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Domingo Agosto 14, 2022

 

El Congreso aprobó ayer el Estatuto Anticorrupción que, si se cumple, cambiará radicalmente las prácticas políticas y la relación con el sector privado en la contratación pública. Ataca de frente muchas conductas que se habían vuelto habituales y que, a partir de que el presidente Santos sancione la ley, serán consideradas delito. Estas son algunas de ellas:

1

Salir de un cargo como empleado público y después contratar con el Estado.

Es la que se conoce como la puerta giratoria entre el sector público y el privado. Es una situación típica en cambios de Gobierno. En la nueva Ley queda explícito que las personas que hayan tenido cargos directivos con el Estado, o en cualquier sociedad de la cual haga parte el Gobierno, no podrá contratar ni directa, ni indirectamente con cualquier entidad del Gobierno que maneje el mismo tema que ellos conocieron cuando eran funcionarios públicos durante los dos años siguientes a la desvinculación.

2

Ser un servidor público y salir para gestionar los intereses de empresas privadas.

Es muy común en la empresa privada contratar a los funcionarios del Estado con quien tienen que tratar asuntos corporativos pues la información que manejan puede ser de gran utilidad. Un ejemplo concreto es el de Julian Villaruel: en febrero de 2005 Villaruel fue nombrado como director de Ingeominas y estuvo en ese cargo hasta marzo de 2007. Y ahora trabaja para Anglogold Ashanti como director operativo del proyecto en Gramalote, Norte de Santander, el segundo proyecto más importante de la minera.

Otro ejemplo de ida y vuelta es de Jaime Alberto Cabal, quien representaba Cotelco, el gremio hotelero y dejó el gremio para asumir como Viceministro de Turismo. Y una vez salió de ahí volvió a representar el gremio. Durante todo el tiempo, primero como director gremial, luego como Viceministro y después de nuevo al frente de Cotelco, se sentó en la junta directiva del Fondo de Promoción de Turística, cada vez defendiendo intereses diferentes.

La nueva Ley establece que nadie que haya tenido una vinculación directa con el Estado podrá salir de su cargo a prestar servicios de asistencia, representación o asesoría en los cargos directamente relacionados con su cargo hasta después de dos años.

3

Contratar con el Estado después de haber financiado campañas políticas.

Muchas empresas y personas donan a campañas políticas y después obtienen contratos del Estado. Aunque hay muchos ejemplos regionales, uno de los más sonados a nivel nacional es el del conglomerado Odinsa, que aparece como uno de los más grandes donantes de la campaña para el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe y al tiempo fue uno de los mayores contratistas de ese Gobierno. Uno de los contratos obtenidos con la empresa Opaín es el de la construcción del nuevo aeropuerto El Dorado.

La Ley fija que quienes hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones ó a las alcaldías con aportes superiores al 2,5 por ciento de las sumas máximas permitidas por la Ley no podrán celebrar contratos con las entidades públicas.

4

 Hacer cualquier tipo de inversión con los anticipos.

Sin ningún tipo de regulación, algunas entidades realizan inversiones de todo tipo, incluso social, con los dineros que les gira el gobierno central con una destinación específica. Las autoridades investigan las inversiones que hicieron los gobernadores de Cauca, Nariño y Valle con dineros de la salud.

La nueva Ley evitará este tipo de acciones porque exige que, para cualquier contrato de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, se deberá abrir una fiducia y todos los anticipos deberán consignarse allí y utilizarlos para exclusivamente para los fines estipulados.

5

 Utilizar indebidamente información privilegiada

Los grandes negocios privados y públicos corren peligro con este tipo de acciones que dejan en desventaja a una de las partes. Un ejemplo que fue muy publicitado fue el de una funcionaria del DANE que en 2003 filtró con anticipación el dato de la inflación a dos comisionistas de Bolsa para beneficiar sus inversiones.

Ya existe esta restricción para los funcionarios públicos, pero les aumenta la pena y fija muchas más restricciones para las personas que estén vinculadas con una empresa privada y usen información privilegiada para favorecer su negocio. Les da prisión de entre uno y tres años y les fija multas de entre cinco y cincuenta salarios mínimos.

6

Corromper desde la empresa privada.

Los hechos en el país han probado que la corrupción no se comete sólo desde el Estado, sino que los privados tienen también una buena parte de la responsabilidad en la pérdida de dineros públicos. La participación de los primos Nule en el carrusel de la contratación es el ejemplo insigne de este caso.

El estatuto anticorrupción crea este nuevo tipo penal, el de la corrupción privada, que penaliza a las personas que prometan, ofrezcan o concedan coimas para lograr que los favorezcan. Les dan penas de prisión de entre cuatro y ocho años de cárcel que también cobijan a quienes reciban.

7

Evasión fiscal en monopolios rentísticos.

Las concesiones de cualquier tipo tienen obligaciones fiscales específicas en salud y educación y muchas de ellas no las cumplen. Un ejemplo es el de la empresa chancera de Enilce López, conocida con el alias de "La Gata", que está siendo investigada por la Fiscalía por supuestamente utilizar los recursos que debería haber invertido para la salud en campañas políticas, empresas de seguridad, etc.

