Como el propio Presidente lo reconoce: falta mucho por hacer. Lo más urgente es reducir la desigualdad y no solo en las cifras, sino en la realidad. El enorme desequilibrio regional y las diferencias entre los servicios que reciben y los bienes a los que acceden los distintos sectores de la población son en algunos casos afrentosos. Cualquier estadística queda reducida a nada cuando se compara un indicador con lo que pasa en las regiones más marginadas o en los sectores más pobres de la población.

Que mejora la calidad de la educación –si mejorara- sería un anuncio vacío y casi desafiante si uno fuera a ver lo que ocurre en el Pacífico para citar un ejemplo. Por eso concentrarse en arreglar problemas concretos y dirigidos a mejorar la situación de sectores poblacionales o de regiones tradicionalmente vulneradas o marginadas debería ser la tarea a emprender.

Esa fue la labor que hizo el Ministro Rafael Pardo en el Ministerio del Trabajo y ahí estuvo la clave de su éxito, pero también la dimensión del logro alcanzado en esa cartera. Pardo se dedicó a ver cómo solucionaba problemas: que la gente cotiza a pensiones pero no alcanza a cumplir los requisitos y pierde sus aportes, era por ejemplo una queja repetida. La solución era fácil: permitir que se sumaran los aportes del mismo núcleo familiar lo que permite ahora que una pareja pueda tener una pensión familiar.

Que a los jóvenes se les dificulta conseguir empleo. Pues se pueden establecer incentivos para su contratación.

Que las personas que trabajan tiempo parcial no pueden cotizar en la seguridad social por debajo de un salario mínimo lo que mantiene por fuera del sistema a decenas de miles de personas. Pues el Estado tiene que adecuar sus procedimientos para permitir que se hagan esas cotizaciones. El Estado tiene que resolver problemas y no ponerlos.

Que muchas personas preferían no aceptar un trabajo temporal porque eran retiradas del Sisben y debían esperar seis meses para poder volver a inscribirse en él. Se ordenó que se mantuviera a las personas dentro del sistema y que no tuvieran que esperar para reintegrarse, e incluso se les autorizó a que cotizaran al sistema  de seguridad social sin hacerlo para salud por encontrarse cubiertos por el mecanismo de beneficiarios del régimen subsidiado y no del contributivo.

Que los taxistas no tienen seguridad social porque el enrevesado esquema de operación del transporte en Colombia, con empresas afiliadoras, vehículos afiliados, taxis alquilados, renta diaria fija para el propietario, producido variable para los conductores, etc  no permiten adecuar el mecanismo a una realidad mucho más compleja que lo que imaginan en los despachos oficiales. Pues se diseñó un mecanismo para garantizar que las personas que se dedican a esa actividad puedan afiliarse al sistema de seguridad social y se adoptó un mecanismo de control en cabeza de las empresas de transporte. Era más fácil de lo esperado.

Que los empleados del servicio doméstico no cuentan con los mismos derechos de los demás trabajadores porque se mantiene la vieja idea de que por no formar parte de una “unidad productiva” su relación laboral tiene una lógica distinta y entonces –por ejemplo- no estaban afiliados a cajas de compensación familiar. Pues se dio la orden de afiliación y se diseñó un sistema expedito para hacerlo.

Que el Seguro Social no resolvía las peticiones de sus afiliados y que ni siquiera sabía que tenía 350.000 solicitudes represadas. Pues concentrarse a resolverla, como en efecto lo hicieron y hoy están prácticamente al día.

Que la gente no se afilia a los sindicatos, entre otras cosas porque durante décadas fueron estigmatizados por el propio Estado. Pues mensajes oficiales y un buen presupuesto de comunicaciones para decirle a la gente que es deseable que se afilien a sindicatos.

Que nadie atiende a los viejos en extrema pobreza. Pues una sociedad como la colombiana debe tener la capacidad de atender a un millón y medio de ancianos completamente desprotegidos.

Pardo hizo dos cosas que los funcionarios tradicionalmente no hacen: resolver problemas (casi siempre los ponen, aumentan los requisitos, etc. Ahí está el Ministerio del Transporte haciendo cambiar la licencia de conducción o inventando problemas con Uber) y atender sectores tradicionalmente excluidos.

Si Santos quisiera conseguir resultados en su segundo Gobierno, más allá de la expectativa de la terminación del conflicto, debería seguir el ejemplo de su ex Ministro del Trabajo. Podría imaginar cómo facilitar la creación de empleo en las zonas más azotadas por ese flagelo. Podría adoptar incentivos para que los mejores profesores se trasladen a las zonas con mayores déficits en calidad de educación. Podría promover la localización de empresas en algunas zonas del país. En fin, podría hacer muchas cosas que seguramente se salen de los parámetros de la “tecnocracia”, o que les parecen marginales como seguramente les parecían los problemas de los taxistas, de los empleados del servicio doméstico, o de las personas que no alcanzaban a cumplir los requisitos para acceder a una pensión familiar, o de las que sí alcanzaban pero no se les resolvía su situación.

No he mencionado la reducción del desempleo porque no es exclusivamente atribuible a Pardo, pero podría hablar de la reducción de la informalidad que sí es un gran logro del Ministerio del trabajo, pero que es de tal dimensión que merecería otra columna. El gran problema de la economía colombiana es su informalidad.

Falta mucho por hacer, pero hay que hacerlo con imaginación. Hay experiencias y lecciones aprendidas.