La semana pasada los medios registraron la siguientes noticia: la Procuraduría impuso la máxima sanción posible –destitución y 20 años de inhabilidad- a dos excongresistas del Chocó, los señores Edgar Ulises Torres y Odín Sánchez, por sus vínculos con paramilitares. El comunicado relataba que después de una profunda investigación el organismo encontró que los  “exparlamentarios asistieron a reuniones con jefes paramilitares para acordar la promoción y el auspicio de este grupo a cambio de beneficios económicos y electorales”.

Ejemplar actuación de la Procuraduría, solo que eso mismo ya lo había determinado la justicia 3 años atrás y los había condenado a nueve años de cárcel. Llevan 5 años detenidos y probablemente recuperen su libertad pronto y podrán ir a la Procuraduría a notificarse de la importante pero inútil decisión. Torres y Sánchez ya no ejercen sus cargos y no están inhabilitados por 20 años sino de por vida.

La Procuraduría duró varios años en hacer su juiciosa investigación. Imagino que le representó el gasto de muchas horas de trabajo de sus funcionarios y de recursos técnicos, incluso desplazamientos a distintos lugares del país a recolectar pruebas. En este caso al menos los encontró culpables, que era lo que la justicia había dicho hace años. En otros casos después de juiciosas investigaciones ha encontrado inocentes a congresistas condenados por parapolítica años después de que la Corte los ha condenado.

Pero el caso de los ex congresistas chocoanos no es excepción. Hace pocos meses había ocurrido lo mismo con Héctor Zambrano ex secretario de salud de Bogotá, condenado por la justicia a quien la Procuraduría sancionó ejemplarmente unos meses después de que la justicia lo condenara.

La duplicidad entre lo penal y lo disciplinario es algo irracional por lo que la idea del proyecto de “equilibrio de poderes” que propone que la conducta tenga consecuencias penales o disciplinarias pero no ambas es muy positiva. Si se logra esto sería un avance importante para simplificar esa maraña en que se ha convertido el sistema de controles en Colombia.

En este caso alguien sobra y creo que no hay duda que es la Procuraduría. El debate importante no es quién elige al Procurador sino para qué sirve la Procuraduría. Esta redundancia se puede predicar también de los denominados procurador judiciales y de las funciones de derechos humanos que duplica las de la Defensoría del Pueblo y en unas y otras duplica –triplica sería- las de las personería y en las disciplinarías las de las oficinas de asuntos disciplinarios que hay en cada entidad-

Pero en otros casos alguien falta. Por ejemplo, a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia la acusaron de tráfico de influencias y otras faltas por haberse ido de paseo con unos magistrados de tribunal que después –al menos uno de ellos- resultaron elegidos en la Corte Suprema. No discutamos por ahora quién tiene razón para poder concentrarnos en el procedimiento mediante el cual alguna autoridad determine si la magistrada cometió o no alguna falta.

Resulta que ese caso, por una tradición que viene de las Constituciones del siglo XIX, tiene el mismo procedimiento que el que tendría para juzgar a un Presidente de la República. La sola comparación muestra la desmesura y pone de presente que es que no hay un mecanismo para juzgar la conducta de la magistrada. Si lo que hay que hacer es un “juicio político” equivalente a aquel que habría que hacer para “tumbar” a un Presidente es que no hay control.

No solo es que la Comisión de acusaciones sea de “absoluciones”, sino que no está diseñada, ni tiene como, ni se justifica que deba investigar conductas como la mencionada. O como la del magistrado de la Judicatura acusado de recibir dádivas para enviar procesos a la justicia militar.

La propuesta de reforma trae un “tribunal de aforados” que permitiría que los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la nación tengan algún control que hoy no tienen. Así de simple. Cómo se elige el Tribunal, pues de discute, pero mantener la absurda situación de una serie de funcionarios que no tienen quien los vigile sería un exabrupto.

Si la reforma reduce a sus justas proporciones al que sobra y crea al que falta ya estaría bien. La –propuesta-sin embargo-  va mucho más allá. Y eso nos dará tema durante casi un año. Si el proyecto se aprueba: se acabarán las reelecciones (no solo la del Presidente y la, de otros altos funcionarios, sino también de rectores de Universidades, directores de Corporaciones Autónomas, de hospitales y de personeros entre otros); se eliminará el voto preferente y las listas serán cerradas, se acabará la Comisión de acusaciones, se suprimirá el Consejo Superior de la Judicatura, se le recortaran las funciones a la Procuraduría y varias otras cosas gruesas pasaran en las reglas de juego de la política.

Para terminar, o mejor para comenzar el debate, propongo que construyamos colectivamente un detector de mentiras de lo que se dice de la reforma: Aquí mis primeros aportes:

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N.C. Debo advertir que participé en algunas de las reuniones en las que se discutieron fórmulas para la preparación del proyecto, por lo que -si se quiere- puedo ser una opinión interesada, pero opinión al fin. De lo que se trata es de abrir el debate.