortalecer ese vínculo entre representados y representantes Sudarsky plantea la creación de un sistema electoral mixto (http://www.johnsudarsky.com/assets/sistemaelectoralmixto.pdf) en el cual parte del Congreso sería compuesto por representantes de distritos uninominales de 410 mil personas para Cámara y 820 mil personas para Senado.

Para Peñalosa el actual es un “sistema cerrado” que complica la subsistencia de un partido y casi que imposibilita la creación de uno nuevo’: “Debe haber muchas maneras de pasar el umbral, como por ejemplo, tener una votación alta a una gobernación, o un porcentaje alto en la votación de Congreso en un departamento. Debe ser más fácil inscribir candidaturas independientes. Cualquiera debe poder cambiar de partido cuando quiera, sin restricciones. No debe haber umbrales para las elecciones a juntas administradoras locales, o concejos. Debe haber un sistema de segunda vuelta para las gobernaciones y alcaldías, que se implemente en una sola votación, así: cada votante marca su primera y su segunda opción. Si ninguno alcanza el 50 por ciento, entonces se suman las segundas opciones. Debe acabarse con el senado nacional y por lo menos la mitad de las cámaras deberían elegirse por circunscripciones unipersonales.  Los congresistas deben poder ser nombrados ministros: es mejor un congresista que haya sido ministro y viceversa. Hay que poner un tope máximo de tres períodos en el Congreso para cualquier persona”.

Romero dice que hay que recuperar la confianza en la Rama Judicial pero no está encasillado con una propuesta concreta.  Cree que el camino es una Asamblea Constituyente que reforme la institucionalidad de manera integral, derrote a la clase política tradicional y empodere a la ciudadanía. Romero tiene como modelo lo logrado por Rafael Correa en Ecuador en contravía de los partidos políticos tradicionales.

Lo clave para Sudarsky a la hora de reformar la Justicia es modificar la manera en que se constituye la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. “Está en manos de abogados que no ejecutan. Llegaron sólo al 37 por ciento en 2013 según el Ministerio de Hacienda, ellos no tienen la capacidad de administrar la justicia”. Para Sudarsky entonces esta Sala debería ser compuesta por profesionales en economía o administración que pueda efectivamente pagarle a los jueces y manejar los juzgados, darles los instrumentos para que funcionen. El precandidato verde también se daría la pela por consolidar el sistema penal oral acusatorio que ha sido cuestionado en los últimos meses “Aquí en Colombia cuando algo está avanzando, lo cambian, eso no puede ser así”.

El enfoque de una Reforma a la Justicia del gobierno de Peñalosa sería el acceso a la justicia para el ciudadano de a pie. “Lo importante no son las disputas entre las altas cortes o las funciones de la Procuraduría, sino que el ciudadano colombiano hoy no tiene acceso a una justicia que ampare sus derechos y haga posible la vida civilizada. No tiene cómo resolver conflictos en un contrato de arrendamiento, ni resolver el problema de un padre que incumple con sus obligaciones. Y especialmente, no hay una justicia que lleve a la cárcel a los delincuentes que destruyen la calidad de vida en barrios y ciudades colombianas, y hacen imposible el turismo y la inversión necesarios para el empleo”.

Romero entiende que estamos en un mundo globalizado y que el comercio internacional es importante pero cree que los Tratados de Libre Comercio se deben replantear y evaluar sus impactos porque son lesivos para el país, sobre todo para los campesinos. Para él, la frase del gobierno que “unos ganan y otros pierden” no puede continuar. “El gobierno, si es serio, debe responder qué pasa con los marginados del sistema económico. Se deben responsabilizar por los que pierden con esos tratados, como los 45 mil lecheros de Nariño que no van a poder sobrevivir cuando entre la leche en polvo más barata”.  Romero no propone una solución concreta pero insiste en que no debe haber elementos negativos para ningún colombiano. El gobierno, según él, debe crear unos planes de contingencia para que los negocios internacionales favorezcan a todos. Nadie debe perder.

Sudarsky está a favor de la política de libre comercio y dice que por defender a un grupo pequeño de productores nacionales, cerrando el mercado o subsidiándolos, no se puede decidir en detrimento de los consumidores que tendrían que pagar más por productos locales. Sin embargo, cree que los tratados de libre comercio actuales se hicieron sin tomar las medidas necesarias para que la industria y el campo en Colombia puedan ser competitivos. Esas medidas pasan, según Sudarsky, por combatir y penalizar el contrabando, reducir los costos de energía - que de acuerdo al candidato en Colombia son excesivamente altos por los impuestos del gobierno -, reducir la brecha en infraestructura siguiendo la política de concesiones que persigue el gobierno Santos, e invertir los recursos de ciencia y tecnología que definió la Ley de Regalías para propiciar la competitividad y para contentar a los políticos.

Para Peñalosa, los Tratados de Libre Comercio “no son buenos o malos per se, sino que se que se evalúan de acuerdo al impacto positivo que tengan para la generación de más inversiones, empleo, una profundización en el conocimiento y en la complejidad de los bienes que se produzcan”.

Por eso, dice, “no deben hacerse en ausencia de una estrategia de desarrollo agrícola e industrial clara porque, lo cierto es que en el mundo entero se apoya a ciertos sectores que generan o empleo o conocimiento tecnológico nuevo. La política industrial requiere una institucionalidad, por eso vamos a crear un instituto de sabios, parecido al insituto de de desarrollo de Corea, con una inversión mixta del sector privado y gobierno con personas extremadamente bien remuneradas y calificadas que analicen qué sectores apoyar y cuáles no. Tener una política industrial no significa proteger todo a la loca. El problema en Colombia es que  se apoya a los sectores que tienen más capacidad de influir y en cambio, a pequeños productores como el de los zapatos, que generan decenas de miles de empleos en microempresas, no se les da ningún tipo de apoyo porque no tienen capacidad de presionar. Entonces, tiene que haber una estrategia que le de apoyos a sectores que por una u otra razón generen beneficios especiales”.