Como contó la Revista Semana el domingo pasado, la Nación enfrenta millonarias demandas de los cuentahabientes de DMG y otras pirámides financieras. Y en este pleito, que promete ser uno de los más costosos que ha enfrentado el Estado, un hombre es la clave. Lo curioso es que tanto los demandantes como el Gobierno están usando sus declaraciones a su favor. Se trata del representante a la Cámara Guillermo Rivera.
El representante por el Putumayo fue el primero en denunciar la existencia de esas empresas de captación ilegal y en reclamar al Gobierno que interviniera y, básicamente, que dijera si se trataba de empresas legales o no. Sus primeros llamados de atención a las autoridades ocurrieron dos años antes de que el presidente Uribe las interviniera. Por cuenta de ellos le llovieron críticas e incluso amenazas contra su vida y contra su familia que lo mantuvieron durante meses lejos del Putumayo.
En las pasadas elecciones estuvo a punto de perder su curul en la Cámara de Representantes porque sus rivales políticos, que precisamente se ubicaron en la lista de Apertura Liberal-DMG, convirtieron en bandera política su ataque frontal a las pirámides y lo mostraron como el responsable de que la gente hubiera perdido su dinero.
Ahora, esos mismos que votaron en su contra y otros damnificados de las pirámides en otros departamentos están pidiendo que sus declaraciones -que en el pasado rechazaron- sirvan de prueba reina para demostrar que el Gobierno hubiera podido intervenir las captadoras ilegales mucho antes de que estallara la crisis a finales de 2008 y así evitar que tanta gente perdiera sus ahorros.
Desde diversos juzgados del Putumayo y de Nariño le han llegado a Rivera requerimientos para que declare en los juicios contra el Estado como 'testigo clave'.
Hasta ahora la mayoría de solicitudes corresponden a las demandas de los estafados por la empresa Proyección DRFE –propiedad de Carlos Alfredo Suárez– que sólo funcionó en el sur del país. Pero ya le han anunciado que lo llamarán como testigo en varias de las demandas de grupo que se instauraron por los afectados de DMG, de David Murcia Guzmán.
Aunque la mayoría de damnificados proviene de estas dos pirámides, entre 2005 y 2007 se conformaron 19 entidades captadoras ilegales de recursos y, a partir del primer semestre de 2008, se incrementó en 692 por ciento esa cifra. Cuando el Gobierno decidió intervenir ya existían 222 captadoras ilegales.
Los abogados de los damnificados buscan demostrar que el Gobierno dejó funcionar a las pirámides, que estaban legalmente constituidas ante las Cámaras de Comercio como “actividades rentistas de capital” aunque era obvio para todo el mundo que su actividad real era la de captación masiva de dineros.
También argumentan que la DIAN cobró impuestos a DRFE hasta agosto de 2008, poco antes de la intervención, y que esos documentos oficiales eran lo que mostraban los de la pirámide a los que querían pruebas de su 'legalidad'. Fueron 6.500 millones de pesos que recaudó el Gobierno por los impuestos que pagaban las 60 oficinas de captación masiva de esa empresa en varias partes del país.
Lo que intentan probar los demandantes es que la información que les entregó Rivera a varios funcionarios del Alto Gobierno, dos años antes de la debacle de las pirámides, les hubiera permitido combatir o evitar la captación masiva y con ello la crisis económica y social. Y que la negativa del Gobierno a escuchar al Representante Rivera fue una aceptación tácita del "principio de legalidad financiero".
Acusan a la Superintedencia Financiera de no haber protegido el ahorro del público. Y a la de Sociedades, porque nunca envió a la Fiscalía un informe para que investigara a las captadoras, aunque sí reportó irregularidades a la Superfinanciera. Igual a la DIAN y la UIAF, porque no reportaron operaciones peligrosas.
Para los abogados de los inversionistas afectados es claro que la UIAF tenía pleno conocimiento de algunas irregularidades cometidas por las empresas captadoras de dinero, y que solamente solicitó información a las mismas a partir del 31 de octubre de 2008. Además, quieren demostrar que el gobierno hubiera podido utilizar la Ley de Quiebras y no esperar a decretar una Emergencia Económica.
