La directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) -el think tank más influyente del país en temas de seguridad- es una de las mayores defensoras de la idea de que la Policía salga del sector defensa, algo que ya ha sucedido en todos los países latinoamericanos. Ella, desde la FIP, es quien lidera los talleres del grupo de asesores de Naranjo, a través de un proyecto financiado por la Open Society.

“El centro de gravedad institucional no puede seguir siendo el Ministerio de Defensa, pues estas amenazas a la seguridad -por su diversidad, su heterogeneidad territorial y su multicausalidad- requieren de un tratamiento que, en general, no encaja bien con los objetivos misionales de este ministerio y mucho menos con la doctrina militar que lo domina (…) La protección y el bienestar de los ciudadanos [suponen] un repertorio de intervenciones que son ajenas -en su mayoría- a las funciones de la Defensa”, escribió en 2013 Llorente, quien -con la FIP- ha sido asesora de la oficina de Sergio Jaramillo (director de esta fundación antes que ella).

Llorente, quien también ha sido parte de las Comisiones Asesoras del gobierno Santos sobre Política Criminal y Política de Drogas (con Naranjo), ha hecho énfasis en que -aunque se ha reducido el número de municipios donde la tasa de homicidios dobla la nacional, de 170 hace un año, a 148 hoy- éstos son los lugares más críticos para el posconflicto.

“La conclusión es que los homicidios bajaron levemente pero las dinámicas criminales en torno al narcotráfico y al oro persisten, y las bandas criminales y las guerrillas siguen siendo las protagonistas de la violencia homicida”, escribió http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1123

Este politólogo, que es investigador de la Universidad de Georgetown y del Centro Woodrow Wilson en Washington, ha trabajado sobre todo la relación entre seguridad ciudadana, crimen organizado y política de drogas. (Es además uno de los integrantes del blog sobre drogas en La Silla).

Garzón, que también fue uno de los investigadores del informe sobre drogas de la OEA que marcó una ruptura en la manera como ese organismo internacional abordaba el problema, ha insistido en que los gobiernos que han logrado reducir los índices de violencia no necesariamente han librado a sus países del crimen organizado, pero sí han reducido su tenaza sobre la sociedad y el Estado.

En esa línea, Garzón ha sido muy crítico de las metas poco ambiciosas en seguridad ciudadana del Plan de Desarrollo de Simón Gaviria. Según sus cálculos, el Plan propone reducir los robos a personas en 4 por ciento, los robos a comercios en 4 por ciento y la extorsión en 9 por ciento, cuando son crímenes que han aumentado 43, 55 y 243 por ciento en los últimos cuatro años y requieren un énfasis mucho más fuerte.

Este sociólogo -que fue subsecretario de Seguridad de Bogotá durante nueve años, tanto con Antanas Mockus como con Enrique Peñalosa- es una de las personas que mejor conoce el tema de seguridad ciudadana y de restricción al porte y la tenencia de armas. De hecho, fue quien lideró los programas pioneros de Mockus en restricción de armas y sus iniciativas paralelas como la ley zanahoria para reducir las tasas de muertes violentas.

Acero ha defendido mucho la salida del tema de seguridad ciudadana del Ministerio de Defensa, una idea que Santos había prometido al anunciar la creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana en cabeza de Naranjo. “Si el tema es solo policial no funciona pero si atiende incluso las acciones de prevención, no solo del delito sino de emergencias, violencia intrafamiliar, convivencia ciudadana [se puede] acabar de plano con el concepto que la delincuencia solo se combate con más jueces y policías”, ha dicho. Y ha insistido mucho en que a esa política le falta un enfoque rural.

También ha sido un firme defensor de la necesidad de involucrar más activamente a las autoridades locales, pues -como escribió en su crítica al componente de seguridad ciudadana del Plan de Desarrollo- “sin ellos y sus administraciones es muy difícil sostener los buenos resultados que hasta ahora se han logrado, particularmente la reducción de la tasa de homicidios que se registra desde el 2003”.

Este investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, que ha trabajado sobre todo la relación entre las mafias y la política (desde la parapolítica hasta los políticos cuestionados en las elecciones locales de 2011), es uno de los que más ha advertido sobre la precariedad del Estado en las zonas donde se comenzaría a aterrizar el posconflicto.

Hace un mes él y León Valencia, su colega en Paz y Reconciliación, lanzaron un informe advirtiendo sobre el riesgo de que -sin la eventual presencia de las Farc- otros grupos criminales ocupen su espacio en 281 municipios, que son para ellos las zonas prioritarias para el posconflicto.

En estos municipios habría, en los cálculos de Valencia y Ávila, un período crítico en los doce meses tras la firma de un Acuerdo final. Eso requiere, según argumenta, una intervención especial del Gobierno, no para solucionar todos los problemas, pero sí para evitar una nueva ola de violencia de otros grupos mediante “obras pequeñas, como adecuar y ampliar algunas vías terciarias, drenar ríos, que haya acueducto y alumbrado público 24 horas. Pequeñas obras, que permitan contener esos factores negativos”.

