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La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Palacio de Justicia no solo condena al Estado por 11 desapariciones, cuatro torturas y dos muertes más, sino que reafirma que esto no fue producto del azar sino de una decisión deliberada de algunos militares.
“La Corte concluye que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19“, dijo la Corte. Es decir, los militares tenían establecida una manera de cometer el delito de desaparición forzada, que incluía encubrirlo y lo lograron durante más de 20 años.
Después de que en la mañana del 6 de noviembre de 1985 un comando de 35 guerrilleros del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y tomó rehenes a los magistrados de la Corte Suprema y demás personas que estaban ese día ahí, el presidente Belisario Betancur decidió no negociar con los guerrilleros y ordenó un operativo militar de retoma, que empezó a la 1 pm y terminó al día siguiente en la mañana.
Con esa retoma arrancó el operativo de los militares para buscar guerrilleros entre los sobrevivientes durante el cual se cometieron los delitos por los que hoy fue condenada Colombia.
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Este fue el modus operandi, según la sentencia:
Lo primero que hicieron los militares fue mantener el control sobre las personas que salían del Palacio de Justicia, donde al principio había centenares de rehenes. “Autoridades militares de inteligencia registraban, interrogaban e identificaban a los sobrevivientes y separaban a las personas que consideraron sospechosas de pertenecer al M-19”, dice la sentencia.
Éstos, a quienes llamaban “especiales”, los enviaban a la Casa del Florero, que estaba separada del Palacio por la carrera Séptima. Por allí pasaron diez de los once desaparecidos: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao.
Lo primero que hicieron los militares fue mantener el control sobre las personas que salían del Palacio de Justicia, donde al principio había centenares de rehenes. “Autoridades militares de inteligencia registraban, interrogaban e identificaban a los sobrevivientes y separaban a las personas que consideraron sospechosas de pertenecer al M-19”, dice la sentencia.
En la Casa del Florero, después de un breve examen, los militares separaban a los sospechosos. “Se valoraba la información preliminar y respecto de aquéllos en quienes persistía la condición de especiales o sospechosos, se les llevaba al segundo piso“, dice la sentencia.
Aunque los militares hicieron una lista de sobrevivientes que llegaron a la Casa del Florero, no todos quedaban consignados en ella. De hecho, hay cuatro listas y no coinciden entre sí.
Aparentemente, los sospechosos no eran registrados, o por lo menos eso pasó en el caso de los estudiantes torturados que sobrevivieron Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, y de la desaparecida guerrillera Irma Franco. Ese ocultamiento de los nombres, según la sentencia, es propio de los casos de desaparición forzada, en los que se busca borrar los rastros de las víctimas.
De la Casa del Florero, los sospechosos eran enviados a instalaciones militares como la Escuela de Caballería y el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “General Ricardo Charry Solano”. Eso, sumado a que no estaban registrados entre quienes habían llegado a la Casa del Florero, los dejó totalmente a merced de los militares.
La sentencia dice que los familiares de nueve de los desaparecidos recibieron información, por distintas vías, de que éstos estaban en instalaciones militares. En algunos casos, incluso les dijeron que estaban siendo torturados. Pero cuando fueron a preguntar, en esos lugares negaron ese hecho.
“La negación de dichas detenciones evidencia el ocultamiento de que existían personas detenidas, lo cual es uno de los elementos de la desaparición forzada“ dice la Corte Interamericana.
Los familiares de seis de los desaparecidos han denunciado amenazas de los militares al investigar qué había pasado con ellos. Otra persona, César Augusto Sánchez Cuestas, quien vio salir a uno de los desaparecidos del Palacio con vida, fue víctima de amenazas y terminó protegido por la Fiscalía hasta que salió de Colombia.
Esas amenazas, según la sentencia, tenían tanto sentido para lograr la desaparición forzada que “ constituyen un indicio adicional de lo ocurrido”.
La sentencia condena al Estado por la tortura de cuatro de los sobrevivientes. Dos de ellos, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, se salvaron en parte porque el segundo era sobrino del gobernador de Bolívar, quien hizo lo posible por encontrarlo.
En el caso de los desaparecidos, dado que no se supo más de ellos, no se sabe si fueron o no torturados, y por eso no es claro que este paso fuera obligatorio en el modus operandi.
Matson y Santodomingo sufrieron torturas físicas - como ser golpeados, vendados, asfixiados con humo y obligados a cargar objetos pesados - y psicológicas, pues los amenazaron de muerte. Otro sobreviviente, José Vicente Rubiano, no solo fue golpeado sino sometido a descargas eléctricas en el estómago y los testículos, lo que para la Corte es violencia sexual.
Por su esencia, es muy difícil saber cómo o cuándo alguien fue desaparecido. Tampoco es fácil determinar que ocurrió ese delito, pues no deja pruebas como un arma humeante, un cadáver o unas huellas.
