Un nuevo pulso, aunque mucho mas silencioso, se está dando en estos días entre el Fiscal y el Procurador. Esta vez es alrededor de la terna para reemplazar a Nilson Pinilla en la Corte Constitucional, una silla que quedará vacía a mediados de año y que puede resultar definitiva para el futuro del proceso de paz en La Habana
Aunque normalmente el trámite para reemplazar a un magistrado saliente se inicia cuando está a punto de dejar su puesto, e incluso después, esta vez el proceso de selección empezó tres meses antes y la Corte Suprema se ha movido a toda velocidad. Hace tres semanas abrió la convocatoria sin que la mayoría de medios -inmersos en las elecciones y la destitución de Petro- se percatara de ello. Ayer escuchó a los 43 candidatos y, si nada cambia, el jueves escogerá la terna para que el Senado escoja al candidato. Según tres fuentes independientes, la Corte tiene afán de que la decisión la tome el senado actual, donde las mayorías están definidas, y no el que se instala el 20 de julio.
Como la terna debe tener una mujer, entre las ocho candidatas debe salir por lo menos una ternada. Gloria Ortiz, una experta constitucionalista y mano derecha del Fiscal, es la que suena como una de las 'fijas' porque fuera de su trayectoria, Eduardo Montealegre se está moviendo fuertemente a favor suyo.
Ortiz tiene más chance que la candidata más cercana al presidente Santos. Su secretaria jurídica Cristina Pardo, también ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, seguramente tendrá que esperar a que la terna la presente el Gobierno pues -según supo La Silla- los magistrados de la Corte no quisieran darle a Santos la posibilidad de tener cuatro de nueve magistrados (pues él terna otros tres).
El Procurador Alejandro Ordóñez, con el apoyo clave de sus aliados de la 'rosca' de la Corte, están impulsando varios candidatos, que varios observadores de la Corte creen que se disputarán los otros dos puestos en la terna.
El puesto de Nilson Pinilla puede tener grandes efectos sobre el futuro del proceso de La Habana: la Corte Constitucional tendrá que revisar los acuerdos o sus mecanismos de refrendación. En este momento no hay una mayoría establecida en las votaciones de la Corte, pero las tendencias conservadoras han ido ganando peso y podrían hacer mayoría en ese panorama - a menos de que a Pinilla lo reemplace un magistrado más liberal.
Estos son los candidatos.
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Candidatos a la Corte Constitucional
Ex auditor general, este santandereano viene del liberalismo serpista y es primo del senador Jaime Durán Barrera. Fue cercano a Ernesto Samper, fue diputado de Santander, secretario de gobierno de Bucaramanga de Luis Fernando Cote Peña. También se dedicó a la educación superior, de la que hizo un negocio en Santander.
Trabajó muchos años en la Fiscalía, donde llegó a ser Fiscal Delegado ante la Corte Suprema. Es magistrado de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal de Bogotá.
Es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, del despacho de Luis Ernesto Vargas, desde 2005, y antes lo era de Jaime Córdoba Triviño. Ha trabajado siempre el tema de derechos humanos desde su paso por la Defensoría y es profesora reputada de la Universidad Nacional.
Viene de la rama: ha sido desde juez promiscuo municipal hasta juez de instrucción criminal, y luego migró a la Fiscalía donde llegó a ser Fiscal Seccional. Llegó al Tribunal Superior de San Andrés cuando éste fue creado, en 1996, y se mantiene allí.
Asesor de diferentes ministerios, fue fiscal brevemente en la Unidad de Derechos Humanos. Asesoró a Juan Martín Caicedo en el Senado, a los ministerios de hacienda, TIC y Transporte, fue asesor en la personería de Bogotá.
Conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema, es asesor y consultor de diferntes empresas (como BBV Horizonte, Cementos Argos, Glaxo o Abbott) en derecho laboral. Ha sido profesor de cátedra en varias universidades.
Ex magistrado del Tribunal Superior del Cauca, ha sido asesor de varias entidades. Tanto él como su hermano Pascual han sido activistas afro y su sobrino Ray es la cabeza de Chao racismo, una ONG que lucha contra la discriminación racial.
