Finalmente parece que la élite empresarial barranquillera se fumó la pipa de la paz. Una pelea por el control de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que lleva más de un año y que ha incluido grabaciones ilegales de conversaciones y señalamientos de corrupción, parece que logró resolverse ayer. Pero para ello se necesitó la intervención de la alcaldesa Elsa Noguera y del gobernador del Atlántico José Antonio Segebre.
Para buscarle salidas a la crisis, los dos funcionarios se reunieron con dirigentes empresariales, incluyendo a uno de los protagonistas del problema, el empresario Samuel Tcherassi (hermano de la diseñadora Silvia Tcherassi y propietario de la marca de ropa para niños EPK).
A la salida de la reunión, Tcherassi anunció que había que pasar la página y divulgó una carta en la que anuncia que ve posible llegar a un acuerdo con sus rivales y que, en ese caso, renunciaría a sus aspiraciones de llegar a la junta directiva de la Cámara de Comercio.
Estos gestos cambian el tono de lo que ha ocurrido en estos días, pero no dejan atrás ni los procesos legales que están andando ni la desconfianza por las grabaciones ilegales ocurridas en los últimos días.
La división de la élite empresarial barranquillera comenzó hace más de un año a raíz de las elecciones por el control de la Cámara de Comercio de la ciudad.
De un lado están quienes han manejado la Cámara desde hace años, y del otro, un grupo de comerciantes más pequeños y de empresarios que no habían estado en la Cámara, y que querían llegar a ella.
La pelea llevó a que se anularan unas elecciones de la junta directiva de la Cámara, luego pasó a una enredada guerra jurídica y terminó con la publicación de unas grabaciones ilegales que han dejado muy mal paradas a las dos partes.
La Cámara de Comercio de Barranquilla es una entidad poderosa, como son muchas de las Cámaras en el país. Tiene un presupuesto importante, una base de datos con la información de todas las empresas de Barranquilla e influye en el manejo de varias entidades que crean opinión o manejan grandes recursos, desde el Zoológico de Barranquilla hasta la fundación Protransparencia, pasando por el Centro de Exposiciones y Eventos del Caribe.
Mientras Enrique Berrío fue su presidente, entre 1991 y 2007, la Cámara estuvo bajo el control de parte de la élite empresarial de la ciudad y de la Fundación Mario Santodomingo, y gozó de estabilidad. Pero cuando Berrío salió de la Cámara para trabajar como secretario de movilidad de Álex Char, y lo reemplazó Luis Fernando Castro, las cosas se empezaron a calentar.
En 2009 Manuel María Márquez, de la veeduría “Visión Compartida”, divulgó en una rueda de prensa unas grabaciones ilegales hechas a Berrío, que seguía de secretario de Movilidad, con el ex gobernador y ex ministro Arturo Sarabia Better, en ese entonces embajador en Portugal.
Esas grabaciones desataron dos escándalos: uno porque eran chuzadas ilegales de alta calidad, lo que señalaba que había alguien con equipos y conocimientos del lado de quienes las grabaron, y otro por su contenido. Berrío y Sarabia, quien venía de ser presidente del Comité Intergremial (al que pertenecen algunas de las más grandes empresas de Barranquilla y la Cámara de Comercio), se referían de forma desobligante a Márquez y planteaban la posibilidad de denunciarlo ante la Fiscalía, incluso con testigos falsos.
Como contó La Silla, en Barranquilla se sintió que la discusión iba más allá de la puja por la Cámara de Comercio. Como Berrío había pasado a la administración Char, esa hipótesis no era descabellada.
Lo fue aún menos cuando, en los meses siguientes, fueron apareciendo poco a poco otras grabaciones a funcionarios cercanos a Char e incluso a sus secretarios. Y corrían rumores de que había muchas más grabaciones, que podían estar tratando de frenar el ímpetu de Char para terminar viejas concesiones del Distrito.
Con esa evolución de las cosas y ante la buena imagen de Char, la pelea salió del radar. Pero no por mucho tiempo.
En 2012 había nuevas elecciones a la junta directiva de la Cámara, pero antes de eso estalló una polémica por la concesión del aeropuerto de Barranquilla. El concesionario, entre cuyos accionistas estaban la Cámara de Comercio y el Comité Intergremial, quería prolongar la concesión, pero ésta era objeto de muchas críticas. Finalmente no hubo prórroga y el debate dejó deslegitimada a la Cámara y a su presidente, quien hacía parte del comité ejecutivo del concesionario.
Eso fue en febrero, y las elecciones eran en julio. Con la mala prensa que había ganado la Cámara y el antecedente de las grabaciones conocidas en 2009, todo estaba listo para que resurgiera el problema.
En mayo la Superintendencia de Industria y Comercio, que vigila las Cámaras de Comercio, anuló las inscripciones de varios de los aspirantes a la junta y de los comerciantes que se habían inscrito. El argumento para hacerlo es que muchos de los inscritos no eran comerciantes, un requisito para elegir o ser elegido.