Alegan que durante los debates en el Senado, los congresistas de la oposición denunciaron que el Gobierno habría podido evitar la crisis si hubiera intervenido a tiempo. Y que en 2009 la Procuraduría abrió una investigación contra 18 funcionarios del Gobierno de Uribe porque aparentemente no actuaron a tiempo contra las pirámides.
Y por último, se apoyan en la declaración del entonces presidente Uribe quien, cuando ya estalló el escándalo, despidió a través de los medios al Superintendente de Sociedades por no haber actuado a tiempo y dijo: “Yo me duelo de no haberme metido personalmente a escudriñar el tema. Empecemos por mi culpa, yo debí meterme en el detalle porque yo preguntaba y me decían, no Presidente, estamos investigando”. Es decir, reconoció la responsabilidad del Gobierno.
Guillermo Rivera se enteró de las pirámides por la pauta que cotnrataban estas empresas en los medios locales. Primero supo sobre DMG y posteriormente sobre DRFE, pero fue durante sus recorridos por el Putumayo que se dio cuenta que esas empresas eran tema obligado de conversación. Aunque sólo tuvo la certeza de que se trataba de algo ilegal cuando se dio la intervención del Gobierno, dice que siempre sospechó que se trataba de lavado de activos o cuando menos de una captación masiva de dinero. Por ello le pidió al Fiscal General revisar el tema.
En una carta fechada el 24 de noviembre de 2006, le advierte al entonces fiscal Mario Iguarán sobre la existencia de estas empresas en todos los pueblos del Putumayo. En el último párrafo le pide descartar que se tratara de lavado de activos. Rivera dice que nunca obtuvo una respuesta a esa comunicación.
Cuando en el Putumayo se supo sobre esa carta, a Rivera lo insultaban en la calle, perdió muchos electores, recibió amenazas por el correo electrónico y sus padres tuvieron que abandonar Mocoa durante un tiempo.
El siguiente año, Rivera insistió. Visitó al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y le dijo que estaba preocupado por las actividades de DMG, que esa empresa se estaba expandiendo demasiado y esto podría salirse de control. El mismo Zuluaga reconoció a la Plenaria del Senado, a finales de noviembre de 2008, en plena crisis, que Rivera se lo había advertido.
A principios de 2008, cuando las empresas como DMG empezaron a multiplicarse en todo el país, Rivera dejó una constancia en la Plenaria de la Cámara. Delante de todos sus colegas, llamó la atención sobre la necesidad de que el Gobierno Nacional actuara. Y además dio una docena de entrevistas en los medios de comunicación advirtiéndole a la gente que no invirtiera en esas empresas que tenían ungran viso de ilegalidad.
Rivera consideraba que era necesaria la intervención del Gobierno porque se estaba dando una información equivocada. Lo que aún piensa el congresista es que el hecho de que esas empresas funcionaran a plena luz del día, junto a todas las autoridades en cada municipio y que incluso pagaran impuestos, les daba un aire de legalidad.
Ya después, cuando finalmente intervino el Gobierno, Rivera dijo que ya era tarde.
En parte, las declaraciones de Rivera cayeron en oídos sordos porque siendo un miembro del Partido Liberal, y además muy cercano a Rafael Pardo, era visto como un miembro más de la oposición al gobierno de Uribe. Sin embargo, ahora, el gobierno de Santos ve en él y en sus declaraciones -antes ignoradas- su tabla de salvación.
Sus declaraciones a los medios de comunicación advirtiendo sobre el peligro de hacer este tipo de inversiones es la prueba que usará el Gobierno para demostrar que la gente que metió su plata en las pirámides sí sabía el riesgo que corría y que si perdieron la plata lo hicieron por culpa propia.
