Gustavo Petro asumió todos los riesgos para lograr cambiar el modelo de la recolección de basuras en Bogotá. Al final, fue sancionado por la Procuraduría y no logró implementar verdaderamente el cambio de modelo. Fotos: Juan Pablo Pino

Era la bandera que condensaba las líneas principales de su discurso: la defensa de lo público, lo ambiental y la lucha contra las mafias. Y por eso el alcalde de Bogotá Gustavo Petro apostó todo o nada a esa nueva empresa. Un año y cuatro meses después, por sus actuaciones en esa iniciativa, el mandatario es sancionado por la Procuraduría con destitución e inhabilidad durante 15 años, abortando el cambio de modelo que había prometido para la ciudad y que hasta ahora no había podido realmente despegar.

Mientras el mandatario hace un llamado en twitter “al mundo” para que salgan a la calle manifestaciones pacíficas en su apoyo, la ciudad política digiere el fallo del Ministerio Público que, dicho sea de paso, estaba cantado. Aún queda por resolver el recurso de reposición, pero como es frente a la misma Procuraduría nadie espera que la decisión sea en un sentido diferente.

Ordóñez no eximió al Alcalde en ninguno de los tres cargos que le había formulado en junio pasado.

El primer cargo por haber pedido al director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y a los gerentes del Acueducto y de Aguas de Bogotá que suscribieran unos contratos y convenios para asumir la prestación del servicio de aseo sin tener experiencia.

El segundo, por haber expedido el Decreto 564 de 2012, mediante el cual adoptó un esquema de prestación del servicio público de aseo “por fuera de la ley”. La Procuraduría dice haber comprobado que el Alcalde vulneró los principios constitucionales de libre empresa y competencia debido a que se impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas, distintas a la del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre de 2012.

Y el tercer cargo que le formuló y le comprobó Ordóñez a Petro fue por haber expedido otro decreto: el 570 de 2012, mediante el cual se autorizó el uso de volquetas para operar las basuras en la ciudad. Según el Procurador, esta fue una de las causas por las cuales entre el 18 y el 20 de diciembre se dejaron de recoger en Bogotá entre seis mil y nueve mil toneladas de residuos sólidos.

Como para ambientar su decisión, horas antes Ordóñez había dado a conocer otro fallo de basuras, pero en contra de los entonces gerente del Acueducto y director de la Uaesp, respectivamente: Diego Bravo y Henry Romero, a quienes destituyó e inhabilitó por 12 y 11 años.

La decisión de destituir a Petro puede ser la gota que rebose la copa sobre los crecientes poderes del Procurador. Esto alimentará el sentimiento de que hay que recortar los poderes legales del Procurador General so pena de que paralice el funcionamiento del Estado.

Aunque las basuras no era un problema prioritario de la ciudad, Petro se la jugó todo por el cambio de esquema en las basuras porque con ello estaba cumpliendo con las tres líneas principales de su discurso: al quitarles a los privados sus contratos estaba defendiendo lo público, al establecer el programa Basura Cero estaba defendiendo el medio ambiente y también estaba luchando contra las mafias, ya que -como lo trinó varias veces- el Alcalde considera que en ese negocio había “mafias paramilitares”.

Y para ganar la apuesta fue asumiendo todos los riesgos, como el Alcalde suele exigírselo a sus funcionarios. El mismo Procurador se lo recordó a Petro hoy cuando, en la rueda de prensa en la que anunció la sanción, dijo que sobre sus “decisiones irregulares” le habían advertido al Alcalde varias entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la de Servicios Públicos, la Procuraduría delegada para la función pública, la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), la Contraloría, el Ministerio del Medio Ambiente…

Las advertencias de esas entidades quedaron registradas. Por ejemplo, en una entrevista que le dio en diciembre pasado a La Silla,  el entonces superintendente de Servicios Públicos César González le advirtió a Petro que su decreto de implementación del nuevo esquema de basuras era “abiertamente ilegal” pues violaba el derecho a la libre competencia.

En esa misma entrevista, el Superintendente dijo que el uso de volquetas para recoger los residuos sólidos estaba prohibido en todo el territorio nacional, aún estando en urgencia manifiesta que es la figura en la que estaba Bogotá el año pasado.

Por la falta de experiencia del Acueducto para manejar las basuras, que es otro de los cargos por los cuales fue destituido el Alcalde, fue advertido Petro por varios concejales como Juan Carlos Flórez y por la Personería y la Contraloría de Bogotá. Y la evidencia mayor de esa inoperancia fue que, como lo contó La Silla en su momento, a pocas horas de su día D (el 18 de diciembre pasado), la Administración buscó a los operadores privados de basuras para volverlos a contratar.

Y lo peor, es que un año después y pese a haber pagado este costo, la revolución de las basuras de Petro es un proyecto que no despega según pudo averiguar La Silla.

El 18 de diciembre del año pasado arrancó ese nuevo esquema de aseo propuesto por la Administración Petro. Las promesas fueron variando conforme pasaban las semanas. Por ejemplo, al principio se dijo que entraba un operador público y que los privados salían del negocio, pero al final los privados tuvieron que volver a ser contratados, como en su momento lo reveló La Silla.

Pero dos promesas nunca variaron: una, la promesa de incluir en el negocio de las basuras, con acciones afirmativas, a todos los recicladores de Bogotá, como lo ordenó la Corte Constitucional. Y dos, la promesa de implementar un proyecto llamado Basura Cero, el cual consiste básicamente en que la ciudad recicle más y por lo tanto produzca menos basura.

Un año después, los logros frente a esas dos empresas son más agrios que dulces.

