Del resultado de un fallo de la Procuraduría que debería conocerse en los próximos días contra el ex alcalde de un pueblo en el Cauca, y que algunos consideran que estará sesgado por cuenta de las aspiraciones reeleccionistas del Procurador, depende la suerte de tres ex gobernadores y dos ex alcaldes destituídos.
Desde el viernes pasado está pendiente la notificación del fallo contra el representante liberal a la Cámara Carlos Julio Bonilla, acusado de haber violado la ley 80 de contratación durante su período como alcalde de Santander de Quilichao, Cauca, para favorecer a terceros. Y al parecer, el Procurador fallará a su favor.
Un grupo de opositores caucanos que han denunciado las irregularidades y que la semana pasada viajaron hasta Bogotá a protestar frente a la Procuraduría afirma que si Alejandro Ordoñez falla a favor de Bonilla se estaría contradiciendo jurídicamente, pues ya antes destituyó e inhabilitó a cinco funcionarios por suscribir contratos similares.
Creen que para evitar contrariar a la bancada liberal ad portas de su carrera a la reelección, el Procurador no sólo fallará a favor de Bonilla sino que además postergará la notificación del fallo, la cual estaba prevista para el viernes pasado pero aún no se ha conocido, según ellos, porque el Procurador quiere evitar nuevas protestas. Y por eso tienen preparada una denuncia por prevaricato contra Ordóñez.
Jaime Soto, uno de los líderes de este grupo, le contó a La Silla que el jueves pasado la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le dijo que la decisión ya estaba tomada. Y según les dijeron funcionarios de la Procuraduría la decisión favorecerá al Representante.
Por su parte, la defensa de Bonilla niega que se hubiera violado la ley de contratación y afirma que este caso no es similar al de los otros funcionarios destituidos.
En realidad, detrás de la pelea alrededor de este fallo hay una lucha política que desde el Cauca se trasladó a la Procuraduría, pues otra de las denunciantes es la ex congresista Gema López, quien es la siguiente en la lista y reemplazaría a Bonilla en caso de que fuera destituido.
El 22 de julio de 2011 la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el ex alcalde Bonilla por irregularidades en la firma de un contrato suscrito con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (Secab). Y la Contraloría también halló irregularidades en el proceso de contratación, en los tiempos de ejecución de las obras y en el pago que la Alcaldía le hizo a la Secab.
Ambas partes firmaron un proyecto de renovación urbana por más de 2.500 millones de pesos. La Alcaldía le anticipó a la Secab el 100 por ciento de los recursos aprobados más un 4.5 por ciento “por concepto de gastos administrativos y gerencia del proyecto”. Por su parte, la entidad se comprometió a realizar un aporte de cooperación que consistía en un “entrenamiento metodológico” en educación, en la disponibilidad de un salón de convenciones en Bogotá y en la entrega de unos textos, todo eso valorado en casi 150 millones de pesos.
Pero al final, el municipio terminó desembolsillando 3.800 millones de pesos por cuenta de que se aprobaron más obras y de que hubo sobrecostos.
La Procuraduría abrió una investigación por detrimento patrimonial y presunta omisión del proceso licitatorio. Según las denuncias, Bonilla habría recurrido a la Secab para favorecer a terceros, pues además de administrar el dinero la entidad subcontrató a los ejecutores de las obras sin licitación.
Es cierto que algunos organismos internacionales como la Secab pueden contratar, en ciertas circunstancias, sin abrir licitaciones. Pero en este caso la pelea ha girado alrededor de si, incluso con la Secab a bordo, se ha debido o no abrir un proceso de licitación.
En 2004, tres años antes de que Bonilla suscribiera su convenio con la Secab y a raíz de un fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno reglamentó que los organismos internacionales debían regirse bajo la ley 80 cuando firmaran convenios con entidades públicas, es decir, debían obligatoriamente abrir licitaciones.
La Procuraduría misma ratificó este fallo, y en ese año advirtió que el incumplimiento de esta norma se sancionaría como “falta gravísima”.
