Las negociaciones de La Habana no requieren del referendo, pero le podría dar un impulso fundamental.

Esta mañana el Fiscal General Eduardo Montealegre, desde Boston, le contó a Blu Radio que ha habido reuniones en el Alto Gobierno para discutir la posibilidad de haya un referendo en las elecciones de octubre, que le daría facultades especiales a Juan Manuel Santos para la paz y que es distinto al de la refrendación de los acuerdos. La Silla confirmó que sí hubo reuniones para debatirla, pero que el Gobierno lo descartó.

El enredo es que sin referendo para facultades se mantiene la posibilidad de que, si se firma un Acuerdo Final, pasen varios meses antes de que quede claro si el Gobierno lo puede cumplir. Y no es claro qué ocurriría, mientras tanto, con los guerrilleros de las Farc.

Los impulsores del referendo han sido Montealegre, quien actúa de nuevo como defensor del proceso, y el ex presidente César Gaviria, quien también lo ha impulsado con propuestas como la de la 'justicia transicional para todos'.

Según supo La Silla, Montealegre y Gaviria le presentaron a Santos la propuesta de hacer un referendo el mismo día de las elecciones de octubre pero no para ratificar el Acuerdo Final - como se ha propuesto durante meses pero para lo que ya no hay tiempo - sino para que el Presidente tenga las facultades que lo acordado no tenga que pasar por el Congreso. Por ejemplo, para que pueda entregar directamente curules a las Farc.

Esa propuesta responde a un problema grande que enfrenta la negociación: el Acuerdo Final va a incluir pactos que requieren una reforma a la Constitución o una ley, y el Gobierno no puede garantizarlas porque necesitan la aprobación del Congreso.

El Fiscal y el ex presidente presentan un argumento adicional. Aún si el Gobierno logra sacar delantes las reformas, pasarían varios meses entre la firma del Acuerdo y su aprobación: el proceso para se aprobación se demora por lo menos tres meses en el caso de una ley normal, y mínimo seis para una reforma constitucional (que necesita el doble de debates en el Congreso) o una ley estatutaria (que debe ser revisada por la Corte Constitucional antes de que aplique).

“Lo importante es ir avanzando en que para la firma de los acuerdos, en ese momento el Presidente ya tenga todas las herramientas jurídicas para desarrollarlos”, explicó Montealegre en Blu.

La necesidad está clara en los acuerdos ya firmados. Por ejemplo, para crear el banco de tierras (que está en el acuerdo del agro) o para crear un estatuto contra las finanzas ilícitas (como se acordó en el de drogas) se necesita una ley. O para crear las circunscripciones especiales (que están en el acuerdo de participación política) o reformar la jurisdicción agraria (como dice el del agro), toca cambiar la Constitución.

Y todo indica que eso será aún más delicado en el acuerdo sobre justicia transicional, que está pendiente y que definirá puntos tan polémicos como si los jefes de las Farc van a aceptar pagar cárcel y por cuánto tiempo.

Con ese problema en el horizonte, el Gobierno recibió la propuesta. Y la desechó el fin de semana pasado.

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El Fiscal Eduardo Montealegre y el presidente César Gaviria han impulsado la idea del referendo

Según supo La Silla, en las reuniones estuvieron el ministro de Interior Juan Fernando Cristo, el super ministro Néstor Humberto Martínez, el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle y el alto consejero Sergio Jaramillo.

Aunque La Silla no pudo saber exactamente por qué la desecharon, hay por lo menos tres motivos fuertes para hacerlo.

Uno es la sensibilidad política de darle esas facultades a Santos para un proceso que solo tiene el apoyo de alrededor de la mitad de los colombianos, y más justo después del asesinato de 11 militares por las Farc en el Cauca.

Ese problema político quedó claro este martes, cuando el ex presidente y senador Álvaro Uribe retomó una afirmación del ex candidato a la vicepresidencia Camilo Gómez en Hora 20, quien dijo que el gobierno quería aprobar unas leyes habilitantes (el término que se usa en Venezuela para las facultades extraordinarias, y que aludía a las que ha hecho aprobar allá el presidente Nicolás Maduro) para darle más poderes a Santos.

Por referendo Santos pretende pedir facultades para implementar todo lo que acuerde con Farc. Qué peligro, el camino de Chávez!

