Hernando José Gómez, el director del Departamento Nacional de Planeación, no sólo coordinó el Plan de Desarrollo sino que ahora es el encargado de que pase por el Congreso sin perder los elementos clave que quiere sacar el gobierno adelante. Fotos: Laura Rico Piñeres.

La ex senadora Cecilia López dice que un Plan de Desarrollo no se lo lee ni un economista preso. Y este de Juan Manuel Santos, aún menos. Tiene más de 500 páginas de texto introductorio y más de 180 artículos de la ley. Sin embargo, la Ley del Plan de Desarrollo contiene el ‘sueño’ del Presidente para el país y la ley es la oportunidad –por lo menos en teoría– para sacar adelante y de manera rápida reformas clave. Por eso es importante conocerlo.

La Silla Vacía entrevistó a Hernando José Gómez, el director del Departamento Nacional de Planeación, que coordinó todo el esfuerzo del Plan de Desarrollo. Gómez es un tecnócrata, con buen sentido del humor, y una comprensión profunda de las líneas macro de lo que se propone Santos. Al mismo tiempo, lleva horas enteras socializando el Plan con los congresistas y tratando de convencerlos de la necesidad de lo que muchos consideran son ‘goles’ del Gobierno.

La Silla Vacía: ¿Si es cierto que un Plan de Desarrollo plasma el ‘sueño’ del gobierno, cuáles serían las tres cosas más importantes que quiere Santos con este Plan?

Hernando José Gómez: Hay tres temas que son los más complicados en el manejo de las últimas décadas: crear fuentes de empleo, superar la pobreza y el tema de seguridad.

¿Qué proponen específicamente en empleo?

Tenemos un 58 o 60 por ciento de informalidad y eso hace que la economía tenga niveles de productividad muy bajos, no tienen acceso a tecnología, ni a crédito. Y, por otro lado, la innovación que se ha dado en el país es en minería. No tengo problema con la minería responsable, pero no es la gran generadora de empleo, sobre todo urbano. Las ciudades son las que aportan el 85 por ciento del PIB. Por eso, necesitamos desarrollar nuevas alternativas de desarrollo. Nuevos sectores, basados en valor agregado, transferencia de tecnología, que demande mayor empleo. Necesitamos fortalecer el sector de servicios modernos.

¿En qué tipo de servicios están pensando?

Servicios tercerizados a distancia, desarrollo de software, turismo moderno y más sofisticado; estamos pensando en telecomunicaciones, desarrollo de servicios financieros, entre otras cosas.

En el sector rural no todo el empleo es en el agro, hay que lograr que el campo pueda retener a la gente. Eso se logra garantizando acceso a educación, adecuando un salón múltiple para ver cine el fin de semana. Eso es lo que va a permitir una economía rural que no quiere decir solo agropecuaria. Si queremos desarrollar un sector agropecuario más intensivo en mano de obra hay que pensar en la hortifructicultura, por ejemplo.

¿Qué están pensando en el tema de la pobreza?

El tema de pobreza está ligado al tema de informalidad, pero también a que la política social no ha podido permear las capas más bajas de la población, a los más pobres de los pobres. Las políticas sociales del Estado llegan hasta el estrato 2 y con dificultades.

¿Ni siquiera Familias en Acción después de que Uribe duplicó el programa?

Sí llega, pero no a todos los que necesitamos. El 50 por ciento de la gente más pobre no está cubierta.

¿Pero es un problema de focalización? ¿Y si es así para qué recortan el Programa como lo está denunciando el senador Juan Lozano?

No lo estamos recortando, eso no es cierto. Hay mucha gente que se  está graduando del Programa porque los hijos ya superan los 18 años o porque ya generan ingreso suficiente. La gran decisión es que esa plata que ya no se invertirá en esas familias, la gastamos en mas Familias en Acción, o en Red Juntos, en ampliar la cobertura en primera infancia. Tenemos que tener la capacidad de decidir dónde es mas urgente la inversión.

Rafael Pardo ha criticado el Plan de Desarrrollo por ser muy poco ambiciosa la meta de pobreza.

Pretendemos que en cuatro años haya 5 millones menos de pobres. En los ocho años del período de Uribe salieron 2,800.000 personas de la pobreza. Entonces la meta es súper ambiciosa. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y no incluímos los subsidios monetarios para calcular el índice de pobreza porque no queremos que nos juzguen por el número de personas que están subsidiadas sino por los que saquemos de la pobreza de manera permanente.

¿O sea que Familias en Acción no saca de la pobreza a los beneficiarios?

El programa tiene una gran ventaja y buenas evaluaciones internacionales en el sentido en que ayuda a mejorar la nutrición de los niños y a que se mantengan en el colegio, porque para mantener el subsidio las familias tienen que garantizar que el niño esté estudiando. Pero que saque a la gente permanentemente de la pobreza, no la saca.

¿Qué van a hacer diferente este gobierno para sacarlos de la pobreza?

