Hoy se cumplen dos meses y 22 días desde que el concejal de Bogotá por el Partido Verde, José Juan Rodríguez, fue recluido en la cárcel La Picota luego de que un juez ordenara su detención preventiva dentro del proceso del cartel de la contratación. Que era el “amo y señor” del IDU (la entidad distrital desde la que se fraguó uno de los mayores desfalcos a la capital), ha dicho sobre Rodríguez la Fiscalía. Que era el brazo político del carrusel, ha afirmado sobre él Inocencio Meléndez, uno de los testigos estrella del proceso y ex alto funcionario del IDU.

Dos meses y 21 días ausente del Concejo y, sin embargo, ayer en la oficina de Rodríguez en el cabildo, la 506, dos de sus empleadas trabajaban en computadores con las puertas abiertas.

-  Hemos estado trabajando sobre varios proyectos de acuerdo del jefe, pero no te puedo decir qué temas... también hemos estado haciendo algunas investigaciones.

- También atendemos personas, hacemos acompañamiento a las comunidades con las que tenemos compromisos...

Le dijeron a La Silla.

Eran dos, pero en total son siete los empleados de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN, que es el equipo de trabajo que cada concejal tiene para apoyarlo en sus iniciativas) de Rodríguez los que siguen trabajando en el Concejo y atendiendo los asuntos del detenido concejal.

A Rodríguez un juez lo privó de su derecho a la libertad dentro del proceso del cartel, pero el Concejo le mantiene el privilegio de disponer de 48 salarios mínimos mensuales (poco más de 28 millones de pesos) para tener activa su UAN. A esos mismos recursos tienen derecho todos los concejales para contratar a su equipo de confianza durante los cuatro años de periodo. Los concejales no manejan directamente el dinero, pero sí tienen libertad para postular a quien quieran y son los supervisores que certifican el trabajo de sus empleados.

En ausencia de José Juan, esa supervisión al trabajo de su UAN la hace Paula Marcela Castro Rendón, la directora administrativa del Concejo, cuota del mismo concejal Rodríguez según lo pudo confirmar La Silla con cuatro fuentes distintas de la corporación. Castro es la esposa de David Ballén, el exjefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría de Bogotá que, según reveló El Espectador, tuvo que dejar el cargo por sus presuntos vínculos con José Juan Rodríguez.

El concejal mantiene además dos empleados en provisionalidad desde el año pasado: un auxiliar administrativo y un técnico profesional en comunicaciones y una fuente que lo conoce le dijo a La Silla que también el año pasado "le dieron unos 10 cargos en la Personería porque allá estaban convencidos de que sería escogido Presidente del Concejo". Lo que evidencia que el poder que mantiene iría más allá de las paredes del cabildo.

Rodríguez está a la espera de que un presidente ad hoc que nombró el Concejo el pasado domingo (ante el impedimento que le fue aceptado a la Presidenta María Clara Name, por haber sido su compañera en la lista del Partido Verde al Concejo) determine si le da o no una licencia que pidió hasta por seis meses. Su jugada apunta a, a través de la licencia, conservar su curul y que no sea posesionada la aspirante que le sigue en la lista, mientras trata de arreglar su situación jurídica.

El poder que acumula en la corporación José Juan Rodríguez, a pesar de estar en prisión acusado de interés indebido en la celebración de contratos, “es irregular y genera un pésimo antecedente para los concejales activos que pueden terminar en las mismas por el cartel de la contratación”, le dijo a La Silla un concejal progresista que prefirió omitir su nombre.

Ese poder está relacionado con los votos que heredó de su padre (el exsenador Gustavo Rodríguez Vargas, un ex cacao conservador en Bogotá que fundó el Movimiento Nacional por el cual su hijo llegó al Concejo en 2004, aunque se pasó a Alas Equipo Colombia en 2007 y dos años después al Verde Opción Centro). José Juan no sólo heredó votos, sino también cuotas y contactos políticos y se fortaleció, según lo ha dicho Inocencio Meléndez, durante la Administración de Samuel Moreno.

José Juan Rodríguez iba a ser Presidente del Concejo, como lo contó La Silla. Foto: Juan Pablo Pino

José Arthur Bernal tiene el chicharrón de la licencia de José Juan Rodríguez. Foto: Juan Pablo Pino

A diferencia del caso del exconcejal Vladimir Melo (condenado en 2011 por asesinar a su esposa), en el que con prontitud se resolvió declarar la vacancia desde su detención y se posesionó al aspirante que le seguía en la lista, con José Juan Rodríguez el Concejo se ha tomado todos los plazos posibles.

Si bien es cierto que en la época de Melo no existía aún la reforma que permite a los concejales pedir licencias, el tema se zanjó con prontitud y lo mismo pasó cuando en el pasado Concejo Roberto Sáenz y Carlos Vicente de Roux renunciaron al Polo para irse a Progresistas: la entonces presidenta, María Victoria Vargas, enseguida reasignó funciones en otras dependencias a las UAN de los cabildantes y posesionó los que les seguían en lista.

