El principal problema que Robinson, uno de los súper poderosos de las ideas en Colombia y autor del best seller ¿Por qué fracasan las naciones?, le ve a apostarle a la modernización de Colombia a través de una reforma rural como a la que aspira un Acuerdo Final de Paz, es que podría terminar siendo inviable.

Dice: “El Gobierno colombiano está todavía promoviendo la noción de que la solución del problema agrario pasa por la restitución de tierras y la redistribución de baldíos y de tierras mal habidas. De esta manera, crecen las esperanzas de la gente —cuando todos sabemos que esto es en realidad imposible de conseguir— y se aplaza la posibilidad de que la gente tome la decisión de rendirse y hacer algo distinto.

Al mismo tiempo, la redistribución de la tierra no puede ser la forma de resolver los conflictos en Colombia, porque por su naturaleza la reforma agraria es de suma-cero: o la tengo yo y tú no, o al contrario. Nada es más propenso al conflicto.

Colombia será moderna si esos jóvenes nerds superan al campesinado y hacen a la élite tradicional tan innecesaria y anacrónica como llegó a serlo la aristocracia británica.”

Para Robinson, la educación de calidad, en cambio, crearía oportunidades sin afectar los intereses de nadie. “No subestimo los problemas de la zonas urbanas en Colombia, que ciertamente no son un paraíso. Sin embargo, la pobreza es menor, los servicios públicos y escuelas son mejores, la política es más progresiva y hay muchas más oportunidades. Esa es la real discusión sobre una Colombia moderna.

Existen muchas sociedades exitosas hoy que resolvieron su problema rural ignorándolo y dejándolo marchitar”, concluye.

Robinson cree que la “paz territorial” planteada por el Comisionado de Paz Sergio Jaramillo no puede funcionar porque las élites locales no permitirán que haya un verdadero desarrollo rural que le quiebre el espinazo al clientelismo mediante un verdadero rebalance del poder en el campo.

Para Robinson, el campo solo se pacificará con la fórmula que dio el comandante paramilitar Vicente Castaño: “Cuando los ricos lleguen allí, las instituciones del Estado vendrán detrás.”

Ante la oleada de críticas, Robinson escribió un segundo artículo en el que señaló que la raíz histórica del conflicto no ha sido tanto la tierra (un argumento de sus críticos) como la inefectividad y el clientelismo del Estado colombiano.

El mensaje central es que este es un problema político. ¿Está la política lo suficientemente madura para que se pueda resolver este problema? Soy escéptico cuando el Gobierno nombra como superministro al abogado del hombre más rico en el país más desigual de América Latina, quien tiene una fortuna parcialmente basada en la antítesis de reforma agraria en Vichada. En Estados Unidos hay una expresión para esto: “Haga usted las cuentas”.

El ex ministro de Agricultura y director de la Misión Rural fue uno de los primeros en salirle al paso a Robinson, argumentando que el acceso a la tierra es central para la paz no solo porque corrige una de las causas históricas del conflicto sino porque tiene un gran potencial transformador de la vida allí.

“Es muy claro que el conflicto en Colombia exige resolver su problema agrario. Poco menos del 5% de los propietarios del país concentra el 55% de la tierra, según datos del IGAC, (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) una de las tasas de concentración más altas del mundo, y tres quintas partes de los predios rurales, sobre todo los de pequeños productores, carecen de títulos formales. ¿Sinceramente cree Robinson que Colombia puede ser una sociedad plenamente democrática, próspera, pacífica y mínimamente equitativa sin cambiar estos números?”, escribieron Ocampo y su colega de la Misión Rural, el investigador mexicano Julio Berdegué.

“Es cierto que la resolución del problema agrario mira al pasado, pero también al futuro. Todos los estudios realizados en Colombia, desde hace medio siglo, muestran que la productividad de la pequeña propiedad agraria es más alta que de la gran propiedad. Eso es cierto, pese a que la pequeña propiedad rural ha carecido, en general, de un firme apoyo del Estado”, concluyen.

El economista y ex codirector del Banco de la República despacha el debate Robinson como el del 'síndrome del economista doctor' que no conoce al paciente.

Para él, es una repetición de un debate que ya se dio en los años sesenta y setenta, cuando dos reconocidos economistas gringos asesoraron a los gobiernos de Alberto Lleras y Misael Pastrana. Mientras Lauchlin Currie recomendaba llevar a los campesinos a la ciudad masivamente para trabajar en construcción, Albert Hirschman insistía que solo la reforma agraria podía romper el equilibrio político pernicioso en Colombia.

