La pelea en torno a una posible salida política a la guerra intestina que nos aqueja por fin se calentó y empezó a ganar exposición mediática.

Durante algún tiempo, el proyecto de acto jurídico para la paz que cursa actualmente en el Congreso pudo pasar de agache a la sombra de los debates parlamentarios sobre la reforma de la justicia y sobre el fuero militar. Al fin y al cabo se trata de proyectos, estos últimos, por lo menos en apariencia más cercanos a los miedos y a los intereses vitales y gremiales de jueces y soldados.

Durante los últimos días, sin embargo, la polarización del debate en torno a la guerra y la paz negociada ha alcanzado, tal grado de intensidad, que está dando lugar a ironías y dilemas sin aparente solución, dignos de una tragedia griega.

La gran ironía es, por lo pronto, que el acto legislativo que, como respuesta a las dificultades de toda índole por las cuales atraviesa el proceso de justicia y paz, debido sobre todo a la enorme desproporción entre la magnitud de la catástrofe humanitaria acaecida durante casi cincuenta años de guerra, y los recursos disponibles para enfrentarla,  así como a la necesidad de buscar un cierre definitivo para el conflicto, defiende la articulación de la paz negociada y la justicia post-conflicto, sobre premisas de selectividad, aún para delitos muy graves como son los crímenes de lesa humanidad, está a punto de naufragar bajo los ataques simultáneos de una alianza imposible pero real entre personajes como José Miguel Vivanco, director de una importante ONG de derechos humanos con sede en Washington, pero con importantes compañeros de ruta entre los defensores de derechos humanos locales, de un lado, y el expresidente Álvaro Uribe y sus huestes congresionales, del otro.

A Vivanco y a los suyos les parece que el proyecto debe morir porque favorece una impunidad excesiva, sobre todo para los militares. Parecería que para un sector importante de la comunidad de derechos humanos la salida correcta es clonar para las guerrillas el modelo judicial de justicia y paz, con su intercambio de rebaja de pena, por más verdad y más reparación.

Para las huestes uribistas, por su parte, el proyecto, en cambio, debe morir porque no garantiza suficiente inmunidad para los militares y porque les hace demasiadas concesiones a las guerrillas. Lo suyo son un fuero militar ampliado y la justicia de vencedores, con su corolario fundamental, castigo para el vencido y amnistía para el vencedor.

Los enemigos de los crímenes de Estado y los enemigos de los crímenes de las guerrillas se abrazan y se besan como viejos amigos y casi como amantes. Ver para creer.

En lo que atañe a grandes dilemas, como los de Esquilo, derivados del debate en torno a la guerra y la paz, acaso no hay mejor ejemplo que el terrible dilema representacional que nos dejó como herencia la Marcha Patriótica.

En el entendido que estamos frente a un movimiento político amplio y complejo, pero con vasos comunicantes con la guerrilla de las FARC, la gran pregunta es, entonces, ¿debemos, para proteger a sus militantes -los cuales sin duda son civiles y no combatientes- gritar que la marcha nada tiene que ver con las guerrillas, y pagar con ello el precio de que se refuerce una imagen completamente despolitizada de la guerra, como fenómeno delincuencial, y que se contribuya con ello a cerrarle el espacio a una salida política negociada?

O ¿debemos, más bien, aceptar que dichos vasos comunicantes sí existen y que precisamente por ello la Marcha puede llegar a convertirse en una pista de aterrizaje para la transformación de los enemigos militares en adversarios políticos, en un contexto de paz negociada, pero asumiendo, con esta visión repolitizada de la guerra, el costo terrible de que la extrema derecha más primitiva interprete que sus militantes son en realidad guerrilleros, de forma que quieran repetir, treinta años después, el genocidio político de la Unión Patriótica?

Mientras más lo pienso más me convenzo de que uno de los mayores obstáculos que se presenta en el mundo de hoy para las salidas negociadas de las guerras intestinas que, como la colombiana asolan los países del segundo y del tercer mundo, es la hegemonía de visiones judicializadas de la historia, en las cuales la multiplicidad de los protagonistas y de los niveles de análisis queda sustituida por la tríada de roles victimario, víctima y testigo.

En la consolidación de dichas visiones han jugado un papel central los grandes macroprocesos de la justicia transicional, en la medida en que han alimentado entre los grandes públicos la idea que la verdad histórica se reduce a la verdad judicial.

Es tan omnicomprensiva hoy en día la visión judicializada de la guerra que en ello, de nuevo, coinciden personajes tan opuestos como Vivanco y como el ex presidente Uribe.

De cara a las guerrillas no hay mayor diferencia entre el trato de criminales de lesa humanidad que les otorga Vivanco y el de terroristas que les reserva Uribe. Ambos comparten un moralismo sancionatorio, que castiga la violencia no estatal, pero sobre todo su atrocidad con la invisibilización de su sentido político.

Por todo lo dicho, si bien comparto las opiniones del fiscal Montealegre en el sentido de que debemos defender a manera de mecanismo de cierre del conflicto armado la salida negociada, dándonos de paso la pela de acoger en la Constitución la posibilidad de que el Congreso en franco debate adopte fórmulas fuertes de selectividad aún para delitos muy graves, creo sin embargo que se equivoca en su valoración del delito político como un simple anacronismo.

Las grandes categorías del llamado derecho penal para los crímenes de sistema que él, como gran profesional del derecho penal que es, valora altamente y ha contribuido a aclimatar en nuestro país, sirven ciertamente para ampliar la capacidad del derecho para capturar la guerra como delito, pero no sirven para devolverle visibilidad a su dimensión política en un eventual contexto de negociación.

Entre las figuras disponibles en nuestro derecho penal constitucional acaso la única que podría cumplir esa función, por lo menos en parte, y de paso facilitar que movimientos como el que encarna la Marcha Patriótica puedan servirle de pista de aterrizaje a las guerrillas en la vida política después de su desmovilización, es la del delito político.

A pesar de que como Montealegre comparto el espíritu general del proyecto de acto legislativo de marco jurídico para la paz, en cuanto abierto a una salida negociada, he sentido mucho, sin embargo, que quienes tuvieron a su cargo la elaboración de la ponencia para su sexto debate, acaso queriendo entregarle un pírrico trofeo a personas como Vivanco y como Uribe y para proteger la unidad de la coalición de Gobierno, sacrificaron el uso de la figura. 

Por fortuna el delito político, de la misma manera que los mecanismos en torno a los cuales se estructura, vale decir, sus conexidades, sus gabelas para los desmovilizados y aún sus posibilidades de amnistía y de indulto, siguen precariamente presentes en la Constitución  y pueden llegar a ser utilizados en caliente.

Bastaría para tal efecto que, por ejemplo, llegado el momento, si es que llega, el Congreso estableciera una fórmula que diga que quienes siendo partes no-estatales en el conflicto estén incursos en delitos perpetrados en desarrollo de sus actividades bélicas podrán ser calificados como delincuentes políticos. Amanecerá y veremos.