Henry Villarraga, magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, está hoy en medio del huracán por las grabaciones que reveló Noticias Uno en las que habla con un coronel investigado por “falsos positivos” sobre cómo ayudarle a que su caso pase a la justicia penal militar, un evento tan grave que volvió a poner sobre el tapete la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, como propuso anoche el presidente Santos. Pero no es el primer escándalo que envuelve a Villarraga y hasta ahora nadie ha asumido el costo político de haberlo elegido magistrado a pesar de no tener experiencia como juez, trayectoria en el sector público o credenciales académicas.
Villarraga Oliveros es un abogado de la Universidad Autónoma de Purificación (Tolima), con especializaciones el derecho público, derecho administrativo y contratación estatal, y que ha sido litigante en varias áreas. Su única experiencia en el sector público, previa al Consejo Superior, es haber sido jefe jurídico de la Gobernación de Casanare por cinco meses en 2008, a inicios de la administración de Raúl Flórez (de La U), quien luego fue destituido por haber firmado un contrato alrededor de la fecha en que Villarraga dejó ese cargo. De hecho, Villarraga tuvo que enfrentar un debate político en la Asamblea de Casanare por otros dos contratos.
Con esa hoja de vida, más algunos contratos con entidades públicas como consultor de las universidades Sergio Arboleda y del Rosario, Villarraga llegó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, convirtiéndose así en el juez de los jueces.
Una de sus funciones como magistrado de esa sala es definir, junto con sus colegas, si los casos de posibles delitos realizados por militares se van a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria, cuando las dos jurisdicciones se los pelean. En ese papel fue el ponente de una polémica decisión a mitad de año: a su juicio la reforma constitucional al fuero penal militar hacía que algunos casos de ejecuciones extrajudiciales volvieran a la justicia penal militar, por lo menos en el caso de los oficiales. Una posición que contrariaba lo que había garantizado de manera vehemente en el Congreso el mismo ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien prometió que ningún caso de falsos positivos sería trasladado a la justicia penal militar.
Por la importancia de tomar esas decisiones, o de ser la última instancia para sancionar a abogados y jueces, cuando Villarraga fue elegido se resaltó que no tenía trayectoria judicial, lo que motivó críticas. También se dijo que no tenía trayectoria política, lo que redujo la presión en su contra. Pero, en todo caso, era un desconocido ¿Cómo llegó entonces a ser magistrado?
En 2008 se abrieron tres cupos en el Consejo Superior de la Judicatura. La decisión del gobierno de Álvaro Uribe y sus mayorías en el Congreso fue mantener el equilibrio de poderes dentro del Consejo, que equivalía a lanzar una terna de Cambio Radical, otra de los conservadores y una más de los partidos minoritarios para que el Congreso eligiera.
Uno de los tres magistrados que salían era Rubén Darío Henao, el padre del hoy ministro de Vivienda Luis Felipe Henao y también de Cambio Radical. Para elegir a su reemplazo Uribe ternó a Villarraga, a Norma Moreno Mosquera, y a Rafael Guzmán Navarro, y por ende el ex presidente es uno de los responsables de que hoy sea magistrado.
Ya en ese entonces hubo polémica. Según contó El Tiempo, “en círculos judiciales hay una gran inquietud por el perfil más político que académico y de carrera judicial que tienen varios de los nuevos magistrados”.
Inicialmente, la candidatura de Villarraga no parecía tener mucha fuerza y picó en punta Moreno, magistrada del Tribunal Administrativo del Chocó. Pero luego esa aspiración se complicó porque se dijo que era cuota de Édgar Eulises Torres, representante a la Cámara de Cambio Radical por el Chocó y quien era el investigador de Álvaro Uribe en el caso de la Yidispolítica en la Comisión de Acusaciones, lo que prendió las alarmas de que Uribe podría premiar a su investigador impulsando a Moreno.
Ella era la única con una vinculación clara a Cambio Radical. Guzmán, el otro ternado, es un liberal de vieja data, cercano a Horacio Serpa, representante a la Cámara entre 1999 y 2000, y fallido candidato en 2002 y en 2006, y venía de participar en el Congreso Liberal de 2007. Precisamente por esa cercanía con el partido que estaba más débil en ese momento nunca se le vio como favorito.
Mientras tanto, Villarraga aparecía como el menos conocido. Sin embargo, tenía conexiones políticas: en 2006 había participado en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, en el que los partidos tienen representación. Una de las planchas era una coalición entre liberales y Cambio Radical, encabezada por José Joaquín Vives. El sexto en la lista era Villarraga y aunque eso quería decir que era improbable que fuera elegido, sí se quedaba con la esperanza de un eventual reemplazo. De hecho, los cuatro primeros entraron.