Pensamos apoyarnos en algo que hizo Uribe muy bueno y es la Red Juntos. Pensamos articular toda la oferta social del Gobierno alrededor de unos cogestores que sirven de padrinos de un grupo de familias, pueden ser unas 100 o 120. Y las acompañan en el logro de 45 objetivos que son básicos: desde sacar la cédula, que los niños tengan registro civil, que estén desparasitados, que tengan las vacunas cada seis meses, todas esas cosas que son críticas, hasta el tema final, y es que al menos un miembro de la familia tenga un empleo formal.

¿Cuál será la lógica detrás de este programa?

Red Juntos nos ha permitido descubrir algunas barreras de la trampa de la pobreza. Por ejemplo, el 50 por ciento de los hombres en edad de trabajar en esas familias no tienen la libreta militar y lo primero que le piden a cualquiera para el empleo más básico es la libreta militar. Si se acerca a un distrito militar, le dicen que lleva diez años de remiso, que el carnet cuesta 70 mil pesos y que tiene que pagar una multa. ¡Le acaban pasando una cuenta de 10 millones de pesos!

Pero no vi en el proyecto de ley que presentaron nada referente a la libreta militar

Esto lo conversamos con las Fuerzas Militares y lo vamos a introducir para toda esa población de Red Juntos, que van a estar exentos de esa renta. Acordamos con ellos que esas libretas se darían gratuitamente y cualquier costo lo asumimos vía presupuesto. Red Juntos nos ha permitido saber dónde están estas familias y ya podemos hacer un sábado una brigada para darles libreta militar. Es una trampa de la pobreza muy sencilla de resolver.

¿No son cosas muy chiquitas para estar en un Plan de Desarrollo?

Podemos tener dos extremos en el Plan de Desarrollo. Uno es definir solo las bases del plan plurianual de inversiones, la otra es arreglar todo por el Plan. Si quiere cambiar las cosas no puede seguir haciendo todo con las premisas.

¿No es más fácil sacar un decreto para hacer cosas así?

Todo lo que metimos en el Plan es materia de ley, nada es materia de decreto ni de resolución. El punto es que el Congreso de la República tiene un pipeline de leyes grandisimas: la Ley de víctimas, el Presupuesto Nacional, la Ley de Regalías, lo que hace que sea difícil sacar este tipo de cosas que pueden tener un impacto gigante sobre los propósitos de superar la pobreza. Esa es la motivación. Lograr un equilibrio.

¿Pero sí es democrático sacarlo sin una discusión a fondo?

El proceso es absolutamente democrático. El Congreso discute artículo por artículo.

Hablemos del tema de seguridad.

Seguiremos la línea de consolidar todos los logros de la Seguridad Democrática y, adicionalmente, todos los retos de la mutacion de lo que quedó de los paras en las Bacrim. Está también el reto de la Seguridad Ciudadana, en alianza con la Policía y con el esquema de los cuadrantes. Dentro del tema de la seguridad, es muy importante lograr una justicia más oportuna. No se ha invertido lo suficiente en justicia.

¿Es la falta de justicia un problema de inversión?

Hay un problema de plata, pero hay que sumarle todo un tema de productividad del sector, de preparación de los jueces, de tecnologías de información para los jueces. En muchos juzgados no hay ni computadores, tenemos que invertir más. Faltan cosas obvias. No hay infraestructura para implementar la oralidad. En el cuatrienio pasados se invirtieron 435 mil millones; en este vamos a invertir un billón.

En la parte teórica ustedes hablan mucho de la locomotora agrícola y sus beneficios para el pequeño campesino. Pero en el articulado eliminan la UAF para privilegiar los proyectos agroindustriales. ¿Por qué?

Aquí tienen que caber ambas cosas, el pequeño campesino y el capitalista agroindustrial. Hay zonas como la Altillanura donde hay claramente una vocación agroindustrial. Habrá zonas donde habrá pequeños campesinos como el Eje Cafetero y allí hay que fortalecer la tecnolgía, los elementos de asociatividad.
En el otro, puede haber elementos de flexibilización de hasta 10 UAF de manera automática. Como lo dijo el Ministro Restrepo en el Congreso, le damos preferencia a que vinculen campesinos que puedan aportar sus UAF como acciones. Le estoy generando empleo e ingreso. Habrá casos en los que será solo el capitalista. Necesitamos a los empresarios agroindustriales porque aquí, por el bajísimo uso de fertilizantes y agroquímicos, los costos son muy superiores. Necesitamos crear una base agropecuaria que va a beneficiar a todo el mundo.

¿Está el modelo de este gobierno para el campo basado en la palma como el modelo del gobierno de Uribe?

La Altillanura tiene grandes posibilidades no solo en palma, sino la caña de azúcar; grandes posiblidades como el cacao, el caucho, para no mencionar toda la integración de la cadena maíz, soya y alimentacion de cerdos. Queremos que se desarrollen los biocombustibles, pero no es a lo único a lo que le vamos a apostar.

Simultáneamente, con la Ley de Víctimas vamos a devolver un millón quinientos mil hectáreas a los pequeños campesinos, un promedio de 10 y 20 fanegadas por persona. Para eso tenemos que además de garantizarles la seguridad, hay que desarrollar alianzas productivas.

