En su gira por Gran Bretaña, Juan Manuel Santos puso a hablar a los periodistas ingleses de sus declaraciones sobre la necesidad de discutir un nuevo enfoque sobre las drogas y sobre su disposición a incluso legalizar la cocaína si se llegara a un consenso mundial al respecto. Los medios y columnistas colombianos también retomaron sus declaraciones y las elogiaron. Pero sus palabras en el exterior coinciden muy poco con sus acciones concretas en este tema en Colombia. ¿Es la política contra las drogas un divertimento para Santos?
El Presidente dijo al diario The Observer, en una entrevista que luego fue recogida por el diario liberal The Guardian, lo siguiente:
“El mundo necesita discutir nuevos enfoques… Seguimos básicamente pensando dentro del mismo marco en que lo hemos hecho en los últimos cuarenta años”. Más adelante profundizó: “Un nuevo enfoque debe intentar quitar el rédito de la violencia que viene con el narcotráfico… Si eso necesita legalizar, y el mundo cree que es la solución, yo estaría de acuerdo. No me opondría”. Y fue incluso más específico: “Yo discutiría legalizar la marihuana y más que la marihuana… Yo consideraría legalizar la cocaína si hay un consenso mundial porque esta es la droga que más nos ha afectado en Colombia”. Al final concluyó diciendo que “no sería la vanguardia de este movimiento porque o si no sería crucificado”.
Definitivamente Santos no ha sido la vanguardia en este tema. Es más, llega dos años después de que los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso (de Brasil) y Ernesto Zedillo (de México) concluyeran en su informe de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que la guerra contra las drogas había fracasado y que instaran a Barack Obama a abordar el problema del consumo de las drogas como un tema de salud pública.
E incluso, después de que Barack Obama dijera a principios de año que la legalización de las drogas es un “tema enteramente legítimo de debate”, dándole al mundo permiso de hablar sobre un tema que ha sido siempre tabú.
Aún así, es valioso que el presidente de Colombia se meta en el debate, como lo señaló el columnista de El Espectador Álvaro Forero. “El componente más fuerte de la guerra contra las drogas ha sido el político, basado en un tabú que le pone sordina a la discusión de alternativas de solución al problema. Por eso, la labor más urgente es atacar el tabú, que deforma con miedo y prejuicios morales una discusión que debe ser técnica, y no deja que la evidencia de los beneficios de desmontar el prohibicionismo lleguen a la opinión pública y generen efectos políticos”.
Forero piensa que esas declaraciones son ‘históricas’. ¿Pero lo son?
Quizás lo serían si estuvieran acompañadas de hechos en esa dirección. Pero en el año que Santos lleva en el poder ha caminado en una dirección contraria al enfoque liberal y, si se quiere, ‘revolucionario’ que le planteó a los ingleses como un camino deseable para la discusión.
Por ejemplo:
Aunque en 1998, cuando tuvo lugar la Asamblea General de las Drogas en la ONU, la Alianza de la Política sobre las Drogas –de las cuales Santos fue firmante– publicó un aviso publicitario de doble página en The New York Times con varios líderes del mundo diciendo que la Guerra contra las Drogas había fracasado. Santos también aceptó en campaña que había consumido marihuana y, antes de ser elegido, insistió en que se oponía firmemente a la legalización.
Varias de las cosas que Santos dijo en campaña son diferentes a las que ha hecho ya como gobernante. Pero incluso ya como gobernante, Santos no sólo no ha dado los pasos para formular una política seria e innovadora frente a las drogas que vaya en la dirección de entender el problema como uno de salud pública, sino que ha seguido con el enfoque tradicional represivo que le criticó ‘al mundo’ en su entrevista con The Guardian.
El gobierno de Uribe impulsó en el Congreso la aprobación del acto legislativo 02 de 2009 que prohibía la dosis personal. En la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de Santos, en cambio de reversar lo dispuesto por su antecesor, empeoró la situación para los consumidores de droga.
