El presidente Juan Manuel Santos se dio la mano con Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el jefe guerrillero de las Farc, auspiciados por el dictador cubano Raúl Castro.  Foto: Caracol Radio

El acuerdo logrado entre las Farc y el Gobierno es histórico por muchas razones, comenzando porque hace tan irreversible el proceso que ambas partes se atreven a ponerle un plazo a la firma del Acuerdo final (23 de marzo de 2016) e incluso la guerrilla se compromete a dejar las armas antes de un año. Pero quizás su mayor logro y a la vez su mayor desafío es que crea los incentivos para que tanto las Farc como el Establecimiento destruyan la imagen que han construido de sí mismos durante más de medio siglo, se sinceren con la sociedad y comiencen una nueva historia.

Bajo el liderazgo de Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno (arriba), y de Sergio Jaramillo (abajo), Alto Comisionado de Paz, un proceso con las Farc ha llegado a un punto prácticamente irreversible por primera vez en la historia de Colombia.

 

 

Con el acuerdo sobre las bases de la Jurisdicción Especial para la Paz, las Farc ganaron muchas cosas. La principal, que no tendrán que pagar un día de cárcel por los crímenes atroces que cometieron durante el conflicto y que tendrán “todo el apoyo del Gobierno” para transformarse en un movimiento político legal.

También lograron un tratamiento simétrico con el Estado. Desde el hecho simbólico de que el presidente Juan Manuel Santos estuviera sentado a un lado de la mesa y el jefe guerrillero Timochenko al otro en igualdad de condiciones, hasta el muy concreto de que la justicia pactada se les aplicará por igual a los guerrilleros como a los militares y a otros miembros del Establecimiento que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Esta bilateralidad ha sido una de las cosas que más ha exigido las Farc desde que se sentó en La Habana para despejar la idea de que se trataba de una rendición.

Consiguieron que el Gobierno se comprometiera a sacar una ley de amnistía o indulto lo “más amplia posible” por delitos políticos y conexos.

Además, a que el Tribunal que los juzgue no sea uno del Estado hoy, sino uno ad hoc que surje de este acuerdo y cuyos magistrados serán elegidos mediante un proceso que van a definir la guerrilla y el gobierno.

Este Tribunal para la Paz aplicará, como quería la guerrilla, una justicia restaurativa que apunta, como su nombre lo indica, a “restaurar” la relación entre los victimarios y sus víctimas y la sociedad, más que una justicia punitiva cuyo principal fin es castigar. 

Por eso, las penas que pagarán los que hayan cometido delitos buscarán reestablecer ese vínculo mediante una restricción de la libertad vigilada pero con un grado de flexibilidad tal que permita reparar con sanciones como contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos.

El Gobierno también logró varias cosas. La principal, que las Farc aceptaran someterse a un proceso judicial que concluyera con una condena penal, lo que podría ayudar a blindarlo frente a tribunales nacionales e internacionales (aunque José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, opina que no lo hará).

Para muchos colombianos esto puede ser lo mínimo que tendrían que hacer las Farc, pero muchos dudaban que la guerrilla aceptara someterse a un juicio y a ser sentenciados por un delito. Las Farc querían que su participación en una comisión de la Verdad sustituyera la necesidad de un juicio.

El otro punto clave es que la participación de las Farc en este sistema de justicia transicional quedó condicionado a que la guerrilla deje las armas. Y además, se fijó un término perentorio para que comience ese proceso, que es máximo a dos meses después de la firma del Acuerdo Final (es decir, mayo 22 de 2016).

Este punto es fundamental porque la guerrilla tenía la teoría de que la dejación de las armas sería simultánea al cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno. Como esa ejecución puede tardar hasta 10 años, existía el temor de que las Farc quisieran mantenerlas todo ese tiempo. Con este punto del acuerdo ese temor se disipa.

El tercer logro es del Gobierno es que aunque no paguen cárcel, las Farc aceptaron una sanción de restricción de la libertad por un término igual al que pagaron los paramilitares en Justicia y Paz. La sanción de entre cinco y ocho años tiene una carga simbólica que seguramente hará que los colombianos acepten más fácilmente tragarse el sapo de no verlos tras las rejas como la mayoría quisiera.

Y el cuarto es que, de nuevo como los paramilitares, esa sanción quedó condicionada a que cuenten la verdad, no sigan delinquiendo y resarzan a sus víctimas.

Los abogados Manuel José Cepeda, por parte del gobierno, y el español Enrique Santiago (abajo), por parte de las Farc jugaron un papel clave junto con los otros juristas de la Subcomisión de Justicia para encontrar una fórmula de justicia transicional que permitiera avanzar en la paz y que fuera aceptable internacionalmente.

El Fiscal Eduardo Montealegre, que se ha jugado su pellejo desde el primer día apostando todo su capital político al proceso de paz quedó marginado del proceso de justicia transicional puesto que la investigación judicial también la hará el tribunal de Paz. La Fiscalía lo que hará será aportar la información que tiene.

La mayoría de los falsos positivos seguramente serán cubiertos por la nueva Jurisdicción de Paz.

Aún con estos logros, hay varias preguntas que el comunicado no responde y que podrían crear unos riesgos porque, como en todos los acuerdos, ‘el diablo’ está en los detalles.

El primero es que no habla explícitamente de máximos responsables como aparecía en el Marco para la Paz.