Abogado y político, tuvo una palomita en el senado en 2006, como reemplazo del parapolítico magdalenense Miguel Pinedo Vidal. Ha sido notario, rector de la Universidad Cooperativa y tuvo altos cargos en el entonces Ministerio de Gobierno (hoy del Interior). Es presidente del Colegio de Abogados.
Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, viene de la rama judicial donde fue juez. Su nombre salió en los medios hace dos años porque fue una de las asistentes al crucero de varios magistrados de ese Tribunal con la entonces presidente de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz y con el recientemente nomrbado magiistrado de la Corte Alvaro Fernando García, quien era su compañero en el Tribunal.
Magistrada auxiliar del Consejo de Estado, ocupó ese mismo cargo en la Corte Constitucional. Allí trabajó precisamente con Nilson Pinilla.
Ex juez penal y ex fiscal, este abogado es consultor, conjuez de la Sala Penal y académico. Ha trabajado en diferentes universidades como director de posgrados y ha sido asesor de la Defensoría del Pueblo desde 2004.
Aunque hace más de 15 años es litigante y asesor, en los años noventa fue un fiscal de alto rango, pues era Delegado ante la Corte Suprema entre 1992 y 1998. Ha sido catedrático en varias universidades de Derecho Romano y de Procedimiento Penal. Fue abogado defensor del viceministro de agricultura Juan Camilo Salazar durante el proceso por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Ex Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, de la que salió hace más de 10 años, es profesor en el Rosario y litigante. Ha sido abogado, por ejemplo, del ex alcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsberg, de Álvaro Araújo Castro y el ex gobernador de Caquetá Juan Carlos Claros. Antes fue Procurador Delegado ante la Corte.
Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá.
Muy cercano al Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, con quien trabajó de cerca en la Procuraduría y luego en la Fiscalía, donde fue su director del CTI y luego su vicefiscal.
Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales.
Litigante, socio de la reconocida firma Gómez Pinzón Zuleta, una de las más grandes de Colombia, donde está hace 20 años. Antes fue abogado en firmas colombianas y en Estados Unidos, en IBM Colombia y tuvo varios cargos públicos de importancia en el gobierno Gaviria, primero en Planeación Nacional y luego como ministro plenipotenciario en Paris. También fue viceminsitro de Agricultura y Consejero Presidencial para la Política Social, Director del Plan Nacional de Rehabilitación y del Fondo de Solidaridad Social, pero con el cambio de gobierno regresó al sector privado.
Ha sido asesor externo de Juan Carlos Gossaín en la Gobernación de Bolívar, de Cormagdalena y de varios mandatarios del Caribe. Asesora especialmente en asuntos disciplinarios y contractuales. Es concuñado de Alejandro Ordóñez.
Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, fue ternada por el Gobierno Santos a la Procuraduría, pero perdió en una breve campaña contra Alejandro Ordóñez, quien tenía aceitada su reelección. Viene de la rama, tras ser magistrada auxiliar en dos Consejos Seccionales de la Judicatura, Procuradora Judicial y magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira.
Decano de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca desde el 2004, fue magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte y coordinador del área de derecho penal del Rosario.
Ex magistrado del consejo seccional de la judicatura de Cundinamarca; fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y juez penal. Es director académico de la maestría en Derecho de la Nacional y fiscal Delegado ante la Corte Suprema. Tiene dos doctorados, uno de ellos eln Derecho Constitucional. Cercano al ex magistrado de la Sala Penal Leoonidas Bustos.
Fue asesor del representante a la Cámara Jaime Cervantes durante varios años, hasta que éste perdió su curul al ser condenado por parapolítica. Fue investigador de la Corporación Universitaria de la Costa.
Tiene una larga carrera como oficial mayor, secretario y en ocasiones juez de juzgados en Boyacá y Cundinamarca. Actualmente es secretario de juzgado.
Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Es conocido por haber sido abogado defensor de tres perlamentarios ante la Corte Suprema (incluyendo el proceso por parapolítica contra Mario Uribe, primo del ex presidente Álvaro Uribe, y dos procesos del pastor evangélico Luis Enrique Salas) Agente de Colombia ante la Corte Interamericana en el caso Escué Zapata y asesor jurídico de la Superintendencia de Salud, las dos cosas durante el gobierno Uribe.
