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| El censo agropecuario es una de las herramientas más importantes para poner en marcha políticas para el agro como las que prometió Santos con el Pacto Nacional Agrario. Foto: Juan Pablo Pino |
Jorge Bustamante renunció el lunes al Dane, diciéndole al Gobierno que es “particularmente inapropiado” hacer el censo agropecuario -una de las promesas claves del Pacto Nacional Agrario y una tarea que está en mora desde hace cuatro décadas- durante el semestre de elecciones.
El presidente Juan Manuel Santos le respondió con una dura carta pública, aceptando su renuncia y recordándole a Bustamante que el censo aparece en el Plan de Desarrollo y ya estaba programado originalmente para 2013, por lo que no debería resultar problemático para el Dane. “Se trataba nada menos que de cumplir con la responsabilidad para la cual fue nombrado en este cargo”, remata la carta de Santos, hecha pública casi al tiempo que escogía al economista Mauricio Perfetti, subdirector de Planeación Nacional, como su reemplazo.
La Silla examinó quién tiene la razón y encontró que hay dos grandes argumentos que respaldan la posición del director del Dane. Primero, que -como le confirmaron a La Silla dos personas que conocen el trabajo estadístico- sí es difícil y riesgoso realizar un censo durante la época electoral.
Y segundo, que -aunque es cierto que el censo aparece en el Plan de Desarrollo de Santos y era un proyecto que venía planeando el Ministerio de Agricultura desde la época de Juan Camilo Restrepo- el Gobierno nunca le asignó los recursos necesarios y no había cómo sacarlo adelante este año. Es decir, Santos sólo lo sacó del cajón cuando estalló el paro agrario.
El censo agropecuario es clave porque sin buenas estadísticas sobre el campo es muy difícil diseñar políticas efectivas que corrijan muchos de los males históricos que lo aquejan y que dieron pie al reciente paro agrario.
Pero en Colombia no se hace un censo completo desde 1970, cuando Carlos Lleras Restrepo era presidente, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda hacerlo máximo cada diez años – un consejo que la mayoría de países latinoamericanos está aplicando.
Como escribió la economista Marcela Eslava en su blog en La Silla, cualquier solución estructural pasa por “un diagnóstico serio del campo, que empieza por el compromiso del Estado hacia la generación siempre pospuesta de estadísticas sólidas sobre el agro, para que dejemos de depender de lo que los periódicos cuentan que les dijeron los gremios”. Es decir, sin entender bien las necesidades puntuales, cualquier política pública está dando pasos a oscuras.
El proceso entero tomará casi un año, comenzando con una etapa exhaustiva en la que unas 20 mil personas recogen datos en 3,95 millones de predios rurales, además de todos los resguardos indígenas y consejos comunitarios afro. A eso le sigue otra etapa de varios meses para procesar los datos -que estarán georreferenciados- y consolidar las estadísticas.
Eso quiere decir que los resultados sólo estarían listos por temprano en 2015, o después de terminado el gobierno de Santos (o por lo menos el primer gobierno).
Al final, las respuestas a esas cien preguntas que tiene el censo permitirán entender exactamente cuáles son las características y las necesidades de cada predio y cuántos predios comparten los mismos problemas. Se sabrán cosas como cuántas unidades productivas se dedican a la agricultura, la ganadería, piscicultura o los forestales, qué infraestructura y qué maquinaria tienen, cómo aprovechan las fuentes de agua, cuántas personas viven de él o a qué créditos han tenido acceso.
El problema, para Bustamante y para su número dos, es hacer el levantamiento de datos en época de elecciones. Para comenzar, al Dane le tocaría contratar -bajo ley de garantías y mediante contrato de prestación- a unas 20 mil personas en todas las regiones del país. Estos tendrían que ser contratados localmente y recorrer toda la zona rural del municipio que les asignen, por lo que son un botín muy atractivo para muchos políticos en plena época de campaña.
"Es muy posible que los muchachos terminen dedicándose a hacer proselitismo político o que liberen parte de su tiempo para eso, afectando la recolección de datos. O incluso que, en medio de la movilización electoral, no encuentren a la gente", le dijo a La Silla una persona que trabajó en el Dane.