El comunicado dice que la Jurisdicción Especial para la Paz “tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.”

Es decir que parecería que el procedimiento sería que el Tribunal armaría una lista de los casos más graves y representativos cometidos durante el conflicto (como la masacre de Bojayá, el secuestro de niños, un caso de desplazamiento forzado, otro de desaparición, etcétera) y luego identificará a los que hayan participado en esos delitos de manera directa o indirecta.

No es claro, entonces, por qué no se focalizó en “los máximos responsables”, si se intentará juzgar a todos los que participaron directa o indirectamente en estos casos graves y representativos, o a partir de dónde se marcará la línea para escoger a quién juzgar y a quién amnistiar.

El riesgo de esto es que se busque procesar a tanta gente que el sistema se vuelva inoperante y conduzca a una nueva impunidad, o que al final terminen juzgando a los autores materiales (al soldado que disparó y cometió el falso positivo o el guerrillero que mató a los diputados del Valle) y dejando por fuera al general que comandó la brigada que hizo el concurso de los falsos positivos o al miembro del Secretariado que emitió la ‘ley 002’ que creó la política de secuestros en las Farc. O que en unos casos juzguen a los máximos responsables y en otros no.

La otra pregunta es cómo se articulará la Comisión de la Verdad con este Tribunal para la Paz, porque podría suceder que una víctima señale a alguien como victimario en la Comisión de la Verdad que luego no sea seleccionado por el Tribunal, donde al parecer no tendrán juego las víctimas.

Tampoco es claro cómo será el mecanismo de selección de los magistrados. Se sabe que las Farc y el Gobierno definirán el mecanismo pero no cuál será y este punto será crucial para la legitimidad de la justicia que imparta. Tampoco se sabe dónde y cómo se reglamentará ese Tribunal. ¿Lo hará la Comisión Especial creada por el Congreso?

Y hay otras igual de complejas que tampoco fueron contestadas: ¿qué delitos se considerarán conexos? ¿Cubre esto a personas que están siendo juzgadas por parapolítica o Farcpolítica como Luis Alfredo Ramos o Luis Fernando Almario? ¿Le aplicará a paras que todavía tienen que venir a pagar su pena en Colombia como Mancuso? ¿Tendrá una segunda instancia ese tribunal? ¿Podrá imponer otras sanciones fuera de la restricción de la libertad como una indemnización?

Pero aún con todos esos interrogantes, hay una cosa que ya de entrada logra este acuerdo y es que rompe en dos la narrativa que las Farc han tenido de sí mismas y crea los incentivos para que los responsables en el Establecimiento también lo hagan.

Al aceptar la guerrilla ser juzgada y condenadapor un tribunal, así sea a una pena alternativa, admite que no solo fueron unas rebeldes víctimas de las injusticias sociales y de la represión del Estado, que no solo fueron el ‘ejército del pueblo’ como se han tratado de presentar a sus bases durante todos estos años, sino que también fueron victimarias, que cometieron delitos atroces y que por lo tanto se merecen ser juzgadas y condenadas.

Al aceptar la guerrilla que quien no cuente “la verdad plena”, reparare a las víctimas y garantice la no repetición, tendrá que pagar cárcel por hasta 20 años, está enviando la señal de que estará dispuesta a contar su verdadera participación en el conflicto. A mostrar y aceptar su cara más oscura.

El día que lo haga, el discurso justificatorio y de superioridad moral que exhibieron al inaugurar los diálogos de paz en Oslo será un tema del pasado y tendrá que comenzar a construir una nueva identidad a partir de ese acto de humildad y de reconocimiento de culpabilidad para con sus víctimas.

Será duro. Pero al haber dado este salto que pocos esperaban, también obliga a su contraparte a hacer lo mismo.

“Creemos imprescindible, entonces, que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad”, dijo Timochenko en su intervención después de la lectura del Acuerdo.

Y es que el Acuerdo creó los incentivos para que, por ejemplo, los militares condenados a 40 años de prisión por los falsos positivos cuenten la verdad de lo ocurrido para ser cobijados por el Tribunal de Paz, y en lugar de su actual condena a decenas de años de cárcel, pagar una pena de ocho años recluidos en una finca o haciendo trabajo comunitario.

Cuando cuenten la verdad ineludiblemente terminarán involucrando a mandos más altos que a la vez tendrán el incentivo de confesar lo ocurrido.

De esta manera, la avalancha de verdades ocultas hasta hoy sobre los crímenes de Estado –sobre los falsos positivos, el asesinato de sindicalistas, el genocidio de la UP, la alianza del Ejército con los paramilitares- destruirá la imagen que han logrado construir los pilares del Establecimiento.  

Desde la imagen heroica que tiene el Ejército (cuya popularidad supera en las encuestas el 70 por ciento de aprobación)entre segmentos importantes de la sociedad urbana, hasta la reputación de políticos y sus partidos, de la Iglesia, gremios, académicos, periodistas y empresarios que de manera indirecta participaron en la guerra. Porque si ven que la alternativa es pagar 20 años de prisión de pronto prefieren acogerse a contar la verdad y reparar pagando una pena alternativa más laxa.

El día que esto suceda, si es que llega a suceder, y si se hace bien, probablemente se cierre el capítulo de la guerra y surja una nueva historia para Colombia.

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