La visión de las funciones del Estado

Desde fines de los años noventa, la operación del acueducto se le entregó, en varias zonas, a operadores privados, incluyendo los primos Nule. El Acueducto ya anunció que no va a volver a hacer licitación, cuyos contratos van hasta el 31 de diciembre de este año y están en manos de Proactiva y Aguazul, y va a dejar esa función en manos de la Empresa de Acueducto.

Por más que haya habido nombres tan polémicos como el de los Nule, es difícil señalar la existencia de una mafia. De hecho, Petro no ha denunciado la existencia de una mafia. Por eso, la decisión es otra muestra de la visión de Petro de dejar al Estado actuar en más espacios. También podría tratarse de un acto más político que otra cosa pues, según supo La Silla Vacía, devolver este negocio al Acueducto fue una promesa que el alcalde les hizo a los sindicalistas de esa empresa.

Más sesgo antiempresarial que lucha contra las mafias

Hace 15 días, en una tertulia con periodistas, el alcalde Gustavo Petro dijo que en sus decisiones sobre las basuras se estaba enfrentando a mafias. Lo dijo luego de conocer un ataque virtual del que fue víctima la página del Acueducto, la empresa que se encargará de la recolección de basuras desde el 18 de diciembre, y específicamente en la sección que albergaba la información sobre el proceso licitatorio para comprar los camiones recolectores.

Para entender el sesgo hay que revisar primero los argumentos del alcalde. Petro dice que durante más de ocho años los privados no han tenido en cuenta en el negocio a los recicladores y que, en cambio, reciben 26 mil millones de pesos al mes y más de la mitad de estos recursos son ganancias netas. Además, que los contratos de las cuatro firmas (Atesa, Aseo Capital, Lime y Ciudad Limpia) se han ido prorrogando a dedo y que son ineficientes.

No obstante, estas empresas ganaron el negocio con el objetivo de hacer la recolección, barrido y limpieza de los residuos, no para reciclar. Le guste o no al alcalde, la exigencia de meter a los recicladores en el negocio la hizo la Corte Constitucional, apenas hace dos años, al Estado y no a los privados. 

Respecto a la ganancia, la tarifa que se le cobra al usuario, y de la cual salen los recursos de los empresarios, está autorizada por la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), que regula la prestación del servicio de aseo en todo el país. El 25 por ciento de esta tarifa va a una bolsa de dinero en la Uaesp. Eso indica que es la CRA la que permite que haya una tarifa techo y que los empresarios no están imponiendo cobros unilateralmente.

En cuanto a las prórrogas a los contratos, durante dos años éstos han sido prorrogados y entregados a dedo en diferentes ocasiones, porque el Distrito no ha sido capaz de sacar adelante otra licitación.  

Por último, la ineficiencia es un asunto subjetivo: la administración y los mismos privados reconocen que hay puntos críticos en la ciudad en los que hay basura en la calle, pero no es un problema general en Bogotá.

Más sesgo antiempresarial que lucha contra las mafias

Desde la campaña, Petro señaló su interés de que una empresa pública operara los buses de Transmilenio directamente y acabar con las concesiones. Además, hablaba de mafias en el transporte que habrían determinado la tarifa.

Luego, cuando se enfrentó a la realidad de contratos firmados tanto para Transmilenio como para los buses urbanos del Sitp, cambió su discurso para criticar las condiciones onerosas de esos contratos. En el caso de los operadores de las fases I y II de Transmilenio, Petro dijo que los contratos eran muy beneficiosos para ellos y actualmente los está renegociando para que los privados ganen menos a cambio de prorrogarles su operación. En cuanto al Sitp, aseguró que se trataba de las mismas familias que tienen el negocio de Transmilenio y que una concesión por 24 años, como en este caso, era mucho tiempo.

Aunque muchos de los accionistas del Sitp efectivamente tienen el negocio de Transmilenio, es difícil hablar de mafias del transporte. Con el Sitp, que está empezando a andar, los transportadores tuvieron que organizarse y vincular a 11 mil pequeños propietarios de manera formal,

Las críticas de Petro muestran más su preocupación por luchar contra las familias que han concentrado la propiedad del transporte, que a su juicio se han enriquecido excesivamente, que realmente por develar una mafia. Es decir, es más una crítica contra un oligopolio que ha entregado el Estado, y que encima ha producido enormes ganancias, que una demostración de que prácticas indebidas entre los transportadores.

