La elección de Alberto Rojas Ríos fue polémica desde antes de concretarse. Su reintegro se da cuando la Corte está fracturada por el escándalo de su colega Jorge Pretelt.

La decisión del Consejo de Estado de reintegrar al polémico magistrado Alberto Rojas Ríos a su cargo en la Corte Constitucional se produce en un momento en el que la Corte vive su peor crisis de la historia. El regreso de Rojas no hará sino ahondarla.

Un año después de haber sido anulada su elección por el mismo Consejo de Estado que lo nominó con el argumento de que se había violado el reglamento interno de la corporación porque la votación había sido pública y no secreta, la misma alta corte falló ayer una tutela interpuesta por el magistrado con el argumento contrario: dijo que la votación sí había sido secreta.

El magistrado Rojas recuperará su cargo en las próximas 48 horas. La pregunta es por cuánto tiempo.  Ahora entrará la decisión del Consejo de Estado al proceso de revisión de tutelas de la Corte Constitucional. Si, por su relevancia nacional y porque se trata de una tutela contra tutela es seleccionada, sus compañeros de Sala Plena se verán en la difícil situación de estudiar la constitucionalidad del fallo y decidir si puede quedarse o no.

La propuesta de la Comisión Interinstitucional de la Justicia liderada por el Fiscal General, Eduardo Montealegre de convocar una Asamblea Constituyente puso a mucha gente en contra de la Rama.

El otro polémico magistrado, Jorge Pretelt, se atornilló en la Corte pese al escándalo que lo rodea.

La tutela a favor de Rojas fue decidida por cuatro conjueces que hundieron la ponencia inicialmente elaborada por la magistrada Sandra Liseth Ibarra, la única del Consejo de Estado que no estaba inhabilitada pues no había participado en la elección de Rojas. Su ponencia ratificaba la primera instancia, que decía que la tutela no procedía en este caso.

La ponencia que ganó fue elaborada por Jesús María Lemus Bustamante, ex consejero de Estado, de tendencia liberal como Rojas. Compartió sala con el ahora Procurador Alejandro Ordóñez y con él y Tarsicio Cárdenas, fue uno de los que permitió que regresara el polémico general Mauricio Santoyo a su cargo luego de haber sido destituído por la Procuraduría por hacer interceptaciones ilegales como contó La Silla ). 

Según los cuatro conjueces, si bien en la ronda número 13 los magistrados votaron por Rojas poniéndose de pie, después de que dos magistrados dijeron que este mecanismo era ilegal pues la votación debía ser secreta, “se optó por ratificarla mediante una nueva ronda de votación, la 14 […] esta sí escrita y secreta para ajustarse al procedimiento literal del reglamento. Escrutada esta nueva ronda, los votados Zamora-Rojas obtuvieron no ya 21 votos sino 23, sin que se supiera la identidad de los consejeros que estuvieron de acuerdo en votar por ellos”, según dice la ponencia conocida por La Silla.

Los conjueces Alvaro Escobar Henríquez (abogado externadista como Rojas) y Ernesto Forero Vargas e Ilvar Nelson Arévalo Perico (ambos vinculados a la especialización de derecho laboral de la Universidad Libre) concluyeron que la única votación que tuvo efecto jurídico fue la 14 porque después de esta segunda votación “el presidente del Consejo de Estado le pregunta a la Sala si declara elegidos esos dos nombres y constituida la terna para la Corte Constitucional”.

“En estas condiciones la sentencia electoral controvertida incurrió en error de interpretación y apreciación al considerar que las dos rondas de votación integraron una sola y al atribuirle a la número 14 los defectos acaso predicables de la número 13, que no produjo efectos jurídicos desconociendo la realidad de los hechos tal como aparecen consignados en el audio de la respectiva sesión, transcrito en el mismo fallo”, dice la tutela. “En este orden de ideas, es evidente el error constitutivo de defecto fáctico en que incurrió la Sección Quinta al valorar el acta y el audio de la sesión de Sala Plena del Consejo de Estado del 6 de marzo de 2013, error grave de valoración que afectó de manera directa los derechos fundamentales” de Rojas.

