A menos que pase algo extraordinario, la próxima semana la Comisión Primera del Senado votará el proyecto de acto legislativo que prohíbe todas las formas de aborto y que podría también penalizar el uso de métodos anticonceptivos de emergencia. Pese a los intentos de las bancadas liberal y del Polo y de las organizaciones sociales, el proyecto ya tiene diez votos seguros y es muy difícil que la situación cambie. Y, si la aprueban en la Comisión, lo más seguro es que también pasará en la plenaria y los dos trámites en la Cámara de Representantes sin ningún problema. La razón de que su paso vaya a ser tan fluido tiene un nombre: el Procurador Alejandro Ordóñez.

Arriba: Comisión primera del Senado. Abajo: Manifestación a favor del aborto en frente de la Procuraduria.

En la Comisión Primera del Senado, ya están del lado del proyecto los cuatro conservadores (Juan Manuel Corzo, Hernán Andrade, Roberto Gerlein y Carlos Eduardo Enríquez Maya), cuatro de los senadores de la U (Manuel Enríquez Rosero, Juan Carlos Vélez, Carlos Enrique Soto y Karime Mota) y los dos del PIN (Juan Carlos Rizzetto y Hemel Hurtado).

En contra sólo están los dos del Polo (Parmenio Cuéllar y Luis Carlos Avellaneda), los cuatro liberales (Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco y Jesús García), y uno de la U (Roy Barreras).

Los promotores de cambiar la Constitución para penalizar de nuevo el aborto en todos los casos -incluso cuando corra peligro la vida de la mamá, cuando el feto no tenga chance de sobrevivir ni una semana, o cuando sea producto de una violación- también tienen prácticamente seguro el voto verde.

Jorge Londoño, el único senador del Partido Verde en la Comisón Primera, dijo durante el debate de la semana pasada que aunque su voto aún no está definido, probablemente votaría a favor de la penalización, contrariando la posición que hasta el momento traía su partido.  

Ayer, los liberales ya no contaban con su voto y los conservadores le aseguraron a La Silla Vacía que ya lo tienen.

El voto de Londoño es el último que se 'volteó' pero no el único. Varios de los defensores de mantener la penalización excepcional del aborto confiaban hasta hace muy poco en que Karime Mota y los dos senadores del PIN iban a votar de su lado, dadas las posiciones liberales que habían mostrado siempre. El problema de haber perdido estos votos es que en la Comisión Primera del Senado estaba la mayor prueba para el proyecto del Partido Conservador.

La voltereta de los votos se ha movido al mismo ritmo de un rumor en el Congreso: que el Procurador Ordóñez está presionando el voto a favor de la penalización del aborto. Once congresistas le confirmaron a La Silla Vacía que este rumor existía. Ninguno presentó la 'prueba reina' de dicha presión pero, de esos, cinco, admitieron abiertamente que estaban asustados de votarle en contra el proyecto al Procurador y sufrir luego las represalias.

Es claro que muchos congresistas votarán el proyecto a favor por una cuestión de principios o ideológica. Pero para muchos otros es una cuestión de conveniencia política y burocrática.

En casi todos los departamentos, según pudo comprobar La Silla Vacía con un sondeo entre periodistas en las regiones y congresistas de estas zonas, las procuradurías regionales y provinciales le 'pertenecen' a uno o unos senadores. La Procuraduría ha nombrado apadrinados de estos congresistas en esos cargos desde los cuales se deciden las investigaciones a los funcionarios públicos de las zonas donde provienen los parlamentarios.

No se trata sólo de los procuradores regionales y provinciales, que son los de mayor visibilidad, pero que por región no suman más de tres ó cuatro como máximo. El cargo más apetecido por los parlamentarios y que mayor oportunidad le dio a Ordóñez para repartir burocracia es el de los Procuradores Judiciales II, que son cargos de libre nombramiento y remoción y el Procurador puede decidir en cualquier momento el ingreso o retiro sin tener que argumentar una razón.

Son cargos de casi 16 millones de pesos como promedio salarial y conforman una nómina de un poco más de 400 personas. Solo en junio pasado, con el Decreto 2247, el Gobierno creó 50 cargos nuevos para este tipo de procuradores y 50 más para procuradores judiciales I. En total, fueron creados 210 nuevos cargos para la “planta globalizada” que tiene sede en todas las regiones del país. Los procuradores judiciales II son los encargados de representar al Ministerio Público en procesos judiciales ante los tribunales superiores y pese a que ganan un sueldo similar al de un magistrado de Tribunal Superior, no tienen que cumplir horarios sino sólo las citaciones ante los juzgados. Y, además, el Procurador General les puede delegar la investigación disciplinaria de funcionarios públicos como los alcaldes.

“Para un senador, que en su mayoría son los que tienen más burocracia en la Procuraduría, es importante no perder a los procuradores. No sólo aseguran buenos cargos y buenos salarios a la gente que los acompañó en su campaña, sino que también garantizan protección para su gente”, aseguró un Senador que no tiene burocracia en la Procuraduría a La Silla Vacía.

Además de la burocracia, también está jugando un papel importante en la decisión sobre el aborto, el miedo.

El Procurador mandó desde el año pasado una señal clara al Congreso al destituír a la ex senadora Piedad Córdoba. El mensaje fue que su función no se limitaba solamente a investigar y sancionar a los congresistas sino que llegaba hasta la destitución. Evitar una investigación de la Procuraduría en contra pesa mucho para varios congresistas a la hora de decidir un tema tan sensible para Ordóñez. Sobre todo, porque son muchos los congresistas que ya tienen investigaciones abiertas en la Procuraduría y temen que si votan en contra de los 'designios' del Procurador, esas investigaciones avancen.

Esto ocurre tanto en Senado como en Cámara y en todas las comisiones. Sólo en la Comisión Primera del Senado, ocho de los 18 congresistas tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría y algunos de ellos, como Jorge Londoño, quien finalmente no va a votar como se esperaba, ni con la filosofía de su partido, tiene cinco investigaciones diferentes, todas en la fase preliminar: una de 2007 por presunta participación en política, dos remitidas por otras dependencias en 2009 y dos más de 2009 y 2011 por supuestas irregularidades en la contratación cuando fue Gobernador de Boyacá.

Paralelo al trámite del proyecto que penaliza el aborto, el Procurador mueve también la iniciativa sobre objeción de conciencia que, contrario a lo que ha dicho la Corte Constitucional, establece que “nadie será molestado en razón de sus convicciones” y que por lo tanto un juez puede abstenerse de fallar una tutela que tenga que ordenar la práctica de un aborto o un médico o enfermero abstenerse de realizarlo aun cuando hoy por ley estaría obligado a hacerlo. Este sería el Plan B del Procurador. Que, como están las cosas, también podrá lograr fácilmente la mayoría.

Es decir, que una conquista conseguida con gran esfuerzo y después de muchos años por parte del movimiento de mujeres, puede quedar reversada por asuntos que poco tienen que ver con la vida y derechos de las mujeres.

DENUNCIAS E INVESTIGACIONES EN LA PROCURADURÍA