Hoy el Fiscal General, Eduardo Montealegre, dio unas declaraciones con las que se sumó al coro de críticos de Ordóñez, porque dijo que la Fiscalía a hacer una inspección judicial a la Procuraduría para “analizar muy detalladamente la decisión adoptada por la Procuraduría General” y que iban a "verificar la decisión del procurador” con lo que dejó la sensación de que la Fiscalía de alguna manera iba a intervenir contra la destitución. Además, anunció que se iba a reunir con Petro para revisar las denuncias de que la destitución se habría definido en una reunión de Ordóñez con Álvaro Uribe y Fernando Londoño Hoyos.

Con eso dejó la sensación de que la inspección era para revisar el fallo de Ordóñez contra Petro, y que se trataba de un operativo especial. En realidad es una actuación rutinaria: de forma casi cotidiana hay funcionarios de la Fiscalía que van a la Procuraduría a revisar expedientes para recoger pruebas que les puedan servir en sus investigaciones, y lo mismo ocurre con funcionarios de la Procuraduría que van a la Fiscalía.

Además, Montealegre afirmó que se podría abrir una investigación penal contra Ordóñez y que el poder del procurador es un monopolio “medieval, inquisitivo (...) carente de garantías”.

Esta mañana las Farc sacaron un comunicado de prensa en el que acudieron a la vieja comparación entre Ordóñez y el famoso inquisidor Torquemada. “Llamamos a respaldar todas las acciones de repudio al Torquemada Ordoñez y a apoyar la gran manifestación de rechazo a su decisión de desconocer la voluntad popular”, dice el comunicado

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Aunque las críticas de las Farc no suele tener mayor impacto ni entre la sociedad, que mayoritariamente las rechaza, ni en los círculos políticos, con el proceso de La Habana en juego sus palabras tienen más peso. Aunque Pablo Catatumbo se cuidó mucho en decir que la destitución los llevaría a pararse de la mesa, también afirmó que la destitución de Petro es “la gota que rebosa la copa” y que deja “grandes dudas” sobre la posibilidad de hacer oposición en Colombia.

Además, como las Farc tienen la capacidad de incidir en las movilizaciones sociales en regiones donde tienen influencia, su posición puede terminar creando más presión a Ordóñez.

Ayer Tedd Howland, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y representante de esa entidad en Colombia, le pidió una cita a Ordóñez para estudiar la decisión contra Petro. Esa intervención, que fue rechazada por el gobierno, muestra que la presión a Ordóñez también tiene tracción en entidades multilaterales, algo que es clave porque una de las críticas a sus funciones de destituir es que la carta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (una institución autónoma pero que forma parte del sistema interamericano) dice que los derechos políticos solo los puede quitar un juez penal.

De hecho, las declaraciones de Howland van en ese sentido. “Tenemos que hablar sobre los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él (Petro). Es importante que la Procuraduría entienda que hay jurisprudencia del Comité de Derechos Políticos y Civiles, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” dijo

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Y el futuro embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, dijo que http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proximo-embajador-de-eeuu-co... podría afectar las negociaciones de La Habana.

El editorial de El Espectador del martes mostró sus distancias frente a la decisiòn de Ordóñez. pero, sobre todo, que las funciones de destituir funcionarios electos popularmente. “¿Puede destituir un ente de control disciplinario a un funcionario elegido popularmente por la fuerza de los votos? (...) esa posibilidad le da a la Procuraduría un excesivo poder y, es necesario decirlo, un amplio margen para mezclar el derecho con la política.” dice

Incluso El Tiempo, cuya posición editorial ha sido muy dura con Petro, aprovechó para señalar ese mismo punto en su editorial de ayer. Hizo un “llamado a abrir una discusión sobre la conveniencia para el Estado de derecho del modelo actual de la Procuraduría y, en particular, de su facultad para destituir a quienes han sido elegidos por voto popular.”

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Semana escribió que los tratados internacionales no le permiten que Ordóñez tumbar a Petro. También escribió “El Procurador se ha convertido en un ser todopoderoso”. Al referirse a la destitución de Samuel Moreno, afirmó “Como dijo en ese entonces esta revista, con ese rasero no quedaría funcionario con cabeza en el país. Comenzando por el expresidente Álvaro Uribe, quien tendría que responder, por el descalabro de la infraestructura vial.”

Esas tres posiciones de tres de los medios escritos más importantes del país, muestran que en los medios hay una sensación de que Ordóñez sí tiene demasiado poder.

El gran fantasma de Juan Manuel Santos este año fueron las movilizaciones sociales, que mostraron que sí pueden ser poderosos en Colombia. Por eso los esfuerzos de los progresistas de llenar la Plaza de Bolívar y mostrar que hay una base social con Petro y contra Ordóñez son un elemento clave de la presión contra Ordóñez. Pero quedan varias preguntas.

Una es si las movilizaciones van a girar alrededor de defender a Petro o de criticar a Ordóñez. Por ahora ha habido más presencia de lo primero que de lo segundo, pero ésto puede cambiar porque mientras que la defensa de Petro emociona solo a algunos sectores de izquierda, las críticas a Ordóñez logran un apoyo más amplio.

Otra es hasta dónde podrán llegar esas movilizaciones. “El viernes es el día que sabemos para dónde vamos o no vamos,” dijo Fabio Arias, el líder sindical progresista. A la movilización convocada para ese día esperan que vayan los grupos que han estando en la Plaza esta semana, más las Juntas de Acción Comunal, y también han planteado movilizaciones fuera de Bogotá, como en Cali. El reto es mantener esas movilizaciones por varias semanas, mientras se completa el proceso que llevaría a la decisión definitiva de destitución, y en Navidad todo se muere.

El lunes, cuando se supo de la decisión de la Procuraduría, el primer miembro del gobierno en manifestarse fue el Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez. Sin criticar directamente la decisión, el Ministro dijo que era necesario reformar la Constitución para limitar las facultades del Procurador. “Creo que hay que revisar la ley constitucional que le permite a un funcionario inhabilitar a personas que han sido elegidas por el voto popular” afirmó. Además, indicó que la idea sería incluir ese cambio en una nueva reforma a la justicia que espera presentar el gobierno en marzo.

Aunque Gómez Méndez retomó una idea que tenía desde antes de ser Ministro, especialmente en el caso de los congresistas esta vez lo dijo como funcionario del gobierno. Y aunque con eso el gobierno se matriculó en la orilla de los críticos de Ordóñez, ayer Gómez se retractó y dijo que la reducción de facultades del Procurador no iría en el proyecto de reforma a la justicia.

Eso lo reforzó Santos el martes, cuando señaló que solo él puede fijar la posición del Estado ante entidades internacionales, una puya velada a la visita del Procurador a la Corte Penal Internacional.

Detrás de esa propuesta estuvo el representante conservador David Barguil, quien también logró convencer después a Mauricio Cárdenas de apoyar un proyecto de ley que ahora permite pagar anticipadamente, sin sanciones, los créditos de hasta 880 salarios mínimos. Todo eso le ha apretado las clavijas a los bancos.