Después de la sentencia de la Corte Constitucional, que acogió la ponencia del magistrado Carlos Gaviria en 1994 y despenalizó el consumo y el porte de la dosis mínima de droga, el Código Penal siguió penalizando con cárcel el porte y tráfico de estupefacientes, pero excluyendo la dosis mínima. Luego, el proyecto de Uribe dijo que la dosis mínima también estaba prohibida, pero que al que lo cogieran con droga sería obligado a ‘rehabilitarse’, aunque no irá a la cárcel.
Sin embargo, la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por Santos en su primer semestre de gobierno, modificó las penas para el porte y tráfico de drogas y quitó la frase que excluía de cárcel al que portara la dosis personal. Fue un artículo que pasó de agache, sin gran discusión, pero cuyas repercusiones son grandes en la calle, donde los policías son con frecuencia presionados por la comunidad para que capture a los que están fumando marihuana en el parque y que por lo tanto terminan en la UPJ.
Como dijo hace poco el activista a favor de la despenalización Daniel Pacheco, en su columna de El Espectador, “el Gobierno actual contribuyó a la incertidumbre de los consumidores con su nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que se encargó de desaparecer la 'dosis mínima' del Código Penal. Y planeaba, en el borrador que se conoció de la reforma al Estatuto Antinarcóticos, repetir la eliminación de la única figura que hay para separar a los consumidores de los narcotraficantes”.
En efecto, aunque se podría pensar que haber borrado del Código Penal esa excepción de la dosis mínima fue un ‘mico’ metido en el Congreso a última hora, el primer proyecto del Estatuto de Estupefacientes, también impulsado por el Gobierno de Santos, iba en la misma dirección tradicional y represiva.
En julio de este año (hace menos de cuatro meses), el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras anunció que radicaría en en el Congreso un nuevo Estatuto de Estupefacientes o "Estatuto Nacional de Drogas y Sustancias Psicoactivas", que reemplazaría la Ley 30 de 1986.
Por otra parte, El Espectador reveló que este proyecto modificaba el Código Penal y aumentaba las penas y las multas a delitos como el tráfico, almacenamiento o venta de drogas ilícitas. Pero, además, que penalizaba a quien consumiera alguna sustancia psicoactiva incluso en su propia casa y sin afectar a terceros. Por ejemplo, imponía una pena de prisión de hasta 18 años por destinar el uso de un inmueble para el uso de sustancias psicoactivas. Y tenía disposiciones como que los dueños de restaurantes, bares y demás lugares abiertos al público estarían en la obligación de denunciar a las autoridades a quienes consuman sustancias psicoactivas en sus recintos, o que si una mujer embarazada, o en estado de lactación consumía drogas, podría exponerse a que Bienestar Familiar le quitara al hijo.
Expertos y activistas pusieron el grito en el cielo frente a este proyecto que finalmente nunca se presentó al Congreso. Y ahora, según dijo el Viceministro de Justicia Jorge Perdomo a La Silla Vacía, este documento está nuevamente bajo revisión, ahora en el recién creado Ministerio de Justicia. No hay fecha para presentarlo de nuevo, pues el Estatuto será ahora “el producto de una discusión más profunda y amplia sobre una nueva política contra las drogas”.
Antes, se tendrá que nombrar al nuevo Director Nacional de Drogas y los dos subdirectores que dependerán de la persona que ocupe ese puesto. O sea que, por ahora, esa iniciativa está congelada.
Antes de activarla, el presidente Santos tendrá que discutir con sus ministros -los primeros sorprendidos por sus declaraciones- su nueva posición frente al tema. Y armonizarla con la que han defendido en otros escenarios.
Sin ir más lejos, casi al mismo tiempo que Santos hacía estas declaraciones a The Guardian y decía que la victoria conseguida con el Plan Colombia ‘era pírrica’, su Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón convencía a las altas esferas militares de Estados Unidos sobre la necesidad y urgencia de continuar con este plan de asistencia militar a Colombia para erradicar el narcotráfico. Incluso el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, abogó a favor del rol que puede jugar Colombia en proveer cooperación en la seguridad regional y en combatir el narcotráfico en América Central.
