Juan Carlos Pinzón y el presidente Santos quieren mantener el apoyo de las Fuerzas Militares al proceso de paz. Pero para sectores de las Fuerzas el fuero penal militar es fundamental y esperan ese aval del Presidente .  Foto: Felipe Ariza - SIG

La próxima semana será el penúltimo debate de la reforma constitucional al fuero penal militar y será también una nueva oportunidad para que el Ministro de Defensa aclare si el gobierno está de acuerdo con que la justicia ordinaria siga juzgando los casos de los falsos positivos. No será fácil para Juan Carlos Pinzón.

Por un lado, tiene que enviarle el mensaje a los militares que cuentan con el pleno respaldo del Gobierno ahora que arrancan las negociaciones con las Farc y eso para un sector importante de las Fuerzas Armadas significa que apoyan un fueron militar ampliado. Y por el otro, evitar que quede en la opinión pública la sensación que el presidente Santos está tratando de entorpecer el juzgamiento de los delitos cometidos por miembros del Ejército durante su período como Ministro de Defensa.

Los falsos positivos, que siguen sin resolverse, estarían en riesgo de pasar de la justicia ordinaria a la justicia militar.

Los militares sienten que actualmente el riesgo de terminar procesados por la Fiscalía por sus operativos es demasiado alto y que esta inseguridad jurídica menoscaba no solo la moral de la tropa sino también sus acciones ofensivas y por eso quieren volver a una versión del fuero más similar a la que existía en el pasado donde la presunción era que todo acto cometido en el servicio y con relación al servicio se presumía de competencia de los tribunales militares. Hoy es la Fiscalía la que tiene la primera palabra.

Solo por falsos positivos cursan en promedio 2500 procesos en la justicia ordinaria. Pero hay miles de otras investigaciones contra militares que se multiplicaron en la última década a raíz de la ofensiva militar emprendida por el Gobierno de Uribe. Entonces este tema se ha vuelto prioritario para los militares.

Juan Manuel Santos prometió desde la campaña que fortalecería el fuero penal militar y consecuente con eso, el ministro Pinzón le colgó un mico a la Reforma a la Justicia que creaba la presunción de que todos los delitos cometidos por la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, irían a la Justicia Penal Militar.

Pero ante la presión de las organizaciones de derechos humanos y en particular de la Embajada de Estados Unidos, terminó echándose para atrás y pidiéndole al Congreso que lo retirara. A cambio, el ministro Pinzón conformó una comisión para que propusiera una “reforma integral” al fuero penal militar.

Esta Comisión, liderada por el exmagistrado Manuel José Cepeda, propuso en febrero una fórmula que intentaba dejar contentos tanto a los militares como a los defensores de derechos humanos. Pero desde que su propuesta llegó al Congreso ha sufrido importantes cambios a favor de los militares. El más relevante es que la lista de los delitos que irían a la justicia ordinaria se ha ido acortando de esta manera:

	Lista propuesta por La Comisión De Reforma a la Justicia Penal Militar y que fue presentada por el Gobierno en el proyecto de acto legislativo.  “crímenes de lesa humanidad así como los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil, o reclutamiento o uso de menores”
	Lista aprobada en primera vuelta por el Congreso. “crímenes de lesa humanidad así como los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual, y reclutamiento o uso de menores” (Sale actos de terror contra la población civil)
	Lista aprobada por Cámara en segunda vuelta. “crímenes de lesa humanidad así como los delitos de genocidio y desaparición forzada”

Tal como salió el texto aprobado de la plenaria de la Cámara de Representantes, no es evidente que los falsos positivos vayan a ser investigados por la Fiscalía –como lo son hoy- salvo que se demuestre que fue un delito “sistemático y generalizado” y por lo tanto, de lesa humanidad.

El comunicado de prensa que salió del Ministerio de Defensa después del sexto debate es ambiguo sobre este punto pues dice: “En cuanto a los mal llamados “falsos positivos” o en general para aquellos delitos que no hagan parte del servicio, establece que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación los revisarán caso por caso y de manera conjunta para determinar si conforme al derecho van a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria. Casos aislados como el ocurrido en Soacha, deberá ir a la justicia ordinaria.”

