El jueves pasado la Superintendencia de Sociedades le ordenó a la multinacional brasilera Mónica Semillas devolver 2.076 millones de pesos que recibió en subsidios del Gobierno, después de que se demostrara que dividió sus predios mediante empresas de papel para conseguir más ayudas que las que le correspondían.
Con el duro fallo contra Mónica Semillas, que recuerda las peripecias legales que utilizaron familias como los Dávila Abondano para recibir subsidios de Agro Ingreso Seguro, la Supersociedades -en cabeza de Luis Guillermo Vélez- pone en cintura a una empresa que creó un entramado para saltarse los topes legales. Y advierte que “no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que los empresarios se refugien detrás de personas jurídicas societarias para eximirse del cumplimiento de aquellas normas que consideren inconvenientes o desatinadas”.
Con este caso, se crea además un precedente político que será muy difícil de ignorar para el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde cuando presente el proyecto de ley sobre los baldíos, que el presidente Juan Manuel Santos prometió desde julio y que todavía no le ha presentado al Congreso. Y en el que Santos tendrá que decidir, como contó La Silla, entre salvar a los 'cacaos' que compraron tierras en la Altillanura volándose los topes para terrenos originalmente destinados a campesinos sin tierra o el discurso que ha vendido en La Habana sobre una verdadera transformación del campo.
Y de paso el fallo confirma que las investigaciones sobre tierras que adelantaron Juan Camilo Restrepo desde el Ministerio de Agricultura, Miriam Villegas desde el Incoder y Jorge Enrique Vélez desde la Superintendencia de Notariado en los últimos dos años iban por el camino correcto, pese al viraje desde que estalló el 'chicharrón' de los baldíos en junio.
Mónica Semillas, una empresa brasilera que tiene cultivos de soya y de maíz en Brasil y Bolivia, llegó a Colombia en 2008.
Ese año compró a través de la compañía Mónica Colombia Ltda (hoy Monica Colombia SAS) una finca de 973 hectáreas -llamada La Ponderosa- en Puerto Gaitán (Meta) para cultivar soya. En 2009 el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) le aprobó un subsidio llamado incentivo a la capitalización rural (ICR) por 692 millones de pesos.
Ese mismo año compró otros tres predios vecinos, usando tres compañías de nombres diferentes pero con los mismos accionistas y representantes legales intercambiados (todos miembros de las familias brasileras Marchett y Cambruzzi). Es así como Tilava SAS compró La Esmeralda, Agrocaxias SAS compró Rosa Blanca y Monicol SAS hizo lo propio con Chaparral.
Cada una de estas empresas luego solicitó un subsidio, recibiendo en total cuatro subsidios en 2009 y sumando 2.076 millones de pesos más de los que debería, ya que la ley estipulaba que una sola empresa sólo puede recibir un subsidio en un período de 12 meses. Es decir, en el fondo una sola empresa con un gran proyecto de soya pidió al Gobierno subsidios como si fueran cuatro empresas diferentes con cuatro cultivos distintos.
Por esta razón, en diciembre de 2012 Finagro -que dirige Luis Eduardo Gómez- y el Ministerio de Agricultura -entonces bajo el ala de Restrepo- presentaron una demanda contra Mónica. Y la SuperSociedades, que actúa como juez en este caso, le dio la razón en un fallo de única instancia, que no permite apelación.
Al examinar los motivos que llevaron a Mónica a fraccionar los predios, el superintendente delegado de procedimientos mercantiles José Miguel Mendoza concluyó que no se había hecho para un fin legítimo como, por ejemplo, que los socios no vieran comprometido su patrimonio más allá de lo que habían aportado (el llamado beneficio de limitación de responsabilidad, que es uno de los sustentos de la existencia de las sociedades).
“No tendría sentido, en verdad, que se hayan contemplado límites respecto del número de incentivos que pueden obtenerse para financiar un mismo proyecto, para luego permitir que los particulares ignoren esos topes mediante el simple fraccionamiento de una misma operación agrícola”, dice la Superintendencia, antes de concluir que “la única justificación verosímil detrás de la citada estructura está relacionada con la elusión de las restricciones establecidas en la legislación agrícola colombiana”.