La nueva Ley le da cárcel a los concesionarios, representantes legales, administradores o empresarios legalmente autorizados para la explotación de un monopolio rentístico que no hagan ese tipo de aportes a la salud y la educación. La pena podrá ser de entre cinco y diez años de cárcel.

8

Traficar influencias desde lo particular.

Los recomendados, o los intermediarios de grandes contratistas se han convertido en protagonistas de varios escándalos de contratación en el país. Uno de los más sonados, por el carrusel de la contratación, es el de Emilio Tapia Aldana, un intermediario entre personas cercanas a la administración de Samuel Moreno y contratistas, quien resultó ser pieza clave en el engranaje que movió miles de millones de pesos en contratos en Bogotá.

La Ley dice que cualquier persona que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asuntos que esté conociendo o vaya a conocer con el fin de obtener cualquier beneficio económico podrá tener entre cuatro y ocho años de cárcel.

9

Acuerdos restrictivos de competencia.

La competencia desleal ya estaba tipificada como delito en Colombia, pero en el estatuto aumenta su alcance a quienes en una licitación pública compartan información para alterar ilícitamente el procedimiento contractual. Es el típico caso que varias firmas se ponen de acuerdo en la oferta para alterar el parámetro utilizado para conceder la licitación.

Uno de los ejemplos mediáticos de un caso como éste estuvo en los estrados judiciales, pero solo como competencia desleal. Fue el de Cementos Andino cuando demandó a sus competidores Cemex, Argos y Holcim. El tema de las licitaciones nunca llegó a los estrados, pero Andino siempre dijo que esas empresas se pusieron de acuerdo para ofrecer el mismo precio en cualquier concurso con lo que finalmente la llevaron a la quiebra.

El cambio en la Ley fija que, si en cualquier proceso de licitación, subasta o selección abreviada o concurso se hace cualquier acuerdo previo, la pena de prisión irá entre seis y doce años de cárcel y multas entre 200 y mil salarios mínimos.

10

Control y vigilancia en el sector de la seguridad social en salud

Los escándalos de la salud en todo el país y en todos los niveles demuestran que la vigilancia a los prestadores de la salud ha sido mínima. El estatuto recoge una serie completa de normas para blindar los recursos de la salud, entre ellos un tema que es de las Administradoras de Régimen Subsidiario, ARS, que primero financian las campañas a las alcaldías y luego los nuevos mandatarios les entregan el manejo del régimen subsidiado de salud.

Con la nueva Ley, las instituciones sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema de seguridad social en salud.

 

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2011-06-21 07:54

Se pueden aumentar las penas hasta el infinito y seguirá campante y rampante la corrupción en la contratación estatal, hasta tanto los entes de control sigan en su misma inercia. Si no se legisla sobre la prueba, nunca se hallarán culpables, como tampoco los habrá si persiste el sesgo del ente investigador para hallarlos. Un ejemplo lo constituye el escándalo de la contratación en Bogotá, que solo representa una punta del iceberg monstruoso de la contratación nacional y fue perversamente manipulado políticamente para golpear a la oposición al presentarla mediaticamente como sinónimo de corrupción. En ese propósito, los entes de control, (caso procuraduría) adquieren un poder económico y político inusitado, llegando a extremos totalitarios (destitución práctica de un funcionario elegido popularmente, aduciendo motivos de incompetencia laboral)Así, las justas proporciones (corrupción consentida) de las que hablaba nuestro pintoresco "EX", seguirán vigentes.

Dom, 2011-06-05 17:25

Así como existe una puerta giratoria que este estatuto piensa acabar; así, también, hay una puerta giratoria para hacerle esguince a esta Ley.Como decimos comúnmente, hecha la Ley, hecha la trampa y una vez perfeccionada, en este país de leyes, pensaremos en un mañana no lejano en otro estatuto anti- corrupción.

Vie, 2011-06-03 23:14

las penas muy blandas.Pienso que es un diminuto remedio a tan gran mal;no olvidemos que los que estan en el gobierno,ministros,asesores etc;tienen sus empresas y testaferros;ellos seguiran repartiendose los contratos oficiales;es una verdad que no se puede ocultar,y una costumbres de muchisimo tiempo.Al pueblo hay que decirle lo que quiere oir,y con esta noticia de aprobacion de esta ley,ya los complacen.

Vie, 2011-06-03 23:13

las penas muy blandas.Pienso que es un diminuto remedio a tan gran mal;no olvidemos que los que estan en el gobierno,ministros,asesores etc;tienen sus empresas y testaferros;ellos seguiran repartiendose los contratos oficiales;es una verdad que no se puede ocultar,y una costumbres de muchisimo tiempo.Al pueblo hay que decirle lo que quiere oir,y con esta noticia de aprobacion de esta ley,ya los complacen.

Vie, 2011-06-03 19:49

Pero las penas y las multas son ridículas!!!!!