En el marco teórico del Plan, la variable ambiental lo atraviesa todo, pero en el proyecto de Ley incluyen el polémico artículo de que si no entregan en tres meses una licencia ambiental, la decisión la toma un comité donde el gremio interesado tiene tanta voz como el ministro de Medio Ambiente. ¿No es incoherente?

Necesitamos eficiencia en el proceso de estudio de la licencia ambiental. Las licencias son de todo tipo: una concesión de aguas para una población, no solo las las licencias para explotaciones minero-energéticas. Para la elaboración de este artículo, analizamos con el Ministerio de Ambiente qué era un plazo razonable para adjudicar una licencia y nos dicen que esos plazos son factibles de cumplir. Si se llega a una situación donde no se puede ni aprobar ni negar una licencia la idea es tener un comité donde estaria el Ministerio de Ambiente,  el DNP y Presidencia porque todos los problemas llegan allí y la cabeza del sector interesado que es cualquier persona del gobierno.

El artículo no dice que la ‘cabeza del sector’ deba ser un funcionario. Los ambientalistas creen que podría sentarse allí Asomineros.

¡No! No siempre es un ministro la cabeza del sector ambiental, pero siempre será un funcionario público. De ninguna manera, jamás, ni siquiera se nos ocurrió poner Asomineros, o Asopetróleo. Para nada, esa  es la peor interpretación.

¿Qué tan importante es aumentar la tarifa del predial?

Dado el énfasis regional que le estamos dando al Plan, queremos fortalecer la capacidad financiera de las entidades territoriales. Queremos que el catastro no sea nunca inferior al 60 por ciento del valor comercial del predio. Eso es fundamental. El segundo artículo busca que los niveles del impuesto predial sean razonables. El promedio es 5,6 o 6 por mil. Estamos diciendo suba a 7, exceptuando la vivienda de interés social que es el 3 por mil.

¿Qué lograrían con eso?

Es importante porque para muchos municipios que no tienen base económica su único ingreso es el predial. Y por el otro lado, también tiene un impacto importante en estimular el mercado de tierras.

¿No es eso una forma de aumentar los impuestos que Santos prometió ‘en mármol’ no subir?

No, porque si trabaja la tierra es deducible del impuesto de renta. Pero si el dueño de la tierra está esperando que llegue la carretera para valorizar el predio, entonces el impuesto sí lo coge. Así obliga a que se trabaje la tierra o se venda y ponga a producir.

¿Por qué metieron la obligación de que las motos paguen peaje?

El artículo 53, el de los peajes urbanos, viene del Plan de Desarrollo 2002, y se repitió en 2006 y ambas veces lo quitaron en el Congreso. Eso busca facilitar que ciudades que han pensado hacer autopistas urbanas puedan financiarlas. La gente que las usa tiene que pagar por ello. Al final eso lo decidirá cada ciudad.

¿Por qué crean la prima para los pactos de estabilidad? ¿Concluyeron que no son tan benéficos para el país?

La idea es graduar la prima según el nivel del beneficio que ha recibido de la estabilidad jurídica. Hay gente que está sospechosa de que lo usemos para bajar la prima debajo del 1 por ciento. Vamos a colocar un parágrafo que diga que mínimo será el 1 por ciento. Lo que queremos es poder graduarlo por arriba.

¿En qué radica la originalidad del ‘sueño de Santos’ si uno lo compara, por ejemplo, con el Plan 2019 de Uribe?

Uno es la visión regional; que la política social y económica tiene que estar en función de desencadenar procesos de desarrollo en las regiones para solucionar problemas de equidad en el país. El problema de equidad no es solo un problema de ricos y pobres sino también un problema de regiones muy pobres y regiones muy ricas. Redistribuir las regalías para focalizarnos en los sitios mas pobres es totalmente coherente con esto.

Lo segundo que tiene de novedoso es que estamos mirando las ciudades como una fuente crítica de Producto Interno Bruto y empleo. En las ciudades está el 85 por ciento del PIB. El desarrollo de clusters, que cada región haga sus apuestas productivas, hacer procesos de confiananciación con las regiones es un elemento novedoso del Plan.

Lo tercero es nuestra insistencia en innovación, eso no estaba antes. Le vamos a destinar el 10 por ciento de las regalías a ciencia, tecnología

¿Usted cree que el gobierno de Santos podrá tener felices a la vez a los mamos y a los mineros?

Tenemos que tener reglas claras que además se puedan aplicar de una manera transparante. Tenemos que tener claridad que hay zonas del país donde no se puede desarrollar mineria y otras regiones donde sí. Lo que no podemos decir es que este país es de mamos o mineros. Tenemos que caber todos. La minería es una actividad necesaria para el país.

¿Por qué es necesaria?

Es una riqueza, es un activo que tenemos que cambiar por desarrollo. Lo podemos desaprovechar como Nigeria, o lo podemos usar como Australia, donde sirvió de puntal de todo el desarrollo del país.

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