Hace unos meses Ronald Pantin, el gerente general de Pacific Rubiales, advirtió que el ritmo de concesión de las licencias ambientales estaba frenando al sector petrolero en Colombia. Sus palabras preocuparon al gobierno y surgió la idea de crear unas “licencias ambientales exprés”.
Sería un mecanismo que les permitiría a las empresas petroleras y mineras pagar más para acceder a la licencia ambiental de manera rápida. “Esta idea sería buena, porque si alguien quiere poner a funcionar el Estado más rápido, pues que lo pague muy duro”, dijo el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, en una entrevista con El Espectador.
Esas declaraciones han provocado fuertes reacciones entre los ambientalistas, que creen que las 19 semanas de plazo que tiene actualmente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para tramitar una licencia no son siquiera suficientes para la labor. Todos coinciden, sin embargo, en que la creación de la Anla y su competencia sobre las licencias, en vez del Ministerio de Ambiente, ha sido un paso muy positivo que ha fortalecido el proceso.
"En Colombia queremos convertir las licencias ambientales en un trámite, cuando en realidad son el momento de evaluar temas complejos en lo social, lo ambiental, lo hídrico o lo indígena. Es muy difícil resolver una licencia para un proyecto de alto impacto en este tiempo, menos aún cuando la experiencia de otros países demuestra todo lo contrario", le dijo a La Silla el ex ministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra.
La propuesta también ha encontrado resistencia de la Anla, que insiste en la imposibilidad de reducir sus tiempos de trabajo.
"Nosotros le hemos dicho tanto al Ministerio de Minas como al Presidente que no se pueden bajar los tiempos y que incluso se tienen que subir para las modificaciones a las licencias, porque no están alcanzando. Y ellos ya lo aceptaron", le dijo a La Silla Luz Helena Sarmiento, directora de la Anla. Además, Sarmiento señaló que la autoridad ambiental recibió un 90 por ciento de trámites atrasados cuando fue creada, que en ese tiempo amplió su planta de 190 a 560 empleados y que todavía está evaluando licencias grandes solicitadas hace dos años.
La Silla revisó la legislación y consultó con abogados ambientales de otros países con vocación minera para ver cuánto tiempo tarda la evaluación de estos proyectos. Y añadió los insumos del informe que realizó la experta en licenciamiento ambiental Kathleen Hurley para la propia Anla, examinando los procesos de expedición de licencias en cuatro países.
Encontramos que el debate no ha aparecido sólo en Colombia. Y que de acuerdo a estos datos, si el ritmo de concesión de licencias ambientales es lo que tiene "frenado" al sector petrolero, como denunció el gerente de Pacific Rubiales, no es claro en qué otro país esta petrolera podría ir más rápido.
Nota de la editora: Después de publicada esta nota, pudimos conversar con Luz Helena Sarmiento y añadimos esa información.
Con las licencias exprés se incrementa la practicas mineras con mayor decremento de los ecosistemas, y cuando las minas y otros terminen el costo del daño ambiental para restituir los ecosistemas, sera mayor de las regalías que perciben la región es decir acaba con las tierras pero igual la perdida es mayor que antes de la extracción, ademas es obio que el trabajo que se esta haciendo en el otorgamiento de licencias es extremo.
"El 78 % de los títulos mineros en Colombia presenta algún tipo de irregularidad, según una fiscalización efectuada por la gubernamental Agencia Nacional de Minería (ANM), que ordenó la suspensión de 275 de ellos por carecer de licencia ambiental.
La ANM presentó este martes a través de un comunicado los resultados parciales de la fiscalización general que está adelantando en los 9.500 títulos mineros que tiene Colombia.De los primeros 2.500 títulos fiscalizados hasta el momento (un 26 % del total), la ANM encontró irregularidades en el 78 %. De ellos, el 31 % presentaba incumplimiento en el pago de contraprestaciones económicas, el 33 % una falta general y reiterada a las obligaciones y el 22 % no tenía pólizas vigentes.Además, en el 14 % (unos 275 títulos) se explotaba sin licencia ambiental, por lo que la ANM ordenó la suspensión inmediata de las actividades mineras e informará a la autoridad ambiental de lo ocurrido para que se inicie el proceso de sanción o caducidad".
