José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero de Colombia, se negó a participar en el Foro sobre políticas de desarrollo agrario integral que se convocó a instancias del gobierno y las Farc, en el marco del proceso de paz. El objetivo era enriquecer la discusión que las partes adelantan sobre ese tema, uno de los cinco sobre los que buscan acuerdos para poner fin al conflicto armado que sufre Colombia hace décadas. Eso lo consolidó como uno de los voceros de los sectores que se oponen al proceso. Están en todo su derecho.

El “uribismo”, al que pertenece Lafaurie, se niega a aceptar la posibilidad de buscar una solución negociada, más por vanidades históricas que por legítima convicción, a juzgar por los múltiples intentos y ofertas que Uribe hiciera desde la presidencia para conseguir el fin del conflicto mediante un acuerdo con las Farc. Están en todo su derecho de oponerse así sea por pura vanidad.

Todos los colombianos tenemos derecho a tomar la posición que queramos frente a la decisión del Presidente Santos. Los opositores del proceso repiten que no son enemigos de la paz y como gran cosa hacen la pregunta bobalicona de: ¿acaso alguien en Colombia no quiere la paz? Es obvio que de eso no es de lo que estamos hablando.

De lo que se trata es de: 1. Aceptar que estamos en un conflicto armado interno (Uribe lo negaba); 2. Que como consecuencia de ello le reconocemos algún grado de legitimidad a la contraparte; 3. Que estamos dispuestos a pactar unas determinadas cosas para poner fin al conflicto.

Por tanto repetir cada momento la pregunta de porqué vamos a discutir con las Farc esto o aquello es simplemente desconocer los supuestos del proceso, que son esos tres. Aceptemos que no son enemigos de la paz, pero que lo son de una paz negociada y las confrontaciones solo se acaban por pactos o por aniquilamiento. Están en todo su derecho de oponerse a la posibilidad de una paz negociada así sea solo por vanidad.

Aceptado un proceso de paz, la siguiente pregunta clave es cuáles son esas “determinadas” cosas que estamos dispuestos a pactar. En este caso las partes respondieron esa pregunta, que es el gran avance de este proceso en comparación con otros, en el acuerdo general para poner fin al conflicto. Cinco puntos que delimitan el objeto de esta fase del proceso.

El primero de esos puntos es el de una política de desarrollo agrario integral. El tema no es casual, más bien es causal. Es la aceptación de que en el corazón de la confrontación hay un conflicto por la tierra. Hay el reconocimiento de que el modelo de desarrollo rural que tenemos ha traído concentración de la propiedad de la tierra a niveles inaceptables, que los mayores niveles de pobreza extrema están en el campo, que la economía campesina no es siquiera de subsistencia, que grandes proyectos agroindustriales generan riqueza pero aumentan la desigualdad, que algunas explotaciones tienen efectos ambientales negativos, que los propietarios de la tierra no pagan los impuestos que deberían en un esquema tributario progresivo, que se lucran injusta y desproporcionadamente de valorizaciones generadas en gran parte por acciones del Estado o crecimiento de las ciudades, etc, etc.

El gobierno al suscribir el acuerdo aceptó que varios de esos temas han sido reivindicaciones históricas de la guerrilla y que hay que promover decisiones para modificar semejante panorama. Cambiar eso es un deber ético del Estado con pacto o sin pacto con la guerrilla. Este proceso ya produjo un efecto positivo que fue volver a traer al primer punto de la agenda pública la discusión de una política de desarrollo rural.

El “uribismo” –en medio de su inconsistencia conceptual en este tema- reclamaba que las conversaciones no se hicieran a “espaldas del país”, a la par que la guerrilla exigía participación social en el proceso. Las partes convinieron solicitarle al PNUD y a la Universidad Nacional la convocatoria de un Foro abierto sobre el tema.

Se trataba de exponer las diferentes visiones e interpretaciones sobre el tema. Al Centro de Convenciones llegaron sectores campesinos, indígenas, de negros, organizaciones sociales, partidos políticos y también los empresarios del campo agrupados en la SAC.

Rafael Mejia, el representante de este gremio de gremios inauguró y clausuró el evento, estuvo los tres días. Él y sus representantes estuvieron en todas las mesas de trabajo, seguramente no estaba de acuerdo con casi nada de lo que allí se decía. Pero tuvo el coraje y la convicción de proponer el otro punto de vista y según él lo relato en la intervención final, pero se percibía en el ambiente, se habían logrado identificar puntos de encuentro.

La Marcha Patriótica tuvo una masiva participación, lo que hacía más importante el evento porque era una primera demostración de la nuez del proceso, que es que todos hagan política pero sin armas. Me atrevería a decir que desde la Constituyente del 91 no había en Colombia un espacio político tan pluralista.

Lafaurie ahora pregunta quienes fueron, de qué hablaron, quién les pago el transporte. Si hubiera ido hubiera sabido ese mismo día esas respuestas y se habría ahorrado la carta que dice que le envió a Bruno Moro, representante del Sistema de Naciones Unidas en Colombia.

El dirigente del gremio que más ineficientemente explota el campo colombiano, prefirió la defensa gremial que la acción política, eso lo tendrán que valorar quienes lo designaron ahí, no quienes no pertenecemos al gremio. Reclama –con razón- que hay que hablar del despojo de las tierras, de los derechos de las víctimas, de las Farc como despojadores, etc, etc.

Si lee el acuerdo marco encontrará ese tema en otro punto y ojalá convoquen a otro foro para que los colombianos podamos decir lo que creemos en ese punto. Esperemos que para entonces el “uribismo” autorice a Lafaurie a asistir y haya podido leer con cuidado los documentos, el acuerdo, las declaraciones de las partes para que ejerza su derecho a oponer a la paz negociada pero al menos de una manera un poco más informada.