Otra visión de ciudad

La pelea de Petro con los constructores se ha visto en varias decisiones de la administración. Lo particular de este caso es que la construcción no es un servicio público y que los constructores viven en una feroz competencia por vender sus proyectos, por lo que es muy difícil hablar de un acuerdo entre ellos o de una mercado poco competido.

Primero, y desde el Plan de Desarrollo, Petro planteó que los nuevos proyectos de construcción deben entregar una parte de su valor a proyectos de vivienda de interés social (inicialmente el 20 por ciento del proyecto, y del 2014 en adelante el 30 por ciento).

Otro round fue el de la decisión de la administración, anunciada desde la campaña, de no permitir la expansión de la ciudad hacia el norte. La implementación del borde norte como zona de reserva forestal, que definió la CAR durante la campaña a la Alcaldía, significa que los constructores y los dueños de lotes en esa zona no pueden desarrollar más proyectos. La medida fue aplaudida por Petro, quien ya como alcalde anunció la reducción de las obras por valorización en la zona, lo que es un límite más para la urbanización.

El tercer round es el de la decisión de no venderle agua en bloque a las zonas rurales de otros municipios de la Sabana lo que afecta los proyectos de construcción en lugares como Funza, Sopó o Mosquera.

Además, Petro ha chocado con el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, por la construcción de viviendas en Bogotá, incluyendo la decisión de no apoyar proyectos privados como Campo Verde porque a su juicio sería inundable, después de que habia apoyado el proyecto.

Por todo eso el gremio de constructores, Camacol, ha hecho repetidas críticas a Petro a quien acusa de llevar a una disminución del empleo en el sector, de frenar el crecimiento ordenado de la ciudad y de crear una incertidumbre sobre los proyectos. Y en ninguno de estos puntos la administración ha mostrado que haya una alta concentración de los negocios en pocas personas, que éstos se hayan puesto de acuerdo o que hayan cometido ilegalidades. Es decir, acá juega más la visión estatista de Petro que su obsesión por perseguir mafias.

Solo se podría habalr de mafias en unos casos específicos, como el de la venta y reventa de terrenos en el barrio Marruecos. Pero las medidas de la administración para cambiarle las reglas de juego a los constructores, en nada afectan a estas mafias.

La visión de la sociedad

Una de las peleas más sonadas de Petro ha sido la decisión de terminar el contrato de arrendamiento de la plaza de toros La Santamaría con la Corporación Taurina de Bogotá. Un asunto que el alcalde había pensado desde antes, fundamentado en una sentencia de la Corte Constitucional y, que luego resultó respaldada por un fallo del Consejo de Estado que rechazó una tutela de la Corporación Taurina contra la temrinación del contrato.

La Santamaría ha estado siendo utilizada para eventos que nada tienen que ver con toros. Eso podría cambiar ahora que la Corte Constitucional conceptuó que ningún alcalde del país puede prohibir las corridas. Pero la prueba de que se trata de una posición animalista del alcalde, es que, como contó La Silla, el director de la Coporación Taurina Felipe Negret es contratista de la actual administración. 

Lucha contra las mafias

En la educación la principal apuesta de la administración también ha sido la de sacar a los privados de la educación pública.

268 colegios privados tienen un convenio con la Secretaría de Educación, con los que educan a casi 130 mil niños, pero las condiciones son muy variables. Como mostró El Espectador, detrás de muchos de ellos hay un negocio tal que ha llevado a que una funcionaria de la Secretaría de Educación haya sido amenazada de muerte. Analistas de orillas ideológicas distantes a Petro, como Rudolf Hommes, o políticos de otros partidos, como el representante Guillermo Rivera  han señalado que sí existen mafias en la educación. La Alcaldía de Clara López ya había tomado la decisión de reducir los colegios en convenio. El hecho de que Petro saque adelante esta idea, sí apunta a desmontar un negocio que tiene más de manejo de influencias que de otra cosa en la Secretaría de Educación..