La destitución de Petro ha hecho que la indignación contra el poder omnímodo y con frecuencia arbitrario del Procurador se vuelva tema de debate público. Fotos: Juan Pablo Pino

El fallo del Procurador contra Petro podría convertirse en la gota que rebosa la copa sobre su creciente poder. Porque si bien la del Alcalde de Bogotá es la destitución que más reacciones ha generado, Ordóñez ha inhabilitado a decenas de alcaldes, incluidos los de cuatro de las cinco principales ciudades, por asuntos que tampoco parecían tan graves.

A Samuel Moreno lo suspendió por inepto. Al alcalde de Medellín Alonso Salazar lo destituyó por participación en política por informar que personas cercanas a la campaña de Luis Pérez estaban haciendo campaña con miembros de bacrim (información que ya habían comenzado a denunciar los medios). A Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, lo suspendió por seis meses por no asistir a las sesiones del Consejo Municipal de Política Social, Compos, donde se discutían aspectos de protección integral a los niños, niñas y adolescentes; al de Bucaramanga Fernando Vargas lo destituyó e inhabilitó por 10 años por contratar con una institución que no tenía ese objeto social. A Judith Pinedo, la de Cartagena, la suspendió retroactivamente por un año por venderle a un hotel un pedazo supuestamente de playa. Al único que no ha sancionado todavía es a Álex Char, de Barranquilla, a quien formuló pliego de cargos por participación en política (pero curiosamente no lo investigó por su firma contratar con el Estado siendo alcalde).

A la mayoría de estos alcaldes los sancionó cuando ya estaban terminando su período o cuando ya habían dejado de ejercer o cuando la corrupción en su administración era evidente, como en el caso de Samuel Moreno. O con sanciones mucho menores. Además, ninguno representaba lo que simboliza Petro.

El Alcalde de Bogotá es el primer desmovilizado de una guerrilla que le apostó y le cumplió a la paz y que llega a uno de los cargos más importantes del país. Y aunque no es el primer alcalde de izquierda que llega a gobernar Bogotá sí es el primero que ejerce realmente desde la izquierda.

Petro no trató de hacerle ajustes sociales al modelo de ciudad que venía como lo hizo Lucho Garzón sino que intentó cambiar el modelo emprendido por Peñalosa y continuado por los alcaldes que le sucedieron.

Petro modificó el POT para cambiar el esquema de desarrollo urbano de una ciudad que se ha venido extendiendo a una con un centro más denso; le apostó a que el Estado volviera a proveer servicios como la recolección de basuras, la educación pública o el transporte masivo; habló permanentemente de enfrentar el cambio climático y hacer una ciudad ambientalmente sostenible en contravía de megaproyectos de construcción; le dio importancia a los derechos de los animales y para garantizarlos tomó decisiones radicales como acabar los toros en la ciudad.

Aunque fue elegido solo con un treinta por ciento de los votos, Petro nunca intentó tender puentes hacia el 70 por ciento restante, y mucho menos hacia el Establecimiento. Es más, no perdió oportunidad de seguir siendo la piedra en el zapato del status quo como lo fue durante sus años como congresista estelar.

Por eso su destitución ha generado indignación en muchos sectores que la ven como un acto de persecución política.

Tras la decisión del Procurador, llegó el Esmad a cuidar el edificio anticipando la protesta de ciudadanos indignados con el fallo.

El Código Disciplinario es muy amplio y muy vago y en esa medida el Procurador -cualquier procurador- tiene un alto margen de discrecionalidad, que Ordóñez ha utilizado de manera selectiva.  Para citar solo un ejemplo, las intervenciones de sus procuradores en casos penales que envuelven a políticos consevadores han sido desproporcionadamente favorables frente a los de otros partidos, como mostró Juan Pablo Barrientos en una reciente columna. Esto sin contar todos los parapolíticos ya condenados a los que él ha absuelto disciplinariamente después de haber sido condenados por la Corte Suprema.

Por eso más allá de si Petro incurrió en las causales disciplinarias que han dado pie para otras destituciones menos sonoras, mucha gente lo ha interpretado como un acto político y arbitrario más de un Procurador que con frecuencia convierte la defensa de su ideología en el parámetro para sancionar. Y cuyo poder es cada vez más omnímodo, como lo detalló hace poco La Silla. Sobre todo porque no tiene una segunda instancia.

