Los siete gobernadores de la Costa: Bolívar, Juan Carlos Gossain; Cesar, Luis Alberto Monsalvo; Córdoba, Alejandro Lyons; La Guajira, Juan Francisco Gómez; Magdalena, Luis Miguel Cotes; Sucre, Julio César Guerra; y Atlántico, José Antonio Segebre, hacen parte de la junta de Telecaribe y como tal toman las decisiones en torno a las inversiones del canal.

El próximo martes 28 de febrero los gobernadores de la Costa se reunirán en Barranquilla, en la Junta de Telecaribe, para definir el futuro del canal para los próximos cuatro años y, de paso, quién es el ganador de la lucha política alrededor del manejo de los espacios de noticias y opinión que se transmiten todos los días.

Está en juego el poder de familias poderosas del Atlántico, como los Char, los Name, los Pumarejo y los Vargas, y algunos medios de comunicación regionales que tradicionalmente han estado detrás del canal. Hoy también entran al juego los nuevos gobernadores, especialmente los de La Guajira, Córdoba y Sucre, que quieren tener una participación activa en las decisiones en torno a esta cadena de televisión.

Para la Costa no es una cita insignificante. Telecaribe maneja recursos anuales por aproximadamente 16 mil millones de pesos, en 2011 logró una utilidad neta de 1.200 millones de pesos y no tiene pérdidas acumuladas por años anteriores. Además, sus espacios de opinión son el medio de comunicación más cercano al electorado costeño, realizados directamente por gente de la región.

Por eso una de las decisiones clave que se tomará el martes próximo es el futuro del actual gerente, Iván Barrios Mass, quien se convirtió en la 'manzana de la discordia' entre los ex mandatarios. Él es del Atlántico y está al frente del canal desde hace dos años.

El otro tema clave será la licitación de los espacios de opinión y los noticieros que, aunque no representa contratos millonarios, sí pone en juego un espacio que es clave para los políticos costeños. Ya la Procuraduría la tumbó el año pasado porque no cumplía con los requisitos de Ley y la junta tendrá que decidir si vuelve a convocar a una licitación o mantiene la distribución actual de los espacios.

A la junta de Telecaribe pertenecen los gobernadores de Bolívar, Juan Carlos Gossaín; Atlántico, José Antonio Segebre; Cesar, Luis Alberto Monsalvo; Magdalena, Luis Miguel Cotes; Sucre, Julio César Guerra; Córdoba Alejandro Lyons; y La Guajira, Juan Francisco Gómez.

Junto a los siete gobernadores costeños asisten un representante del Ministerio de TIC, la Comisión Nacional de Televisión y las universidades de Magdalena y Cartagena. Probablemente, el próximo martes también tenga una silla la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, pues esa ciudad realizó un aporte que le permite tomar parte en las decisiones.

El gerente de Telecaribe, Iván Barrios Mass, ha sido cuestionado por algunas de sus decisiones de inversión. Su permanencia en el canal será una de las grandes decisiones de la junta del próximo martes.

La historia de la licitación

Una de las principales actuaciones que la junta tiene en contra del actual gerente del canal es la de la licitación para ceder por diez años los derechos de emisión de programas de opinión, noticieros regionales, subregionales y locales para Valledupar, Montería y Cartagena. Esos espacios son cotizados por los políticos de la región porque se trata del único canal directo con el público y el electorado costeño, que hoy está casi exclusivamente en poder de comunicadores y políticos del Atlántico.

Barrios Mass comenzó el proceso de licitación el 12 de octubre del año pasado. Pero desde que se conocieron los primeros documentos, comenzaron los cuestionamientos.

Diez días después de que se publicaran los primeros documentos en la web de Telecaribe, zonacero.com publicó posibles inconsistencias en el proceso, pero sobre todo llamó la atención acerca de la impertinencia de llamar a licitación a espacios de opinión en plena época electoral.

Pero también se dio un debate por la injerencia que podría tener en los pliegos un asesor del gerente de nombre Jorge Padilla. Padilla es socio y amigo de Heriberto Mendieta, el director del noticiero del mediodía, y se conocía su intención de participar en la licitación para mantener su espacio.