Sin embargo, no es el único problema legal que tiene la empresa brasilera. Mónica es una de las 13 empresas que aparecen en el informe final de gestión sobre tierras del ex ministro Restrepo, porque ese mismo entramado legal le sirvió para saltarse los topes que existen para antiguos baldíos que establece la ya célebre ley 160 de 1994.
En total, Mónica posee 8866 hectáreas, en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar (UAF) -o el máximo permitido de tierras de reforma agraria- es de 1107 hectáreas.
Y esta otra peripecia legal también la demandó el Incoder y está en curso. El paso clave, sin embargo, era que Supersociedades decretara que en efecto se trataba de que, a pesar de usar varias sociedades, en el fondo es una sola empresa y un solo proyecto.
Pero el caso de Mónica Semillas va más allá de la orden de devolver los tres subsidios que la empresa brasilera no tendría que haber recibido.
Al señalar el fallo que figuras como sociedades por acciones simplificadas (SAS) están siendo usadas para burlar la ley, la Supersociedades deja abierta la puerta para que todas las empresas que crearon andamiajes jurídicos similares para acumular indebidamente terrenos que en su origen eran para campesinos sin tierra, sean también castigadas.
Es ahí donde entran muchos de los casos que dieron pie al 'chicharrón' de los baldíos y que terminaron costándole el puesto al embajador en Washington Carlos Urrutia, cuya antigua firma de abogados Brigard y Urrutia asesoró varias de las compras.
Bajo este tipo de 'interposiciones societarias' -como la llamó Supersociedades en el caso de Mónica- fue que la empresa italo-española Poligrow compró 5500 hectáreas en el Meta. O que el ingenio Riopaila Castilla compró 42 mil hectáreas, que la multinacional estadounidense Cargill adquirió 50 mil hectáreas y que The Forest Service tiene 13 mil hectáreas, todas en el Vichada.
Y políticamente pone al Gobierno de Santos de nuevo en un aprieto, en momentos en que está redactando el proyecto de ley que regulará de ahora en adelante el uso de los baldíos y de los antiguos baldíos.
Aunque el ex ministro Francisco Estupiñán prometió en varias ocasiones que este proyecto no buscaría regularizar las compras cuestionadas hacia atrás, al final varios de los tempranos borradores sí buscaban -como contó La Silla- salvarle el negocio a los 'cacaos' que compraron estas tierras saltándose los topes.
Una primera versión proponía una fórmula de contrato temporal para los predios enproblemados donde había un proyecto productivo en marcha. En esos terrenos, las empresas perdían la titularidad de la tierra pero conservaban la tenencia hasta por 30 años, en una especie de arriendo o ‘leasing’ que los obligaría a mantener la productividad, a pagar impuestos sobre ésta y a asociarse con -y no sólo contratar- campesinos.
Una segunda versión eliminaba estos contratos, pero incluía la idea -expuesta por el ex ministro Néstor Humberto Martínez, abogado de cabecera de Luis Carlos Sarmiento y asesor del gobierno en el proyecto- de que si los antiguos baldíos no tenían ninguna prohibición de compraventa claramente señalada en sus matrículas inmobiliarias era imposible para sus compradores saberlo y que, por lo tanto, las transacciones tenían que haber sido de buena fe.
La Silla supo que en agosto altos funcionarios de Agricultura y de la Secretaría jurídica de Presidencia concluyeron que no había manera de salvarle las inversiones a estos cacaos, una conclusión que parecía haber sido definitiva y que incluso llegó a la mesa de diálogos en La Habana.
Con la salida de Estupiñán, la llegada de Lizarralde al ministerio y el revolcón al interior del sector agrario (que incluyó la salida de las directivas del Incoder), el proyecto de ley pasó a un segundo plano y ha venido siendo manejado en total sigilo.
Hasta ahora Lizarralde ha hablado muy poco del tema, pero su idea de que el 20 por ciento de los predios acumulados sea destinado a pequeños y medianos productores deja entrever que el Gobierno aún no ha renunciado a la idea de salvar a los cacaos.