Y ayer, el Ministro del Interior en la Cámara de los Lores en Londres, donde actuó como orador principal de un foro sobre la reforma a la política antidrogas, a la que no asistió ningún funcionario inglés por orden del Primer Ministro, Vargas Lleras moduló la postura de Santos. Dijo: “decisiones internacionales como la de levantar la prohibición al consumo —de una, varias o todas las drogas— no pueden tomarse de manera improvisada o con base en ideologías radicales que son tan equivocadas como aquellas a las que se oponen. Deben provenir, primero, de un acuerdo global que no ignore ninguna de las dimensiones del problema, pero sobre todo, respaldarse en estudios serios y objetivos sobre su verdadero impacto en los consumidores y ciudadanía en general, la real capacidad de los Estados —en particular los más pobres— para soportar una carga fiscal de ese tamaño y los efectos sobre la seguridad que podrían acarrear”.
Esos estudios ‘serios y objetivos’ no sustentaron ni la Ley de Seguridad Ciudadana, ni el proyecto que Vargas iba a radicar del Estatuto de Estupefacientes. Tampoco parecen informar todo el proceso de sustitución de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que está en proceso de liquidación.
Como lo anotó en su blog Casa de Estrategias en La Silla Vacía, un simple análisis de las bases de incautaciones que publica la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), indica que “las diferentes dinámicas de logística, distribución y producción en la cadena de valor del narcotráfico se distribuyen diferenciadamente en municipios y departamentos” y que entender esto “puede dar luces en aras de optimizar políticas públicas de seguridad, en tanto se puede especializar la fuerza pública según una determinada dinámica en una región específica”. Esto, que no implicaría sacar ninguna ley, ni concertar ninguna política mundial, no se ha hecho. Y así se podría ir eslabón por eslabón del problema de las drogas.
Romper el tabú y comenzar a plantear internacionalmente la necesidad de pensar el problema de las drogas desde otra perspectiva es importante. Es más, es fundamental para Colombia. Pero lo sería más si el Gobierno comenzara a aterrizar ese discurso a los planes de acción gubernamental, por lo menos en los aspectos que se puedan antes de llegar a ese 'consenso mundial'. De otra forma, Santos incurriría en la ‘hipocresía’ que le criticó a "muchos líderes, (que) en privado, dicen algo y me dicen algo y en público dicen, 'No puedo hacer esto porque probablemente mi gente me crucificará'". Sólo que en el caso del Presidente sería al revés: dice una cosa por fuera y hace una no sólo mucho menos osada adentro, sino en la dirección contraria.
Este es un análisis bastante interesante,pero creo que están malinterpretando un poco la información. El presidente se expreso demasiado claro, dijo que hay que hacer una reforma de las leyes a nivel mundial mediante la apertura de un debate en el tema de la legalización de las drogas y puso de relieve los problemas contradictorios que vienen con la legalización de ciertas drogas en determinadas jurisdicciones, para demostrar su punto dió un ejemplo: ¿como explicar que la marihuana se legalizó en California con fines medicinales y que el consumo de cocaina este penalizado en Idaho? es una contradicción. Lo que si asegura es que esta dispuesto a discutir el tema con el fin de establecer límites internacionales para la penalización de producción, distribución y consumo de drogas. En ningún momento aseguró que quiere legalizar la droga, lo que dijo fue que se deben manejar las mismas normas de penalización a nivel internacional.
El modelo de pensamiento vertical Americano puede darse el lujo de soslayar las relaciones horizontales propias de todas las sociedades. El corpus del discurso Santista argumenta graciosamente una tentativa banal sin la mas minima intencion de conmover la estructura fundamentalista de la politica Norteamericana. Es como un chiste malo, de legalizar las drogas se habla desde los tiempos de Samper.