Detrás de ese noticiero están el ex congresista Jaime Vargas y su hija, la actual congresista del Partido Liberal Victoria Eugenia Vargas, y por ello se cuestionó la posibilidad de que se perdiera el principio de neutralidad en la adjudicación de los espacios. A pesar de esos cuestionamientos, Padilla no sólo presidió las reuniones con los proponentes sino que además representó al gerente en otros procesos licitatorios, como el de la construcción de una nueva sede para el canal.

El gerente Barrios Mass dijo a La Silla Vacía que Padilla carecía de impedimentos porque nunca fue un hecho que Mendieta fuera a presentarse a la licitación. Entonces, sin la seguridad de que el director del noticiero quisiera mantener su espacio, no tenía por qué haber algún cuestionamiento.

Una vez se publicaron los prepliegos y los pliegos de la licitación, apareció en escena el abogado Manuel Sánchez,  cuyo nombre fue mencionado por La Silla Vacía en un artículo de julio de 2011 titulado “Manuel Sánchez, uno de los interrogantes respecto al canal de la contratación”, donde se cuenta quién es él y por qué fue nombrado por varios testigos del Carrusel de la Contratación, como Germán Olano, Inocencio Meléndez y Gustavo Petro, a raíz de que habría sido uno de los visitantes al apartamento del abogado Álvaro Dávila.

El abogado llegó a la licitación a representar a un cliente que pidió no revelar su nombre hasta que el proceso entrara en su recta final. El cliente, que usó el nombre de “Consorcio por un Telecaribe Transparente” para no revelar su identidad, aún no ha dejado saber quién es porque no ha desistido de hacer parte en la licitación. Durante sus participaciones en las audiencias con los posibles proponentes, Sánchez mostró los vicios que podría tener la convocatoria.

Sus reparos giraron en torno a que no existían estudios previos, no hubo análisis de riesgo del futuro contrato y los factores de medición no tenían un sustento jurídico. Con estos argumentos, Sánchez hizo suspender la audiencia en dos ocasiones. Y sumado a sus reparos públicos, Sánchez presentó múltiples escritos a la Procuraduría y los demás entes de control, que finalmente fueron escuchados. 

El 23 de noviembre llegó a manos del Gerente de Telecaribe una comunicación de la Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, quien hizo serios reparos a la forma como se convocó la licitación. En la comunicación, Carreño le comunicó a Iván Barrios Mass que habría iniciado una actuación preventiva integral sobre el proceso licitatorio. Ese tipo de actuación no es de acompañamiento sino de vigilancia sobre el proceso, y se debe a que el órgano de control ha encontrado indicios de que las cosas pueden no estar funcionando correctamente.

En resumen, Carreño pidió revisar y ajustar "de forma sustancial" los pliegos de condiciones y sus estudios previos. Y advirtió sobre unos cambios fundamentales que tuvo el documento original del proceso, por lo que pidió estudiar si se revocaba o no el proceso. Y hasta le llamó la atención a Barrios Mass porque nunca había publicado las comunicaciones de los entes de control.

Después de analizar la comunicación, el primero de diciembre del año pasado la junta directiva anterior tomó la decisión de revocar todo el proceso. Sin embargo, como los contratos de varios de los espacios de opinión y de los noticieros vencían el 31 de diciembre, el gerente decidió ampliar esos contratos por un año más. Ello ha causado otro dolor de cabeza para Barrios Mass porque los espacios que no fueron ampliados protestan por la falta de equidad.

Un nuevo proceso

La presencia de Sánchez generó muchas suspicacias entre los posibles proponentes porque nunca se supo quién era su cliente, pero también porque los otros abogados presentes en las audiencias representaban a las familias poderosas que hasta hoy han manejado varios de los espacios de opinión del canal. 

Las audiencias fueron el escenario jurídico para las disputas en torno a quién se quedaría con los espacios pero, en paralelo, se dio un debate externo, buena parte de él en los medios de comunicación.

Uno de esos debates se dio con el periódico El Heraldo, el más poderoso de la Costa Atlántica. En las primeras audiencias los abogados del periódico estuvieron presentes porque la empresa editorial tenía la intención de participar en la licitación, aunque al final desistió de esa idea. Mientras tanto, el diario publicaba toda la información sobre la licitación. 

