Juan Manuel Santos atendió una importante reunión del G 20 en México el lunes y martes, el miércoles pasó un rato por Bogotá para sancionar la ley de vivienda y en la noche viajó a Río de Janeiro para asistir a la Cumbre Río +20, llegó el jueves tarde y solo en ese momento pudo atender a su Ministro de Justicia para evaluar lo que el Congreso había aprobado en la denominada “Reforma a la Justicia”.  Por eso sólo pudo reaccionar cuando había poco que hacer y cuando la legislatura había terminado.

Santos había dado la instrucción de que se dejara que los temas relacionados con el “estatuto del congresista” –es decir, los de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los congresistas- fueran definidos por el propio Congreso. De hecho el Gobierno se limitó a lo largo de los ocho debates a buscar fórmulas que dejaran tranquilos a los legisladores en temas como la doble instancia en materia penal y las causales de pérdida de investidura. Estuvo dispuesto a aceptar varias fórmulas que se propusieron para la sustitución de la Comisión de acusaciones de la Cámara e incluso a aceptar que ésta no se cambiara. El Gobierno sobre eso no tenía posición.

El Presidente insistió en promover la “reforma a la justicia” por dignidad. Le pareció que hundirla era una derrota políticamente costosa. Ya había tenido que aceptar el fracaso de proyectos como el de la educación superior y éste, en el que además los miembros del poder judicial habían estado tan confrontadores, no podía sumarse a la lista. El Gobierno sabía que la reforma no servía para lo que se decía que iba a servir. Santos dijo varias veces durante el año de discusiones que “la reforma no era la ideal”, y sus ministros trataron de explicar que la “reforma a la justicia” en realidad era un conjunto de medidas que se habían venido adoptando. Que el nuevo código del proceso, que el contencioso administrativo, que la ley de seguridad ciudadana. Que ésas eran la verdadera reforma. Pero siguió adelante.

El Gobierno presentó un proyecto del cual no quedó prácticamente nada. Los temas importantes como la regla para que la Corte Constitucional fuera tribunal de cierre se quedó en las primeras de cambio y rápidamente la “reforma” se fue convirtiendo en una modificación del sistema de controles entre los poderes públicos. Quién nombra a quién. Quién juzga a quién. Y si el que lo nombra lo puede juzgar, etc.

Sorprendentemente en estos temas el Gobierno tampoco lideró ninguna fórmula, un día pensaba que al Procurador lo debía postular sólo el Presidente y otro día estaba de acuerdo en que participaran también las Cortes, para solo citar un ejemplo.

La reforma que más directamente afectaba la estructura del Estado diseñada por la Constitución de 1991, promovida y sostenida por el Gobierno en el Congreso, se tramitó sin que se supiera con claridad cual era la posición del Ejecutivo. Lo único que defendió en forma consistente fue que unos abogados ayudaran a descongestionar los despachos judiciales desde sus oficinas particulares. En lo demás, siempre estuvo dispuesto a cambiar de posición. Apoyó que permaneciera la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, e incluso que se le otorgaran más poderes y después de algún escándalo dijo que era “inaceptable” –que es la palabra de moda- que se mantuviera e incluso amenazó con retirar la reforma si se mantenía.

A partir del quinto debate los congresistas fueron agregando “garantías” en su favor, a ciencia y paciencia del Gobierno. Que no se podría ordenar la detención mientras no hubiera resolución de acusación. Que no se aceptarían las denuncias de anónimos, etc.

Cada cual fue metiendo la mano. Las reformas que el propio Congreso había adoptado en épocas de la parapolítica las echaba para atrás. El Gobierno decía alguna cosa pero estaba dispuesto a cambiar. De hecho ninguno de estos temas, que fueron objeto de crítica permanente por parte de juristas y analistas, estuvieron dentro de las cuatro objeciones que el Gobierno dijo que le haría al proyecto.

Que las inhabilidades generan nulidad de la elección y eventualmente pérdida de investidura, que hay casos como el de Édgar Perea que perdió la investidura por trabajar narrando partidos de fútbol, que eso no es tan grave que si acaso lo han debido suspender. Que el llamado de responsabilidad fiscal que había hecho la Contralora a los magistrados de la Sala Disciplinaria había generado un entuerto que dejó descubierto al propio Presidente quien podría ser también llamado en un proceso de esa naturaleza. Que había que aprovechar para arreglar eso.

El Gobierno parecía tomar posición en función de lo que se comentara en la radio en las mañanas. Si había indignación contra el Consejo Superior de la Judicatura decía que había que acabarlo así hubiera aceptado mantenerlo unas semanas antes. Si el tema era la Comisión de acusaciones se pronunciaba sobre eso y así.

El resultado de todo fue una modificación a uno de los pilares de la Constitución que es el de un muy estricto –a veces exagerado- “estatuto del congresista”. Se sabía que iba a pasar algún día, los congresistas han estado “subordinados” durante 20 años, por varios flancos, al poder judicial y algún día iban a querer usar su poder constituyente para “quitarse el cabezal” de encima.

Los constituyentes lo previeron y diseñaron una especie de seguro. En el artículo 377 establecieron el referendo constitucional derogatorio y lo restringieron a pocos temas, a los que consideraron medulares de la Constitución, uno de ellos era el Congreso. La “soltada de amarras” fue tan grande que la opinión reaccionó y activó el seguro.

El Gobierno no advirtió de las consecuencias graves de algunas de las propuestas aprobadas. Le preguntaron expresamente cual era su posición sobre el informe de conciliación y recomendó votarlo a favor. Felicitó al Congreso por lo que había aprobado. “Misión cumplida” fue la expresión del Ministro Esguerra (ver video en Youtube).

El Presidente estaba viajando y no pudo oír la radio, pero sus asesores le contaron que decían que la gente estaba indignada y que el millón y medio de firmas se recogería rápidamente. El Presidente dijo que si en la radio decían, a él le correspondía indignarse. Le reclamó al Ministro Esguerra por haber apoyado la conciliación. Éste renunció y Santos pidió a su oficina jurídica una opinión sobre los caminos que tenía, como no había uno fácil, en esa oficina -dónde les da pánico decirle al Presidente que no se puede- se inventaron una interpretación contrariando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la misma que la Secretaria ayudó a redactar en sus tiempos de magistrada auxiliar, y le aconsejaron objetar la reforma. Casi a la media noche hizo una alocución televisada y dijo que era “inaceptable” y que iba a devolver la reforma. Ahí vamos.

Durante el fin de semana el Presidente volverá a hacer alguna declaración en el mismo sentido y esperará a ver que dice la radio el lunes.