La Fiscal Viviane Morales está tratando de llegar a un acuerdo con el contratista Julio Gómez para tener más pruebas contra los demás integrantes del Cartel de la Contratación, en especial contra el ex alcalde Samuel Moreno.Fotos: Laura Rco Piñeres

Hoy por la mañana arrancará la audiencia para aprobar el preacuerdo que la Fiscalía negoció con Julio Gómez. Si la Procuraduría no logra convencer al juez de rechazarlo, el contratista terminará pagando a lo sumo tres años de cárcel y devolviendo menos de 300 millones de pesos.

El proceso contra Julio Gómez ha sido largo y lleno de dilaciones como el de los demás involucrados en el Cartel de la Contratación que desfalcó a Bogotá.

El contratista Julio Gómez dice que aceptó el preacuerdo con la Fiscalía no porque sea culpable sino porque no tiene medios para defenderse.

Si el preacuerdo con Julio Gómez es avalado, el contratista Emilio Tapias podría seguir sus pasos y obtener también esas rebajas de penas haciendo un acuerdo parecido con la Fiscalía.

El abogado de los Nule y de los Moreno, Álvaro Dávila, que es quien más información tendría contra ambos, ha presentado cientos de derechos de petición y ha solicitado una audiencia de 'levantamiento de la reserva profesional' como requisito previo para la audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía aceptó su petición.

El 17 de junio de 2011, Gómez cumplió la cita con la Sala Penal pero se abstuvo de declarar argumentando que era la Fiscalía y no la Corte su ente acusador. Luego, el 18 de agosto, se aplazó la audiencia de imputación de cargos por solicitud de la defensa. Un mes después, el 27 de septiembre, la Fiscalía la aplazó por segunda vez porque el juez tenía un compensatorio. En noviembre de 2011, la Fiscalía finalmente le imputó cargos a Julio Gómez.

Le imputó un peculado por la celebración del contrato 137 (Transmilenio Fase III, Calle 26), en calidad de “interviniente” pues el peculado es un delito que solo pueden cometer como autores los servidores públicos; el delito de interés indebido en la celebración de contratos por los de mantenimiento de la malla vial y otros, de valorización. Y también el de concierto para delinquir.

La Fiscalía no pidió medida de aseguramiento contra el contratista. Pero la Contraloría Distrital, la Veeduría y el IDU, en calidad de víctimas dentro del proceso, se unieron con la Procuraduría y la pidieron.

Sin embargo, el 1 de diciembre, la audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada porque el centro de servicios de los juzgados emitió dos telegramas contradictorios, que convocaban para fechas diferentes y Julio Gómez se escudó en eso para no ir. 

La segunda audiencia, solicitada por la Procuraduría y las víctimas, en grupo, fue dictada para finales de diciembre. Gómez alegó que su abogado estaba fuera del país. El 11 de enero de 2012, se citó por tercera vez a la audiencia de medida de aseguramiento pero el fiscal la aplazó diciendo que se cruzaba con la audiencia de Inocencio Meléndez y la citó para el 27 de enero. Pero en esa fecha se aplaza por cuarta vez porque la defensa de Julio Gómez alega que primero debe conocerse el preacuerdo con la Fiscalía.

Y así se llega a la de hoy, en la que se anticipa que Gómez la ‘sacará barato’ si el Juez 40 de conocimiento Alexander Díaz Pedroza acepta su preacuerdo con la Fiscalía.

Las acusaciones contra Gómez

Como lo contó La Silla Vacía en julio de 2010, el escándalo contra Julio Gómez, uno de los grandes contratistas del Distrito, arrancó cuando el concejal Carlos Fernando Galán –hoy el equivalente a un Zar Anticorrupción– denunció que Julio Gómez, a través de varias empresas relacionadas con él o con su esposa, Jannett Arévalo, se ganó la mayoría de las licitaciones del IDU en las que participó entre 2008 y 2009, periodo en el que Liliana Pardo fue directora de la entidad.

Pardo renunció a la entidad en abril en medio de cuestionamientos por los atrasos de las obras en Bogotá y hoy se encuentra en prisión domiciliaria.