Una publicación sobre el abogado Sánchez generó una polémica local porque supuestamente El Heraldo estaba utilizando sus páginas para sus intereses comerciales. Lo que ocurrió fue que se filtró un correo electrónico en que un periodista enviaba una nota al Gerente de Telecaribe, supuestamente pidiéndole su opinión sobre una nota en contra del abogado Sánchez. La polémica surgió porque ese artículo nunca fue publicado en el impreso y se dijo que lo habían vetado desde el Canal.

Sin embargo, Ernesto McCausland, director de El Heraldo, dijo a La Silla Vacía que el correo que fue hackeado al periodista sí fue enviado, pero cuando la nota ya había sido publicada en la web. En efecto, el artículo fue publicado el 16 de noviembre y por eso McCausland dice que se intentó hacer un escándalo donde no había nada. Y además aclaró que El Heraldo ya no tiene intención de participar en la contienda.

Del escenario han salido otros de los interesados. Uno de ellos es la Universidad Autónoma del Caribe que, en cabeza de su rectora Silvia Gette, había dicho que estaba interesada en manejar algunos de los espacios de opinión.

Sin embargo, cuando se estaba comenzando a realizar el proceso de la licitación, el nombre de la rectora salió en los medios de comunicación, pero esta vez porque un ex paramilitar la acusó de relaciones con esos grupos ilegales. El escándalo alrededor de estas acusaciones todavía está vivo, pero lo que posiblemente no continúe es la intención de participar en la licitación. 

En las audiencias también participaron los representantes de algunos de los noticieros que hoy están al aire y que también son de carácter político. Uno de ellos fue el representante del noticiero más visto en Atlántico, que es el de las 7:30 p.m. y detrás del cual está la familia Char. Las familias Pumarejo, Name y Casadiego también tienen intereses en la licitación. Y el último de los interesados en aparecer fue el Diario del Norte, el principal periódico de Riohacha.

Por ahora, el proceso está congelado y solo la Junta Directiva puede tomar la decisión de reiniciarlo. Los estatutos de Telecaribe dicen que la Junta es la única que puede tomar decisiones de inversión para el canal y por ello el Gerente no es más que el ordenador del gasto.  Si es así, los poderosos de la Costa se comenzarán a mover de nuevo, pero ahora con los nuevos protagonistas: los nuevos gobernadores.

Los gobernadores de Atlántico y Bolívar le dijeron a La Silla Vacía que por ahora no tienen idea de si van a votar o no por cambiar el gerente, pero sí quieren enterarse de las cifras y evaluar el futuro de Telecaribe. En contraste, los gobernadores de Córdoba, Sucre y La Guajira no piensan igual. Alejandro Lyons le dijo a La Silla Vacía que aunque no tiene candidato sí es partidario de cambiar al actual gerente porque no le gusta la forma en que ha tomado decisiones en el canal. Básicamente, a Lyons no le gusta que los espacios dedicados a su departamento son mínimos. 

Iván Barrios Mass quiere seguir en su cargo y para ello muestras las cifras de su gestión. El gerente asegura que después de que Telecaribe estuvo a punto del cierre en 2003 y llegó a tener pérdidas acumuladas de 6.200 millones, hoy no solo recuperó esas pérdidas sino que además está generando utilidades. En respuesta a los reclamos de los gobernadores de Sucre y Córdoba por la poca visibilidad en el canal, asegura que esos espacios solo se logran con inversión, y como desde esos departamentos no se invierte, no tiene forma de desplazar periodistas hasta ellos por los gastos que eso representa.

El gobernador del Cesar llegó con todo y candidato. Desde la primera junta que se celebró en enero postuló al periodista Luis Mendoza Sierra para dirigir el canal. También suenan Harold Salazar, de quien se dice es allegado al comisionado de la CNTV Fernando Álvarez, y el cartagenero Juan Manuel Buelvas. 

Sea quien sea el elegido, la responsabilidad es inmensa. No sólo porque tendrá que mantener las cifras positivas sino porque además tendrá que lidiar con los políticos que quieren manejar la opinión y la información del canal.