Con ese antecedente, y entre el serpismo de Guzmán y las críticas a Moreno, Villarraga se convirtió en favorito. En los días previos a la elección se le señalaba como ficha de Cambio Radical (como lo reitera el investigador de DeJusticia Javier Eduardo Revelo), partido que aún no se había distanciado del gobierno Uribe por cuenta de su segunda reeelcción. ?Pero aparentemente su apoyo (y el principal responsable político de su cargo actual) era otro.
En 2007, cuando Carlos Ariel Sánchez estaba a punto de ser elegido Registrador Nacional del Estado Civil, el Consejo de Estado le quitó su respaldo y casi se cae su elección. Su abogado fue Villarraga, lo que muestra que la suya era una relación de confianza.
De hecho los dos abogados tolimenses, junto con el hoy registrador delegado para asuntos electorales Alfonso Portela, eran socios en Procesos Electorales S.A., una compañía que asesoraba jurídicamente a candidatos que perdieron elecciones para que pudieran hacer las reclamaciones del caso. En ese momento Villarraga era el representante legal de la firma y éste estaba apenas cediendo su participación en ella.
La existencia de esa compañía salió a la luz en las elecciones del 2010, cuando se supo que Luis Yesid Villarraga Flórez, el gerente suplente de ella y familiar de Villarraga, había tramitado procesos en la Registraduría. Aunque Sánchez y Villarraga ya no eran socios de Procesos Electorales, esa situación dio origen a una investigación penal que cerró la Fiscalía en enero de 2013.
Después de que estallara ese escándalo, El Espectador reveló que el gerente de la compañía era Henry Fernando Villarraga Palacios, hijo del magistrado Villarraga (y quien también aparece en el escándalo de las grabaciones), y que los demás socios y representantes de la compañía eran tolimenses como Villarraga y Sánchez. Además, la hija mayor del magistrado, Carolina Villarraga García, fue contratista de la Registraduría en 2009 .
Según varias fuentes del Congreso y de las cortes, esa cercana relación entre un funcionario tan poderoso como el Registrador Nacional fue la clave en la elección de Villarraga, y Sánchez sería entonces responsable político del poder de Villarraga. Pero el Registrador ha dicho que, aunque fueron socios, no impulsó la candidatura de Villarraga en el Congreso.
En cualquier caso, justo antes de la votación congresistas del Polo sí dijeron que Villarraga era cuota de Sánchez. El entonces congresista Wilson Borja dijo que había que investigar si habían sido compañeros de bufete y si eran ciertos los rumores de que éste había ofrecido burocracia a cambio de votos, algo que secundó el entonces senador liberal Mauricio Jaramillo.
Finalmente, Villarraga ganó con 139 votos frente a 14 de Moreno y 39 de Guzmán. Logró que las mayorías uribistas votaran por él y pasó de ser un abogado poco conocido a magistrado de una alta corte.
En el Consejo Superior, Villarraga ha armado una mayoría con sus colegas Ovidio Claros, Pedro Sanabria, Angelino Lizcano y Julia Emma Garzón. Dos de ellos, Garzón y Lizcano, fueron mencionados por Villarraga en sus conversaciones con el coronel González.
En la otra orilla está María Mercedes López, la antioqueña que el presidente Juan Manuel Santos ternó a la Procuraduría en 2011, y quien en ocasiones vota con Wilson Ruiz.
López se apartó de decisiones de la mayoría para tumbar sanciones a abogados y jueces (que después se cayeron en la Corte Constitucional), lo que creó un enfrentamiento que en mayo de 2010 hizo que la denunciaran ante la Comisión de Acusaciones por una presunta demora de López en definir un caso y que ha escalado hasta el punto de que Villarraga anunció que pensaba hacerse parte civil en una denuncia por falsa denuncia contra María Mercedes López e incluso pidió que la embarguen. Sin embargo, denuncia nunca se realizó.
Villarraga también se ha destacado por ser un defensor de jueces y militares. Por ejemplo, defendió de las críticas de Uribe al juez que mandó a Andrés Felipe Arias a la cárcel, puso en duda los dictámenes de Medicina Legal en casos polémicos (lo que le quitaba a los jueces el peso de los errores) y criticó duramente cuestionamientos del gobierno Uribe a los jueces. En cuanto a los militares, la defensa de Villarraga en el caso actual es que ya había defendido esa tesis en la polémica decisión a mitad de año.