Sin embargo, la defensa de Bonilla argumenta que la ley permite que los convenios financiados en más del 50 por ciento por organismos de cooperación internacional pueden eludir el proceso de licitación, y además, que los convenios suscritos con organismos internacionales de derecho público pueden someterse a las reglas de juego de la entidad y no necesariamente a lo que la ley nacional les exige a las entidades públicas.
Ahora está en manos del Procurador decidir si esta interpretación es la correcta.
Por un lado, a Bonilla lo acusan de haber utilizado a la Secab para saltarse la licitación y poder incidir en la escogencia de los contratistas. Y de hecho, entre los elegidos para este convenio hay cuatro personas naturales que ya antes habían sido contratadas directamente por el ex alcalde, entre ellas José Bernardo Fernández, con quien Bonilla ya había suscrito nueve contratos en 2005, antes del Convenio, y Ramón Eliécer Osorio, con quien ya había firmado ocho contratos.
Pero según le dijo Bonilla a La Silla, él no incidió en el proceso de selección y ni siquiera tiene relación con los contratistas escogidos: “muchos de ellos tuvieron contratos con alcaldías anteriores, con la mía y con la que le siguió, pero no es gente que me conociera o que hubiera votado por mí”.
El problema es que la Secab es un organismo de asistencia técnica, administrativa y financiera en programas de desarrollo educativo, científico, tecnológico o cultural, y entre sus competencias no está la de ejecutar obras civiles. Y de hecho, la Secab no cumplió con la totalidad de las obras, y algunos centros educativos quedaron inconclusos.
El representante Bonilla le dijo a La Silla que las demoras ocurrieron no por negligencia sino a raíz de que la Secab fue intervenida en 2009 y eso retrasó sus operaciones.
Por eso los defensores de Bonilla aseguran que la pelea alrededor del fallo tiene intereses primordialmente políticos, pues Gema se quemó en las elecciones a la Cámara con cerca de 14 mil votos, casi 10 mil por debajo de Bonilla.
Pero la ex congresista le dijo a La Silla que aunque ella es la siguiente en la lista, no estaría interesada en asumir la curul: “Mi lucha no es por un puesto sino contra la corrupción en mi departamento. Con este fallo nos están cobrando nuestro triunfo sobre la oligarquía caucana, el triunfo de Floro Tunubalá (a la Gobernación en el 2000), mi llegada al Congreso, mis críticas al referendo de la reelección, las denuncias que hice contra el ex gobernador González por los 16 mil millones que invirtió en una pirámide, en fin”.
Se refiere al proceso contra Guillermo Alberto González, quien invirtió ese monto en Probolsa, una entidad que no estaba avalada por la Superfinanciera y que quebró poco tiempo después. El departamento perdió el dinero, y aunque la Fiscalía ya anunció que le imputará cargos, la Procuraduría no lo sancionó. Éste es uno de los antecedentes que a López le genera más desconfianza, pues según afirma, el Procurador está pasando por alto el Cauca otra vez.
Además, López sostiene que el Procurador es quien realmente tiene intereses políticos, pues no quiere “alborotar el avispero” entre los liberales ni entre los congresistas del Cauca ahora que está interesado en reelegirse.
Si este nuevo fallo es favorable a Bonilla, el procurador Ordóñez corre el riesgo de que los otros cinco funcionarios públicos que destituyó e inhabilitó por saltarse el proceso de licitación también en convenios con la Secab puedan contrademandar la sanción.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó al ex gobernador de Boyacá, Eduardo de Jesús Vega; al de Casanare, Whitman Porras; y al de Vaupés, Wilson Ladino, por cinco, 11 y 12 años respectivamente.
Los tres firmaron contratos con la Secab sin seguir el proceso licitatorio y, al igual que Bonilla, le giraron a la entidad el 100 por ciento del valor del convenio antes de la ejecución más un cinco por ciento como pago por la administración del dinero, el cual la Procuraduría encontró innecesario. Y dos ex alcaldes de Fusagasugá, César Augusto Jiménez y Máximo Antonio Rodríguez, también fueron destituidos e inhabilitados por las mismas actuaciones.
La defensa de Bonilla, sin embargo, argumenta que en estos casos sí hubo dolo e incidencia por parte de los funcionarios en la escogencia de los contratistas, razón por la cual su caso no puede ser comparado con éstos.