Resolver el problema de la tierra es -para Kalmanovitz- una medida reparadora y, aunque la mayor parte de los campesinos no quiera volver a enfrentar “el terror de los orangutanes armados hasta los dientes”, también es posible “envisionar un campo explotado por pequeñas, medianas y grandes explotaciones, para las cuales hay 20 millones de hectáreas con vocación agrícola subutilizadas”.

La mayor crítica que le hace a Robinson el ex ministro de Agricultura es que los procesos de urbanización que generan cambios importantes en las sociedades -como sucedió en Taiwán o Japón- exigen que se tengan en cuenta temas claves del campo, como la producción de alimentos o el bienestar de los campesinos.

“Es increíble que un reputado profesor universitario presente como antagónicas las políticas de desarrollo para las ciudades y las que se ocupan del campo. Y no tenga dificultad intelectual alguna diciendo que hay que ocuparse de las primeras y olvidarse de las segundas”, escribió el ministro que lideró el cambio de política agraria del gobierno Santos y que asesoró el primer punto de La Habana.

“Si hubiera revisado un texto de desarrollo económico de primer nivel antes de venir a dogmatizar sobre Colombia, habría constatado que los procesos de urbanización que caracterizan los cambios estructurales en toda sociedad moderna (y Colombia no es una excepción ) exigen también que la seguridad alimentaria y el bienestar de las poblaciones que viven en los ámbitos rurales, lo mismo que la productividad de la agricultura, sean preservados.

Y que para lograr esto se requiere de políticas públicas activas por parte de los gobiernos. No indiferencia gubernamental hacia lo rural como él preconiza”, concluye.

El ex ministro de Hacienda y ex rector de la Universidad de los Andes es uno de los pocos que coincide con Robinson, porque -más allá del tema agrario- para él el debate sobre la educación es clave.

Hommes retoma en una primera columna la idea de un economista gringo, Darrell Hueth, que recientemente decía que era sorprendente la ausencia del tema educativo en La Habana cuando una de las mejores maneras de generar más oportunidades sería darles becas a todos los ex combatientes (tanto de la guerrilla como de la fuerza pública), parecido a como se hace en Estados Unidos.

En otra columna sobre el tema coincide con Robinson en que los problemas estructurales más graves de Colombia son la baja calidad de la democracia y la debilidad del Estado, que limitan el crecimiento del país. Y que, por lo tanto, la discusión debería girar en torno a cómo eliminar el clientelismo que impide ese desarrollo y que jugará un papel clave en el aterrizaje de la paz.

“La productividad del sector público colombiano es muy baja o negativa. Su ineficiencia es evidente y ubicua. Reconocer que esto es así es un primer paso, pero es particularmente difícil encontrar una solución porque una de las principales causas de la baja productividad de este sector es el clientelismo, que es, al mismo tiempo, el instrumento que hace posible la gobernabilidad en la organización política actual [...] pero la actualidad política no hace prever que sea fácil superar el clientelismo y ascender a un modelo de democracia de mayor calidad. La coalición política que apoya al gobierno actual está pegada con ‘mermelada’, el consenso que se aspira a alcanzar para celebrar la paz seguramente requeriría más de lo mismo, y al público colombiano no lo inquietan ni la rotación de dinastías familiares en la cúpula del poder público ni la corrupción política”, dice.

“Una receta para la eutanasia del campo”. Así describe la propuesta de Robinson este experto en tierras y asesor del equipo negociador en La Habana, que ha sido uno de los cerebros de la progresiva política de tierras que diseñó el gobierno Santos (y que, como ha contado La Silla, se ha venido desdibujando).

Dejar que el problema agrario se resuelva solo, argumenta, terminaría manteniendo el statu quo rural.

“El diagnóstico de Robinson tiene muchos aciertos, pero su receta es contradictoria con sus tesis anteriores, especialmente en Por qué fracasan las naciones, escrito con el brillante Daron Acemoglu: mantener el statu quo rural y dejar que el problema agrario se resuelva solo, dejar atrás al campesinado y volver irrelevantes a las élites territoriales es lo opuesto a tener instituciones incluyentes, generalizar derechos de ciudadanía y propiedad y multiplicar organizaciones y empresas”

“Justamente su última e inesperada receta es la que ha aplicado la élite colombiana de mala manera durante un siglo y estos son los resultados que tenemos: una guerra civil prolongada e intratable, una urbanización caótica y grandes contingentes de pobreza rural y urbana de difícil reducción. Es una receta para el fracaso como nación”, dice.

Porque, según concluye Reyes, “la tierra es inelástica pero su uso no: puede ser más o menos productivo si quienes la poseen son pocos o muchos, ilegales o legales, con apoyo del Estado o sin él”.

