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Miércoles Junio 29, 2022

La impresionante caída de un edificio en un sector de estrato 6 de Medellín ha abierto una polémica sobre los riesgos y las responsabilidades relacionados con el tipo de ocupación del territorio de las ciudades y los controles que se ejercen a la actividad de la construcción.

El caso de Medellín es sintomático de lo que ocurre en otras partes: se están adelantando construcciones en zonas inestables o que deberían estar ambientalmente protegidas. Allá el debate se ha dado e incluso se han tomado decisiones para impedirlo o para disminuir las cargas y las densidades urbanísticas de la zona.

Ante el riesgo de una urbanización descontrolada en zonas de ladera, en el 2006 se modificó el Plan de Ordenamiento Territorial de esa ciudad para hacer más restrictiva la construcción en lugares como El Poblado y ya en 2004 se había condicionado la conexión de servicios públicos a la verificación del cumplimiento de todas las condiciones contenidas en las normas urbanísticas y la licencia de construcción.

Es decir que las autoridades locales hicieron lo que tenían que hacer. Incluso en el caso particular de la torre 6 del edificio Space, el proceso que se conoce como de recibo de obra por parte del municipio no había terminado cuando colapsó, precisamente porque la constructora aún no había acreditado el cumplimiento de todas las condiciones.

Es muy simple: si el edificio Space se hubiera tenido que ajustar a lo que Medellín dispuso en las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial del 2006 no se hubiera podido construir como se construyó y si el acuerdo del 2004 se hubiera cumplido, esa edificación no tendría conexión a servicios públicos y no hubiera podido ocuparse.

Pero el edificio se construyó con base en las normas antiguas que son más permisivas en materia de ocupación del territorio y la condición para conectar los servicios públicos fue derogada hace tres años. Las dos decisiones fueron adoptadas por el Gobierno Nacional en sendos decretos reglamentarios que hacen concesiones a los constructores, arrebatan facultades de los municipios y desconocen la competencia de la entidad territorial de dictar normas “en materia de uso del suelo” y violan el principio de autonomía territorial.

Como lo denunció el economista Mauricio Cabrera para el caso de Cali, pero que se aplica a todas las ciudades de Colombia, a la proclividad de las normas “se sumó otra subordinación del interés público a las presiones privadas por parte del gobierno nacional. Por obra y gracia del decreto 564 de 2006, una buena parte de las licencias de construcción que hoy se otorgan en Cali y en todas las ciudades de Colombia no deben adecuarse a las exigencias de los POT vigentes, sino a normas anteriores y obsoletas.

Dice el artículo 7 de ese decreto que “Los titulares de licencias de parcelación y urbanización tendrán derecho a que se les expida la correspondiente licencia de construcción con base en las normas urbanísticas y reglamentaciones que sirvieron de base para la expedición de la licencia de parcelación o urbanización”. Los grandes beneficiados con esta norma fueron los propietarios de la tierra urbana y los constructores privados que pudieron utilizar para sus proyectos normas urbanísticas anteriores más laxas, y así extraer una mayor plusvalía sobre el precio de la tierra”.

En plata blanca esto lo que quiere decir es que una buena parte del suelo urbanizable de Colombia se rige por Planes de Ordenamiento Territorial modificados precisamente para evitar que se pueda hacer lo que los anteriores permitían. Los municipios tienen poco por hacer para planificar el desarrollo de su territorio por cuenta de esa decisión tomada sin ninguna discusión. La norma parece redactada en algún gremio de la construcción.

Medellín y Bogotá habían, además, decidido no autorizar la conexión de los servicios públicos hasta que la obra no se recibiera a satisfacción por las autoridades locales, pero –otra vez- un Decreto Nacional entró en “defensa” de los constructores privados y dispuso que “en ningún caso se podrá supeditar la conexión de servicios públicos domiciliarios a la obtención del permiso de ocupación y/o demás mecanismos de control urbano del orden municipal o distrital. Dicha conexión únicamente se sujetará al cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones o a las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan”.

Es un aparte del artículo 53 del decreto 1469 de 2010, uno de cuyos propósitos fue limitar la ingerencia y la capacidad de control de las autoridades municipales a la actividad de la construcción, que –por lo demás- es una de las materias expresamente atribuidas a su competencia por la Constitución.

Ya en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se había intentado quitar facultades a los municipios a través de la figura de los “macroproyectos de interés nacional” pero la Corte Constitucional declaró inexequible la norma para proteger las competencias locales.

 La Corte encontró en esa oportunidad que “la posibilidad de que mediante los macroproyectos se pueda modificar de manera automática cualquier POT, termina generando una grave inseguridad jurídica sobre los mismos, siendo inadmisible que actos administrativos adoptados por una autoridad del orden nacional terminen convirtiéndose en instrumentos de planeación que se sobrepongan a los POTs”, es decir lo mismo que el Consejo de Estado hubiera dicho si se hubieran demandado los dos decretos que he mencionado.