Calibre sus palabras Dra. CELIA, no es ningún extremismo hacer periodismo investigativo del bueno. Los extremistas son los que han contaminado al río Bogotá, quienes han destruido la selva amazónica, los culpables de la minería ilegal. Aquellos que dejan que los salvajes destructores del medio ambiente hagan y deshagan sin control alguno, creyendo que lo ambiental es irrelevante y que las rentabilidades y lo que el capitalismo de libre mercado exhibe como legítimo son la full moda.
Si una multinacional como PACIFIC RUBIALES necesita que se expida la correspondiente licencia ambiental a sus proyectos de exploración y explotación petrolera, lo primero que debe hacer una vez sus asesores, técnicos o gurús estén pensando o diseñando el o los proyectos, es solicitar dicha licencia ambiental al gobierno colombiano; el gobierno colombiano a su vez, así esté interesado y se ufane a ultranza por mostrar como un gran acierto estratégico la inversión extranjera, prometiéndole y en efecto garantizándole no solo seguridad jurídica, sino, además todo tipo de gavelas y ventajismos a las transnacionales hasta llegar a los contratos leoninos, debería exigir que los respectivos procedimientos de solicitudes previas se hagan en concordancia con las normas ambientales sugeridas por las Naciones Unidas y por las leyes colombianas.
Para ello se requiere dignidad soberana que el gobierno no tiene. Las transnacionales actúan al compás de sus destructivos intereses. ¡ Viva URIBE !.
En todo lo del ser humano hay limitaciones, pero en sí, tanto el cuadro comparativo como el artículo o la nota son un gran acierto: aporta información importante sobre un tema álgido, sensible o más que sensible, vital. El objetivo no es académico, aunque sirva en grado sumo para los ejercicios académicos. LA SILLA VACÍA tiene una línea de periodismo investigativo que trabaja lo ambiental.
Ojo, hago la misma observación del usurio joanar89.
Interesante ejercicio. Sin embargo, ¿es posible obtener la fuente no solo internacional sino del estudio de Kathleen Hurley (no lo encuentro)?
Me gusta mucho la nota. Podría ser un poco más informativa. Pero ayuda a entender la gran problemática que existe actualmente en el sector ambiental, faltó mencionar el tema del código minero que caduca la próxima semana (en Semana hay un buen análisis).
Por favor arreglar un error en la tabla: Colombia: Cuanto tiempo demora el trámite, dice cer en vez de ser.
Solo una observación. Deberían poner la fuente de la información de los otros países. Nuevamente, muy buen trabajo.
Qué buena nota. Afanar al Estado con el cuentico de que la demora burocrática está poniendo palos en la rueda a la economía es una estratagema típica de los empresarios, no sólo frente al tema de las licencias. Se comen a cuento a los funcionarios diciéndoles que si no es ya no sirve. (no sé si recuerdan la grabación de un funcionario del Ministerio de Comercio sobre la zona franca en que estaban involucrados los niños Uribe diciendo algo así como "uy no, un mes no aguanta".) Pero después uno descubre que no es cierto que los tiempos de los negocios sean siempre tiempos "exprés". Que por ejemplo las negociaciones para una adquisición grande pueden durar años. Y que los mismos lobistas y promotores de la "competitividad" que afanan a los funcionarios públicos a que resuelvan todo en menos de un mes no les parece grave que las grandes superficies le paguen a sus proveedores a 90 días.
Buena nota. Creo que no hay problema con que los solicitantes paguen los costos de la licencia, siempre y cuando se proteja la autonomía de la agencia en el proceso de decisión. El procedimiento en EEUU es un poco más complejo porque implica distintos niveles de regulación a nivel estatal y federal, según el caso. Lo que sí es clarísimo, al menos en Colombia y EEUU es que el estándar de regulación depende mucho de la orientación política de la administración de turno. Por eso es importante que los funcionarios de las agencias reguladoras tengan autonomía a la hora de rendir sus conceptos. En algunos países presionarlos indebidamente es falta disciplinaria.