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Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos con ocasión de la solicitud de ingreso de Colombia a la OCDE contrastan tanto con las dantescas imágenes de la tragedia en una mina ilegal en Santander de Quilichao que resulta inevitable volver a recordar el reclamo de Gabo de que somos un país en el papel y otro en la realidad.

En octubre de 2007 fueron 22 los mineros sepultados en una mina ilegal en Buenos Aires al norte del departamento del Cauca. Las escenas de dolor fueron similares a las que se viven ahora en San Antonio, a pocos minutos del casco de Santander de Quilichao, no muy lejos de donde ocurrió esa otra tragedia.

Lo demás también parece repetido: las manifestaciones de solidaridad -algunas sinceras y otras francamente protocolarias- , las denuncias sobre las advertencias de que la tragedia ocurriría, la expresión de la intención de impedir que la situación se repita, el anuncio de investigaciones,  ah y claro: la impunidad.

No hay noticia de que por los muertos de Buenos Aires haya habido alguna condena, algún tipo de sanción, al menos la expropiación de la maquinaria o de la tierra en la que se permitía una actividad que se sabía generaría un desastre.

Entre una y otra tragedia han pasado más de 60 muertos en solo el Cauca en actividades de minería ilegal. Entre una y otra tragedia ha habido decretos presidenciales, sentencias de cortes, debates en el Congreso, informes de contralorías, procuradurías, defensorías y un largo etc pero la situación no solo no se corrige sino que se empeora. Cuando murieron los 22 mineros de Buenos Aires no se había iniciado la explotación en estas veredas de Santander donde ahora hay decenas de retroexcavadoras y unas cinco mil personas que buscan en condiciones casi infrahumanas un gramo de oro para meter algo en su bolsillo y dejar miles a la cadena criminal de corrupción, depredación e indolencia en la que se ha convertido la comercialización del oro ilegal en Colombia.

La del miércoles es una patética demostración de ineficacia estatal, de desconocimiento de la realidad por parte de la burocracia capitalina, de banalidad de los medios de comunicación con sede en Bogotá que dan cuenta de la noticia pero desconocen su dimensión y rápidamente la convierten en una nota más, porque no es la muerte de un joven universitario en un parque ubicado en un lugar exclusivo de esa ciudad ni hay abogados faranduleros que la mantengan como una noticia importante.

Por los muertos de Buenos Aires nadie volvió a preguntar, seguramente por los de San Antonio tampoco lo harán en pocos días. En el Cauca, pero también en el Chocó, en el bajo cauca antioqueño y en decenas de lugares más hay una verdadera  tragedia humanitaria que afecta a menores de edad, que explota a mujeres sometidas a los peores vejámenes, que acaba con nuestro medio ambiente, pero sobre todo que desnuda lo más profundo de una sociedad injusta.

Las victimas lo fueron ahora, pero la mayoría lo habían sido antes, en esa ocasión de la violencia y lo fueron siempre de la pobreza. Tenemos un Estado criminalmente centralista que gasta miles de millones en un evento deportivo, en una cumbre presidencial o en cualquier celebración, pero que se llena de obstáculos para atender a poblaciones en situación de enorme vulnerabilidad como las que tienen que acudir a la minería ilegal en el Pacífico caucano o en el norte de ese departamento.

En épocas electorales valdría la pena examinar a los candidatos, incluido el candidato presidente para que expliquen por qué cuando han podido no han hecho. Los candidatos han sido presidentes, ministros, alcaldes, congresistas  y con responsabilidades directas o no deberían decir qué hicieron o qué dejaron de hacer, pero especialmente por qué lo que dicen que hicieron no ha servido. Son representantes de un Estado incapaz.

No puede ser que un país que se jacta de estar entre los países emergentes no pueda resolver la situación social de algunos miles de caucanos empujados por la pobreza a morir en tragedias repetidas y anunciadas.

Mientras tanto los periodistas les preguntan una y otra vez a los candidatos cuál creen que debe ser el período de los magistrados de las altas cortes y si creen que sea conveniente que el Procurador inhabilite a los funcionarios elegidos, o si a los senadores los deben elegir por circunscripciones nacionales o territoriales.

Mientras tanto los “líderes” políticos se acusan mutuamente cada vez de delitos más graves: el uno que el otro intentó matarlo; el otro que el uno dijo que quien lo iba a matar era el de más allá; el otro que el uno se reúne con mafiosos; el uno que los mafiosos estaban dando información de los delitos del otro y los medios embelesados con esas discusiones.

A la mina de San Antonio que se desplomó hace tres días no ha ido ni el Presidente, ni los ministros, ni los candidatos, solo el Alcalde de Santander a decir que él no puede hacer más, que intentó hacer y no pudo o que dictó un decreto y le dijeron que no tenía la competencia.

En Colombia nunca vamos a pasar de estar en el papel en las grandes ligas mientras quienes toman las decisiones no se concentren en resolver efectivamente los problemas de la gente. Estamos ahogados en los estudios de los técnicos, en el largo plazo, en las reformas políticas mientras las minas ilegales se desploman sobre decenas de afrodescendientes marginados por la pobreza, la violencia y la indiferencia y la ignorancia bogotana.