Con este razonamiento, los conjueces revocaron la decisión de los otros conjueces que habían fallado en contra del magistrado el 3 de diciembre de 2014 y ordenan que en 48 horas Rojas sea restituido a su cargo en la Corte Constitucional. 

Desde que Rojas fue incluido en la terna para suceder al magistrado Sierra Porto, su nombre generó todo tipo de ruidos.

La Silla Vacía denunció que Rojas no había pagado impuestos sobre un contrato que había hecho con un amigo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Noticias Uno mostró el testimonio de una viuda que alegaba que Rojas se había quedado con la indemnización que le habían pagado a su cliente por la muerte de su marido.

Su comportamiento en la Corte también fue objeto de críticas, hasta el punto que cuando el magistrado Nilson Pinilla dejó el cargo hace un año dijo que tanto él como el magistrado Jorge Pretelt le dejaban dudas ya que “no se sabe si fallan en derecho o si están movidos por otra razón”. 

De hecho, durante la discusión de los conjueces que ahora fueron revocados, uno de ellos (Gabriel de Vega) aclaró el voto porque consideró que Rojas debería salir sobre todo porque no cumplía con el requisito de haber “ejercido la profesión de abogado con buen crédito.”

Sin embargo, en aquella ocasión, como los magistrados Stella Conto y William Zambrano habían dejado una constancia el día de la elección de Rojas diciendo que era ilegal que los hicieran parar para indicar que estaban a favor de la terna pues violaba la confidencialidad del voto la decisión de tumbar su nombramiento fue relativamente fácil por el tema procedimental.

Rojas dio la pelea jurídica hasta el último momento (aunque su argumento era que su anulación debía haber sido estudiada por la Corte Suprema y no por el Consejo de Estado) y logró así volver a su cargo.

Aunque su regreso toma por sorpresa a mucha gente, según supo La Silla, Rojas estaba totalmente confiado en que el fallo saldría a su favor.

Si la tutela se mantiene, puede aspirar a estar por lo menos lo que queda de este año. En los próximos meses, la Corte estudiará el proyecto de Equilibrio de Poderes (si logra convertirse en ley a pesar de la oposición del Fiscal), de matrimonio igualitario y las nulidades que estaba revisando la Sala Plena por las decisiones que tomaron Rojas y Pretelt en sala de tutela, favoreciendo negocios. También podrá sacar dos nulidades contra sentencias claves sobre aborto que había dejado listas a favor de las consideraciones del Procurador.

La pregunta es si sus colegas de Sala mantendrán a Rojas en su cargo.

Desde que se creó la Corte Constitucional en 1991, ha habido lo que se ha denominado “un choque de trenes” por los fallos de tutela en contra de decisiones judiciales.  Esto hizo que la Corte Constitucional estableciera una jurisprudencia muy exigente sobre cuándo es aceptable una tutela contra un fallo judicial. Y ha dicho que solo procede cuando hay unos defectos tan protuberantes y una vulneración al debido proceso tal que se justifica tumbar un fallo. Un error de apreciación no es suficiente.

Ese es el estándar que ahora tendrá que aplicar para seleccionar y evaluar la tutela que permitió el regreso de Rojas.

Fuera de lo difícil que será para los magistrados entrar a estudiar un caso que definirá el futuro de uno de sus colegas, el caso de Rojas plantea un elemento adicional y es que fue él quien seleccionó el polémico caso de Fidupetrol, que tiene al magistrado Pretelt contra las cuerdas.

El magistrado Pretelt fue acusado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara después de que el apoderado de Fidupetrol denunciara que en la casa de Pretelt éste supuestamente le había pedido 500 millones de pesos para influir en el fallo de una tutela a favor de su cliente.

Aunque Pretelt ha negado haber pagado ese soborno, sus colegas de Sala le exigieron que renunciara.  Pretelt decidió quedarse y más bien enlodar a la mayoría de sus colegas. Desde entonces, el trabajo en la Corte ha estado muy tenso. Con el regreso de su aliado a la Sala Plena, la tensión en la Corte Constitucional sube unos grados más.

Su reaparición también seguramente ahondará la crisis de credibilidad que vive la justicia. “Las Cortes perdieron todo contacto con la realidad del país”, dice el analista Álvaro Forero.