Mientras tanto, la notificación del fallo parece estar embolatada sin razón aparente, y el cruce de denuncias por corrupción e intereses políticos tiene encendida la situación en el Cauca al punto en que algunos de los líderes, como es el caso de Jaime Soto, han denunciado amenazas en su contra.
El Procurador no va a ser ternado pro el Presidente y ojalá por ninguno de lso tros nominadores. Hay que salir rápido de ese señor.
El procurador Ordoñez es un símbolo reeleccionista, aspira continuar siendo el Gran Absolvedor de Senadores investigados disciplinariamente, a emitir conceptos salvaguardando sus probables electores en octubre de 2012.
Quien sino el procurador para proteger senadores investigados por diversas causas y gran sancionador de aquellos que cobijan sus pensamientos religiosos.
Casos de Senadores Liberales que el Procurador Ordoñez no decide o que permite su dilación:
1. Eugenio Prieto Soto (Antioquia) Consejo de Estado pérdida de investidura con aplazamiento de audiencia para lectura de fallo, se registró proyecto el día Marzo 20 de 2012 Rad 11001031500020110111200.
2. Honorio Galvis (Santander) Corte Suprema de Justicia aplazó audiencia de juzgamiento Delito Prevaricato por Acción, Ordoñez conceptúo que no es responsable penal a pesar de las Pruebas.
Este es un Servidor Público que debe cumplir su deber pero no lo hace.
Pareciera que en Colombia sigue existiendo y dándose política y cotidianamente un "gran divorcio entre ley ,moral y cultura", en las prácticas y conductas políticas, económicas e institucionales entre nuestros "grandes dirigentes" y "padres de la patria",como lo sostenía Antanas Mockus, y que se dio ejemplarmente en su propio partido verde, que lo obligó a retirarse por ese esperpento de alianza entre Peñaloza--Uribe de la máquina de conversión inmoral de intereses convenientes a nivel electoral ,que--afortunadamente-- no les fructificó en Bogotá. Lo mismo sucedió con la anterior Comisión de Acusaciones de el Congreso, que fue conocida popularmente como "Comisión de Absoluciones" por unos, y como "Comisión de Preclusiones" por otros,como manifestaciones institucionales y legales de Corrupción e Impunidad.La cultura de "sálvese quien pueda" y la "cultura del atajo", es un ejemplo cotidiano del personalismo hispano-católico de los dirigentes políticos y gremiales; no es sólo del pueblo
Los fallos disciplinarios, de Ordoñez no son tan santos y muchos de ellos tienen un tinte político o un fin promocional de su figura. son muchos los casos que funcionarios trabajadores y honestos han sido suspendidos e inabilitados por mucho tiempo por asuntos que no son de su resorte; se sancionan funcionarios por no revisar términos de referencia o estudios previos; por no revisar planos o por no haber colocado clausulas propias de profesionales del derecho, etc, etc cuando estas funciones la realizan otras instancias y que al ordenador le queda dificil constatar. Pero su prepotencia de inquisidor y moralista no le deja mirar mas allá de la forma. Una perla, los procuradores Delegados tienen montado un negocio por los fallos; pero lo más grave no por los absolutorios si no por aquellos que perjudican a los funcionarios que son estorbo a los politicos amigos.
De confirmarse la hipótesis barajada por Nicolás en su escrito, estaríamos, de una parte, ante nada extraño, puesto que la verdad monda y lironda es la de que en Colombia los niveles reales de democracia están permeados por los intereses particulares que son superiores al interés general y al respeto que debe existir de las normas constitucionales, legales, lo mismo que de las disposiciones administrativas y de los actos contractuales y, de otro lado, igualmente se pondría en evidencia la parcialidad, la falta de coherencia y en últimas, el interés sesgado del Titular del principal órgano del Ministerio Público.
Los fallos más conocidos por la opinión nacional dan la impresión de que el Sr. Procurador actúa en derecho. Sin embargo lo de PIEDAD CÓRDOBA y la favorabilidad hacia DIEGO PALACIOS nos sumen en la confusión que obligarían a consultar minuciosamente los expedientes. Sin embargo es este el Procurador que más sanciones visibles ha impuesto.