José Juan Rodríguez radicó su petición de licencia el 23 de mayo pasado, el mismo día en que fue emitida su medida de aseguramiento, y apenas el domingo pasado la plenaria nombró presidente ad hoc a José Arthur Bernal (vicepresidente del Concejo, de Cambio Radical) para que decida si se la da o no.

Ese paso es clave porque si se la dan, sigue siendo concejal al menos por el tiempo que dure la licencia, lo que le da un respiro y espacio para arreglar su lío judicial y mantener su oficina abierta (y los sueldos de su unidad). Pero si no se la dan, se declara la vacancia y se tendría que posesionar Lucía Bastidas, la aspirante que le sigue.

La demora se ha presentado por varios factores: primero, la Presidenta en propiedad, María Clara Name, se declaró impedida el 7 de junio (15 días después) para resolver el tema, a pesar de que la norma señala que los impedimentos se deben presentar máximo tres días hábiles después. El impedimento se hizo público a la plenaria hasta el 9 de junio, el día en que Name clausuró las sesiones ordinarias del Concejo.

Hasta el 21 de junio siguiente, justo el día en el que a la plenaria se le vencía el plazo para pronunciarse sobre el impedimento, los concejales en pleno declararon que ellos no eran el superior jerárquico que debía resolver el impedimento de Name y por eso pidieron dar traslado del asunto al Procurador General.

El Ministerio Público respondió en un auto con fecha del 17 de julio que la plenaria sí era superior jerárquico y que por tanto le daba 10 días hábiles para resolver el impedimento y que luego se decidiera sobre la suerte de José Juan Rodríguez y su petición de licencia.

Aquí ocurre un hecho curioso que ha generado suspicacias y es que el auto de la Procuraduría llegó a la Presidencia del Concejo el 25 de julio, pero sólo fue dado a conocer a la plenaria por la mesa directiva el 29 de julio, a pesar de que para entonces la curul de José Juan completaba ya dos meses vacía.

Además, también habían llegado a la Presidencia tres conceptos -uno de la oficina jurídica de la Alcaldía, otro del Consejo Nacional Electoral y el tercero del Departamento Administrativo de la Función Pública del Ministerio del Interior- y en los tres se dice que jurídicamente no procede la licencia por encontrarse el concejal con medida de aseguramiento. Lo que llama la atención es que los conceptos llegaron en las fechas 31 de mayo y 26 y 27 de junio, repectivamente, y no fueron publicados en la página del Concejo sino hasta el 30 de julio.

La Presidenta Name le explicó a La Silla que el asunto no ha sido nada fácil de resolver porque en el reglamento del Concejo no está el tema de los impedimentos, que ella declaró el suyo cuando lo analizó con sus asesores jurídicos y que no dio a conocer los tres conceptos sobre la licencia (conceptos que ella misma pidió) porque “la plenaria lo que estaba decidiendo era sobre mi impedimento y no sobre la licencia en sí”.

“Darlos a conocer (los conceptos) no tenía funcionalidad. No se dio la pertinencia de hacerlo”, agregó.

Sin embargo, si los conceptos dejan claro que la licencia no procede es posible que eso también tumbara su impedimento pues no tendría ningún sentido declararse impedida frente a una petición que no procede.

Además no procedería por otra cuestión. Todo indica que José Juan radicó su solicitud de licencia después de que le fue emitida la medida de aseguramiento y por ley ningún funcionario tiene derecho a licencia bajo medida de aseguramiento.

El concejal Rodríguez radicó su petición de licencia a las 6:23 de la tarde (otra curiosidad, pues el Concejo sólo recibe correspondencia hasta las 5 de la tarde, como lo confirmó La Silla con un alto funcionario), y la noticia de que el juez aceptó emitirle medida de aseguramiento fue registrada por varios medios horas antes. Es decir que radicó su solicitud cuando ya era un hecho que iba a ir a prisión.

El impedimento de la concejal Name, finalmente, fue aceptado por la plenaria el pasado sábado.

El concejal José Arthur Bernal tiene ahora el chicharrón de decidir si le da o no la licencia a Rodríguez, pues para eso fue nombrado presidente ad hoc.

Bernal es un concejal primíparo que sabe bien que se juega su pellejo porque si no toma una decisión en derecho luego podría llegar incluso a perder su curul.

La decisión la tiene que tomar conjuntamente con la segunda vicepresidenta del Concejo, Olga Victoria Rubio (Movimiento MIRA), y aspira a que lo hagan esta misma semana. Para ello, buscará la asesoría de magistrados e incluso de amigos en el Ministerio Público, según supo La Silla.