Este sociólogo y antropólogo que dirige el Observatorio de Restitución de Tierras que crearon cinco universidades, disecciona la columna de Robinson y ataca uno a uno sus argumentos:

“En primer lugar, el recuento de la experiencia internacional que presenta Robinson es un caso típico de lo que en inglés se llama “cherry picking”, es decir, de escoger lo que casa con lo que se está afirmando y desechar lo que podría interpretarse como evidencia contraria. Ofrece el ejemplo de las islas Mauricio y de Barbados (éxitos SIN reforma), así como de Zimbabwe (fracaso CON reforma). Pero no dice nada sobre los éxitos espectaculares con reforma (Corea del Sur, Taiwán y varios más), así como de fracasos sin ella (¿Haití?)".

"Tampoco se refiere a textos recientes que ya son referente obligado para evaluar las perspectivas de las reformas agrarias en el mundo en desarrollo y que hacen un análisis equilibrado y serio de ellas. El resultado de dicha evaluación es relativamente simple y claro: hacer una reforma es difícil, pero si la operación se corona con éxito los efectos en términos de la cantidad y calidad de desarrollo pueden ser muy grandes”

“Tampoco es terriblemente convincente la sugerencia de que las políticas que generan situaciones de suma cero son necesariamente inviables o erróneas. A veces hay que darse la pela (como lo ilustra el caso de Estados Unidos, que Robinson presenta como si llevara agua a su molino). Y los costos de no hacerlo pueden ser muy grandes”, dice Gutiérrez Sanín.

Para el investigador jurídico y fundador de DeJusticia en el fondo el debate que abre Robinson gira en torno a la tensión entre dos propósitos estatales: acabar con la injusticia social o lograr el desarrollo económico y que muchas de las posiciones en esta discusión desconocen uno de estos fines en beneficio del otro.

“[Robinson] desconoce la injusticia social (los derechos) en beneficio del desarrollo. Si, por ejemplo, la restitución de tierras a los campesinos no produce desarrollo, entonces hay que olvidar el despojo que padecieron y buscar políticas más rentables. La justificación es esta: con el desarrollo vendrá no solo la mayor riqueza de los ricos, sino la mejor condición de los pobres, como si todos hicieran parte de una marea que sube. Es posible que los despojados no alcancen esos beneficios; solo sus hijos o sus nietos. ¡Qué le vamos a hacer si la historia no es justa! Este realismo cínico del profesor Robinson es la contracara del idealismo jurídico.

“Pero esta teoría no solo es empíricamente dudosa (...) sino moralmente insostenible. Es dudosa porque es posible que las políticas redistributivas sean un camino más expedito hacia el desarrollo, como lo sostienen hoy muchos economistas (Amartya Sen, por ejemplo). Pero incluso si no fuese así, y si Vicente Castaño tuviese razón, su propuesta sería moralmente cuestionable. En una sociedad que garantiza los derechos, el Estado no puede dejar de hacer algo por una población víctima (de despojo, por ejemplo) con la idea (incierta) de que las cosas serán mejor para las generaciones futuras”, dice.

“El desarrollo debe hacerse con justicia social y la justicia social con desarrollo”, concluye.

Este economista y profesor del Instituto Juan March español le dedicó tres columnas al debate de Robinson.

Su mayor argumento contra la propuesta del inglés es que una reforma educativa de esa magnitud tampoco es sencilla porque -aunque pisa menos ampollas- requiere una inversión fuerte que tiene que salir de algún lado y cuya financiación sí genera resistencias soterradas.

A eso se añade que, según Medina, “Colombia no está generando suficientes empleos de calidad para absorber los productos de semejante milagro educativo. La economía se ha desindustrializado, no se ha logrado elevar la productividad de la agricultura, la inversión extranjera se concentra en sectores de minería y recursos naturales donde se genera poco empleo y así sucesivamente. Pero estos hechos no cayeron del cielo sino que son resultado de políticas y decisiones que han tenido ciertos beneficiarios. O sea que revertir estos procesos tampoco es coser y cantar”.

Si se trata de pensar en términos de realismo político como los que propone Robinson, argumenta, no solo las reformas en el campo han sido una eterna promesa incumplida. “Llevamos décadas en las que todo gobierno insiste en que va a priorizar la educación y los resultados han sido bastante modestos”, remata.

El ex ministro de Minas y director de la Escuela de Gobierno de los Andes ha sido uno de los pocos en abstraerse del debate agrario y centrarse solo en el de la educación.

