Diego Bravo, el funcionario estrella de la administración de Gustavo Petro que estaría a punto de encargarse del millonario negocio de las basuras en Bogotá, ejerció el cargo de procurador delegado de Alejandro Ordóñez estando inhabilitado. El abogado, hoy gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, fue uno de los representantes del Ministerio Público ante el Consejo de Estado entre junio de 2009 y enero de 2012, pero al menos durante tres meses de ese periodo registró una inhabilidad para desempeñar cargos públicos y contratar con el Estado. Así lo evidencia una certificación de antecedentes de la propia Procuraduría General que La Silla Vacía conoció y hace pública.

Esa sanción también consta en un certificado de la Contraloría General de la República (CGR) (ver acá).

Resulta que el 22 de diciembre de 2009 Bravo fue sancionado en segunda instancia por la Contraloría, que consideró que el funcionario tuvo una conducta "gravemente culposa" al celebrar un contrato siendo director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para elaborar el proyecto arquitectónico de una nueva sede de esa entidad en Cota, a pesar de que la ley establece que la sede principal debe estar en Bogotá. La Contraloría determinó que con eso generó un daño al patrimonio de $152 millones, lo que a su vez produjo una inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Cuando Ordóñez nombró a Bravo, en junio de 2009, el proceso estaba abierto en la Contraloría pero no había ninguna sanción. Por eso, ese nombramiento no tiene nada de irregular. Pero una vez quedó en firme el fallo de segunda instancia sancionando a Bravo, éste no podía seguir en el ejercicio de sus labores.

La inhabilidad de Diego Bravo estuvo tan en firme que llegó a ser publicada en el boletín virtual de la misma Procuraduría General, entidad en la que trabajaba.

Certificado Antecedentes Diego Bravo

Una de las opciones que tenía Bravo era resarcir el daño fiscal, pagando los $152 millones, y que automáticamente se le levantara la inhabilidad. Pero no lo hizo, y la prueba está en que luego tuvo la fortuna de que el Contralor General, jefe de los funcionarios que lo habían sancionado, revocara esa decisión y le librara del problema hacia el futuro.

Pero no hacia el pasado: la revocatoria no elimina el hecho de que Bravo estuvo en un cargo público cuando estaba inhabilitado para hacerlo.

La revocatoria

Ya publicado, notificado y ejecutoriado, el fallo sancionatorio del Contralor Delegado para Investigaciones y Juicios Fiscales fue revocado el 26 de abril de 2010 por el entonces Contralor General Julio César Turbay Quintero.

Esa actuación le valió a Turbay una denuncia penal hecha por la misma Contraloría General, que pidió a la Fiscalía que lo investigara por presunto prevaricato. En el ente acusador dicen que el proceso está en etapa preliminar de práctica de pruebas, pero no precisan si la actual contralora Sandra Morelli fue quien lo inició.

Contraloría.BravoBorda

La Silla consiguió en la Contraloría General el auto de la revocatoria y consultó su contenido con tres altos funcionarios de varias contralorías y dos abogados expertos en derecho administrativo y disciplinario. Los cinco coinciden en que se trata de un documento, al menos, extraño.

Extraño porque Turbay hizo todo el trámite para armarlo en apenas 13 días. Bravo, mediante un oficio del 14 de abril de 2010, le solicitó a Turbay revisar el proceso, y el 26 del mismo mes ya estaba lista y firmada la decisión de 39 páginas que se puede ver arriba, que resuelve un expediente de casi mil folios.

La revocatoria de un acto administrativo no es muy usual. La Silla Vacía pudo establecer, por ejemplo, que ni la contralora Morelli ni el contralor de Bogotá Diego Ardila han revocado sanciones en firme en lo que llevan en sus cargos (Morelli, dos años y dos meses, y Ardila, nueve meses). 