Villarraga también ha sonado en otros escándalos, especialmente en el del “carrusel de pensiones” que consistía en que los magistrados nombraran por un corto período a jueces como magistrados auxiliares para que éstos se retiraran poco tiempo después con pensiones varias veces mayores a las que habrían tenido derecho de no haber tenido esa palomita. Junto con Garzón, Villarraga fue uno de los más enredados en el escándalo; se le investigó por tres casos que él justificó porque el ritmo de trabajo en su despacho era tan alto que sus asesores se “queman”.
Además dijo que el escándalo se lo habían inventado los medios y se alineó con el Procurador Alejandro Ordóñez en la defensa de los privilegios pensionales. “¿Cuántos jueces han nombrado secretarios a sus notificadores y después se pensionan? Pero ahora se volvió pecado,” le dijo a El Tiempo, y ante la Comisión de Acusaciones afirmó que todo había sido hecho conforme a la ley.
El caso no ha avanzado. A pesar de que el caso penal contra la secretaria de la Sala, Yira Olarte (que sigue adelante en la Fiscalía porque Olarte no tiene fuero), Villarraga queda muy comprometido: según la acusación de la Fiscalía, firmó irregularmente un acuerdo con Olarte para ocultar una irregularidad. En el frente penal, la Comisión de Acusaciones dictó auto inhibitorio, lo que llevó al fiscal Montealegre a anunciar una denuncia penal contra sus miembros, y la Procuraduría también se abstuvo de investigarlo.
Hoy solo queda viva la investigación fiscal. Tras un ir y venir de decisiones judiciales para definir si quien investiga fiscalmente a los magistrados es la Contraloría o la Comisión de Acusaciones (gracias a que el mismo Villarraga planteó un conflicto de competencias) ayer se supo que un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema le devolvió esas funciones a la Contraloría, que ha llamado a juicio fiscal y ha embargado dos veces a Villarraga.
Pero incluso ese escándalo se queda pequeño frente al actual. Las grabaciones de conversaciones de Villarraga con el coronel Rafael González, investigado por dos ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), muestra que éste estaba en contacto con Villarraga y con su hijo Fernando, como parte de una estrategia para que los casos del coronel pasaran de manos de la justicia ordinaria a la penal militar.
La Fiscalía duró siete meses interceptando a Villarraga, y las conversaciones claves se filtraron justo cuando la Corte Constitucional acaba de tumbar el fuero militar y las voces de defensa de la posición de proteger a los militares están más fuertes. Aunque los argumentos en pro y en contra del fuero son más complejos, la noticia de que un militar estaría sobornando a un magistrado para eludir la justicia ordinaria mete un ingrediente nuevo a la discusión, contrario a la posición de los militares.
Pero, más allá de ese efecto, este escándalo podría dar lugar para una nueva (y ojalá bien manejada) reforma a la justicia que elimine el Consejo Superior, como lo ha propuesto el Presidente, y que entre otras cosas, haga más visible la responsabilidad política de quienes nombran a los jueces en estos altos cargos.
Las cortes pasaron a ser caja menor de los otros poderes y especialmente la Superior de la judicatura. Utilizan el mecanismo de yo te nombro y tú me absuelves entonces yo te nombro un pariente y tú ma absuelves otro. LOs poderes de colombia empezando por los concejos y terminando en los centrales no merecen si no ser abolidos. Nada hay más corrupto que un juez municipal o de circuito porque a menos mordida más grande prevaricato perros hijueputas.
Señor juan esteban lewin, es fundamental saber qué ha hecho y qué va a pasar con la oficina que dentro del palacio de justicia manejan los militares, aquella que está situada en el 5o piso ala occidental. De igual manera, es clave saber que pasarà con los siguientes magistrados: angelino lizcano rivera, julia emma garzón, quienes iban a ir a un almuerzo con villarraga y el coronel gonzàlez del rio, pues sabian todas las andanzas de villarraga hasta en el carrusel de las pensiones. La sola renuncia del diablo no es suficiente.
Sionix:
esperamos seguir avanzando en ellos. Saludos.
ADENDO
"el país me conoce y sabe de mi probidad absoluta; la maledicencia de mis enemigos políticos me han perdido, achacándome actos que ni mi hijo ni yo jamás cometeríamos.
Sin embargo los 400 paquetes me cubrirán algo de los daños morales, afectivos, psicosociales, políticos y materiales que m causó ese terrorista de Coronell. (Además algunos colegas han ofrecido su desinteresada ayuda del fondo común de providencias comprometidas con algunos prohombres colombianos, tipo jaramillos, nules, uribes y demás"
Con mi profundo respeto por mi justicia, mis socios magistrados y nuestros generosos mecenas:
VILLARRAGA
Tinterillo titulado
providencias y fallos S.A.