Mucha gente se agolpó en la Plaza de Bolívar a criticar la decisión del Procurador y en defensa del alcalde destituído.

Desde hace ya un tiempo han surgido voces alertando sobre el peligro del creciente poder de Ordóñez. Pero han sido aisladas. Este fallo, sin embargo, pone el tema del poder de la Procuraduría en el centro del debate público. Es muy probable que inicie con la discusión sobre la conveniencia para la democracia de que la Procuraduría pueda destituir funcionarios elegidos popularmente (en otros países solo hay control político de corporaciones colegiadas o control judicial)  y termine con la eliminación de la institución.

Ya la primera reacción del Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, a la noticia de la destitución fue proponer revisar la facultad de destituír funcionarios. Pero en las redes la indignación ciudadana es contra toda el poder del Procurador.El hashtag #PaFueraProcuradorOrdoñez ya es tendencia. Si esta indignación se mantiene en la red y en la calle hasta el punto de que logre doblegar el temor al Procurador que sienten los congresistas no es impensable que estos lo consideren en la próxima reforma a la Justicia. En todo caso, a ellos les convendría hacerlo después de la destitución de Piedad Córdoba y de Eduardo Merlano.

Como lo señaló Rodrigo Uprimny en una columna de El Espectador, las tres funciones de la Procuraduría General son redundantes.

Una es la defensa de los derechos humanos, y para eso la Constitución de 1991 creó la Defensoría del Pueblo.

La segunda es la defensa del interés público y los derechos fundamentales en los procesos judiciales. Para eso cuenta con unos 700 procuradores judiciales. El problema es que sus intervenciones son episódicas (los procuradores intervienen en los procesos que discrecionalmente les parecen relevantes) y no tienen dientes, pero además son redundantes: la Fiscalía representa a la sociedad en los procesos penales, las víctimas pueden participar directamente, los procesados tienen derecho a defensores de oficio y el juez vigila el debido proceso y los derechos fundamentales.

La tercera es la de disciplinar a los funcionarios públicos. Ahí la redundancia es con las oficinas de control interno que tienen todas las instituciones y cuyos jefes son nombrados por la Presidencia desde la reforma al Estado de Santos. Para fallas menores, esas oficinas están en mejor posición que un ente externo, pues entienden el funcionamiento de la entidad, sus funciones y dificultades. Las fallas más graves son delitos, y para investigarlas está la Fiscalía. Si el problema es el manejo de los recursos públicos, está la Contraloría.

Precisamente por esta redundancia de funciones, hasta ahora la Procuraduría había sido una institución poco debatida por la sociedad. Durante años, la crítica más grande era relacionada con el famoso “síndrome de la Procuraduría”, según el cual, los militares no podían actuar porque terminaban siendo investigados por la Procuraduría.

Hoy ese síndrome dejó de existir con Ordóñez, quien ha defendido a todo pulmón a militares como Plazas Vega. En los falsos positivos, la Procuraduría ha brillado por su silencio y ha sido una acérrima defensora del fuero militar.

Sin embargo, el síndrome se ha extendido como un virus al resto de la administración pública creando una especie de parálisis. El Procurador ha destituido funcionarios por no preveer consecuencias como en el caso del Superfinanciero Gerardo Hernández; por no supervisar contratos que firman otros; por tener el mal criterio de atribuir funciones a una empresa quebrada como era Aguas de Bogotá; por alertar sobre vínculos entre un candidato y un grupo ilegal.

En fin, los casos por los que un funcionario puede hoy morir políticamente son infinitos y no taxativos. Y a esos juicios disciplinarios, se suman las mociones de censura, los embargos “preventivos” de la Contralora Morelli, las acciones de repetición.

Es una situación que se lleva comentando hace meses en los corredores de la administración pública. La destitución de Petro ofrece la oportunidad para que la discusión sobre esa reforma a los poderes de la Procuraduría se vuelva prioritaria en la agenda pública.

Vea la opinión de los de la Movida sobre la destitución de Petro.