Eran tiempos de confianza inversionista: los decretos y la ley llevan la misma firma, la de un candidato al Senado.

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Álvaro Uribe Vélez
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Sáb, 2013-10-19 10:34

Por supuesto Riveros no tiene la grandeza de reconocer que una parte importante del nuevo POT de Bogotá está dirigido precisamente a controlar la voracidad de los urbanizadores y a privilegiar el interés general sobre el lucro particular. Los constructores deberán dejar zonas verdes para la ciudad y no tendrán permitido construir en zonas de alto riesgo.
Mediante las normas que menciona la columna, Uribe favoreció a sus amigos, entre ellos Villegas, propietario de la constructora del edificio Space, y quien lo nombró alcalde de Medellín en 1982.
Y qué pena: injerencia se escribe con j de Jerónimo.

Sáb, 2013-10-19 12:01

No hay que olvidar que Héctor Riveros es Director del Instituto de "Pensamiento" del metamórfico y camaleónico Partido "Liberal". Fue secretario de gobierno de Peñalosa, el mayor abanderado del expansionismo urbano, candidato de los grandes constructores y quien probablememente sueña con poblar de bolardos los humedales de Bogotá para "construir espacio público". Recuerdo que durante esa administración mandaban a la policía a decomisarle la mercancía a los vendedores ambulantes de la Séptima, para "proteger el espacio público". ¿Grandes contradicciones, no? Menos mal El Dr. Riveros -como buen político que es- tiene problemas de memoria, porque si no, nos hubiéramos privado de los buenos datos que aquí provee.

La mala ortografía es habitual en LSV; la pobre puntuación también. Yo les he dicho varias veces, pero no han hecho nada al respecto. Una lástima.

Sáb, 2013-10-19 11:47

Aunque ese articulo no dice realmente que le hayan pedido la renuncia por reestructuracion de la organizacion, dice que lo querian sacar por rumores(¿?) de narcotrafico, el caso es que el gobierno ha querido pasar por encima de la autonomia local para beneficiar a los grandes industriales, osino porque no se obedecio el mandato popular de Piedras sobre mineria y porque la discucion sobre la prohibicon de la mineria en Bogotá? y eso es algo que no viene solo de Santtos...

Lun, 2013-10-21 11:31

Como dicen, cada cual lee lo que le conviene, por que el articulo claramente dice que al presidente no le gusto el nombramiento despues de que se enteró de los rumores (¿?) de Echeverry, y le dijo al gobernador que se deshiciera de Uribe, eso esta explicito. Pero seguro todo es una confabulacion de la justicia, esa en la que usted no cree sino cuando aplica contra los opositores.

Sáb, 2013-10-19 11:05

Además de que el POT prohíbe la construcción en zonas de riesgo o importancia ambiental como humedales, santuarios o reservas o aquellas que puedan ser de estrategia ambiental como los cerros. Claro pero es más importante el ruido que hacen los constructores que las implicaciones reales de la modificación del ordenamiento territorial y que a propósito ya que Héctor habla de injerencia, leí por ahí que el gobierno pensaba demandarlo.

Sáb, 2013-10-19 09:56

Hay más datos, sin duda.

En Barranquilla se deslizó todo un barrio de ladera, muchos edificios y casas, construidos en su mayor parte por la empresa constructora de propiedad del entonces alcalde, muy amigo del firmante de los decretos de confianza inversionista.

Los suertudos que consiguieron ser indemnizados recibieron relocalización y dinero de las arcas del distrito, no de la empresa constructora. Estoy seguro de que todo fue legal, pero ¿quién no gana en el juego de los dados si estos vienen precargados?.

No he visto mayor escándalo por esta transferencia de responsabilidades entre el gerente constructor y el alcalde regulador, que en este caso eran la misma persona. Y todo normal.

La estabilización de la ladera se hizo con dineros del distrito, después de recoger los escombros, y, seguramente en unos años, cuando todo esté olvidado, volverán a construir en el mismo lugar. Adivinen quién lo hará, animado por una gran confianza inversionista.

Sáb, 2013-10-19 11:25

Creo que la última frase de su comentario contiene la clave para desenredar este embrollo y muchos otros.

Pero yo cambiaría "abogados" por "legisladores" (ignorantes y codiciosos). Los abogados litigantes son, finalmente, el último eslabón de la cadena. Ellos no hacen las leyes, simplemente les sacan provecho.

Por eso se acepta con tanta tranquilidad la expresión de que algo está "contaminado" por la política ("ensuciado" por la política).

Sáb, 2013-10-19 17:51

para no ir muy lejos El Viceministro de Vivienda recibió su título profesional de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y tiene estudios de especialización en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia; en Administración Pública y Gobierno Urbano en el Institute for Housing and Urban Development Studies – IHS, Holanda, y en Reajuste de Terrenos como becario de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA. ABOGADOS DEFINIENDO COMO SE CONSTRUYE.

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