Por lo menos cinco ministros han salido en la última semana a expresar su preocupación por la manera como están funcionando las consultas previas, señalando que se han vuelto inmanejables, que han paralizado la ejecución de proyectos claves de minería e infraestructura y que han frenado al menos cuatro proyectos de ley prioritarios para el Gobierno de Juan Manuel Santos. A esa preocupación, se acaba de añadir una nueva.
Una tutela fallada la semana pasada por el Tribunal Superior de Pasto obliga al Gobierno a realizar una consulta previa con las comunidades afrocolombianas que cultivaban palma en el sur de Nariño antes de recomendarles cómo enfrentar una plaga que arrasó con la mayor industria agropecuaria de la región.
Esta medida, tomada a raíz del uso de un herbicida al que las comunidades atribuyen la muerte de otros cultivos y de dos mil animales de granja, tiene en vilo a todo el sector agropecuario, que teme que pueda convertirse en un precedente que impida a las autoridades enfrentar emergencias sanitarias y fitosanitarias en el futuro.
Los problemas comenzaron en 2004, cuando aparecieron en Tumaco los primeros signos de la epidemia más temida respecto a la palma africana: la pudrición de cogollo, que inicialmente afecta sus hojas nacientes (flechas) y termina por frenar el crecimiento de la planta y pudrir todo el tejido en su interior.
Las consecuencias de esta enfermedad, detectada por primera vez en África occidental en 1920 y en Urabá en los años sesenta, fueron devastadoras en el sur de Nariño: en cuestión de ocho años, acabó con unas 35 mil hectáreas de un cultivo que recibió fuertes estímulos por parte del gobierno de Álvaro Uribe y del gobierno de Estados Unidos a través de Usaid. La palma era considerada un cultivo alternativo propicio para contrarrestar los de coca que se venían extendiendo por el departamento desde que, a raíz del Plan Colombia, se fue desplazando la producción desde Putumayo.
La epidemia, que también amenaza con llevarse 32 mil hectáreas en Puerto Wilches (Santander), tuvo un enorme impacto social en Tumaco, una de las áreas del país con mayores índices de pobreza y más azotadas por la violencia. Con ella se evaporaron cerca de 10 mil empleos, en una región donde más de la mitad del área cultivada estaba en manos de grandes palmicultores y el otro 45 por ciento, en las de pequeños productores en su mayoría afrocolombianos.
La única manera de prevenir que la enfermedad se siga extendiendo es erradicar las palmas muertas, por lo que en 2005 el Ministerio de Agricultura sugirió a los productores tres alternativas: usar retroexcavadoras, motosierra o un herbicida conocido como Master, que se inyecta dentro de la palma y seca su interior.
Los grandes productores -agrupados en doce empresas- optaron por usar retroexcavadoras, un método efectivo pero costoso, mientras que los pequeños productores tuvieron que recurrir al Master al no poder costearse el primero.
Y ahora, cuando aún restan 16 mil hectáreas por erradicar, quieren dejar de usarlo. La corporación Por un Pacífico Libre, que actúa en representación de 5 mil familias pertenecientes a 15 consejos comunitarios, decidió demandar al Estado por haberles violado el derecho a la consulta previa.
Su argumento es que el ingrediente activo del Master es el arsénico y que los residuos del herbicida han causado la muerte de sus animales de granja y enfermedades asmáticas entre la población. “Los cultivos de pancoger fueron secándose y quemándose, y nos fuimos quedando sin yuca ni plátano para subsistir”, le dijo a La Silla Jairo Rubén Quiñónez, quien lidera Por un Pacífico Libre. “Si los grandes productores erradicaron con retroexcavadora, ¿por qué a los pequeños nos toca hacerlo con arsénico? Como mínimo tendrían que haber propuesto la misma fórmula para todos o preguntarnos qué alternativa veíamos”.
Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se trata de un compuesto de arsénico -que no tiene el mismo comportamiento que el arsénico puro- y su proceso de registro incluyó una evaluación ambiental, una toxicológica y una agronómica que determinaron su idoneidad para la tarea de erradicación. Y que sí está aprobado por la EPA, la autoridad sanitaria de Estados Unidos, a diferencia de lo que han venido diciendo las comunidades.
Aunque las comunidades prometieron enviar las fotos que lo documentan, hasta el momento de publicación de esta historia La Silla no las había recibido, y la evidencia de estos daños es difícil de comprobar. Sin embargo, el Tribunal les dio la razón. Y eso tiene al Gobierno con los pelos de punta.
Al Gobierno le preocupa el conflicto con los pequeños palmicultores de Tumaco, pero sobre todo el efecto que puede tener este fallo a la hora de enfrentar una emergencia sanitaria. Aunque las órdenes de una tutela solo afectan al demandante, los argumentos utilizados por un tribunal pueden hacer ‘carrera’ y convertirse en jurisprudencia para los demás jueces.
“Crea un precedente muy grave, porque le está negando a la autoridad sanitaria nacional la posibilidad de actuar y de hacerlo rápidamente”, le dijo a La Silla el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. “Mañana nos puede suceder lo mismo con la roya en el café, la sigatoka negra en el banano, la monilia en el cacao o incluso con la aftosa en el ganado. Es someter la lucha en pro de la sanidad vegetal o animal, que tiene que ser inmediata, al proceso de consulta”.