Este periodista y militar retirado británico, que fundó el portal Insight Crime que monitorea el crimen organizado en Colombia, ha insistido mucho en ponerle cuidado a los vacíos de poder que quedarán en las zonas de donde se retirarían las Farc si se firma un Acuerdo, comenzando por las bacrim.

Dado que las actividades de narcotráfico de las Farc no están centralizadas y que controlan el mercado de la pasta base de coca, McDermott también advierte sobre cómo hay un riesgo real de aparición de unas “farcrim”.

Como escribió el año pasado, “es inevitable que algunos elementos de la guerrilla se criminalicen. Lo que falta determinar es si se unirían a redes criminales existentes como las de los Urabeños o armarían una rival que inevitablemente llevaría a un enfrentamiento y a más violencia. En entrevistas con [personas de] la Oficina de Envigado y los Urabeños, durante la tregua en Medellín, quedó claro que facciones de la Oficina perciben una eventual criminalización de sectores de la guerrilla como su mayor amenaza a largo plazo”.

Este experto en narcotráfico, que enseña en Eafit y que ha trabajado sobre todo la relación entre las mafias y el poder, insiste sobre todo en la necesidad de romper la relación entre las economías criminales como la de la droga y los poderes políticos que les permiten el control.

Como uno de los doce integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto de La Habana, argumentó que “muchos de los objetivos y motivaciones iniciales de los actores involucrados cambiaron a medida que se replanteaban sus posibilidades de acuerdo a los resultados de la guerra [y] el narcotráfico fue crucial para perfilar estos cambios porque generó una economía política que permitía sostener el conflicto de manera indefinida”. De ahí que él insista en que esas economías criminales sean el probable foco de violencia una vez firmado un eventual Acuerdo.

No es el único factor al que él le atribuye un potencial aumento en la violencia en el campo. Hace un mes advirtió que, como mostraba el caso de los policías incapaces de resolver una disputa entre una prostituta y un cliente, la falta de acceso a la justica de los pobres también crea una oportunidad de control para los ilegales.

“Las guerrillas y bacrim disponen de instituciones efectivas y a costos exiguos para resolver las demandas de justicia de los excluidos (...) [La violencia] será también el resultado de la incapacidad del Estado de diseñar instituciones coherentes con las necesidades legales y los recursos disponibles de una parte importante de la población”, dice.

Esta experta en temas de seguridad, que dirige el área de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz y que fue la primera Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, ha trabajado sobre todo en temas de seguridad ciudadana y ha sido una de las mayores defensoras de la idea de que la Policía pase en el posconflicto a la órbita del Ministerio del Interior.

“La separación de las funciones de seguridad ciudadana y defensa aumenta el desempeño organizacional de las Fuerzas Militares y la Policía (…) Mientras el Ministerio de Defensa privilegia naturalmente en su misión el uso de la fuerza aplicada a la seguridad y la defensa, el de Interior subraya la importancia de la convivencia y la seguridad en un contexto en donde se reconoce la autonomía de los mandatarios locales”, escribió el año pasado junto con Isaac Beltrán, también consejero de Naranjo, en un documento en el que recomendaban un revolcón de Interior para alojar a la Policía y toda la política de seguridad ciudadana.

Para Bulla -que ha asesorado a varios gobiernos en redactar reformas de la Policía, el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y el Estatuto de Control de Armas- esto traería ventajas como mejorar la coordinación con alcaldes y gobernadores, o diseñar indicadores de evaluación más propicios para la prevención de delitos (en vez de capturas o incautaciones).

Esta socióloga, que fue directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Antanas Mockus y coordinadora de sus programas de cultura ciudadana, es una de las mayores expertas en políticas de convivencia en el país.

Para Londoño, que ayudó a diseñar el sistema de evaluación de las políticas de cultura ciudadana de Mockus y que asesoró en esos temas al ex Alto Consejero para la Seguridad Ciudadana Francisco José Lloreda, los problemas de seguridad ciudadana se pueden contrarrestar con métodos pedagógicos que apuntan a propiciar que se acaten ciertas reglas de convivencia que fortalezcan el sentido de pertenencia a un lugar y generen mayor aprecio por los bienes comunes.

Aunque su experiencia ha sido siempre en Bogotá, Londoño es una experta en movimientos sociales en el campo -de hecho coordinó el gran informe sobre tierras del Centro de Memoria Histórica que se publicará este año- y ha insistido en que esa metodología también se puede aplicar en zonas rurales.

El ex director de la Unidad de Consolidación, que es es uno de los mayores conocedores de desarrollo rural y cultivos ilícitos en el país (y que asesoró al equipo negociador del Gobierno en La Habana en ambos acuerdos), ha insistido mucho en la necesidad de seguridad en las zonas rurales donde se aterrizarán.