En total, según dijo Galán en su momento, una telaraña de nueve empresas, licitando juntas o en consorcios temporales con empresas de otros dueños, se ganaron licitaciones con el IDU por más de 250 mil millones de pesos.

Gómez se defendió en ese momento con el argumento que todas las licitaciones en las que había participado eran públicas y las había ganado en franca lid. Pero luego su nombre salió a relucir en la grabación del ex representante Germán Olano y de Miguel Nule, que se convirtió en la ‘prueba reina’ que desató todo el Cartel de la Contratación.

En dicha grabación, fuera de revelar que Gómez es 'comisionista' frente a los Moreno, Miguel Nule dice que “en lo de salud sí lo sacaron, el hospital que tenía grande se lo quitaron, lo abrieron y le van a sancionar otro y van a ver que a Julio no solo lo revientan por el IDU sino lo revientan por salud”.

La concejal Liliana de Diago había denunciado un mes antes que gran parte de la contratación del Hospital de Meissen entre 2009 y 2010, se había adjudicado a las ONG Funalcer, Funhori y Funarkgo, todas ellas cercanas a Gómez. Y que en estos dos años se habían ganado licitaciones de este hospital por dos mil millones de pesos.

La concejal de La U dijo a La Silla Vacía en su momento que estas tres ONG suelen licitar juntas y que “lo raro es que en una contratación sacan a dos y en la siguiente, sacan a la que ganó en la primera y así sucesivamente”.

Hoy, según cuenta El Espectador, Gómez sigue insistiendo en que es inocente, en que cumplió con todas las obras que le fueron adjudicadas y que aceptó el preacuerdo con la Fiscalía porque no cuenta con suficientes armas jurídicas para defenderse.

Sin embargo, El Espectador dice que conoció el escrito de acusación por el cual terminaron condenados los Nule “que evidenciaría cómo dineros de la unión temporal que el contratista tuvo con los primos Nule para la malla vial fueron girados a obras de Gómez en el sector salud. Un hecho que él le negó a la Fiscalía."

En concreto, el diario señala que una inspección realizada en febrero de 2011 la Fiscalía encontró que 2.500 millones de pesos de la malla vial fueron consignados en una cuenta corriente de la Constructora Inca, empresa que cuenta entre sus socios a varios parientes de la esposa de Gómez. Y que estos a la vez fueron girados al consorcio Hospital Meissen, cuya construcción estaba a cargo de Julio Gómez.

“El monto de los recursos destinados a malla vial que terminaron invertidos en el sector salud habría sido de unos 500 millones”, dice El Espectador. “Este diario estableció que la Fiscalía está indagando el porqué de estos inexplicables giros, en el capítulo que se ha abierto en el cartel de la contratación sobre el tema de la salud.”

El preacuerdo con la Fiscalía

Pese a que todavía hay varios cabos sueltos en la investigación, con el preacuerdo negociado con la Fiscalía, Gómez terminaría pagando a lo sumo 3 años de cárcel y estaría obligado a devolver solo 297 millones. 

Aunque a finales de año se hizo mucho bombo en que el contratista devolvería "a modo de reparación" 12.400 millones de pesos de los anticipos de la malla vial, lo cierto es que esa suma corresponde solo a la devolución de un anticipo de un contrato de valorización que nunca se realizó.

Pero de lo que realmente se apropió, la Fiscalía solo lo está obligando a devolver 297 millones de pesos, a pesar de que el contrato de la Fase III de Transmilenio por el que se le acusa de peculado fue de 44 mil millones.

La Fiscalía dice que los Nule se apropiaron de un anticipo de 44 mil millones de pesos, a través de muchos subcontratos a sus empresas. Uno de esos subcontratos fue con una empresa de Julio Gómez por un monto de 1.750 millones (lo que cuadra con la promesa de los Nule revelada al exrepresentante Germán Olano de darle ese monto a Olano y otro igual a Julio Gómez).

Los Nule han reconocido que cuando licitaron lo de la Calle 26 compraron a Inocencio Meléndez, secretario jurídico del IDU, con 4 mil millones más un apartamento y un carro, para que modificara el pliego de la licitación, pero tuvieron problemas para conseguir el cupo de crédito exigido a los licitantes. Entonces, falsificaron el documento del cupo y gracias a eso pudieron seguir en el proceso de licitación.