De este comunicado se deduce que la posición de Pinzón –compartida por los militares- es que no quede explícitamente en la Constitución que las ejecuciones extrajudiciales serían investigadas por la justicia ordinaria, como lo propuso la Comisión creada por el Gobierno. 

Después de publicada esta historia, La Silla pudo finalmente hablar con la asesora del Ministro, quien aclaró que Pinzón tiene claridad que lo que se conoce como los falsos positivos (que reclutaron a un joven en un lugar y se lo llevaron a otro, lo mataron y lo presentaron como muerto en combate) se quedarían en la justicia ordinaria. Pero que hay otras muertes en operativos que algunos califican de ejecuciones extrajudiciales y que el Ministerio considera que tienen que ser evaluadas caso por caso.

En todo caso esta modificación fue criticada por 11 expertos en Derechos Humanos de la ONU que la consideran un retroceso en derechos humanos y los ojos estarán puestos en qué hace el Gobierno en los próximos dos debates.

Es casi seguro que la Corte Constitucional tumbaría cualquier artículo que dejara por fuera de esta lista a las ejecuciones extrajudiciales, pero aún así, para el Gobierno políticamente sería muy perjudicial dar la impresión -así sea falsa- que no está poniendo todos los medios a su alcance para que se aclare el escándalo de los falsos positivos.

Máxime cuando éste ocurrió cuando Juan Manuel Santos era el Ministro de Defensa y la cabeza del Ejército. De hecho, cuando esto sucedió, Santos y su viceministro Sergio Jaramillo movieron todo lo que estaba a su alcance para que se esclarecieran los crímenes y activaron una directiva que había expedido el ministro Camilo Ospina y que le daba a la Fiscalía la primera palabra para decidir si los presuntos crímenes cometidos en servicio estaban relacionados con él. Por eso, según supo La Silla, el Gobierno estaría intentando ver la manera de que las ejecuciones extrajudiciales regresen a la lista.

Pero lo estaría haciendo con cuidado porque las negociaciones de paz con las Farc crean un nuevo contexto político, cuyo principal efecto es endurecer la posición de quienes sienten que para compensar el tratamiento jurídico benéfico que se le dará a los guerrilleros deben enviar señales contundentes de respaldo a la Fuerza Pública.

Para los congresistas la situación es delicada pues su cercanía con los comandantes militares activos y retirados de sus regiones suele ser grande y estos estarán pendientes de esas señales de apoyo la próxima semana cuando se debata este tema. Santos también tiene interés en mantener el apoyo de las Fuerzas Militares al proceso de paz y sabe que el fuero penal militar ampliado es uno de los temas más urgentes para este sector.

El proceso de paz plantea un tema adicional y es que en el Marco Jurídico para la Paz quedó un artículo que permitiría que en caso de un proceso de paz los militares investigados podrían acogerse al régimen de justicia transicional y obtener beneficios judiciales a cambio de verdad, por ejemplo. En la recta final de la discusión sobre el Marco para la Paz hubo un intenso debate para que quedara explícitamente que los ‘agentes del Estado’ podrían recibir beneficios en la ley y un trato diferencial para ellos.

Y de hecho, en los últimos meses se ha comenzado a ambientar la idea de que lo que se necesitaría en el país –si se firma la paz- es una ley de punto final que incluya tanto los delitos de la guerrilla como los cometidos por militares en el conflicto. Por eso, al final, es posible que el gran dilema para los militares que están siendo investigados sea si se acogen a las ventajas penales -incluyendo no ser juzgados- que les ofrece el Marco Jurídico para la Paz a cambio de verdad o si le apuestan al trato favorable pero punitivo que seguramente les daría la justicia penal militar a cambio de mantener con su silencio la cohesión de la Fuerzas. Sobre todo si -como espera el Ministro- de todo este debate sale una justicia penal militar más independiente y con mayor capacidad de investigación.

Pero mientras se llega el día de la firma de la paz el pulso alrededor del fuero penal militar estará cada vez más caliente y la próxima semana los ojos estarán puestos en el Ministro Pinzón.