Además, eso convierte el proceso de contratación en una pesadilla para los funcionarios del Dane, que podrían terminar investigados por cualquier censista que participe en política.
De ahí que Bustamante dijera que es una “decisión que respeto pero no comparto”. Y que su número dos Juan Carlos Guataquí, que también renunció irrevocablemente, señalara que “mi criterio técnico me lleva a estar en desacuerdo con dicha decisión”.
Más allá del debate sobre si las elecciones son la mejor época para hacer el censo, Bustamante tiene razón en otro punto. O mejor, Santos no la tiene cuando lo regaña por no querer hacerlo.
En su carta Santos le subraya al saliente director del Dane que el censo agropecuario está en su Plan de Desarrollo y que estaba programado para arrancar en agosto pasado. Pero en realidad el Ministerio de Hacienda nunca le asignó los 250 mil millones de pesos que cuesta sacarlo adelante y que venía pidiendo Agricultura desde hace dos años.
Hasta el momento sólo le había girado algunas partidas anticipadas, que se utilizaron para diseñar el muestreo, preparar los formularios, comprar los dispositivos móviles que permiten georreferenciar la información y levantar los planos de todos los predios. Y también para hacer una prueba técnica en Granada (Cundinamarca). Es decir, todo lo que tenía que hacer el Dane antes de que le dieran la plata para hacer el censo.
Esa plata tampoco estaba incluida en el presupuesto original que presentó Mauricio Cárdenas al Congreso para el 2014, por lo que difícilmente se habría logrado arrancar. Ni siquiera con el primer acuerdo -sobre el agro- cerrado en La Habana se le asignó el presupuesto. Hizo falta que le estallara el paro -y que se desplomara la imagen de Santos en las encuestas- para que el censo, como varios otros proyectos del sector, comenzaran a rodar de nuevo.
Y ahora ya está dentro de los 3,1 billones adicionales que se le dieron al agro como parte del Pacto Agrario.
Sin embargo, no es el primer proyecto de Agricultura que estaba paralizado y que recibió luz verde tras el paro campesino. Lo mismo había sucedido ya con la reestructuración que creó una ‘pata’ de desarrollo rural dentro del Ministerio, para poder cumplir mejor con sus funciones técnicas y preparar la implementación de los acuerdos agrarios de La Habana.
“La respuesta del Gobierno al Gran Pacto Agrario son las propuestas que el Ministerio de Agricultura trató de sacar adelante desde hace dos años. Las dejaron congeladas y sólo vinieron a preocuparse cuando estalló el paro agrario”, le dijo a La Silla un antiguo alto funcionario del sector.
Como contó La Silla, ese proyecto estuvo frenado más de un año y solo se reactivó dos días antes de que Santos lanzara el Gran Pacto Agrario, cuando Mauricio Cárdenas firmó un borrador de decreto que llevaba casi un año en su despacho pese a que había sido diseñado con Planeación Nacional y aprobado ya por Presidencia y por María Lorena Gutiérrez, la ex Alta Consejera para el Buen Gobierno responsable de todos los proyectos de rediseño del Estado.
La actualización del catastro rural, que cuesta unos 300 mil millones de pesos, también sigue en ‘veremos’ después de haber sido planeado. Esto pese a que una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación y uno de cada dos pequeños campesinos no tiene derechos formales sobre su tierra, como lo han mostrado los estudios de la economista y experta en tierras Ana María Ibáñez. Y eso es precisamente lo que los mantiene marginados del acceso a créditos, asistencia técnica u otros programas que podrían mejorar su situación.
La misma suerte corrió el Conpes que busca mejorar el estado de las carreteras terciarias, que es uno de los mayores obstáculos para que los campesinos puedan sacar sus productos al mercado. Como contó La Silla, tras haber contratado el Ministerio de Agricultura un estudio completo de todas las vías secundarias y terciarias del país y trabajar en un borrador de Conpes, el tema lleva un año paralizado en Planeación Nacional.
También está varado el Conpes de la Altillanura, que busca ordenar el desarrollo de la última frontera agrícola de Colombia y la gran reserva de tierras del país, para que se pueda explotar adecuadamente. Y para completar, el proyecto de ley de desarrollo rural de Restrepo, sigue enredado en la consulta previa dos años después de haber sido preparado.