Balcázar -que es integrante de la Comisión Asesora sobre Política de Drogas y asesoró el capítulo del Plan de Desarrollo sobre la transformación del campo que aterriza algunos tempranos puntos de La Habana- es uno de los pocos expertos del grupo de Naranjo que conoce esos retos en el terreno.

Esto desde que lideró el Plan de Consolidación Integral de La Macarena (Pcim), considerado uno de los pocos proyectos de desarrollo alternativo exitosos por haber articulado otras políticas integrales a la sustitución de coca, y luego dirigió toda la política de ‘Consolidación’, que conceptualizó Sergio Jaramillo para reconstruir el Estado en las zonas más abandonadas.

Este filósofo antioqueño y decano de Humanidades de Eafit -que fue uno de los doce integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto de La Habana- ha sido uno de los que más ha alertado sobre el poder de economías criminales como la de la droga.

“La atención debe centrarse sobre las economías criminales en la ciudad —entendiendo que el narcotráfico sigue jugando un papel relevante— pero tratando de señalar que hay otro tipo de rentas criminales que se nutren de la alta informalidad económica y laboral (...) Sin nexos políticos y sin cierta permisividad social no hay forma de explicarse la continuidad y la relativa tranquilidad para importantes sectores del crimen organizado”, fue su conclusión tras analizar la criminalidad en Medellín, un patrón de comportamiento que luego rastreó también en zonas rurales de Antioquia con negocios como la madera o la explotación ilegal de oro.

Este economista y sociólogo cartagenero, que trabajó muchos años en la Fundación Ideas para la Paz y que hoy es el vicerrector de la universidad que creó Eduardo Montealegre en la Fiscalía, es uno de los mayores expertos en microtráfico en el país.

Beltrán es conocido sobre todo por sus investigaciones sobre las 'ollas' de droga en Bogotá y otras ciudades y su relación con las economías criminales. Tras monitorear las estrategias de Santos y de alcaldes como Gustavo Petro contra las ollas, comprobó que el problema -al no ser tratado de forma integral- terminaba mudándose a unas cuadras de distancia a unas pequeñas ollas satélite que reemplazaban a las anteriores. Y con él la criminalidad que lo acompaña.

“Hay que poner el narcomenudeo en sus justas proporciones, entendiendo que es una economía criminal con un importante componente territorial, que demanda la creación de ‘zonas de impunidad’ que faciliten las transacciones ilegales asociadas al expendio de drogas, y otras actividades delictivas (...) [Sin une estrategia integral] las intervenciones del Estado solo desplazarán el fenómeno de manera temporal, permitiendo que el orden ilegal siga ocupando su función de ordenador social, en detrimento de la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos”, escribió en un informe sobre microtráfico con Juan Carlos Garzón (también asesor de Naranjo).

Este economista, que dirige el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, es uno de los mayores defensores que las estrategias antidrogas y de seguridad ciudadana sean el resultado de un análisis riguroso de la evidencia científica.

“Una intervención simple y poco costosa [como el Plan Cuadrantes de la Policía], enfocada en la calidad de la relación entre la Policía y las comunidades, puede ir muy lejos en mejorar los indicadores de seguridad ciudadana. Redujo las barreras de comunicación percibidas por las comunidades e incrementó el sentido de rendición de cuentas en el cuadrante (...) y produjo un incremento de un 22 por ciento en los homicidios en siete ciudades”, escribió hace dos años Mejía, que ha sido integrante de las Comisiones Asesoras sobre Política Criminal y Política de Drogas (preside Naranjo) y que también asesora al ministro Juan Carlos Pinzón en temas de seguridad ciudadana.

Esta antropóloga social, que enseña en la Universidad del Rosario y que trabajó por más de una década en Brasil con temas de gestión de cárceles, ha investigado sobre todo la delincuencia juvenil y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa).

Parte del trabajo de Ordóñez, que ha sido asesora de Planeación Nacional y del Icbf, se ha enfocado en estrategias para prevenir la delincuencia juvenil, un tema clave para contrarrestar el reclutameniento forzado de jóvenes (tanto reinsertados como novatos) en las zonas rurales donde se aterrizarán los acuerdos.

"La desvinculación de los jóvenes de las estructuras guerrilleras no implicará su salida de la ilegalidad la mayoría de las veces. Si no nos preparamos para recibirlos y darles oportunidades, hay estructuras criminales y bandas organizadas que los están esperando para reciclarlos sistemáticamente, como ocurrió con los paramilitares y su devenir en bacrim. El reclutamiento ilícito y la utilización de niños, niñas y adolescentes seguirán ocurriendo fuera del contexto del conflicto, y el tránsito de los jóvenes de la ilegalidad dentro del conflicto a las ilegalidades fuera de él sucederá si el gobierno no se hace presente y ocupa los espacios que rápidamente ocuparán otros. Infelizmente, en el más pesimista de los escenarios la tendencia será llenar aún más las cárceles de jóvenes y de adultos. Surge entonces la pregunta: ¿Cómo será tratada la delincuencia juvenil en un escenario de posconflicto?", le dijo Ordóñez a La Silla.