Asesora y mano derecha del Fiscal General, de quien fue primero magistrada auxiliar en la Corte Constitucional y luego socia en la firma de abogados de Montealegre. Llegó a la Corte Constitucional como magistrada auxiliar de Alejandro Martínez Caballero. Actualmente en la Fiscalía es encargada de varios asuntos clave, incluyendo crear un área de Derecho Constitucional para que la entidad fije y refuerza su posición en temas constitucionales.
Secretaria Jurídica de Presidencia desde que Juan Manuel Santos llegó al poder, fue magistrada auxiliar en la Corte de tres magistrados conservadores (Vladimiro Naranjo, Marco Gerardo Monroy y Jorge Pretelt).
En 2002 fue candidato a la Cámara en Norte de Santander.
Procurador Judicial Penal II en Medellín y coordinador de procuradores judiciales de Antioquia.
Magistrado auxiliar de la Sala Laboral Corte Suprema desde hace una década, trabajó en el Ministerio de Trabajo.
Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa de Alejandro Ordóñez, fue uno de los dos procuradores que firmó el pliego de cargos de la investigación que terminó con la destitución de Petro. Fue juez penal municipal y del circuito, luego magistrado auxiliar del caucano Temístocles Ortega y titular (en encargo) del Consejo Superior de la Judictaura, y al salir de allí a principios de 2010 llegó a la Procuraduría. Fue salpicado por el escándalo del carrusel pensional por el caso de José Felipe Vidal Alzate (quien, con una palomita en su despacho aumentó su pensión de 1,2 a 4,6 millones de pesos) y no tiene buena receptividad en la Corte Suprema. No tiene buen recibo en la Sala Penal de la Corte Suprema porque fue como magistrado de la Judicatura fue el ponente de una tutela que modificó la sentencia de condena de Yidis Medina para proteger a altos funcionarios del gobierno Uribe.
Notario único de Tabio (Cundinamarca) desde hace más de 10 años.
Profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, ha escrito sobre temas de derecho informático.
Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, lo fue del Tribunal Nacional (el más alto de la antigua justicia sin rostro), lleva 30 años en la Rama.
Ha publicado varios libros sobre derecho penal.
Es Secretaria General de la Corte desde 1992. Aunque antes trabajó tanto en el sector público como en el privado, es sobre todo conocida por este largo paso por la Corte, que conoce desde adentro mejor que nadie.
Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, llegó a esa entidad hace casi 20 años. Actualmente es muy cercano a Alejandro Ordóñez, quien lo ha mantenido en cargos directivos en la Procuraduría.
Abogado consultor y árbitro, ha sido conjuez de la Corte Constitucional y de la Sección tercera del Consejo de Estado. Fue magistrado auxiliar de William Namen en la Sala Civil de la Corte Suprema.
Académico de la Universidad del Rosario, ha investigado y escrito sobre derecho civil y derecho internacional.
Magistrado auxiliar de Jorge Iván Palacio en la Corte Constitucional, también fue Procurador Auxiliar y Procuradr Delegado.
Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Fue secretaria de la comisión de justicia de la Constituyente y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional con Alejandro Martínez Caballero. Es actualmente Fiscal Delegada ante la Corte Suprema y ya lo fue durante la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez; también fue mano derecha de Edgardo Maya en la Procuraduría, magistrada auxiliar de la Corte en las investigaciones de la parapolítica y Fiscal General encargada tras la salida de Viviane Morales.
Viceministra de Promoción de la Justicia de Alfonso Gómez Méndez desde 2013, fue auditora general de la República entre 2005 y 2007, magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, asesora de varias entidades públicas como el Sena o Planeación Nacional, y litigante.
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¿Cuál es el criterio para decir que un candidato es constitucionalista? En especial me pregunto por qué incluyen a Linares en esa categoría. Linares, según la página de su firma de abogados, tiene una maestría en finanzas, una maestría en derecho (LLM) y un programa de tributación internacional y trabaja temas de fusiones,adquisiciones, financiación de proyectos de infraestructura y derecho corporativo (ni siquiera temas de derecho público). Su experiencia en el área no es más que su nominación por el Consejo de Estado en una terna anterior.
Ahora bien, todas las áreas del derecho tienen que ver con el Constitucional, caso en el cual todos los candidatos son constitucionalistas.
La elige la Sala Plena (es decir, la reunión de todos los magistrados) de la Corte Suprema.
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Diarag, mil gracias. Ya quedó solucionado.