Pero cuando corrió el rumor de que iban a declarar desierta la licitación, Manuel Nule le pidió ayuda a Olano. Y este le habría dicho que Julio Gómez les podía ayudar. Olano y Gómez le habrían dicho a los Nule que ese ‘favor’ valía 3.500 millones de pesos, 1.750 para cada uno. Esa plata se las iban a pagar los Nule con el anticipo que recibirían por el contrato de Transmilenio, que se hizo efectivo en 2009 y que dio lugar al subcontrato de 1.750 millones.

Según la Fiscalía, de esta suma, Julio Gómez legalizó todo salvo 297 millones y por eso, ahora en el preacuerdo le exige que devuelva esa suma.

Sin embargo, la Procuraduría cree que Gómez ‘legalizó’ esa suma en papeles pero no la invirtió realmente en las obras contratadas. Y esta es una de las razones por las que objetará el preacuerdo.

La objeción de la Procuraduría

Por haber aceptado su responsabilidad como ‘interviniente’ en el peculado, el preacuerdo con la Fiscalía le permite un descuento en la pena a Gómez de las tres cuartas partes para un delito que tiene una pena de 6 a 15 años y le impone solo la obligación de devolver los 297 millones.

Pero la Procuraduría considera que dado que la responsabilidad de los intervinientes en un contrato es solidaria (todos y cada uno responden por todos), si Julio Gómez quiere un preacuerdo tiene que pagar los 44 mil millones que costó el anticipo del contrato de la Calle 26.

Su lógica es que si, por ejemplo, una banda de ladrones se roba 10 millones en un banco y luego se reparte el botín entre cinco, cada ladrón debe responder por los diez millones y no solo por los dos que le correspondieron.

En relación con este mismo contrato de la Calle 26 por el que se le imputa a Gómez el delito de peculado, a los Nule la Fiscalía los acusó de cohecho. Y frente a los contratos de mantenimiento de la malla vial, les imputó a los primos peculado como intervinientes, mientras que a Gómez le imputó el de interés indebido en la celebración de contratos que tiene una pena menor, pese a que Gómez era socio de los Nule en esas operaciones.

Según la ley, estos preacuerdos solo se pueden firmar si hay un reintegro del 100 por ciento de la plata que entró ilícitamente al patrimonio del delincuente. Y la Procuraduría considera que la Fiscalía no hizo ningún esfuerzo por valorar el incremento del patrimonio de Julio Gómez en el caso de los contratos de mantenimiento de la malla vial, lo que facilita la firma del preacuerdo, pues solo lo obliga al reintegro de la plata que dejó de ‘legalizar’ por el de la Calle 26.

La Procuraduría también objetará el acuerdo porque este fue realizado entre la Fiscalía y Gómez, sin presencia de la Procuraduría, como lo exige la ley. La Procuraduría alegará que se violaron derechos fundamentales de las víctimas.

Por último, en el preacuerdo se prevé que Julio Gómez servirá de testigo, pero no precisa contra quién, en qué terminos y condiciones. La Procuraduría considera que como el acuerdo es tan etéreo, Gómez podría obtener una gran reducción de su pena, devolver muy poca plata y salir libre sin dar información realmente significativa en los procesos que se siguen contra Samuel Moreno, Emilio Tapias y Álvaro Dávila.

Si bien el caso contra el exsenador Iván Moreno parece bastante sólido, el expediente contra el ex Alcalde de Bogotá es más frágil. Y los únicos que podrían realmente aportar información que lo incrimine son los contratitas Julio Gómez, Emilio Tapias, el abogado Álvaro Dávila y los Nule.

Pero si la Fiscalía llega a acuerdos laxos con los tres primeros con los que ya está negociando y los Nule ya han dicho que no declararán contra Moreno porque la Fiscalía los engañó ofreciéndoles un principio de oportunidad que luego no les aplicó, existe la probabilidad que no solo los contratistas salgan libres y con su plata en un par de años sino que también lo haga el cuestionado alcalde.