El fallo contra Mónica Semillas se la pone más difícil a Santos, porque elimina algunas de las ideas que han hecho carrera desde que estalló el escándalo en junio. Por ejemplo, para la Supersociedades, la existencia de vacíos jurídicos -como los que esbozó Francisco Uribe, el abogado de Riopaila- no excusan las peripecias legales porque “no puede servir de excusa para defender la infracción deliberada de las limitaciones previstas”.
Y, más que nada, porque si Santos escoge salvar a los cacaos cuestionados después de que su Superintendencia de Sociedades castigara a uno de ellos, el mensaje será mucho más difícil de digerir.
@agrosostenible
En Paraguay a Lugo lo sacaron *volando* los amantes de Monsanto y Cargill enlazados con las Fuerzas Militares (por herencia de puestos o nepotismo directo). ¿Acaso en Colombia se puede dar un panorama así? No sé, con los nombramientos de Santos, ¡lo dudo mucho! Poner a Izarralde debió ser un afrodisíaco para estos tipos...
P.d.: Creerle a Mónica Semillas sin observar su lobby y a qué políticos les paga la carrera es como creerle a Monsanto sobre glifosfato y sus efectos: ja, ja, ja. Un poco más de ja, puede ser. :)
@agrosostenible
No creo que sea tan suave el caso colombiano con los transgénicos. Si solamente con el maíz, el arroz y la soya andan feeeeeelices con las killers seeds, diez años lo veo mucho más lejano... yo no le daría sino 5, 7 años tops.
Para cualquiera con dos dedos de frente sería algo fuerte que una agroempresa tenga el poder de *patrocinar* un golpe de Estado indirectamente... y no mirar el romance con empresas de agropecuarias de todo tipo. Fedegán Dixit y CorIca, anyone?
Me sorprende el valor de la condena por agencias en derecho (lo que se paga para reconocer los gastos en que incurre el demandante por contratar abogados), solamente $589.500 en un proceso de más de 2 mil millones, cuando por el tipo de proceso se podía imponer hasta el 15% del valor de las pretensiones reconocidas, es decir unos $311 millones.
Como yo lo veo Mónica Semillas recibió 2mil millones en 2009 y hoy los debe devolver ajustando la inflación. Durante casi 4 años dispusieron de todo ese capital y hoy se quedan con los rendimientos. Creo que el titular debería ser “se salvaron los cacaos de los baldíos”.
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, LIZARRALDE, ES MAS GODO QUE EL AZUL DE METILENO SEGÚN LO QUE SE LE VIO Y OYO HOY EN LA COMISIÓN QUINTA DEL SENADO Y LA INTENCIÓN ES CLARA, CONVERTIR A TODO EL AGRO COLOMBIANO EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE TRABAJAN LOS CAMPESINOS PARA INDUPALMA, ES DECIR, LIMOSNEROS DISFRAZADOS DE ASOCIADOS CON LOS GRANDES CAPITALES.
ESTE ES EL FAMOSO EMPRENDIMIENTO OFICIAL Y PRIVADO QUE REALIZÓ URIBITO DESDE MIN-AGRICULTURA CON ALGUNOS GREMIOS PARA ROBAR EL PRESUPUESTO ESTATAL Y PÚBLICO DE LOS COLOMBIANOS, QUE SUBSIDIA Y ENRIQUECE MÁS A LOS RICOS TERRATENIENTES Y EMPRESARIOS Y EMPOBRECE Y EXPULSA CADA VEZ MÁS A LOS CAMPESINOS DEL CAMPO...ES EL MODELO NEO-LIBERAL DE PRIVATIZAR Y CONCENTRAR GANANCIAS Y SOCIALIZAR PÉRDIDAS, COMO LO YA HAN HECHO CON EL SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO!.
Este fallo es realmente esperanzador y un verdadero golpe de derecha los empresarios ladrones de este país, se está sentando un precedente pocas veces visto en Colombia, por lo menos no en contra de los verdaderos dueños del país.
Lo mejor que es inapelable, hay que aplaudir el valor de la SuperSociedades.
@DIDUNDI
Inapelable, tal vez. Políticamente caro si se ejecuta de la forma en que no le convenga a esas empresas y los senadores que compran, sí.