Para el Ministerio de Agricultura, el problema no es la consulta previa como tal, sino la idea de hacerla obligatoria en el contexto de una epidemia que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Por este motivo, el Ministro ya solicitó a la Corte Constitucional que seleccione la tutela para revisión.
“No existe ningún precedente en Colombia de que la autoridad sanitaria tenga que esperar a tomar sus decisiones”, le dijo a La Silla Teresita Beltrán, gerente general del ICA, la principal autoridad sanitaria y fitosanitaria del país. “Imagínense lo que sucedería si tuviéramos que consultar la necesidad de vacunar contra la aftosa. Es un asunto de interés nacional, no particular”.
Graaaaaaaaaacias por señalarlo.
Es chistoso... sí, vámonos todos juntos a defender la manifestación *física* agropecuaria del fenómeno paramilitar que son los monocultivos de palma. Ahí sí es importante lo de los químicos, pero antes no, antes que se envenenen todos juntos...
Hay algo que no me queda claro en el artículo. ¿Por qué los grandes empresarios no optaron por la opción más barata como lo indicaría la racionalidad económica? ¿si el herbicida no tiene los problemas que los pequeños cultivadores señalan, por qué los grandes prefieren no usarlo a pesar de que eso les cuesta plata?
Parece que se pretende tapar los errores en la aplicación de la solución (los efectos nocivos del veneno, la solución "preferencial" que recibieron los grandes palmucultores, etc.) cuestionando la Consulta Previa. Por supuesto que reglamentar y limitar la consulta previa es un buen negocio para muchos chanchullos con graves efectos ambientales y sociales y este puede ser el primer paso en una campaña dirigida hacia este propósito
Sip: se puso de moda SATANIZAR a la consulta previa.
Que me digan que después en aras del "bien inversionista" no van a hacer una matazón de raca-mandaca, por favor. Les doy, máximo, unos 3 meses.
¡Es que todos esos indios y negros son molestos! ¿Verdad que sí, gente de bien?
Además, dejémonos de joder, que el día en que un Gobierno Colombiano se haga responsable de los químicos que vierte en su campo, volarán los cerdos. Pero no mutantes, eh, en SERIO volarán por gracia divina o algo por el estilo.
Bien por esa demanda, que vengan más. Que se la claven.
De un gobierno que defiende a Drummond, Monsanto y Novartis no se puede esperar algo que sea *verdad*.
¿El sector agroperucario al unísiono ya se pronunció en contra de la tutela? Yo sonceramente no he escuchado nada de eso a través de otros medios. Ojalá expusieran las razones concretas de todo el sector, entonces, para que entendiéramos porque, así el remedio sea peor que la enfermedad, es, de todas formas, preferible. Algo más, en el fallo del trin}bunal debe estar sustentado empiricamente el reclamo de los pequeños productores.
Bien, si los proyectos "clave" de minería e infraestructa termina atentando contra la comunidad misma, ¿cómo no se va a consultar? Es más, como será la posición tan asimétrica de los pequeños productores, que les tuvieron que fallar una tutela a su favor en cuestiones de emergncias sanitarias. La intervención del juez es el último recurso que tienen ante la falta de planes realmente eficientes por parte del gobierno, y su consecuente represión gubernamental.
El caso tiene incluso implicaciones mas complejas. Lleva a repensar bajo que condiciones pequeños productores son integrados en cadenas productivas agro-industriales en la cuales son los grandes empresarios los que se llevan los mayores beneficios. Son los pequeños productores informados correcta y suficientemente acerca de los riesgos que implica dicha integración? cuando fueron invitados a sembar palma fueron informados sobre como serían afectados y cuáles decisiones tendrían que tomar si se materializan riesgos agrícolas propios de los monocultivos? Esto es para repensar toda la figura de alianzas productivas, figura que además es la propuesta para la "modernización del campo". Queremos de verdad integración adversa en beneficio de los grandes agro-industriales poniendo en riesgo los medios de vida y los derechos de los pequeños productores?
Lo que realmente puede afectar drasticamente la soberania alimentaria de los colombianos son los TLC http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/seguridad-alim...
Tengo entendido que ese herbicida esta prohibido por la entidad que vigila en los EEUU el uso de químicos agrícolas. Si es así, no hay otra alternativa que utilizar los medios mecánicos. Efectivamente para el ministro Restrepo es una calamidad tremenda, es dejar sin empleo a mucha gente en un sector muy deprimido. Mi inquietud es si era previsible? Si era predecible se podía prevenir? O simplemente esperar que la suerte no nos atropellara, por que según Murphy.....
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La comunidad tiene razón en no querer envenenar el territorio y a sus hijos con arsénico. No los pueden culpar por eso. Ahora bien, quizás no sea solo un tema de consulta previa, sino también de principio de precaución.
Todo abuso es grave. Muchas comunidades vienen abusando de la consulta previa y la utilizan como medio de chantaje o vehículo para conseguir prebendas fuera de toda lógica. Si las comunidades siguen abusando, el gobierno debería eliminarla con las funestas consecuencias que eso pueda acarrear.
Dario Arizmendi:
¿Nos puede citar un caso especifico donde muchas comunidades están abusando para conseguir prebendas fuera de toda 'lógica' y las 'funestas consecuencias'?
Nadie está abusando de nada, como no sea el propio gobierno y lo sectores industriales.