Diego Bravo salió de la Procuraduría en enero de este año para entrar al Acueducto. Foto cortesía de David Campuzano - El Espectador

El procurador Alejandro Ordóñez tuvo, en Diego Bravo, un procurador delegado ante el Consejo de Estado que estaba inhabilitado. Foto: Juan Pablo Pino

Julio César Turbay Quintero fue quien, en un estudio relámpago que le tomó 13 días, revocó el fallo en contra de Bravo.

Cuando efectivamente se hace una revocatoria, el procedimiento suele tardar varios meses, pues implica la revisión minuciosa de un fallo que está en firme, de las pruebas y de todo el expediente. Además, implica echar para atrás una decisión de la misma entidad que lo revoca.

A uno de los expertos consultados le pareció raro el hecho de que en su revocatoria el contralor Turbay no haya solicitado investigar a los funcionarios que habían sancionado a Bravo, pues al haber revocado sus decisiones demostró que para él sus subalternos actuaron incorrectamente.

Llama también la atención que el mismo día en que Bravo pidió al contralor Turbay que interviniera en su caso, éste se movió a toda velocidad. Según la revocatoria, ese día el director de la oficina jurídica de la Contraloría General solicitó a la Contraloría Delegada para Investigaciones y Juicios Fiscales que le enviara el proceso, ésta le pasó la solicitud al funcionario encargado de la primera instancia y el último le remitió una fotocopia de todo el expediente a la dirección jurídica. Es decir, hubo una celeridad asombrosa. 

Hasta ese momento, y pasados todos esos filtros, las decisiones seguían indicando que el funcionario era responsable del detrimento patrimonial, visión que derumbó Turbay con su revocatoria.

Pero Turbay no resolvió únicamente los líos de Bravo con la Contraloría General. De paso, le quitó de encima los problemas a Merardo Rivera Mosquera, quien para la época de los hechos era subdirector de la CAR y había sido sancionado en el mismo proceso.

La Silla encontró varias noticias relacionadas con Rivera Mosquera, en las que se asegura que fue inhabilitado por la Procuraduría por otras actuaciones en la CAR y que en 1993 fue llamado a juicio por peculado en la Fiscalía cuando era auditor fiscal en Tunja.

Las preguntas que quedan

A través de una de sus asesoras de comunicaciones, intentamos comunicarnos con Diego Bravo para preguntarle por qué permaneció durante tres meses (entre el 21 de enero de 2010, cuando empezó a tener efectos jurídicos la decisión en su contra en segunda instancia, y el 26 de abril de 2010, cuando Turbay le revocó la sanción) como procurador delegado ante el Consejo de Estado, siendo que tenía una inhabilidad para ser servidor público. Él mandó a decir que estaba ocupado y que hoy posiblemente se comunicaría con La Silla.

¿Por qué no se separó del cargo? ¿Cuánto devengó de los recursos públicos durante esos tres meses? ¿Lo investigará la Procuraduría General por eso, teniendo en cuenta que el procurador Ordóñez fue su jefe por dos años y medio? Dice uno de los juristas consultados por La Silla que a Bravo le podría sobrevenir una inhabilidad por haber ejercido un cargo público estando inhabilitado, pero eso solo lo puede definir la Procuraduría.

Ordóñez tendrá que responder, por su parte, si sabía o no que uno de sus delegados ejerció el cargo estando inhabilitado un tiempo y, de ser así, por qué no lo retiró del puesto. A su jefe de prensa le planteamos la inquietud por teléfono y se la enviamos al correo electrónico, pero tampoco obtuvimos respuesta.

Si esta situación le llega a generar a Bravo algún problema disciplinario, eso podría afectar el proyecto de Petro de que el Acueducto se encargue de las basuras de Bogotá. Pocos funcionarios suyos tienen el conocimiento de Bravo y cuentan con la confianza del Alcalde que se necesita para sacar adelante esa iniciativa.

Habrá que esperar, en todo caso, porque por ahora y gracias al excontralor Turbay el gerente del Acueducto puede seguir en su cargo, disfrutando su luna de miel como funcionario estrella.

También en luna de miel estaría, por el momento, Turbay, quien acabó de contraer nupcias según contó uno de sus allegados. Por eso, al parecer, no contestó su celular.