“Seguramente tiene razón al afirmar que este problema es más fácil de resolver que el problema de la tierra y que en las zonas urbanas hay menos pobreza y más oportunidades que en las rurales”, dice Caballero, argumentando que la pregunta clave está en las oportunidades. “Si la educación no es de calidad y si no hay oportunidades de realización personal y de empleo, los colombianos van a continuar emigrando, legal o ilegalmente”, concluye.

Para este experto en narcotráfico y profesor de Eafit dice que la propuesta de Robinson -aunque polémica- da en el blanco.

“Hay que reconocer que Robinson apunta a un asunto central de la discusión que es recurrentemente obviado por las ansias de redistribución y justicia. Más allá de la tierra lo que los campesinos y la gente de las regiones quieren es hacer parte de una sociedad moderna. Es decir, el fin es ser incluidos en el Estado y los mercados modernos al margen de los medios que se utilicen para lograr tal inclusión”, dice Duncan, que es integrante de la Comisión Histórica del Conflicto que creó la mesa en La Habana (y ex bloguero de La Silla).

“En ese sentido el desarrollo agrario basado en la entrega de tierras a campesinos puede no ser necesariamente el medio más efectivo, ni menos conflictivo, para modernizar las regiones. Más aún, en determinadas circunstancias el dogmatismo con que se quiere imponer una política redistributiva y restaurativa puede ser contrario a la modernización. Sobre todo cuando por una aplicación excesiva se destruye las bases del desarrollo capitalista”, advierte Duncan.

“Vale la pena entonces considerar sin tantas pasiones la idea central contenida en el artículo de Robinson en El Espectador”, termina.

El filósofo del derecho y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional es uno de los pocos que ha insistido en que el análisis de Robinson -que describe como bienintencionado aunque errado por desconocimiento histórico- yerra porque crea un falso dilema entre campo y colegio.

“¿Por qué plantea la restitución y la educación en forma disyuntiva, como si tuviéramos que escoger entre la una y la otra? Claro que ambas son costosas, pero también necesarias. Además, el Estado que iría detrás de los inversionistas sería el Estado gendarme necesario para brindar seguridad a los enclaves productores, no el Estado social de derecho que pretende una verdadera inclusión social. Sin embargo, lo decisivo es que la solución al conflicto agrario pasa por superar el centralismo mediante la regionalización política”, escribe Arango, profesor de los Andes y miembro -dentro de la línea de Carlos Gaviria- del Polo Democrático.

Pero resolver la cuestión agraria implica voluntad y que los distintos sectores compartan una visión. Y eso, según Arango, no está sucediendo.

“Un mal tratamiento puede ser peor que la enfermedad. El conflicto armado en torno a la cuestión agraria puede visualizarse en términos de oportunidad de desarrollo o, adicionalmente, como factor propiciador de una profunda reorganización política y social. Lo primero se maneja con leyes, incentivos y mercados. Lo segundo con cambios constitucionales, reordenamiento territorial y asunción de responsabilidades de todo tipo. El Gobierno, y sus asesores internacionales, parecen empeñados en lo primero; líderes cívicos, organizaciones sociales, intelectuales y académicos en lo segundo”, argumenta.

Esta socióloga, que cubrió los temas agrarios y de víctimas durante dos años como periodista de La Silla, cuestiona que justo en el momento en que por primera vez en años la mirada se posa en el campo las propuestas de salida al conflicto giren en torno a cómo volver a abandonarlo.

“El problema es que entienda la educación al campesino como una forma en la que se iluminarán y abandonarán el campo. Como si los únicos valiosos en el país fueran los que tienen un título, y los que han querido dedicarse al cultivo fueran menos”, escribe, criticando la idea de que el trabajo productivo en el campo sea incompatible con la posibilidad de salir adelante.

“Esta historia paramilitar se le olvidó muy rápido a quien hace pocos meses escribió el prólogo del libro Guerras recicladas, de María Teresa Ronderos, y en el que resalta el logro de la periodista por mostrar cómo estas dos Colombias interactúan constantemente, y cómo en ese país dual ha existido un desinterés constante por la periferia. En ese libro Robinson señala cómo esta situación le abrió el espacio al paramilitarismo y ‘al cinismo de las élites nacionales y su deseo de lucrarse de la disfuncionalidad de la periferia, adueñándose, por ejemplo, de tierras en Nariño para sembrar palma tropical u otro valioso cultivo de exportación’. El texto de El Espectador pareciera que lo escribe otro Robinson”, dice.

Para este profesor de economía de la Universidad Nacional en Medellín la principal razón de ser de una reforma agraria es darles oportunidades a quienes viven en el campo, pero precisamente aquellas que sectores como la industria no son capaces de brindarles hoy en Colombia.

