El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo ha dicho que la región de la Orinoquía es la última gran frontera que le queda al país y que espera replicar allí ‘El Cerrado’, un modelo agroindustrial que utiliza Brasil en su región centro-oriental y que The Economist y The Washington Post reconocieron como un éxito comercial. Pero este proyecto tiene aristas que son polémicas y que aún no han sido discutidas en Colombia.

Por un lado, el modelo agroindustrial de ‘El Cerrado’ ha sido reevaluado en los últimos meses, tanto en Brasil como a nivel mundial por sus consecuencias sociales y ambientales. En septiembre el Banco Mundial publicó una investigación que evalúa los distintos modelos agrícolas en el mundo y pone en duda los beneficios de ‘El Cerrado’. Si bien comercialmente el modelo es un éxito -convirtió a Brasil en el segundo exportador más grande de soya y uno de los más grandes productores de azúcar-, desplazó a los pequeños agricultores y hoy en día es considerada una de las zonas del mundo donde la tierra está más concentrada.

Además, han sido deforestadas 2.7 millones de hectáreas en la zona desde que arrancó este modelo. Por esto, hace tres meses el presidente de Brasil, Lula Da Silva, firmó un decreto para garantizar que lo que queda de biodiversidad en la zona sea protegido y prohibió temporalmente la venta de tierras en ‘El Cerrado’.

Ante las críticas que tiene este modelo, el Ministro Restrepo admitió en una entrevista a la Revista Semana que la Altillanura es una región “ambientalmente frágil, hay que cuidarla mucho, pero donde puede convivir la gran agricultura de cara al siglo XXI”. Y ante el conflicto por la tenencia de la tierra, el Ministro aseguró que el proyecto no incluye solo a los grandes, sino también a medianos y pequeños propietarios. Lo ideal -dice el Ministro- es que ellos trabajen de la mano con las grandes empresas de producción que esperan instalarse en la zona.

Para Restrepo, la producción a gran escala es sin duda una prioridad. Pero para desarrollarla tiene que superar un primer obstáculo: La Unidad Agrícola Familiar (UAF).

La ley 160 de 1994, que creó el Sistema de Reforma Agraria, estableció la UAF como la empresa básica de producción agrícola con el fin de proteger al pequeño campesino que recibía lotes baldíos y evitar que vendiera y quedara nuevamente sin tierras. Determinó que en ningún caso una sola persona podía tener más de una unidad agrícola familiar y que tampoco podían ser destinatarios de baldíos las personas naturales o jurídicas que tuvieran un patrimonio superior a 1000 salarios mínimos, salvo que constituyan una zona de desarrollo empresarial. Y en Colombia aún no se ha constituido ninguna.

En 1996 una resolución determinó que, en la Altillanura de la Orinoquía, la extensión máxima de hectáreas por UAF que puede adjudicar el Incoder a una persona natural o jurídica es entre las 80 y las 1800 hectáreas. Y en el Vichada, a partir de junio de 2009, la UAF no puede superar las 300 hectáreas.

El tamaño de la UAF fue considerado el mayor obstáculo para la expansión agroindustrial en la zona durante el gobierno de Uribe, que intentó abolirla en tres ocasiones. Lo trató de hacer a través del Estatuto de Desarrollo Rural, que hundió la Corte; a través de un acuerdo del Incoder, que se retiró por ilegal; y a través de la solicitud de un concepto del Consejo de Estado, que fue negado y que exigía una reforma legal.

El gobierno de Santos también lo ve como una piedra en el zapato para implementar el modelo agroindustrial de ‘El Cerrado’ en la Orinoquía. Y en el Plan Nacional de Desarrollo pide “revisar las restricciones asociadas con la Unidad Agrícola Familiar”. Si el Ministro de Agricultura logra superar ‘la barrera de la UAF’, ya hay una fila de empresarios nacionales y extranjeros listos a comprar miles de hectáreas para producir maíz, soya, caña de azúcar o palma en la Altillanura. Aunque algunos no esperaron y ya tienen sus empresas funcionando en la zona.

Cómo lo hicieron

¿Cómo han adquirido las grandes empresas extensiones de tierra en la zona? Una estrategia es dividirse. “Para poder adquirir 13 mil hectáreas de El Chaparral, el grupo brasilero Mónica tuvo que constituir seis empresas, única manera de cumplir con lo dispuesto en la ley 160”, dice un informe de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales publicado en febrero del 2009. Mónica Semillas es una multinacional extranjera que también produce soya y maíz en la zona de El Cerrado en Brasil.

Otra estrategia es comprar tierras a los campesinos colonos a quienes el Incoder aún no les ha adjudicado los títulos. En este caso, las empresas no cuentan con títulos de propiedad sino con títulos sobre mejoras, cuya situación jurídica no es tan clara.

Según dijo a la Revista Altillanura, Carlos Aguel Kafruni, ex director de la Fundación Altillanura, ya hay algunas empresas que han llevado a cabo esta estrategia. “Muchas personas se vincularán a la Altillanura aunque tengan que comprar las tierras sin títulos y esperar que al cabo de unos meses se los entreguen. No puedo decir que ese procedimiento sea bueno o malo, ni recomendarlo, pero tampoco hemos visto que a alguien le hayan quitado la tierra por esa situación”.

Algunas de las empresas que están en la zona, también podrían haber adquirido sus terrenos de propietarios que no se beneficiaron de la reforma agraria y que tenían sus títulos de propiedad desde hace años y a quienes, por lo tanto, no se les aplicaría la norma de la UAF pues no eran tierras de la Nación.

Por medio de revisión de prensa y entrevistas, La Silla Vacía pudo establecer que estas son algunas de las empresas que ya están invirtiendo en la región oriental del país. No pudimos establecer cómo adquirieron estas hectáreas, ni si se les debería aplicar el requisito de la UAF, puesto que llamamos a varios de ellos como Aceite Manuelita, al Grupo GPC e Italcol y no pudimos obtener una respuesta.