La Corrupción genera, crece y se alimenta de la Impunidad, y la Impunidad normaliza y cotidianiza la Corrupción como una habilidad o competencia requerida políticamente por todos los feudos (o partidos) clientelistas para desempeñarse como funcionario público ,privado o contratista.Colombia con estas redes nepotistas y patrimonialistas de grupos de poder ha creado por dentro y por fuera del estado y de los gremios un para-institucionalismo de personajes y grupos emergentes cuya cultura mafiosa y criminal es la obtención del dinero (y consumo suntuario) rápido y fácil, que son trepadores sociales que suben desde las raíces a todas las ramas del poder público,con y para el tradicional poder económico y financiero familiar y privado.Es en fin, el gran divorcio que hay en Colombia entre Ley, Moral y Cultura en la Economía Política del Poder.
Lástima que en la Rama pasen cosas así. Está llena de gente que trabaja mucho y de forma honesta. Pero esto lo opaca.
el mismo villarraga con su ponencia la judicatura absolvio a magistrado que denuncie por impedimentos, vencimiento terminos, agresion y maltrato verbal en su despacho como en fiscalia, solicitar a esa misma sala ordenar medicina legal me practique examen mental, tratarme de bruto ignorante y desquiciciado mental. lo peor el mes anterior me envio oficio donde me regaña por insistir en el cumplimiento a tutela t-3123 de 2.005 corte constitucional y denunciar juez que se niega a hacerla cumplir. por mis denuncias magistrado de manizales a quien absolvio villarraga me denuncio penalmente por supuesta injuria y calumnia. lastimosamente estos son los que estan obligados a aplicar una recta, oprtuna justicia. todas mis denuncias son con pruebas fisicas.
Esto de delinquir en Colombia y tener amigos poderosos sí que paga. Resulta que el coronel es sobrino de un tal Rito Alejo del Río, para que no quede ninguna duda de que eso de buscar impunidad no solamente es ser militar sino tener fuertes conexiones con caballeros ligados al arte paramilitar como el famoso general que era el super amigo de un expresidente cuyo nombre todos ya sabemos.
Como es costumbre, al cuestionario de la encuesta le falta el númeral: 4. Otro ¿Cuál?, tomaría un poco más de tiempo barajar el resultado, pero sería trabajo en el que valdría la pena invertir.
El poder de control judicial en Colombia ya no se dedica a aplicar la ley, sino a perseguir a los inocentes que se casan ente un juez, a buscar a los que de alguna manera tratan de sacar a este país de la basura. Como Ordoñoez, son corruptos y van a cuidar a corruptos y a poner cortinas de humo para dilatar los procesos como los de los Nule o Moreno. No tienen lo que todo abogado debe tener: ética y moral.
Colombia va en camino de crear un nuevo sistema político.
Uno que incluya el más alto índice de descaro y cinismo, uno donde no se respetan las instituciones y entre ellas se dan a mas no poder, uno donde al corrupción va de la mano de la “justicia”, y donde el criminal de turno, sea de cuello blanco o negro no deja de ser el doctor al que le hacemos la venia por el poder que da la fuerza.
Y este es el país de hoy, disfrútenlo, porque el de mañana será “mejor”.
Cual nombre logra congregar tanta basura?
………………….Escucho propuestas.
El común denominador: "donde hay un escándalo de corrupción" está Uribe, porque como presidente, los problemas de corrupción que manejó, lideró y practicó estuvieron incrustados en todas partes, en todas partes tenía que nombrar a alguien que le cubriera y le tapara a él y a sus secuaces, fuesen militares o civiles. Los militares como todo colombiano tiene el derecho a la defensa y la han tenido y si es cierto que hay algunos que por orden superiores han cometido aberraciones, las cuales deben ser castigadas, y en aras de mostrar su verdadera pulcritud no deberían tapar a los culpables y si este coronel estaba haciendo acuerdos con este magistrado corrupto, debe ser que es culpable de algo: Ahora, señor presidente, con acabar con el Consejo Superior, no acaba con la corrupción, entonces si es así, proponga algo para acabar con el Centro de la corrupción que es el Congreso de la república, allí si haría algo. Por lo pronto a este magistrado se le debería detener "preventivamente".
A Villarraga así como a todos los que manejan el país, lo que les falta es ética, tanto la profesional, como la moral, esa que cada vez se ve menos presente en las decisiones que se están tomando, que más ejemplo que el Godofacho.
La famosa frase de Garay (El sistema político no ha tomado la decisión de cortar definitivamente con la ilegalidad) es una constante en Colombia.