De 13.757 (según el censo oficial de la Uaesp) recicladores que hay en Bogotá, se han beneficiado del negocio de las basuras 4.079 recicladores. Ellos han pasado por las cuatro bodegas de pesaje que en este año ha instalado el Distrito, han dejado constancia allí de su material y han recibido 73 mil pesos por cada tonelada de residuos reciclados. Esa es la acción afirmativa que tiene contemplada para ellos la Administración y que corresponde a un pago por el servicio que prestan de reciclar pues es adicional a lo que ellos consigan vendiendo su material. En total, en estos doce meses les han pagado por reciclar unos tres mil millones de pesos, que equivalen a unos 62 mil pesos mensuales en promedio a cada uno de los beneficiados.

Pero esas son cifras oficiales de la Uaesp, pues los recicladores dicen que han sido menos los beneficiados. Nora Padilla, una reconocida líder de recicladores que se ha sentado a negociar con funcionarios de la Administración y dice representar a cinco mil de sus colegas, le aseguró a La Silla que apenas les han pagado a unos 1.200.

“Hay cuatro bodegas públicas y 233 bodegas privadas autorizadas para que los recicladores vayan y pesen su material y después le cobren al Distrito, pero esas bodegas no son suficientes porque no todas quedan por las rutas de los recicladores. Eso sólo lo entiende alguien que sepa de este oficio. Un reciclador puede estar tres horas recogiendo su material en la basura, otras tres horas caminando a una bodega para venderlo y no va a invertir tres horas adicionales caminando hacia otra bodega autorizada que quede lejos”, dijo Padilla.

La líder y la Uaesp por separado explicaron que en Bogotá hay en total 1.500 bodegas de reciclaje, pero no todas están autorizadas para que los recicladores puedan pesar su material y registrar ese peso para luego cobrarle por su labor al Distrito.

Según Padilla, eso impide que todos puedan beneficiarse del negocio de las basuras porque geográficamente hay muchos que no tienen acceso a esos sitios

Según la nueva directora de la Uaesp, Lucía Bohórquez, quien llegó hace un mes al cargo, tanto la inclusión de los recicladores como todo el nuevo esquema en sí son procesos “lentos” y se van a ir autorizando nuevas bodegas pero de manera progresiva. “Aún no estamos en el nuevo modelo de las basuras. Esta es una etapa de transición y al nuevo esquema lograremos llegar cuando se haga una nueva licitación de basuras que incluya a los recicladores, tal y como lo ordenó la Corte”, dijo Bohórquez a La Silla.

¿Y cómo va Basura Cero? Al relleno sanitario Doña Juana siguen llegan a diario las mismas seis mil toneladas de basuras que llegaban el año pasado, según dato que nos confirmó la Uaesp. Exactamente son 6.340. Aunque la Uaesp explicó que de todas maneras el número de toneladas que llegan a Doña Juana a diario se está estancando con respecto a la población, que va en crecimiento, esto es un indicador de que la gente no está reciclando más (o por lo menos no significativamente más) y de que se está produciendo la misma cantidad de residuos sólidos que hace 12 meses. Es decir que la ciudad aún está lejos de su meta de basura cero.

Otra evidencia de que lo del reciclaje no ha despegado es que de la bolsa blanca y la bolsa negra para separar lo reciclable de la basura -propuesta de Petro- sólo se volvió a escuchar esta semana cuando la Uaesp sacó una norma decretando que todos los ciudadanos deben separar sus residuos.

Entre los avances que se pueden contar en el tema de basuras este año está la reducción en las tarifas que pagan los usuarios (de alrededor del 11 por ciento) y que el operador público Aguas de Bogotá esté operando “sin ninguna queja” en el 52 por ciento de la ciudad, como le dijo a La Silla Alberto Merlano, gerente del Acueducto.

Los privados que operaban antes las basuras (excepto Atesa, de William Vélez) siguen contratados con el Distrito, no sólo para la operación sino también para la facturación, pues dos de ellos son los dueños del Cupic (que se encarga de ese tema).

Aunque sus ingresos disminuyeron. La Silla lo contó apenas un mes después de implementado el nuevo esquema: conocimos los datos oficiales de los ingresos que tuvieron en promedio en 2011 Atesa, Lime, Ciudad Limpia y Aseo Capital y calculamos sus utilidades sobre 40 por ciento, su utilidad aproximada. Luego comparamos esas cifras con los ingresos en las nuevas condiciones de sus contratos y el resultado es que sus ganancias sumadas pasaban de 113 mil millones a 106 mil millones de pesos.

Una diferencia que no significa mucho si se tiene en cuenta que las nuevas condiciones que negociaron con el Distrito en realidad dejaron mejor ubicados a los operadores privados: ahora su pago es fijo mensual y no como antes que recibían un porcentaje de lo recaudado vía tarifa. Es decir, ya no dependen del recaudo que suele variar mes a mes y no tienen riesgos. Tampoco pagan de sus ingresos, como lo hacían antes, la facturación, que ahora corre por cuenta del Distrito.

A septiembre, como también lo contó La Silla, el programa Basura Cero apenas había cumplido el 9 por ciento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo.

La entrada del nuevo modelo, por fin, será cuando el Distrito pueda sacar adelante una nueva licitación en la que el operador público y los privados puedan participar. Pero en ese asunto no se ha avanzado en este año debido a que el Distrito está esperando que la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) expida un nuevo marco tarifario que incluya a los recicladores. Pero la CRA dice que con el actual se puede hacer el proceso, según dice la Uaesp. En conclusión, la nueva licitación -que ha sido el coco de varias administraciones distritales- sigue en cero.

Nota: Vea las opiniones de nuestros analistas en La Movida sobre la destitución de Petro.