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) abril 20, 2015

En la discusión -aparentemente por propuesta de Martínez- se decidió dorar la píldora y aprovechar el referendo para concretar el anuncio de Santos de darle un plazo a las negociaciones, poniéndole un plazo limitado a las facultades, como contó RCN Radio. Así, se enviaba el mensaje a la opinión de que el anuncio tenía cuerpo y a las Farc de que tenían que avanzar rápido en la mesa para aprovecharlas.

La segunda razón es que hay una gran imposibilidad jurídica: la ley estatutaria que eliminó la prohibición para hacer un referendo el mismo día de unas elecciones, aplica solo para el Acuerdo Final.

Eso quiere decir que no se podría hacer el referendo que propusieron Montealegre y Gaviria el mismo día de las elecciones de alcaldes y gobernadores, en octubre. Y, como se ha discutido muchas veces, si se hace otro día las posibilidades de que pase el umbral (es decir, que vote más de una cuarta parte de los ciudadanos, más de 8 millones de personas) son mínimas, como lo demostró el fallido referendo que impulsó el entonces presidente Álvaro Uribe en 2003.

El tercer motivo es que el tiempo es muy justo: para que haya referendo se necesita que el Congreso apruebe una ley convocándolo, que la Corte Constitucional lo revise y apruebe, que el Ministerio de Hacienda consiga la plata para hacerlo y que la Registraduría haga todos los trámites para las votaciones.

Por cualquiera o por varios de esos motivos, el gobierno decidió hundir la propuesta. Por eso, frente al trino de Uribe este lunes, Cristo dijo públicamente que no había tal intención. Pero hoy Montealegre los dejó mal parados.

Néstor Humberto Martínez subrayó los problemas jurídicos de la propuesta.

Humberto De La Calle, cabeza del equipo negociador, fue uno de los altos funcionarios que discutió la propuesta.

La entrevista del Fiscal esta mañana dejó la sensación de que o los ministros habían mentido o había una descoordinación grande en el gobierno, como comentó el ex ministro Juan Lozano en la misma emisión radial.

La Silla intentó averiguar si la entrevista de Montealegre había sido coordinada con el gobierno o no, y encontró que varios de los altos funcionarios ni siquiera sabían que había hablado. Por eso, todo indica que el Fiscal volvió a tomar la iniciativa para impulsar lo que a su juicio es fundamental para el proceso de La Habana, pero sin coordinar con el gobierno.

Sea como fuere, la propuesta que presentó Montealegre hoy tiene una diferencia fundamental con la que se discutió anteriormente: el referendo sería solo para una parte específica de los acuerdos, la de la justicia transicional.

Lo que propone el Fiscal es que se haga un referendo que permita que el Presidente desarrolle la reforma constitucional del Marco para la Paz, que es la que permite que eventualmente la mayoría de los miembros de las Farc no vayan a la cárcel y puedan participar en política si se desmovilizan.

Ese no es un tema menor porque el Marco dice, explícitamente, que se va a desarrollar a través de dos leyes estatutarias, una que defina los criterios que tendrá la Fiscalía para priorizar y seleccionar qué delitos de las Farc va a investigar y otra que determinará qué guerrilleros podrían ser elegidos (las dos con los límites que ya pone el Marco, como que quedan inhabilitados para ser elegidos los condenados por delitos de lesa humanidad).

Con el referendo desaparecería esa obligación, y el Gobierno se evitaría pasar las leyes estatutarias. Aunque eso no evitaría el paso por el Congreso, sí le dejaría más margen de negociación con las Farc (pues podría sacar unos decretos que reflejen exactamente lo negociado), dejaría en sus manos la redacción de los decretos y le daría margen para reaccionar más rápidamente en caso de un Acuerdo Final.

Sobre todo, permitiría que los negociadores de las Farc tuvieran la certeza de que cualquier acuerdo en justicia transicional, mientras respete los límites del Marco para la Paz, podría ser fácilmente implementado por el Gobierno.

Y como ese punto de la negociación es quizás la más importante, porque es el que define si van a ir a la cárcel o no, podría darle un impulso al ritmo de la mesa justo cuando está siendo criticada porque hace un año no se firman acuerdos parciales.

Sin embargo, es poco probable que ocurra. No solo porque el gobierno ya desechó la primera idea, sino porque los obstáculos que tenía esa primera idea, se mantienen en la nueva propuesta del Fiscal.

Por eso, aunque la aprobación de un referendo le podría dar una nueva dosis de legitimidad a las negociaciones de La Habana y resolvería un problema grande para la mesa, el referendo del que habló hoy el Fiscal es una propuesta muerta. Mientras los interrogantes sobre la concreción de lo que se pacte están muy vivos.