La unica verdad perceptible indica que cualquier forma de prohibicion de un negocio tan prospero y con tal volumen de demanda, en la economia de libre mercado va a radicalizar y crear interminables alternativas de los oferentes a los demandantes. La consecuencia es que la guerra nunca va a terminar mientras la demanda exeda las posibilidades de semejante mercado.Estoy de acuerdo con el doctor Escohotado al asegurar que la marihuana debe distribuirse en cualquier drogueria si prescripcion medica; la cocaina y el lsd en los consultorios medicos;las anfetaminas y el extasis en los conciertos.
Señor Presidente no deje perder ésta oportunidad,póngase la camiseta lidere éste proyecto la humanidad mundial se lo va agradecer, en verdad es un problema mundial,legalización ya,porque los muertos son colombianos y los consumidores son el resto del mundo.
Un artículo recomendado, de hace cuatro años (!!) pero que podría ser de mañana.
http://www.rollingstone.com/politics/news/how-america-lost-the-war-on-dr...
De pronto es que: " Solo los idiotas no cambian de opinión".
Dios quiera..
Por qué el Primer Ministro Británico dio la orden de que ningún funcionario asistiera al Foro de Vargas Lleras? Por el tabú? Por Vargas Lleras? Por otra razón?
Por el tabú. Consideran que es riesgoso hablar en este tema aunque los artículos de periodistas allá decían que por debajo de cuerda apoyaban el evento.
Lo más lindo es que la Guerra del Opio, entre el Reino Unido y China, fue al contrario: China quería reprimir porque se había disparado el consumo, e Inglaterra, no queriendo perder su negocio (eran los mayores comerciantes y distribuidores de opio), y apoyada por las otras potencias, se puso muy liberal y dijo que el Estado Chino no debería meterse en eso, que el comercio de opio debía seguir tal cual, que era cosa de la gente si consumía o no.
La cosa fue tan crítica en el momento que se armó guerra: todos contra China.
Y hoy, Inglaterra (y las otras potencias) hacen todo lo contrario: claro, el negocio ya no es de ellos, ahora tienen es a los consumidores.
Explorar esa anécdota muestra uno de los peores episodios de doble moral en la historia.
Tiene razón. Alguna vez leí un artículo que decía que estos conflictos entre China y los imperialistas occidentales habían originado las políticas de la prohibición. La China no le permitió suficiente poder de narcotráfico de opio a los ingleses y estadounidenses, así que decidieron finalmente prohibir todos los estupefacientes, como lo dice también GMolano. Algunos curiosos resultados que se podrían citar son que en Francia se prohibió un vino de coca colombiana que hacía furor en los salones citadinos y en Estados Unidos urgieron a la Coca Cola a abandonar y remplazar su epónimo ingrediente original. Y no se pueden olvidar los litros y litros de sangre vertida en todo el mundo a causa de la persecución. Como que en las políticas colombianas al respecto vamos de para atrás.
Así es, aunque realmente la crisis empezó en 1929 y el prohibicionismo fue abolido en 1933, es decir que si bien el crimen organizado alrededor del licor ya llevaba algo más de una década operando y generando toda una subcultura poderosa, éste convivió con la crisis apenas cuatro años, en un mundo en el que la información y las ideas viajaban más lentamente, supuestamente. La crisis económica mundial de hoy lleva más o menos el mismo tiempo pero el recalcitrante pensamiento prohibicionista no da luces hacia una solución diferente a la que ha fallado en los últimos cuarenta años! Ojalá en algún lugar serio le copien a Santos sus apuntes de cocktail para ver si se convierten en verdaderas políticas.
http://www.semana.com/nacion/francisco-thoumi-para-santos-problema-droga...
Pues si se legaliza la droga será de los pocos productos que se pueda salvar despues de la implementacion de los TLC. Todos hablan de crear nuevos empleos pero no de los que se van a perder sobre todo en el campo por los costos de los insumos, el mal estado de las vias y los subsidios de los paises industrializados a su aparato productivo.