Hubo un tiempo que las altas cortes fueron de muy alta credibilidad, en ellas nuestra confianza de corregir los desmanes de los politiqueros era muy fuerte, pero hoy ellos son más politiqueros que los mismos. La contaminación es total, la supuesta creencia que vamos bien es una de las más grandes mentiras, la base de las instituciones del país está podrida.
Ciertamente no es culpa de los seudo magistrados sino de quienes los postulan y eligen, mientras el Ejecutivo conserve ese poder de postular, aun, entratandose de funcionarios que supuestamente deben vigilarlo, seguirá siendo oscura la noche para la independencia de la Justicia,hasta cuando se tolera una Comisión de Acusaciones, la Reforma debe ir mucho más alla de eliminar este corrupto y putrefacto esperpento Cartel del Consejo Superior de la Sinverguenzura
Los gazapos, el escritor y lo inconciente...
"entocnes", aparece en la primera conclusión parcial: "Pero, en todo caso, era un desconocido ¿Cómo llegó entocnes a ser magistrado? Yo pregunto: ¿Acaso el problema es que fuera un desconocido? ¿Qué diagnóstico es este? Desde el título... Si un General de alguna de las fuerzas militares incurre en un delito... y se comprueba ¿"entocnes" las fuerzas militares quedan en jaque? A quien escribió este artículo le falta investigar más para que sus palabras vayan al punto; este tipo de argumentación oportunista nos quita tiempo valioso que podemos invertir leyendo análisis reales que se ocupen de los verdaderos problemas; como por ejemplo ¿qué implica esta evidencia en relación con la idea que los Oficiales de las FFMM tienen de la ley y de la justicia? Hechos como este prueban que el fuero militar en su perspectiva sí facilita dinámicas de impunidad. Por último me pregunto: ¿acaso este problema tan serio se soluciona extirpando el CS de la j?
Hola Óscar Enrique:
Ya quedó corregido el gazapo. Sobre el hecho de que fuera un desconocido ése no es el problema: el problema es que siéndolo no tenía credenciales para mostrar para ser elegido y por ende seguramente hay alguien que lo impulsó. Como ha demostrado ser, por lo menos, muy polémico, creo que no sobra preguntarse quién fue.
En cuanto al título, el jaque no es porque haya incurrido en un delito, sino porque el Presidente aprovechó el escándalo para pedir la eliminación del Consejo Superior una vez más.
En cuanto a tus críticas de fondo no me queda claro por qué las palabras no van al punto ni por qué es una argumentación oportunista que no es un análisis real que se ocupa de los verdaderos problemas. Si me ayudas a entender tu punto, la retroalimentación podría ser mucho más fructífera.
Ok. Si la metáfora del ajedrez es completa, quien puso en jaque al CS de la j no es el señor, muy posiblemente corrupto, de la grabación, sino el Presidente (y demás interesados en eliminar esa instancia; la cual, en su funcionamiento ideal, debería fortalecer la justicia y la democracia). Oportunista, he dicho, porque (aun cuando ahora parece ser que estamos de acuerdo), según como lo leí, el artículo parecía escrito por uno de los interesados antes descritos. Que no va al punto; lo digo por dos cosas: (i) el problema, para el país no es (uno de los abogados de) el CSj sino lo que los oficiales de las FFMM relacionados dejan ver sobre el sentido real del fuero penal militar; y (ii) en un país en que la corrupción es tan poderosa, ser un "desconocido" puede ser un valor; pero en este caso NO es un desconocido... Se le conoce poco, lo suficiente para NO elegirlo en semejante cargo. Ahí llegamos a la cuestión: ¿qué relación hay entre quienes asignan el cargo y quienes dicen no+ al CSj?
Está bien complicada la partida. Eso sí, se puede presentir la mala conciencia de los jugadores.
El caso de Villarraga asquea pues mas que hoja de vida tiene es prontuario y a la brevedad posible debe ser suspendido hasta tanto su juez natural se pronuncie. Sin embargo, la situación de Villarraga nos hace preguntar: ¿qué harán los militares con fuero bajo sus brazos? y ¿acaso los investigados por la Comisión de Acusaciones no operan plenamente conscientes que cometan el delito que sea, nunca les pasará nada?
villaraga el MAGISTRADO DE URIBE- que verguenza para la justicia- sus actuaciones justifican la ELIMINACION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y UNA REFORMA POPULAR DE LA JUSTICIA Via lncluir esa pregunta como o MANDATO CIUDADANO como ASUNTO especial en las próximas elecciones, el problema debe mirarse desde la PUS de las FACULTADES DE DERECHO; están produciendo demasiados delincuentes de cuello blanco- el CARTEL DE LA TOGA
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