Sin embargo, la Corte Interamericana dice que hay suficientes indicios de que las 11 personas fueron desaparecidas forzosamente, precisamente porque este modus operandi muestra que había una manera de cometer el delito y encubrirlo.
“Concluir lo contrario implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad internacional“, dice la sentencia.
Durante la misma retoma, los militares ordenaron levantar algunos cadáveres dentro del Palacio de Justicia, destruyendo pruebas. Luego ordenaron desnudar, lavar y concentrar los cadáveres en el primer piso. Solo en el cuarto piso se hizo un procedimiento legal, bajo las órdenes de jueces de instrucción penal militar. El hecho fue tan notorio que es uno de los puntos que el Estado aceptó ante la Corte Interamericana.
Todo esto dificulta mucho las investigaciones posteriores y, según la sentencia, buscaba encubrir los crímenes. “Dichas irregularidades son un indicio de que los militares escondieron lo sucedido durante la retoma del Palacio de Justicia, incluyendo lo acontecido a las presuntas víctimas “ dice la sentencia.
Yo solo tengo una pregunta:
De verdad valía la pena gastar $500 millones defendido lo indefendible?.
Esto era una crónica cantada; pero necesitábamos que nos la restregaran internacionalmente para hacer el ridículo y la vergüenza, mientras pudimos tomar acciones de Reparación en ese sentido hace rato y de ñapa regalamos $ 500 millones a unos abogados q en lo personal son falta de ética al no advertir un fallo en contra q todos veíamos. Xq para esto no se necesitaba más que sentido común.
Para engordar el año viejo de la Butaca, aqui hay unos buenos elementos q incluye como se volvió costumbre, a la cancillería.
Mientras los Nicos ya están construyendo SU CANAL en aguas q alguna vez fueron Colombianas, acá seguimos gastando dinero en la defensa de un estado dormido. Los detractores hablan q el "canal es cuento Chino", mientras tAnto Ortega planea venir por el SECO, la tierritA; ya que de sopa se le dió y mas de dos tazas.
Me duele la condena de la Corte Interamericana, pero hay hechos que me obligan a repensar y es que está probado que desaparecieron personas y eso no debió suceder. No existen razones suficientes para apresar a una persona, torturarla y desaparecerla y menos que esto ocurra en manos de quienes han jurado defendernos con las armas. Los del M-19 estaban equivocados y su accionar fue demencial y criminal. Recuperar el orden era absolutamente necesario pero, obtenidos los resultados, debió llevarse a juicio a los sospechosos. Si Belisario fue depuesto temporalmente, es motivo de otro estudio. Los presidentes se ven forzados por las circunstancias. Turbay negoció la liberación de los embajadores por presiones internacionales, Belisario, en cambio, pensó que podía negociar la de los Magistrados mediante el uso de la fuerza. Hubieran podido actuar de manera diferente a como lo hicieron? Seguramente si, pero los resultados serían distintos y acaso más lamentables.
Los pobres guerrilleros de M-19 son víctimas de una trampa, los envió Pablo y les hicieron una encerrona... que cabronada y los paganos somos los colombianos, porque las cortes internacionales ahora defienden mas a los guerrilleros y a victimas verdaderas y supuestas juntos en un mismo saco, pero quien pierde es el estado y el estado somos todos, el dinero sale de nuestros impuestos para pagar por defendernos y para pagar por las derrotas en esos "juicios", da igual, la verdad es tan legitima como quien la interpreta y de eso hace rato hay mil versiones.
Quien recibirá la platica de las víctimas, civiles guerrilleros o ex... ahora héroes y prohombres.
El ejército salvó al país de un atentado entre guerrilleros y Pablo Escobar, si querían hacer justicia porque Petro, Navarro y demás ideólogos no están en la cárcel. Una vez más todos los colombianos a pagar con sus impuestos los errores de otros, esos 7 millones de dólares deberían de salir de los gordos bolsillos de Petro. Acá se condena, se manchan las fuerzas militares y no pasa nada.
En Colombia hablan bien de las fuerzas militares dos clases de personas, ellos mismos o sus amigos y familiares que están ungidos en su infinita mermelada, que corresponde al presupuesto más alto de la nación (18 billones al año),deliciosamente repartidos entre menos de 700.000 matones, claro que mentiras los rasos quienes son el 85% tienen que robar por su cuenta porque mis delicitvos altos mandos les ponen a hacer el trabajo sucio, mientras se la pasan defendiendo narcos, violando niñas, haciendo falsos positivos y amenazando civiles. Ni las personas con más baja escolaridad e inteligencia hoy día defienden semejante adefesio.
Hola Nostradamus:
En realidad acá no está mi posición, sino la de la Corte Interamericana. Yo tiendo a creer en la teoría de un autogolpe de Belisario (con permiso, me excuso, arréglenlo ustedes) pero estoy lejos de ser un experto. Saludos.