No se sorprenda que por algún tipo de decreto o artimaña no se les toque un pelo. O se haga, pero con la posibilidad de que una posterior ley les devuelva todos los beneficios a la "gente de bien".
Entre Jalule y JuanmaCardenas me borraron la sonrisa que tenia omee.
@Didundi
Esa porción de la realidad, que es tozuda, nos hace decir lo que decimos viejo. :)
O probablemente también JALULE puede tratarse de peleas con una empresa para abrirle el campo a otra.
@juan
Ooooh sí, que buena idea. Por eso mis preguntas más abajito.
Los baldíos también están, como producto de las ciénagas y humedales que se han abonado, en las crecientemente disminuidas cuencas de los diferentes ríos. En esas tierras llamadas por los campesinos "abonamientos" o "tierras abonadas", los terratenientes con el apoyo de sus amigos enquistados o con las competentes instituciones tomadas por sus políticos amigos han extendido el área de sus predios que han legalizado con la complicidad de notarios y registradores de instrumentos públicos. Esos tales amigos están en el Congreso; se encuentran en las distintas instancias judiciales y en el poco probable caso de que esas instancias o instituciones del sistema legal de los diferentes Poderes existentes falle, allí tienen a las bandas criminales que la Fuerza Pública no combate en la misma forma ni con la misma intensidad como lo hace contra las FARC y el ELN.
La historia se repite una y otra vez. La tesis de John Sudarsky, la de la mala o inexistente representación de los colombianos en el congreso, se demuestra una vez mas. A estas alturas un control político decente dejaría a Lizarralde y tal vez a medio gabinete con moción de censura de por vida.
Preguntas:
1. ¿Qué relación tiene Carlos Felipe Arias con el andamiaje jurídico o la aplicación del mismo para el beneficio de las empresas?
2. ¿Qué relación tiene Carlos Felipe Arias con las directivas, agentes de lobby, secretarios o sectores financieros de estas empresas?
2.1. ¿Apoyaron estas empresas a la campaña presidencial de Arias? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
3. ¿Qué acuerdos y privilegios recibieron estas empresas en cuanto a transporte y qué promesas de "responsabilidad social" (¡JA!) hicieron con el Gobierno anterior?
3.1. ¿Con qué población esos programas? ¿Cómo votan "normalmente" esos pobladores?
4. ¿Monsanto compró tierras o asesoró para la compra de las mismas? ¿Dónde? ¿Con quién?
5. ¿Alguien de la línea de Fabio Valencia Cossio tenía relación con estas empresas? ¿De la línea de Uriel Gallego? ¿De otros?
6. ¿Las empresas se opusieron al censo de tierras Nal.? ¿CUÁLES?
BONUS TRACK:
-Si Annatar Santos le regalo 8 millones a los congresistas, le regalara el campo a estas empresas sin parpadear. ¿Probabilidad? 95%.
-Si Annatar Santos estuvo hablando con los chinos y no se ha visibilizado el tipo de acuerdo que ha hecho en cuanto a implicaciones, deberíamos estar MUY preocupados por como ellos vean sus inversiones en cuanto a *todo* lo que sea cultivos en el Pacífico. ¿Probabilidad de que haya más de un serrucho ahí? 98%
-Si Annatar Santos estuvo aprobando un TLC con Israel, ¿sabemos qué implicaciones tiene reales (no de papel, *reales*) algún tipo de asesoría agrícola israelita? ¿O jurídica, relacionada con temas agrícolas? ¿Qué empresas son? Probabilidad de lluvia de paracos de un 95%.
Things could get wiiiiiiiiiiiild. :)
Dificil,pero no imposible cuando un presidente nos ha acostumbrado a imponer su voluntad. El nombramiento del Min-agricola es una de esas muestras de poder; si la Habana aun es su apuesta máxima,debe darle continuidad al fallo de la supersociedades y al diablo los cacaos-por un tiempito eso si-, como están las cosas y los nuevos rumbos del agro y las protestas que se recalientan,lo único que lo salva es la Habana,--- el plan B debe estar en estado avanzado de cocción---.
Santos es el peor de los presidentes clientelistas que sólo quiere ayudar a sus poderosos amigos. ¡Increíble que el país vaya a reelegir a semejante corrupto!