El Gobierno alegará que los demandantes estaban por fuera del sistema financiero y que por lo tanto no podían ser vigilados. Y que, además, estaban en la ilegalidad: no pagaban impuestos y como si fuera poco, David Murcia reconoció en la cárcel de Estados Unidos a donde fue extraditado, que usó estas pirámides para lavado de activos.
Como prueba de que no pudieron haber actuado antes contra Murcia y compañía, el Gobierno dirá que debieron declarar la emergencia económica y social para configurar el delito de captación ilegal con base en el cual el cerebro de DMG y otros fueron capturados. Y que, al final, la Corte Constitucional declaró exequible porque consideró que sí era necesaria la intervención.
También pasará al contraataque. El Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, aseguró que las demandas son "temerarias" porque ya el Gobierno hizo una devolución a los damnificados (275 mil pesos a cada cuentahabiente). Y culpó a "carruseles de abogados" de estar “pescando en río revuelto” porque están convirtiendo una suma que era de dos mil millones y medio de pesos en 45 billones.
Echeverry va a alegar en los estrados judiciales que la gente que invirtió en las pirámides actuó como cómplice de los dueños de las pirámides. Y que, si quieren demostrar que no lo hicieron, tendrán que probar que pagaron impuestos por esas ganancias y también que nunca lavaron dinero.
En Presidencia ya crearon un grupo especial para montar una estrategia jurídica para defenderse pues, si prosperaran estas demandas, podrían significar un descalabro para la economía del país (equivalente a lo que costará toda la Ley de Víctimas en 10 años). Y, además, terminarían legitimando una situación abiertamente ilegal.
Su mayor temor es que los jueces de las regiones donde se están instaurando las denuncias también invirtieron en las pirámides y que, por lo tanto, muchos de ellos podrían fallar en causa propia. Aunque todos los jueces de Nariño y Putumayo, epicentro de las pirámides, ya se declararon impedidos y eso obligó al Consejo Superior de la Judicatura a nombrar jueces exclusivos para conocer de las demandas por las pirámides.
La pelea en los estrados judiciales apenas comienza y ambas partes cuentan con el mismo as bajo la manga: el representante Guillermo Rivera.
Responda y haga preguntas sobre la demanda de los damnificados de DMG en la cajita de más abajo:
Damnificados de DMG demandan al Estado
Yo viví esa época en el Putumayo, y recuerdo mucho las advertencias de Guillermo Rivera sobre esas empresas. Casi que le rogaba a la gente que no metiera dineros en esas captadoras, pero como nuestra idiosincrasia es facilista la gente lo tildaba de envidioso, de arribista, etc. Al punto que cuando cayeron esas pirámides a los padres de Guillermo Rivera les tocó salir huyendo de Mocoa porque había serias amenazas contra la vida ellos, que les iban incluso a incendiar la casa. Yo, fui uno de los pocos que le hizo caso y no metí dinero en esas pirámides, pero hay que destacar que Rivera tuvo la valentía de denunciar con anticipación esas captadoras ilegales, pero tampoco me parece que se deba favorecer a los demandantes con dineros de la nación. Es necesario que aquí todos los órdenes institucionales se unan para evitar este descalabro al Estado. Ahora si ya se les había advertido, las víctimas de estas captadoras también son corresponsables de este delito, ya estaban advertidos.
Otra verguenza del anterior Gobierno, espero que sus allegados se cubrieran para el intervenir DMG y DRFE, que tan raro que todo los que hagan estos viles Politicos siempre lo paga el Pueblo, pero este Pueblo se inmortalizo siendo marionetas del sistema, nunca hay una sublevacion como la que esta ocurriendo en los Paises del Medio Oriente y Norte de Africa, eso es debido a que nos mantienen en un sopor que solo ellos los politicos, los medios de comunicacion, la sociedad de consumo, la droga ,las fiestas en cada M/pio o ciudad de Colombia, las religiones y la falta de una buena educacion, por todo esto y por la forma de cada uno de nosotros actuar, por que somos unos duros cuanto de mandar a matar se dice, somos unas Urracas cuando de hablar de los semejantes, y somos los reyes de la mentira y la desidia.