Todos son cruciales para mejorar el diseño de las políticas que necesita el sector y sacarlo de su atraso histórico. Pero, como dice una persona del sector, “se pasó el gobierno de Santos y el Ministerio de Agricultura no tuvo las herramientas y el marco legal para fijar las políticas necesarias para rescatar un sector que iba a ser una de las cinco locomotoras”.
Con la renuncia de Bustamante y el doble discurso del Gobierno sobre el censo agropecuario, queda demostrado una vez más que el sector agrario no ha sido una prioridad ni política ni presupuestal, pese al discurso de Santos en La Habana y el diseño de leyes tan innovadoras como la de restitución de tierras.
Por fin un Censo Agrario de Campesinos que no sea sólo la Concentración de la Propiedad de la Tierra,del Ingreso y de la Riqueza de sus Terratenientes y Gremios.LA PAZ NO ES SÓLO CON LAS FARC,LOS PARACOS Y LAS MAFIAS, LA PAZ ES REALMENTE PAGANDO DIGNAMENTE LA ACUMULADA DEUDA SOCIAL QUE LE DEBEN LOS GOBIERNOS Y LOS GREMIOS A LOS CAMPESINOS Y A NUESTRO CAMPO PARA SU PROPIO DESARROLLO RURAL.NECESITAMOS ES T.L.C.s DE SOBERANÍA CON DIGNIDAD Y CON AUTO-DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS A ELEGIR SU PROPIO DESTINO.
Es cierto, el censo estaba congelado desde hace mucho tiempo (debió ejecutarse en 2012); y además, ha recibido críticas por su diseño. El censo identificará al productor agropecuario y sus características, el uso de la tierra y el régimen de tenencia de las unidades productoras agropecuarias, y cuantificará el número de viviendas rurales, el inventario pecuario y la infraestructura, maquinaria y equipos existentes en el sector. Pero tiene una debilidad: no medirá la pobreza rural. Esta debilidad la señalaron expertos en estudios de pobreza, como Ana María Ibáñez, Absalón Machado, Olga Lucía Acosta y otros, en una reunión que tuvieron el año pasado con Carlos Tellez, diseñador del censo. Según estos expertos, aunque será una herramienta estadística útil, sigue enfocada en que lo rural es simplemente lo agropecuario. En ese sentido se parece a la estrategia del presidente Santos frente al paro: medidas agropecuarias, en lugar de políticas rurales.
Tana, no se mide la pobreza rural porque las preguntas del formulario que va a aplicarse son simplemente cuantitativas de la infraestructura: por ejemplo, cuántos animales tiene el propietario, cuántos tractores, extensión cultivada, etc. Pero no hay preguntas sobre ingresos familiares, productividad de las parcelas y fincas, acceso a servicios (educación, salud, etc.) El diseñador del censo, Carlos Téllez, dijo que el cuestionario ya está cerrado y que cualquier nueva pregunta que se agregue obligaría a modificar el diseño estadístico y extendería demasiado - fueron sus palabras - el proceso de análisis de la información. Lo descartó claramente. El censo permitirá saber cuánta gente está dedicada a actividades agropecuarias, con qué infraestructura cuentan (tractores maquinaria), área cultivada, etc.
Sobre si es conveniente o no, llevar a cabo un Censo Agropecuario en período preelectoral, no requiere sino analizar los pros y los contras del conjunto de acciones que es necesario diseñar, implementar y ejecutar en el marco de la aplicación de los instrumentos que se necesitan para originar hechos estadísticos que informen cuál es la realidad agraria de colombia en materia de posesión o propiedad de tierras y todo lo que se desprende del usufructo y explotación de las distintas unidades prediales. Pero, todo parece indicar que el gobierno de las incoherencias y de las contradicciones insalvables, optó por reemplazar al principal titular del DANE. No se sabe por cuáles razones válidas y profundas. En todo caso y si se compara el gobierno de SANTOS con el de URIBE, el de éste último no era tan dado a los cambios. Incluso, mantuvo Ministros por ocho años.