Entre los eliminados estaba Manuel María Márquez, el veedor que presentó las grabaciones en 2009, y que se había convertido en un rival acérrimo del grupo que manejaba la Cámara.
El problema creció como una bola de nieve: comerciantes pequeños protestaron diciendo que las grandes empresas no los dejaban entrar (protestas similares ocurrieron en otras ciudades), hubo acusaciones de varios lados de estar creando empresas de papel (de nuevo, como en otras ciudades incluyendo a Bogotá) e incluso hubo quienes se crucificaron en protesta a la decisión de la SIC.
Finalmente, y después de un aplazamiento, se dieron las elecciones y el grupo que venía manejando la Cámara sufrió una derrota. La mayoría de la junta quedó en manos de personas no vinculadas al grupo que la venía manejando y así cambió el equilibrio de poder.
Aunque no fue el que obtuvo más votos, el empresario Samuel Tcherassi se convirtió rápidamente en el portavoz de los nuevos elegidos y empezó a hablar de cambios. La posición del presidente Luis Fernando Castro empezó a debilitarse.
Pero eso duró poco. Otro de los elegidos que era cerano al grupo que venía manejando, Charles Chapman, y el presidente de la Fundación Mario Santodomingo y antiguo miembro de la junta, Pablo Gabriel Obregón, denunciaron ante la SIC que se habían creado 1.500 compañías exclusivamente para tener más votos en la elección.
En septiembre la Superintendencia les dio la razón y anuló las elecciones por considerar que se habían presentado irregularidades y puso a la Cámara a depurar a sus afiliados votantes. Y desde ese momento, Tcherassi aceptó haber creado varias de esas compañías pero dijo que eran para un plan de expansión de negocios.
A partir de ahí empezó una guerra jurídica con tutelas encontradas y con elecciones aplazadas varias veces. En marzo incluso hubo una marcha contra el “secuestro” de la Cámara a la que asistieron cientos de pequeños comerciantes.
Mientras tanto, se fueron alineando algunos intereses. Del lado más crítico está el portal zonacero.info (que, por ejemplo, reveló varios correos entre empresarios cercanos a Castro y a la vieja élite de la Cámara en los que preparaban movidas para enfrentar a los críticos o denunció movidas de votos de la Fundación Mario Santodomingo) y el diario La Libertad, que denomina a ese grupo el “Cartel del Suero”.
Y, mientras tanto, La República publicó una nota en la que mostraba que la Fundación Mario Santodomingo había utilizado sus relaciones con pequeños comerciantes, a los que financia con microcréditos, para pagarles las afiliaciones a la Cámara y llevarlos a que votaran por sus candidatos.
La tensa situación se aceleró la semana pasada. El jueves el diario bogotano La República publicó unas grabaciones de Tcherassi aceptando que había creado empresas para ganar el cupo en la junta directiva, que El Heraldo retomó muy rápidamente.
Tcherassi, además, decía que era la única manera de oponerse al poder de la Fundación Santo Domingo y de un gremio de comerciantes llamado Unión Nacional de Comerciantes (Undoc), y que sencillamente había copiado un esquema que se había inventado el abogado Ricardo Varela, elegido a la junta en las elecciones anuladas, cercano a Fuad Char y quien ha participado activamente en la pelea del lado de quienes vienen manejando la Cámara.
Al día siguiente, Zonacero publicó una grabación entre dos miembros de la junta (Carlos Murgas, ex ministro y delegado de Juan Manuel Santos, y Charles Chapman). Aunque lo que decían no era comprometedor, pues sencillamente anunciaban que iban a armar ‘show’ para frenar a Tcherassi, Zonacero y la Emisora del Atlántico anunciaron que tenían otras partes de la grabación y las iban a publicar gota a gota. Con eso en el aire varios de quienes han sido criticados por esos medios se sintieron amenazados, una situación similar a la de 2009.
Con esas revelaciones quedó claro que había más grabaciones y que éstas podían afectar a los dos lados de la pelea. Encima de eso, este martes el Consejo Superior de la Judicatura anunció que había revisado el trámite del reparto a un juez de una tutela que buscaba defender los resultados de las elecciones de 2012, y que había encontrado irregularidades que puso en conocimiento de la Fiscalía General mediante una denuncia.
Tras ese toma y dame de grabaciones ilegales y problemas que podrían terminar en la cárcel vino la reunión del martes en las que la intervención de Segebre, quien tiene buenas relaciones con algunos de los críticos, y Noguera, quien las tiene con los empresarios que han venido manejando la Cámara, ayudaron a bajar la temperatura. Las declaraciones de Tcherassi confirmaron ese cambio.
Aunque aún falta por ver si definitivamente fuman la pipa de la paz, ya los dos lados perdieron credibilidad pues quedaron en evidencia las manipulaciones para llegar a la junta. También está por verse si el final de la pelea es una oportunidad para renovar la Cámara, o más bien es para que todos se hagan pasito.
Nuestro mínimo común denominador: LA CORRUPCION, junto al máximo común divisor: MAS CORRUPCION. Resultado final: CORRUPCION A LA ENESIMA POTENCIA.