Vie, 2011-06-03 19:42

 Con las penas que acabamos de leer, los mal llamados corruptos ya deben tener elaboradas tablas de equivalencias (costo-beneficio), que aplicaran sin dudarlo y al cabo de poco tiempo quedar libres, llenos de dinero y cancelada su falta ante la sociedad.
La  pena universal por corrupción debería ser simple: “ Se pagará inconmutablemente con privación de la libertad tanto tiempo, como salarios mínimos mensuales haya hurtado el corrupto o los corruptos al pueblo Colombiano”. Absolutamente simple y justo.

Dom, 2011-06-05 17:33
Vie, 2011-06-03 04:45

Desde los tiempos de Andres Pastrana el pais estaba como muy descarrilado y luego por culpa de su ineptitud quedo Uribe que atropello la institucionalidad y tuvo demasiados delincuentes en su coalicion de gobierno (como es posible que hayamos resistido el tener tantos malandros en un solo gobierno?). No es que me parezca lo mejor, pero por lo menos con Santos el pais vuelve un poquito a su curso normal.

Jue, 2011-06-02 23:43

Nuevamente Dora Montero Carvajal despliega su habilidad y presenta resumen claro, serio y ejemplificado. Se exponen así al alcance de la comprensión del lector no especializado los matices del cambio normativo; aunque es natural que la interpretación de la disposición que se divulga corresponda a cuidadosa tarea que implica un grado de conocimiento hermenéutico y jurídico. Por eso, frente a noticias que contienen ingredientes que envuelvan sospechas de ilicitud, es prudente examinar los detalles para no incurrir en apresurados juicios de valor, con eventual desmedro de la objetividad y la integridad de las personas. Desde luego ello no debe impedir sino propiciar el examen exhaustivo de las actuaciones del Estado y de los particulares, cuandoquiera que se comprometa el interés público.
Ricardo Rodríguez Asensio

Jue, 2011-06-02 20:46

El estatuto Anticorrupción de Santos es el primero de los N que se han aprobado en el Congreso, a instancias del ejecutivo, que tiene dientes afilados y no es un saludo a la bandera como fueron los de Samper y Uribe, q solo sirvieron para agudizarla. Desde su fundación Buen Gobierno, Santos ha fustigado la corrupción y la ha señalado como un mal que afecta negativamente a toda la sociedad, y por tanto su lucha frontal contra ese flagelo es honesta y sentida. Pero simultaneamente se ha convertido en un arma mucho más efectiva y mortal para la traición a Uribe, al sacar a la luz la cloaca que era ese obsceno gobierno y le toca quedarse cayado, mordiendose la lengua. Presidente Santos, profundice la traición, profundizando su lucha contra la corrupción uribista. Así exterminaremos dos males en forma simultanea. El país se lo agradecerá.

Jue, 2011-06-02 17:50

Se ve como algo interesante.

Jue, 2011-06-02 17:13

Excelente.
Muchas gracias LSV
Esto es periodismo. Esto es información

Jue, 2011-06-02 16:53

La causa estructural de la corrupción en Colombia esta dada por el predominante carácter capitalista de las relaciones sociales basadas en el individualismo y en el afán de lucro. Esas relaciones sociales generan desigualdad, pobreza, miseria, abandono, desempleo, baja calidad en los productos que se consumen y ostensible deficiencia en los servicios públicos que la mayoría de la población recibe. Ultimamente en Colombia, miles o millones de pobres han pasado de la pobreza a la marginalidad.

La atenuación o soluciíon de tales problemas sólo puede ser resuelta a través del Estado: aumentando impuestos a los más ricos o creando empresas propias que antaño fueron un desastre, precisamente porque el interés privado bajo diversas modalidades transgredió todas las normas y valores existentes. Fueron los privados quienes se tomaron el Estado para apropiarse por fuera de las normas establecidas, los bienes, dineros y demás recursos públicos. Es que los capitalistas no tienen ética.

Jue, 2011-06-02 20:05

totalmente de acuerdo. por eso santos I en lo escencial es uribe III las buenas intenciones no sirven para nada cuando a quien se sirve es a las grandes multinacionales los bancos y los cacaos de colombia.

Jue, 2011-06-02 22:41

Es hora que la "Izquierda", retrogada en su discurso y resentida en sus comentarios, aprenda a cambiar las razones para atacar y criticar las acciones de los gobernantes.

Desde que Robledo y el combo del MOIR se puso a decir que Santos I = Uribe III no hay quién los pueda sacar de ese adoctrinamiento fanático. Eso demuestra el poco análisis de parte de ciertos sectores de la "Izquierda" en relación a los escenarios políticos del país.

¿Por qué es "Uribe III"? Si es por Neoliberal, hay que ver que esa tendencia económica viene incluso desde antes de César Gaviria; y antes de la llegada al poder de Uribe se culpaba de Neoliberal a Santos en su momento como Ministro de Hacienda.

¿Por relaciones exteriores? No, no creo, si se ve el cambio en el escenario de la política exterior colombiana.

Por favor, y en serio, digan la razón por la cual se puede decir así que es "Uribe III" a menos que eso demuestre que no tienen argumentos.

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