“En Colombia, la ‘descampenización’ se da sin proletarización, con empleos improductivos, precarios e informales. El precariado urbano es mayor al proletariado, en un proceso de desindustrialización prematura, mientras se reprimariza la economía”, dice Maya, argumentando que la educación no es todo, sino que debe estar acompañada de oportunidades de trabajo. Y que, en el actual contexto colombiano, es el campo el que tiene un mayor potencial de lograrlo.

“Robinson señala que los jóvenes colombianos que usan computadores son más iguales a sus similares estadounidenses que a los campesinos colombianos. La diferencia es que los jóvenes colombianos son consumidores y no productores de tecnología, porque el sector productivo está desligado del aparato educativo nacional. Predominan los abogados sobre los ingenieros, y estos tienen que emigrar”, señala.

Esta abogada manizalita, que fue gerente de la seccional en Caldas de la Andi y escribe sobre desarrollo regional en La Patria, cuestiona que la discusión abierta por Robinson tiene una visión muy fragmentaria del campo y omite su relación con fenómenos históricamente importantes como el narcotráfico.

“Este debate se ha centrado en una visión bastante bucólica del campo, como si las labores agropecuarias estuvieran opuestas a la modernidad. En el sector rural se desarrollan nuevas tecnologías y se implementa el mejoramiento de los procesos productivos. También se trabaja con software para monitorear la productividad y demás variables económicas de los negocios. En Caldas, para no ir más lejos, tenemos uno de los centros especializados más importantes del mundo en investigación, ciencia y tecnología del cultivo del café -Cenicafé-. Creer que la modernidad es tener a unos nerds sentados en oficinas en la ciudad desarrollando software y juegos de videos es una visión corta y romántica de la misma”, escribe Giraldo, que también es miembra de organizaciones ciudadanas como la Corporación Cívica de Caldas.

“Es evidente que el proceso de restitución de tierras y asignación de baldíos será un fracaso si solamente incluye la entrega al campesino de 4 hectáreas y una mula. Para que éste sea exitoso tendrá que ir acompañado de los instrumentos financieros y las herramientas tecnológicas que permitan a la gente del campo explotar su parcela de manera eficiente y competitiva. Así las cosas, si lo que se busca es la modernización del país, sustentada en una paz duradera y estable, la priorización que debe hacerse es entregar las primeras becas a los beneficiarios del proceso de restitución de tierras y asignación de baldíos”, concluye.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, una de las políticas cuyas resultados Robinson cuestionó, también le respondió con una carta abierta en El Espectador.

Sabogal no elabora mucho sobre los resultados globales pero enfoca su defensa de la política de restitución en su capacidad de reparación. “En los momentos en que se publicaba ese artículo, se cumplían 25 años de la masacre de Pueblo Bello, ejecutada por los Tangueros, el ejército privado del clan Castaño y quienes derivaron su nombre de la finca Las Tangas. (…) Hace unas semanas, muy cerca del aniversario de la masacre de Pueblo Bello, el Gobierno Nacional restituyó los derechos de propiedad sobre Las Tangas a los descendientes de los dueños originales. El simbolismo del acto es enorme: el Estado recuperaba lo que alguna vez fue el fortín del paramilitarismo. En pocas palabras, se hacía justicia”, dice.

“No puede haber desarrollo sin justicia. No creo que pueda consolidarse el desarrollo sin justicia social para las víctimas del campo colombiano. El proceso de transición que vive actualmente el país es en esencia un proceso de democratización. Es un proceso en el que se procura institucionalizar principios democráticos que sustenten de manera estable el andamiaje de un nuevo país. El derecho a la justicia es uno de esos pilares: uno esencial”, añade.

La historiadora y columnista de El Espectador cuestiona que Robinson argumente que hay que rendirse porque políticas como la restitución son objetivos difíciles, porque hay un Estado ineficiente y unas élites locales opuestas. Y que, en cambio, la fórmula “cada niño con su ipad y su educación urbana asegurada construirá una nación moderna”.

“A todos estos olvidos deliberados, Robinson agrega uno aún mayor: la historia ya no de las ideas sino de los propios actores. Su propuesta final es la de una modernidad libre de historia. Un verdadero borrón y cuenta nueva. Por esta misma vía, temas como el despojo y la violencia deben ser resueltos con altas dosis de indiferencia. La modernidad propuesta, acaso para que la nación no “fracase”, parecería que va emparejada, de nuevo, con un buen pacto de olvido. En esta visión, los campesinos ni siquiera están rezagados. El tema no es que su historia esté atrás, desactualizada. La realidad (Robinson nos pide que seamos realistas) es que toca borrarlos de la historia”, escribe Acevedo.